Nuestros pueblos merecen
un respeto y una integración inteligente
y solidaria con sus Gentes y con su Entorno
Valentín Cabero Diéguez
Catedrático de Geografía de la Unv.Salam.
Diario de León
Desde que se
anunció por parte de la Junta el denominado Proyecto de Ley de Gobernanza,
Ordenación y Servicios en el Territorio, ha transcurrido prácticamente un año,
sin que los ciudadanos de la región sepan con objetividad y con relativa
sencillez cuál es el futuro y el encajamiento de la vida de sus pueblos en el
nuevo mapa regional que se nos propone.
Tras propalar y señalar «las ventajas»
del nuevo modelo, inicialmente basado en la figura de Distritos de Interés
Comunitario y en la unión voluntaria de municipios, las más de 800 alegaciones
recibidas y las reuniones «tan interesantes» mantenidas con los presidentes de
las diputaciones provinciales de la región, incluida la sensibilidad y
preocupación personal de la presidenta de la Diputación de León, la Junta se
muestra «muy receptiva» a los problemas locales y provinciales y se queda por
el camino el nombre tan desafortunado e inoportuno de Distrito de Interés
Comunitario (DIC).
¡Cuánta energía perdida de nuevo en la ordenación del territorio y
en la hipotética construcción de un verdadero proyecto regional! Veinticinco
años contemplan la inacción y somnolencia de un Gobierno regional enredado en
sus propios intereses y en las prebendas caciquiles de los presidentes de las
nueve diputaciones provinciales, que paradójicamente se pretende fortalecer en
el nuevo modelo de ordenación territorial.
No sabemos si con el acuerdo de mínimos alcanzado con el PSOE se avanzará con
alguna coherencia en pro de una mayor cordura en la ordenación y cohesión
regional, amparándose en ámbitos de referencia territorial que guarden relación
con la prestación de servicios y con vínculos geográficos e históricos bien
reconocidos.
No es necesario reinventar nuevas denominaciones tecnocráticas, y
si tener bien presente una mirada doblemente enriquecida por el pasado
inmediato y por la necesidad de un futuro que no deje en la absoluta exclusión
y soledad a cientos de municipios y a miles de núcleos que resisten y luchan
aún por su supervivencia y por un mundo rural vivo.
Ellos (los pueblos) ni han provocado la
crisis financiera
ni han participado en los escándalos de corrupción y
despilfarros que estamos viviendo.
Bien (los pueblos) se merecen, por tanto, un respeto y una
integración inteligente en un modelo territorial en el que las diputaciones
provinciales, a mi entender, no deberían ser de nuevo las protagonistas.
Tras los desastres regionales de la «ordenación» financiera y absorción
bancaria, ni «músculo financiero» nos queda, ni mucho menos energías sociales
para abordar el proyecto con ilusión y entusiasmo.
Un manto de silencio
político y mediático cubre tanta ruina y ruindad. De ello se beneficia con
descaro el Gobierno regional y una corte de delegados provinciales que siguen
obedientes los mensajes, ahora algo adornados por la información y explicación,
aunque esta carezca de argumentos sólidamente asentados en el territorio y en
las necesidades de sus gentes.
Las últimas medidas y recortes en sanidad,
educación y servicios sociales apuntan precisamente en el camino contrario, a
favor de un mundo urbano que no da más de sí, y en contra del medio rural en el
que nos queda algo de esperanza y de solidaridad.
No podemos nutrir con más
desánimo a las gentes que viven en el medio rural y abandonar la producción de
alimentos de calidad en beneficio de las grandes multinacionales y
corporaciones especulativas. Bien lo saben los campesinos y ganaderos que
quedan en nuestras comarcas agrícolas o ganaderas cómo se las gastan las
multinacionales instaladas en nuestra región, pues ya están imponiendo sus
reglas o intereses a los agricultores y a la propia Consejería de Agricultura y
Ganadería de la Junta de Castilla y León.
En este contexto, el partido de la oposición ha ido a remolque de las
circunstancias y en una sociedad envejecida, dependiente, y en gran medida
clientelar como la de Castilla y León, no ha encontrado un discurso político y
social revitalizador, capaz de movilizar a la ciudadanía descontenta y
preocupada por el futuro de la región. La larga entrevista a Oscar López el
domingo 4 de noviembre del 2012, en el Diario de León, resulta decepcionante, y
el pacto de Villarrubia con el PP una claudicación ante el modelo tecnocrático
impuesto desde la Consejería de Presidencia de la Junta. Después de una
andadura errática y sistemáticamente incumplida de Directrices Territoriales
(1996), Ley de Ordenación del Territorio de Castilla y León (1998), de Áreas
Funcionales (2000), del Plan de Áreas Periféricas (2002-2006), del Observatorio
de la Población (2006) y de Directrices Esenciales de Ordenación del Territorio
(2008)..., se nos propone desde hace unos días un anteproyecto de Ley de
Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio de la Comunidad de Castilla y
León, apoyada en la convergencia de servicios (?) y la creación de unidades
básicas de ordenación y servicios del territorio (?). Mientras tanto, la
comarca del Bierzo seguirá lógicamente existiendo, y el resto de las comarcas
nunca contempladas y asumidas por el Gobierno regional de Castilla y León, me
pregunto: ¿serán subsumidas al igual que sus municipios en las Mancomunidades
de Interés General Rurales y Urbanas? Una nomenclatura y más celofán al
servicio de la retórica política. Posiblemente estemos ante otro
desideratum para cumplir con una promesa electoral que, como otras muchas
anunciadas ayer a bombo y platillo, no tendrá recorrido alguno.
Más grave nos resulta comprobar que nada se dice y se advierte a los ciudadanos
de Castilla y León sobre la amenaza inminente que se cierne sobre una gran
parte de los pueblos y de los bienes comunales y públicos. La supresión de las
juntas vecinales y la pérdida del control de sus recursos pueden convertirse en
el hachazo definitivo y más doloroso para las áreas rurales más desfavorecidas
y más necesarias para nosotros desde la perspectiva vital, medioambiental,
cultural y económica.
En el anteproyecto de Ley de Racionalización y
Sostenibilidad de la Administración Local presentado por el Gobierno del
Estado, figuran propuestas demoledoras para la Comunidad de Castilla y León y sobre
todo para las provincias de León, Palencia y Burgos que concentran casi el 95%
de las entidades locales menores a escala regional.
No olvidemos que en estas
áreas, muchas de ellas de bordes montañosos, se conserva una riqueza concejil y
pública que ha supuesto hasta ahora la pervivencia de vínculos de cohesión
social, económica y cultural de gran envergadura entre las gentes y sus
territorios.
No nos extraña que las plataformas formadas en defensa de estos
vínculos teman que detrás de estas propuestas solapadas en el marco de la
«eficiencia financiera y eficacia de los recursos y servicios», se esconda
.- una
auténtica desamortización
.- y privatización de recursos estratégicos y de bienes
históricos con fuertes raíces territoriales.
Sobre esta tropelía y esta
apropiación encubierta del territorio, paralela a la ordenación de la Junta,
apenas escuchamos voces de nuestros representantes políticos en Madrid y en
Valladolid o en los refugios decimonónicos de las diputaciones provinciales.
¿Acaso son favorables al expolio de los bienes comunales y a la añagaza de la
privatización de su gestión?.
Naturalmente, nosotros, abogamos por una
ordenación del territorio que respete las bases patrimoniales comunes y que con
valentía defienda y estimule la vida en los medios rurales más desfavorecidos.
Cuando se celebran los cien años de la publicación del profundo y hermoso
poemario Campos de Castilla de Antonio Machado, negros nubarrones de incuria y
desamparo amenazan a nuestras tierras y a sus gentes.
Ojalá no descarguen con
violencia apocalíptica sobre nuestros campos, y en nuestra «tierra abnegada y
noble» brille la esperanza de un mundo rural vivo.
Fuente: www.plataformarural.org
