lunes, 21 de enero de 2013

Nuestros pueblos merecen un respeto y una integración inteligente


Nuestros pueblos merecen 
un respeto y una integración inteligente 
y solidaria con sus Gentes y con su Entorno


                      Valentín Cabero Diéguez
Catedrático de Geografía de la Unv.Salam.
Diario de León

Desde que se anunció por parte de la Junta el denominado Proyecto de Ley de Gobernanza, Ordenación y Servicios en el Territorio, ha transcurrido prácticamente un año, sin que los ciudadanos de la región sepan con objetividad y con relativa sencillez cuál es el futuro y el encajamiento de la vida de sus pueblos en el nuevo mapa regional que se nos propone. 
Tras propalar y señalar «las ventajas» del nuevo modelo, inicialmente basado en la figura de Distritos de Interés Comunitario y en la unión voluntaria de municipios, las más de 800 alegaciones recibidas y las reuniones «tan interesantes» mantenidas con los presidentes de las diputaciones provinciales de la región, incluida la sensibilidad y preocupación personal de la presidenta de la Diputación de León, la Junta se muestra «muy receptiva» a los problemas locales y provinciales y se queda por el camino el nombre tan desafortunado e inoportuno de Distrito de Interés Comunitario (DIC). 
¡Cuánta energía perdida de nuevo en la ordenación del territorio y en la hipotética construcción de un verdadero proyecto regional! Veinticinco años contemplan la inacción y somnolencia de un Gobierno regional enredado en sus propios intereses y en las prebendas caciquiles de los presidentes de las nueve diputaciones provinciales, que paradójicamente se pretende fortalecer en el nuevo modelo de ordenación territorial.
No sabemos si con el acuerdo de mínimos alcanzado con el PSOE se avanzará con alguna coherencia en pro de una mayor cordura en la ordenación y cohesión regional, amparándose en ámbitos de referencia territorial que guarden relación con la prestación de servicios y con vínculos geográficos e históricos bien reconocidos. 
No es necesario reinventar nuevas denominaciones tecnocráticas, y si tener bien presente una mirada doblemente enriquecida por el pasado inmediato y por la necesidad de un futuro que no deje en la absoluta exclusión y soledad a cientos de municipios y a miles de núcleos que resisten y luchan aún por su supervivencia y por un mundo rural vivo. 
Ellos (los pueblos) ni han provocado la crisis financiera 
ni han participado en los escándalos de corrupción y despilfarros que estamos viviendo. 
Bien (los pueblos) se merecen, por tanto, un respeto y una integración inteligente en un modelo territorial en el que las diputaciones provinciales, a mi entender, no deberían ser de nuevo las protagonistas.
Tras los desastres regionales de la «ordenación» financiera y absorción bancaria, ni «músculo financiero» nos queda, ni mucho menos energías sociales para abordar el proyecto con ilusión y entusiasmo. 
Un manto de silencio político y mediático cubre tanta ruina y ruindad. De ello se beneficia con descaro el Gobierno regional y una corte de delegados provinciales que siguen obedientes los mensajes, ahora algo adornados por la información y explicación, aunque esta carezca de argumentos sólidamente asentados en el territorio y en las necesidades de sus gentes. 
Las últimas medidas y recortes en sanidad, educación y servicios sociales apuntan precisamente en el camino contrario, a favor de un mundo urbano que no da más de sí, y en contra del medio rural en el que nos queda algo de esperanza y de solidaridad
No podemos nutrir con más desánimo a las gentes que viven en el medio rural y abandonar la producción de alimentos de calidad en beneficio de las grandes multinacionales y corporaciones especulativas. Bien lo saben los campesinos y ganaderos que quedan en nuestras comarcas agrícolas o ganaderas cómo se las gastan las multinacionales instaladas en nuestra región, pues ya están imponiendo sus reglas o intereses a los agricultores y a la propia Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León.
En este contexto, el partido de la oposición ha ido a remolque de las circunstancias y en una sociedad envejecida, dependiente, y en gran medida clientelar como la de Castilla y León, no ha encontrado un discurso político y social revitalizador, capaz de movilizar a la ciudadanía descontenta y preocupada por el futuro de la región. La larga entrevista a Oscar López el domingo 4 de noviembre del 2012, en el Diario de León, resulta decepcionante, y el pacto de Villarrubia con el PP una claudicación ante el modelo tecnocrático impuesto desde la Consejería de Presidencia de la Junta. Después de una andadura errática y sistemáticamente incumplida de Directrices Territoriales (1996), Ley de Ordenación del Territorio de Castilla y León (1998), de Áreas Funcionales (2000), del Plan de Áreas Periféricas (2002-2006), del Observatorio de la Población (2006) y de Directrices Esenciales de Ordenación del Territorio (2008)..., se nos propone desde hace unos días un anteproyecto de Ley de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio de la Comunidad de Castilla y León, apoyada en la convergencia de servicios (?) y la creación de unidades básicas de ordenación y servicios del territorio (?). Mientras tanto, la comarca del Bierzo seguirá lógicamente existiendo, y el resto de las comarcas nunca contempladas y asumidas por el Gobierno regional de Castilla y León, me pregunto: ¿serán subsumidas al igual que sus municipios en las Mancomunidades de Interés General Rurales y Urbanas? Una nomenclatura y más celofán al servicio de la retórica política. Posiblemente estemos ante otro desideratum para cumplir con una promesa electoral que, como otras muchas anunciadas ayer a bombo y platillo, no tendrá recorrido alguno.
Más grave nos resulta comprobar que nada se dice y se advierte a los ciudadanos de Castilla y León sobre la amenaza inminente que se cierne sobre una gran parte de los pueblos y de los bienes comunales y públicos. La supresión de las juntas vecinales y la pérdida del control de sus recursos pueden convertirse en el hachazo definitivo y más doloroso para las áreas rurales más desfavorecidas y más necesarias para nosotros desde la perspectiva vital, medioambiental, cultural y económica. 
En el anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local presentado por el Gobierno del Estado, figuran propuestas demoledoras para la Comunidad de Castilla y León y sobre todo para las provincias de León, Palencia y Burgos que concentran casi el 95% de las entidades locales menores a escala regional. 
No olvidemos que en estas áreas, muchas de ellas de bordes montañosos, se conserva una riqueza concejil y pública que ha supuesto hasta ahora la pervivencia de vínculos de cohesión social, económica y cultural de gran envergadura entre las gentes y sus territorios. 
No nos extraña que las plataformas formadas en defensa de estos vínculos teman que detrás de estas propuestas solapadas en el marco de la «eficiencia financiera y eficacia de los recursos y servicios», se esconda 
.- una auténtica desamortización 
.- y privatización de recursos estratégicos y de bienes históricos con fuertes raíces territoriales
Sobre esta tropelía y esta apropiación encubierta del territorio, paralela a la ordenación de la Junta, apenas escuchamos voces de nuestros representantes políticos en Madrid y en Valladolid o en los refugios decimonónicos de las diputaciones provinciales.
¿Acaso son favorables al expolio de los bienes comunales y a la añagaza de la privatización de su gestión?.
Naturalmente, nosotros, abogamos por una ordenación del territorio que respete las bases patrimoniales comunes y que con valentía defienda y estimule la vida en los medios rurales más desfavorecidos.
Cuando se celebran los cien años de la publicación del profundo y hermoso poemario Campos de Castilla de Antonio Machado, negros nubarrones de incuria y desamparo amenazan a nuestras tierras y a sus gentes. 
Ojalá no descarguen con violencia apocalíptica sobre nuestros campos, y en nuestra «tierra abnegada y noble» brille la esperanza de un mundo rural vivo.

Fuente: www.plataformarural.org

4 comentarios:

  1. La XX Intermunicipal del PP, que se ha celebrado en Almería, ha analizado las líneas generales de la situación actual que atraviesan las administraciones locales, así como las medidas propuestas para su reforma. Una reforma que aprobará el Gobierno el próximo día 25.
    Estas son las claves de la reforma:
    1.- Un municipalismo con futuro. El municipalismo de hoy y del mañana pasa por su solvencia y sostenibilidad. Solo persiguiendo objetivos de eficiencia en el gasto se alcanzará un modelo en el que no se gaste más de lo que se ingrese y donde se garantice que la prestación de los servicios obligatorios y su pago prevalece sobre aquellos servicios que no son obligatorios. Se trata de sentar las bases de una autonomía local asentada en los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

    2.- La modernización de la planta local. Una reforma necesaria para modernizar la planta local española. Que defina con mayor precisión las competencias que van a ser desarrolladas por la Administración Local, diferenciándolas de las competencias estatales y autonómicas. Entre las novedades más significativas valoramos que las competencias en materia de Sanidad, Educación y Servicios Sociales recaigan de manera íntegra en las Comunidades Autónomas. También, la racionalización y profesionalización de las estructuras organizativas y de gestión tanto de los municipios como de las Diputaciones o equivalentes, así como su sector empresarial local. Una reforma que prepara la administración local para un mejor servicio al ciudadano.

    3.- Una Administración, una competencia. Promoción de la medición, contrastación y publicación del coste de los servicios con el fin de eliminar duplicidades y generar economías de escala y de rendir cuentas a los ciudadanos. La reforma local daría así respuesta al compromiso asumido por el Partido Popular y su Presidente de «una administración, una competencia». La reorganización de actividades y servicios puede generar unos ahorros cercanos a los 3.500 millones de euros.

    4.- Sostenibilidad financiera. Las entidades locales ejercerán competencias no previstas en la ley, cuando no se ponga en riesgo financiero la realización de las competencias propias, y se garantice su sostenibilidad financiera. Terminar con el problema de las competencias impropias, liberando de dicho gasto a los municipios, constituye una reivindicación histórica de los entes locales. Si además, en el periodo de 1 año, se someten a los servicios públicos municipales, de mancomunidades y entidades locales menores a un proceso de evaluación, servirá para promover la generación de economías de escala y potenciar las Diputaciones. Una gestión de recursos más eficiente que optimizará el coste de los servicios teniendo en cuenta el tamaño y la densidad de población del municipio.

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  2. 5.- Una mejor gestión local. Un modelo que premia la mejor gestión en el servicio al ciudadano. Otro de los mecanismos que ofrece la norma a considerar, es la reversibilidad de una competencia que pase del municipio a un plano territorial superior. Tras 5 años, se plantea la posibilidad de recuperación de una competencia perdida. Se garantiza así el ejercicio de una competencia de origen municipal, cuando su prestación al ciudadano sea sostenible.
    6.- Garantías de financiación. La delegación de competencias dejará de ser visto como un problema para convertirse en una solución. Al reforzarse el papel de los municipios frente a otras administraciones, se ofrece un efecto fortalecedor para la Administración Local, cual es el de incorporar una cláusula de triple garantía: 5 años con financiación asegurada por ley y con un mecanismo de compensación automática de deudas vencidas. De esta manera, se asegura una financiación estable para el municipio durante un tiempo determinado.
    7.- Mayor transparencia y calidad de los servicios. La exigencia de una mayor transparencia y una gestión basada en los resultados debe asegurar la calidad de los servicios que se prestan a los ciudadanos desde cualquier ente territorial, también, en las mancomunidades y las entidades locales menores. Estas se someten al mismo proceso evaluador que tienen los municipios y al mismo tiempo se les requiere la misma transparencia y control en el envío de la información económico-financiera que a los municipios. El compromiso con la transparencia y la evaluación en la gestión será su garantía de continuidad.

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  3. 8.- Municipalismo al servicio de los ciudadanos. La actuación pública es ante todo un servicio al ciudadano que debe prestarse con la máxima transparencia y rigor en la gestión de los recursos que éste pone a disposición de sus gestores políticos. La regulación anual del régimen retributivo a través de los Presupuestos Generales del Estado; el número de los miembros de las Corporaciones Locales; las retribuciones en los contratos mercantiles y de alta dirección del sector público local y el número máximo y cualificación de miembros de los órganos de gobierno; el número máximo de personal eventual con cargo al presupuesto de la Administración local; y la profesionalización del personal directivo de las Diputaciones, Cabildos y Consejos Insulares, son medidas que permitirán adaptar y evaluar de manera periódica la estructura de los órganos de administración, gestión y dirección política local. Una vocación de servicio y de rendición de cuentas que permite que la actividad local pueda ser medida y valorada de una forma transparente por los ciudadanos.
    9.- Sector público reducido y eficiente. El redimensionamiento del sector público local y la regulación jurídica de los consorcios, permitirán dar respuesta a las recomendaciones efectuadas en la materia por el Tribunal de Cuentas del Reino de España y así poder regular, controlar y evaluar el sector público empresarial. Esta medida permite incorporar la información necesaria para evaluar la actividad empresarial de la Administración local.
    10.-Cooperación entre administraciones. Se refuerzan los mecanismos de colaboración y control entre la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y la Administración Local. Se cumple con el compromiso incluido en el programa electoral del Partido Popular, al recuperar las funciones que venían prestando los Interventores y los funcionarios con habilitación de carácter nacional antes de la entrada en vigor de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, al mismo tiempo que se regulará anualmente su régimen retributivo básico y complementario fijando un límite máximo total por todos los conceptos retributivos en los Presupuestos Generales del Estado.
    También queremos destacar los últimos pasos dados por el Gobierno para aliviar la situación económica y de gestión de las Corporaciones Locales, especialmente: el Plan de Proveedores, el Fondo de Liquidez Autonómico o las reformas introducidas por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado durante la tramitación de los PGE 2013, que mejoran sustancialmente los problemas de liquidez de las tesorerías municipales facilitando y garantizando la sostenibilidad y la prestación de los servicios públicos locales.

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  4. Yo creo que no nos tenemos que dejar engañar más por los politicos .
    Esta ley de ordenación del territorio o como quieran llamarla,no creo que tenga ninguna intención de favorecer a los pueblos pequeños, a las pedanías, donde sus alcaldes y concejales no cobran sueldo, y casi siempre pierden tiempo y dinero en viajes u otras cosas para solucionar problemas para el pueblo, sufriendo la burocracia de las administraciones.
    Yo les preguntaría: ¿Cuando los politicos se han preocupado por el mundo rural?. Prometen muchas cosas:ayudas, infraestructuras, mejoras de todo tipo etcetera etcetera, pero solo cumplen lo que les conviene y recortan lo que les da la gana perjudicando a los más débiles y con menos posibilidades
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