En lo que a porcentaje de población urbana se refiere, en el caso español es superior a la media mundial y está en línea con la de la mayoría de países europeos. Según el Banco Mundial, en 2019 el 81% de los españoles vivía en ciudades, mientras que en Alemania y en Francia la concentración urbana sobre la población total era del 77% y del 81% respectivamente. Cumpliéndose dos años de las protestas de la España vaciada que llevaron a la capital la preocupación por el entorno rural, el Gobierno ha impulsado un plan de 136 medidas que, aprovechando 10.000 millones de euros del fondo de recuperación europeo, pretende revertir los efectos de la despoblación.
El plan se estructura en 10 grandes capítulos que engloban las medidas. Según el documento oficial en el que se ahonda en esta hoja de ruta, se busca favorecer la transición ecológica, la conectividad del medio rural, la igualdad de oportunidades, el desarrollo del territorio, el impulso de un turismo sostenible y del tejido productivo local, así como fomentar la deslocalización de los servicios públicos y promover la cultura.
Entre las medidas concretas, algunos ejemplos son la instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos, la formación de jóvenes agricultores y ganaderos en explotaciones modelo o universalizar la cobertura de la red de banda ancha para el 100% del territorio y la población.
Con un territorio inmerso en una suerte de círculo vicioso en el que la cada vez menor población redunda en una menor actividad económica que, a su vez, provoca mayores desplazamientos en busca de oportunidades laborales, el Gobierno español busca impulsar los catalogados como proyectos tractores. De un lado, propone crear una red de centros de innovación situados en áreas rurales; por otro, impulsar el emprendimiento local y la digitalización de sectores estratégicos mediante ayudas públicas y a través de colaboración con el sector privado. La idea de fondo es la de impulsar proyectos que a su vez terminen generando más actividad económica a su alrededor.
Última oportunidad
Tomás Guitarte, diputado de Teruel Existe, partido que reivindica el olvido al que, según denuncian, se ha visto sometida esta región, calificó el plan esta semana, durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, como “la última oportunidad para la España vaciada”. El diputado de Teruel Existe aprobó en líneas generales la iniciativa del Ejecutivo, pero también solicitó varias medidas concretas. Como, por ejemplo, implantar actividades de industria en las áreas menos pobladas, aprovechando la ventaja competitiva de este territorio para acoger industrias electrointensivas allá donde se produce la instalación masiva de energías renovables, “podría hacerse fácilmente mediante una tarifa eléctrica diferenciada”.
Lidia Díaz, presidenta de la asociación española contra la despoblación (AECD), mantiene un tono de cautela. “Nos parece una propuesta variada y extensa. Es cierto que la despoblación es un problema complejo y viene desde tiempos lejanos, por lo tanto, también tiene lógica que las soluciones tengan que ser variadas, extensas aunque no complejas en muchos casos”.
Díaz pone de relieve la absoluta importancia de unas infraestructuras que, aunque a veces han sido planeadas y contempladas, no siempre han llegado a materializarse. Puntualizando que no hacen falta proyectos faraónicos que acaben con el terreno, opina que sí son necesarias porque son un derecho básico que, a su vez, permite el correcto acceso a otros derechos como son la atención sanitaria o la educación. Como infraestructuras claves, Díaz menciona los trenes y las carreteras.
En referencia a otro tipo de barreras, más allá de las infraestructuras, la presidenta de la asociación pone el foco en la importancia de sacar del imaginario colectivo la idea de que el campo solo tiene espacio para el emprendimiento en agricultura y ganadería, así como la necesidad de facilitar los trámites burocráticos haciéndolos telemáticos, ya que cualquier viaje a las capitales de provincias supone horas de desplazamientos.
“Como sabemos, el papel lo aguanta todo; mientras no se vea cómo se van a traducir y convertirse en realidad, poco podemos decir”, concluye sobre el plan.
El desarrollo y sus tipos
Una cuestión que cabe preguntarse es qué hacer con las oportunidades económicas que no sean sostenibles. Lidia Díaz comenta que si en las áreas muy deprimidas aparecen oportunidades no incluidas en la sostenibilidad, suele ser porque son zonas con precios de suelos bajos y donde no hay una población fuerte que pueda oponerse. “En realidad, cualquier zona deprimida, referida a la despoblación rural, se puede revertir con empresas y emprendimientos sostenibles”.
Como ejemplo de desarrollo no sostenible, Díaz cita la llegada de macrogranjas a las áreas más despobladas de Aragón, Castilla y León y Extremadura. La presidenta de la AECD se muestra preocupada por las implicaciones para el entorno, para los acuíferos, la biodiversidad o la limpieza de suelo y agua, y critica el impacto que deja en el paisaje o en las aves la instalación de macrocomplejos de energía limpia.
“De momento, parece demostrado que ninguno de estos proyectos ha empujado hacia la fijación de población, puesto que apenas generan puestos de trabajo en dichas instalaciones, ni siquiera para el mantenimiento. Y es más, puede que incluso se cierren explotaciones agrarias o ganaderas por las grandes extensiones de terrenos que se utilizan”. Pese a la crítica que reciben las instalaciones de energía renovable, Díaz puntualiza que no están en contra de la energía limpia, sino de que se implemente sin tener en cuenta los impactos ambientales.
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