Es indudable la realidad de este problema en nuestro país, existiendo ya, según datos de la FEMP, más de 4.000 municipios (la mitad del total) en serio riesgo de despoblación. Ello se refleja, sobre todo, en el abandono de los pequeños pueblos y el envejecimiento de las poblaciones que en ellos viven, siendo éste un proceso que se extiende de forma imparable por el medio rural español, si bien de forma desigual, dada la gran diversidad del mismo.
Hay
ya suficientes estudios demográficos bien documentados (especialmente
los de Molinero desde la geografia, y Camarero, desde la sociología, por
citar algunos), que acotan el
problema y que hacen un buen diagnóstico del mismo, por lo que no es mi
propósito en este texto abundar en cuestiones ya conocidas.
Mi intención es discutir algunas de las afirmaciones que se hacen sobre este tema y que, desde mi punto de vista, no se sustentan en sólidas evidencias empíricas, tal como han puesto de manifiesto algunos autores como el antropólogo Rufino Acosta en un excelente artículo titulado "Despoblación: tópicos y una esperanza" publicado en el diario “Hoy” (14/09/2018) o el economista J.M. García Alvarez-Coque en su artículo "Serranía celtibérica" publicado en la revista Agronegocios (16/04/2017).
Es por ello que, compartiendo algunas ideas de éste y otros autores, y completando las opiniones expresadas por mí mismo en otros textos de este blog, haré diversos comentarios sin ánimo de agotar un tema tan importante y complejo como éste del declive demográfico y la despoblación rural, pero sí con el objetivo de ampliar el debate para que pueda abordarse con realismo y cautela.
Mi intención es discutir algunas de las afirmaciones que se hacen sobre este tema y que, desde mi punto de vista, no se sustentan en sólidas evidencias empíricas, tal como han puesto de manifiesto algunos autores como el antropólogo Rufino Acosta en un excelente artículo titulado "Despoblación: tópicos y una esperanza" publicado en el diario “Hoy” (14/09/2018) o el economista J.M. García Alvarez-Coque en su artículo "Serranía celtibérica" publicado en la revista Agronegocios (16/04/2017).
Es por ello que, compartiendo algunas ideas de éste y otros autores, y completando las opiniones expresadas por mí mismo en otros textos de este blog, haré diversos comentarios sin ánimo de agotar un tema tan importante y complejo como éste del declive demográfico y la despoblación rural, pero sí con el objetivo de ampliar el debate para que pueda abordarse con realismo y cautela.
1) Nuestra
estructura de más de 8.000 municipios proviene del modo
como se produjo el largo periodo de la Reconquista en la Edad Media, y
apenas
ha sufrido cambios desde entonces. Esto hace que coexistan regiones con
municipios de pequeño y muy pequeño tamaño, donde es acuciante el
problema de
la despoblación (Aragón, Castilla y León, Rioja, Asturias,…), y regiones
asentadas en una amplia red de medianos y grandes municipios
(agrociudades),
donde el problema es de otra índole (Andalucía, la parte sur de Castilla
La
Mancha y de Extremadura). Además, una gran parte de nuestras áreas
rurales, salvo algunas zonas de campiña, son de una pobreza extrema en
recursos productivos y naturales, mucho más acentuada que la de otros
países que tomamos de ejemplo, como Francia, Reino Unido o Italia. Sin
tener claro estos aspectos diferenciales, no se puede ordenar
el debate, un debate que exige, además, elevar el punto de mira del
análisis, y
pasar de la escala municipal a la escala comarcal, ya que no es igual
hablar de
municipios despoblados que de comarcas despobladas.
2) Es necesario distinguir entre “despoblación” y “abandono” por
cuanto son dos temas diferentes. Puede haber comarcas en declive demográfico,
pero en las que sus campos están bien cultivados, sus bosques cuidados y sus
pequeños pueblos limpios, aseados y bien atendidos. Son comarcas “despobladas”,
pero no “abandonadas”. Mas también puede haber comarcas que no pierden
población, sino que incluso la incrementan, pero que tienen mal cultivadas sus
tierras y mal cuidados sus espacios naturales, estando mal atendidos sus
núcleos rurales del interior al concentrarse los servicios en las cabeceras de
comarca y no existir un sistema en red para que lleguen al conjunto del
territorio. Son éstas comarcas “no despobladas”, pero sí “abandonadas”.
3) La afirmación habitual de que haciendo inversiones en infraestructuras (sobre todo, en carreteras) y
equipamientos y extendiendo los servicios básicos (educación, salud,...) al conjunto del territorio
rural, se frena la despoblación, habría que matizarla. Aparte del derecho de
todo ciudadano (viva en el medio rural o en el medio urbano) a la movilidad y
al acceso a los servicios del sistema de bienestar, es un hecho que, a pesar de
las inversiones que se han hecho en infraestructuras y equipamientos en el
medio rural desde la entrada de España en la UE gracias a los fondos estructurales
(en especial FEDER), y a pesar de la extensión de la red de servicios básicos,
muchas áreas rurales siguen perdiendo población. De ahí que, si bien esas
inversiones son necesarias, no parece que sean suficientes para atajar el
problema del declive demográfico en las áreas rurales.
4) Tampoco
se corresponde con la realidad afirmar que la creación de
empleo en el medio rural es el mejor remedio contra la despoblación. Más
allá
del indudable valor que tiene crear empleo, lo cierto es que si
observamos la
ingente cantidad de empleos que se han creado en el medio rural en
sectores
como educación, salud, servicios sociales,... vemos que muchos de esos
empleos
son ocupados por personas que se desplazan desde los grandes núcleos
urbanos a
los núcleos rurales, pero que no residen en los pueblos donde
desarrollan su
trabajo. Incluso en actividades tan pegadas al territorio como las
agrarias,
también se está dando este mismo fenómeno, sobre todo en las grandes y
medianas
explotaciones, gracias a que los avances tecnológicos permiten a los
agricultores gestionar su explotación sin tener que vivir en el núcleo
rural
donde esté ubicada, tendencia que se intensificará en el futuro con la
digitalización. Es verdad que las pequeñas explotaciones agrarias
presentan
algunas diferencias por su estrecha vinculación con el territorio, pero
aun así
no están exentas de esta tendencia, al igual que los asalariados, que
cada vez
más se desplazan a los lugares de trabajo desde sus centros de
residencia,
muchos de ellos en ciudades o núcleos urbanos. El caso de los agentes
forestales es aún más llamativo, dado que no hay actividad más pegada al
terreno que la de inspeccionar y supervisar el cuidado y protección del
bosque.
Pues bien, muchos de estos agentes (en especial, los más jóvenes)
deciden vivir
en los núcleos urbanos y desplazarse a los espacios naturales para el
ejercicio
de las tareas que tienen asignadas.
5) Por
razones similares a las anteriores, tampoco parece existir un
vínculo claro entre la industrialización del medio rural y su
contribución a
frenar el declive demográfico de las áreas rurales. Salvo en el caso de
industrias asentadas desde tiempo atrás en el territorio, que se han
vinculado
estrechamente a la población local y han generado una cadena de
actividades
complementarias, la instalación de nuevas industrias no hace que la
gente que
trabaje en ellas decida vivir en los pueblos donde están ubicadas. La
mejora de
las carreteras ayuda a que estos trabajadores se desplacen desde los
núcleos
urbanos a los rurales para trabajar en las nuevas industrias allí
asentadas,
por lo que el esfuerzo de industrializar el medio rural hay que
plantearlo con
ciertas cautelas, teniendo muy en cuenta qué modelo industrial es el más
adecuado para desarrollar las áreas rurales (pensemos por ejemplo, en el
debate sobre las macrogranjas, las grandes plantas de biomasa o los
parques eólicos).
6) Otra afirmación de poca evidencia empírica es la que considera
clave para frenar el declive demográfico en el medio rural apostar por la
mejora de la educación y el acceso de los jóvenes rurales a la formación
superior, facilitándoles el desplazamiento desde los pueblos a los centros
universitarios. Aparte de la importancia innegable que esto tiene para la
igualdad de oportunidades y la promoción de los jóvenes que residen en el medio
rural, es un hecho que la obtención de un título de grado o postgrado hace que
salgan de los pueblos los mejor preparados buscando, en uso de su libertad, ampliar sus horizontes de
vida y encontrar nuevas oportunidades. De nuevo, es ésta una política
necesaria, pero no suficiente para afrontar el problema de la despoblación de
los núcleos rurales.
7) La idea de que la instalación en el medio rural de grupos
procedentes del medio urbano es un medio de combatir la despoblación de los
núcleos rurales no deja de ser una quimera, dado que la magnitud de este
fenómeno no pasa de ser algo anecdótico más allá del efecto positivo que pueda
tener en alguna comarca concreta o del impacto que siempre tiene en los medios
de comunicación. Es bueno, sin duda, que los ayuntamientos faciliten ese proceso a los que
deseen instalarse en los pueblos ayudándoles a rehabilitar antiguas casas
solariegas o a habilitar casas rurales, pero como solución general me parece
que tiene un efecto limitado.
8) Lo mismo cabe decir del proyecto de facilitar el asentamiento en
los núcleos rurales de grupos de refugiados y/o inmigrantes que buscan
desarrollar nuevos proyectos de vida en nuestro país. Es loable la iniciativa
que se está planteando en ese sentido desde las redes españolas de desarrollo
rural en colaboración con la OIM (Organización Internacional para las
Migraciones), pero son muchas las dudas que surgen sobre las posibilidades de éxito
de estas experiencias, más allá de la solución que puedan representar para
algunos grupos concretos y del impacto localizado que puedan tener.
9) Se suele abogar por los programas LEADER como una vía para
potenciar el desarrollo rural y así frenar el declive de los territorios. Pero,
aun reconociendo la incidencia de estos programas en la dinamización de ciertas
zonas y sectores de la población rural, la realidad es que apenas tienen una
influencia real en el desarrollo de los territorios, debido a su escasa
dotación económica y también a las rigideces administrativas a las que están sometidos
los Grupos de Acción Local tras la integración de esos programas en el segundo
pilar de la PAC. O se refundan para pasar a la política europea de cohesión y
así responder mejor a los nuevos retos del desarrollo territorial (entre ellos
el reto demográfico) o su futuro será incierto en un contexto restrictivo de
recursos para la PAC y de nuevas prioridades de las políticas europeas.
10) Se
dice que son poco eficaces las políticas públicas destinadas
directamente a mejorar la renta de los hogares rurales, pero la realidad
es
otra. Por ejemplo, es un hecho que programas como los asociados al tan
vilipendiando
Plan de Empleo Rural (PER) en Andalucía y Extremadura, o las también
criticadas
ayudas directas del primer pilar de la PAC, así como las indemnizaciones
compensatorias de montaña, han contribuido, más que las inversiones del
FEDER
en infraestructuras, a fijar población en el medio rural. Se puede
criticar estas políticas por otros motivos, pero la realidad es que
tanto el
PER (complemento de renta de las familias rurales más empobrecidas),
como las
ayudas de la PAC (fuente complementaria de ingresos para los
agricultores, para los grandes propietarios, pero también para los
titulares de pequeñas explotaciones) tienen efectos inmediatos
en el poder adquisitivo de amplios grupos de la población rural, sobre
todo de
los de menor nivel de renta, y eso es un factor que los induce a
permanecer en
los pueblos. Lo mismo está ya ocurriendo con iniciativas como el “ticket
rural”
del PDR asturiano, si bien aún es pronto para evaluar sus resultados. De
ahí
que promover políticas de transferencia de renta del tipo de la “renta
básica”
y sus variantes, para impulsar la permanencia de la población en los
núcleos
rurales (asociándolas a la realización de servicios a la comunidad) o
programas para incentivar nuevas instalaciones (como las ayudas a los
jóvenes agricultores y emprendedores rurales), puede ser eficaz, siempre
que sean complementadas con incentivos fiscales y cambios jurídicos que
faciliten el relevo generacional, y siempre que estén garantizados los
servicios básicos y las infraestructuras necesarias en el medio rural
(entre ellas, por supuesto, la banda ancha de las comunicaciones, aunque
no sólo).
11) En las políticas públicas a escala del territorio, es fundamental el
papel de los municipios, las diputaciones y las Comunidades Autónomas para
garantizar una red de servicios básicos, pero siempre que cooperen, evitando
solapamientos innecesarios. En el caso de las diputaciones, no tiene sentido
plantear su disolución, pues, ya que existen, es más eficiente proponer su
renovación para que actúen como verdaderas entidades al servicio de los
pequeños municipios de las provincias.
12) Se aboga por la Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural
(2007) como una especie de varita mágica para resolver el problema de la
despoblación rural. Aun reconociendo el esfuerzo notable que se hizo en ella
por cartografiar la realidad del mundo rural español, creo que, antes de
reactivarla, es necesario revisarla y actualizar la información que
proporciona. Transcurridos más de diez años de su aprobación, han cambiado
muchas cosas en los territorios rurales y en la orientación de las políticas
europeas, y se han abierto, además, nuevas ventanas de oportunidad que no
habían previsto los legisladores, por lo que su revisión es necesaria.
13) El problema de fondo de todo este complejo asunto radica en el
atractivo que sigue teniendo la vida en los núcleos urbanos. A pesar del
malestar e insatisfacción que genera la vida en las grandes urbes, es un hecho
que vivir en ciudades de tamaño medio resulta hoy más atractivo que vivir en
los pequeños pueblos, ya que mucha gente aún percibe que el mundo urbano les
ofrece más oportunidades de empleo, ocio y desarrollo personal. No es banal que
sean más las personas que, a nivel mundial, viven ya en el medio urbano que las
que residen en el medio rural, porcentaje que en el caso español es abrumador
en favor de la vida en los núcleos urbanos (más del 80% de la población
española vive ya en municipios de más de 30.000 habitantes). Invertir esa
tendencia es una tarea hercúlea, ya que el problema del declive demográfico
forma parte de un proceso más amplio de cambios culturales y económicos que
difícilmente las políticas pueden detener, aunque sí tratar de paliar sus
efectos mediante programas que eviten el deterioro de la calidad de vida de las
personas que, en uso de su libertad de elegir, deciden vivir en pequeños
núcleos rurales.
14) Por todo ello, la estrategia para afrontar el reto demográfico
tiene que plantearse como algo más que el problema de la despoblación rural, y
debe ser afrontado como una cuestión de Estado, pero no sólo porque afecta a
amplias áreas de nuestros territorios, sino porque la disminución de la tasa de
natalidad y el creciente envejecimiento de la población española es un problema
que, si no se aborda, tiene implicaciones en la sostenibilidad de nuestro
sistema de bienestar. Debe ser, por ello, una estrategia integral y transversal
de medio y largo plazo, y dirigida al conjunto de la sociedad española, ya que
el problema no sólo afecta al medio rural; debe ser, además, una estrategia en
la que se impliquen todos los departamentos ministeriales (educación, medio ambiente, sanidad,
cultura, fomento, agricultura, industria, economía y hacienda,…) y todas las
administraciones (europea, central, autonómica y local).
15) Pero, en el caso concreto de la despoblación rural, tiene que ser también una estrategia diferenciada según
las características de cada comarca (agrícolas, ganaderas, forestales,
periurbanas,…) y en la que se combinen políticas a nivel macro y a nivel micro.
Debe ser, además, una estrategia que ponga en marcha sistemas eficaces de
gobernanza territorial para impulsar dinámicas de concertación en el medio
rural y de participación de las poblaciones locales en la definición de un
programa de desarrollo territorial de interés general, que trascienda el ámbito
de los interés particulares. Sólo así podrán salir adelante algunas de las
comarcas afectadas hoy por el riesgo de la despoblación, pero que están en
condiciones de poder ser reactivadas al tener una adecuada localización
geográfica y/o disponer de una base productiva o de un patrimonio arquitectónico
y cultural susceptibles de ser puestos en valor, además de tener una población
dinámica y emprendedora (capital social). Por el contrario, por mucho esfuerzo
que se haga, la realidad nos dice que, en otras comarcas, más aisladas y/o
carentes de esos recursos socioeconómicos y culturales, la escasa población que
allí reside verá cómo el declive demográfico y la despoblación seguirán
avanzando de forma irremisible, quedándole sólo la opción de resistir mientras
puedan y de reivindicar ante los poderes públicos que no las dejen abandonadas
a su suerte.
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