miércoles, 24 de diciembre de 2014

El belén en la iglesia de Redecilla del Camino

 Fotos de
Purificación Arias,
Gracias
La torre de la Iglesia anuncia la Navidad

El portal del Belén y sus aledaños

 
Los pastores fueron los primeros
 
Los reyes aún están lejos, Aquí Melchor


Éste es Gaspar
 
Y Baltasar

domingo, 21 de diciembre de 2014

Desamortización, Stop Expolio del Medio Rural. Si quieres hacer algo. Aquí tienes recursos

 http://www.stopexpolio.com/

 
5 diciembre 2014
 DIFUSION URGENTE
 
Miles de juntas vecinales esparcidas por toda la Península Ibérica han visto cómo después de que se presentase la Ley Montoro / Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local se les ha dado el plazo de un año para la rendición de las cuentas de los últimos 5 años.
A pesar de que nunca tenían que presentarlas, ya que carecían de órgano de gestión tributaria para ello.
Ahora, si no las presentan a tiempo, de plazo hasta el 31 de diciembre de 2014, la Ley Montoro, les quitará la capacidad jurídica de gestión de sus bienes comunales.
Y también quieren que se disuelvan las propias Juntas Vecinales que gestionan las millones de hectáreas de tierra que existen por toda la Península Ibérica.
 
No podemos quedarnos impasibles ante esta desamortización que incluirá la privatización de montes de uso comunal por montes alquilados y vendidos, que jamás tendrán relación con los vecinos del pueblo.
 
Ante esta grave ley impuesta desde el pasado 31 de Diciembre de 2013, hacemos un llamamiento por la libertad y autonomía de nuestras gentes, de nuestros pueblos, aquellos dónde aún reina la soberanía popular, el calor del pueblo, el colectivo común de los concejos, la palabra democrática más real de cada vecino, donde pueden expresar y comunicar a los demás en concejo la gestión de su territorio.
Y a la sostenibilidad del territorio que se gestiona con la capacidad de personas, y no de mandatarios o alcaldes fuera de la necesidad propia de su pueblo. Ahora lo que se necesita es llegar a los pueblos. Allá donde se pueda por cercanía. Para conseguir hablar con ellos para que cumplan con la firma de cuentas. O intentando hacerles llegar la información.
 
Desde el centro de trabajo de Stop Expolio, en el Frente de las Juntas Vecinales de León se da la posibilidad de que todo aquel que no pueda realizar las cuentas, pueda contactar con nosotros para prestarles ayuda individualizada, aportando colaboración para intentar salvarlas.
 
Mediante el conocimiento de la verdad también somos más libres y dignos, el objetivo de este vídeo, es hacer llegar a todo el mundo cual es el medio de gobierno de muchas persona a través de una democracia participativa de los habitantes de un lugar que gestionaban entre todos las necesidades comunes.
Estamos viviendo un momento en el que la participación ciudadana es necesaria porque no podemos perder el tipo de autogobierno que ya existe en nuestro medio rural. Tenemos que conservarlo antes de que nos lo expolien.
 
Reunimos firmas en la página de change.org, asegúrate de que tú también participas apoyando esta petición:
Pedimos la participación de todos para salvar los concejos y las tierras comunales y la difusión de este vídeo por la salvación de un legado histórico, inmaterial, y natural.

En el email stopexpolio@gmail.com puedes unirte a la campaña y os podremos informar de cuales son los municipios y provincias con juntas vecinales de toda la península.
Además puedes seguirnos a través de las redes sociales donde difundiremos cómo organizarnos:
Twitter @stopexpolio
 
Pidiendo la colaboración de todos los que creen que en este mundo, no nos robarán, no nos expoliarán y no nos mentirán más.
 
Por el autogobierno participativo, la defensa del mundo rural y la autogestión de nuestro bienes comunales. Valores que están en el legado de nuestro pueblo. ¡Levantémonos YA!
 

Supresión de servicios y expolio económico en los municipios rurales

José Antonio Errejón Administrador Civil del Estado
Francisco Ramos Antón Funcionario de la Administración Local
Jesús G. Regidor Profesor de la Universidad Autónoma de Madrid
28 noviembre 2014
 
 En medio de la cacofonía de una corrupción política rampante está pasando desapercibida la aplicación de la Reforma Local de 2013, que para los municipios rurales va a significar su liquidación por tiempos.
.- Primero les someten a un control presupuestario exacerbado pese a su inexistente o escaso déficit,
d.- espués les retiran las competencias en los servicios públicos básicos y anulan su capacidad de iniciativa económica,
.- y por último atribuyen a las Diputaciones provinciales el control de estas competencias que se convertirán en objeto de negocio privado.

Ante este inmenso expolio cabía esperar una fuerte respuesta ciudadana y de sus representantes, una verdadera rebelión que, ante las próximas elecciones municipales, hubiera puesto contra las cuerdas al Gobierno central y a sus correligionarios locales, pero tal nivel de respuesta no se ha producido. A pesar de la creación de normas interpretativas por parte de numerosas comunidades autónomas y de la presentación de diez recursos de inconstitucionalidad (el último por casi 3000 municipios) la Reforma Local se aplica como en la “parábola de la rana hervida” cuando se quieran dar cuenta, los municipios rurales se habrán quedado sin sus servicios básicos y sin sus recursos económicos.
Por su impacto político, esta reforma implica la liquidación de la autonomía local. Con la justificación de un control del déficit de los municipios rurales (a efectos de esta reforma los menores de 20.000 habitantes) se despoja a los ayuntamientos de su principal función política: ser la primera instancia de atención a los ciudadanos. En un país donde unos 6700 municipios pueden considerarse rurales (de ellos un 60% de pequeño tamaño: menores de 5000 habitantes) los alcaldes y demás electos locales verán reducida su iniciativa política a gestionar algunas competencias menores (los parques, las bibliotecas y los cementerios).
Aunque la autonomía de los municipios forma parte del ordenamiento constitucional (artículos 137º, 140º, 133º y 142º) se pretende con una ley ordinaria (Ley 27/2013, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local) abolir sus competencias centralizándolas en administraciones de “rango” superior, lo cual para los municipios rurales significa una expropiación competencial prácticamente total. Claramente, se lleva a cabo una verdadera “acción destituyente” de la autonomía municipal, especialmente en el medio rural, con lo que cuando se produzcan las sentencias del Tribunal Constitucional y aun siendo favorables la “rana estará bien hervida”.
Las consecuencias políticas de esta iniciativa parecen evidentes: Se liquida la ya de por sí escasa democracia local participativa. De este modo, se vuelve a una especie de “neofeudalismo” ejercido por las corporaciones concesionarias de la prestación de los servicios básicos expropiados a los
municipios rurales, a las que las diputaciones provinciales entregarán la gestión de partes enteras del territorio. Es más que probable que la búsqueda de rentabilidad conduzca a estas corporaciones, bien a la prestación a precios muy elevados de determinados servicios públicos o a su eliminación pura y simple, reforzando así el despoblamiento y la desertización rural.
Por su impacto social, esta reforma encubre un recorte estratégico del estado de bienestar. Para ello se consolidan tres categorías de competencias (“propias”, “puestas en cuestión” e “impropias”). Por lo que se refiere a los municipios rurales, las primeras se reducirán drásticamente, mientras que las demás simplemente desaparecerán. Este severo recorte competencial dejará a los electos sin su actividad más genuina: la atención primaria a las condiciones sociales del espacio público local. Y todo ello justamente cuando un número creciente de ciudadanos se ha visto golpeado por el paro, la pobreza o la exclusión social.
La supresión generalizada de estas competencias a los ayuntamientos rurales sitúa a las diputaciones provinciales y a las comunidades autónomas como responsables directos de la prestación de estos servicios públicos. Pues bien, si las diputaciones del régimen común son fuertemente deficitarias y las comunidades autónomas están altamente endeudadas ¿cómo podrán hacerse cargo de ello? La respuesta es clara: prestarán solo aquellos servicios a los que estén obligados, hasta donde les alcance su capacidad de financiación. Más exactamente, dependiendo de las transferencias de los ayuntamientos rurales a las diputaciones por los gastos asociados a los servicios públicos básicos (más de dos tercios de los ingresos por “tributos propios” de estos ayuntamientos, esto es, más de 5000 millones de eu.).
El resultado de esta reforma supone un recorte estratégico de los servicios sociales, si bien, dado el calendario de aplicación de la Ley, no se manifestará hasta después de las próximas elecciones locales y autonómicas de 2015. En concreto: se producirá una pérdida notable de calidad de los servicios derivados de las competencias “propias”, con objeto de reducir su coste efectivo facilitando la rentabilidad de las empresas privadas concesionarias y se suprimirán los servicios públicos vinculados a las competencias “puestas en cuestión” y a las “impropias”, precarizadas por la indefinición de la obligatoriedad en su prestación o directamente por su falta de asunción por parte de las comunidades autónomas. Por tanto, lo que se provoca directamente es un grave retroceso del estado de bienestar en el medio rural.
Finalmente, por su impacto en el desarrollo territorial, esta reforma ocasiona un grave retroceso en nuestro desarrollo rural. El principal motivo es que se configura un nuevo modelo de gestión del territorio, en el que las entidades locales del medio rural perderán su relevancia. De un modelo capilar constituido por miles de núcleos de decisión (los Ayuntamientos y las entidades menores) se vuelve a un modelo basado en una sola unidad centralizada de gestión por provincia (la diputación o entidad equivalente) Las unidades territoriales comarcales de prestación de servicios (mancomunidades de municipios) quedan debilitadas o relegadas. Todo ello supone el reforzamiento de una articulación político-administrativa del territorio contraria al desarrollo rural.
En realidad, tras la reforma, los municipios rurales se convertirán en unidades territoriales muy debilitadas, sin apenas capacidad de gasto. Por lo que estos municipios, que tradicionalmente eran considerados entidades públicas de importancia económica en las zonas rurales, por su nivel de consumo, empleo e inversión, van a ver muy reducida su iniciativa económica. Una vez comprometida la mayor parte de sus recursos propios para el pago a las diputaciones -empresas concesionarias, por los servicios obligatorios prestados, toda nueva iniciativa dependerá de las inversiones y ayudas transferidas desde otras administraciones. Miles de municipios verán desaparecer en muy breve plazo su papel de núcleos promotores de desarrollo rural.
Este efecto será especialmente grave, cuando lo que procedía era integrar plenamente a los municipios rurales como beneficiarios principales de las políticas rurales, en particular de las provenientes de la Unión Europea. Para este fin, por el contrario, lo que se necesitaba era el reconocimiento político-administrativo de las zonas rurales (“comarcas”) como unidades territoriales de referencia para la prestación de los servicios municipales básicos y para la aplicación de las políticas rurales nacionales y europeas. Habría que configurar un sistema territorial formado por comarcas, con plena legitimidad democrática para promover planes de desarrollo multisectoriales y plurianuales.
En consecuencia, esta Reforma Local supone la liquidación de los municipios rurales, pues constituye un atentado muy grave a la autonomía local, al mantenimiento de los servicios públicos fundamentales y al propio desarrollo del medio rural. Por todo ello, sería preciso derogarla cuanto antes, y en su lugar cabría adoptar medidas como la supresión de las diputaciones provinciales y la revisión del régimen económico-financiero de las haciendas locales, en particular por lo que se refiere al aumento de los ingresos fiscales rurales y a la creación de incentivos fiscales especiales para estos municipios. Porque es imposible creer las enfáticas propuestas del PP en defensa de la Constitución, cuando proceden a la voladura controlada de la autonomía y la democracia local, pilares esenciales de nuestro sistema constitucional.
 
El huerto del pozo

Danzadores de Redecilla en la 26ª Muestra de Danzas de la Prov. de Burgos, unas fotos

  Fotos de
Agustín Valgañón,
Puri Arias y
Maricarmen Rodgez. Suena
Gracias



El Cachiburrio pasando los trastos a su sucesor
 



















































 
 
 
 
 
 
 
 
 


Grupo ante la estatua del Cid
 
 

Foto de grupos
 
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