Con
las propuestas de un nuevo Marco Financiero Plurianual (MFP) y una
nueva PAC
para el período 2028-2034, ya posible hacer algunas reflexiones
sobre lo bueno (porque sí, hay aspectos positivos) y lo malo de ambos documentos.
Van a continuación.
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| Vaca en Somiedo |
Por
un lado, el presupuesto propuesto, de 2 billones de euros para el
conjunto del período, se puede calificar de austero -teniendo en cuenta
los desafíos globales se esperaba un presupuesto significativamente
mayor-, que supone un incremento del gasto público real respecto a
2021-2027 -descontando los fondos Next Generation- de unos 800.000
millones de euros -de los que 168.000 millones, como se ha comentado,
serían para pagar la deuda de los Next Generation-.De
ellos, se asigna una partida de 0,865 billones de euros (el 44% del
total del nuevo MFP) para el nuevo Fondo para los planes de asociación
nacionales y regionales, donde está incluida la PAC, además de la
política pesquera común, la política de cohesión o la de interior.
De
los 865.076 millones de euros del fondo a nivel europeo, la PAC contará
con un mínimo de 293.700 millones de euros para las siguientes
intervenciones de apoyo a los ingresos de los agricultores: nuevas
ayudas degresivas por superficie -con modulación y techo por
explotación-, ayudas acopladas, pago específico para el algodón, ayudas
en zonas con limitaciones, apoyos por las desventajas derivadas del
cumplimiento de determinados requisitos, ayudas agroambientales, ayudas
para los pequeños agricultores, instrumentos de gestión de riesgos,
inversiones en las explotaciones, instalación de jóvenes, ayudas para la
compatibilidad con la vida personal e intervenciones sectoriales.
De
los 293.700 millones de euros de fondos destinados a apoyar los
ingresos de los agricultores y ganaderos, la Comisión Europea ha
propuesto para España, 37.235 millones de euros, el 12,68% del total del
presupuesto para esta partida a nivel comunitario, algo más de lo que
representa (sumando FEAGA y FEADER) en el período 2021-2027 (11,95%).
De
forma adicional, dentro de este nuevo fondo, para toda la UE, se
reservan 6.301 millones de euros para una reserva de crisis para el
sector agrario, el doble que en el período actual.
Así,
la PAC tendría garantizados 300.000 millones de euros para todos los
Estados Miembros, alrededor de un 22% menos que en 2021-2027. En el caso
de España, los 37.235 millones de euros son un 78% de los 47.724,30
millones de euros de los que dispone para el período 2021-2027.
No
obstante, del fondo de 0,865 billones de euros, hay 452.964 millones de
euros que no están asignados a ninguna política (“not ring fenced”) y
que podrían utilizarse para aumentar (“top up”) los recursos destinados
para intervenciones de apoyo a los ingresos de los agricultores ya
mencionadas y para poner en marcha las intervenciones de LEADER-será
obligatorio para los Estados Miembros-, cooperación para el conocimiento
y la innovación en los sectores agrario y forestal y en el medio rural,
iniciativas para la cooperación local y territorial, programas
escolares de alimentación, intervenciones en regiones ultraperiféricas y
ayudas de crisis para los agricultores.
La
“salida” de la PAC de estas medidas, supone una dispersión de las
intervenciones que afectan al sector y al desarrollo rural, pero puede
suponer más sinergias en su implementación y el acceso a más recursos y
objetivos políticos, lo que podría ser muy interesante, por ejemplo,
para la metodología LEADER, muy adecuada para enfoques territoriales y
transversales, cuyo encaje en una política sectorial como la PAC siempre
ha sido muy dificultoso.
Por
otra parte, esto significa que habrá más recursos para el sector
agrario y el medio rural, pero será clave la negociación para la
asignación de estos fondos “not ring fenced” entre Estados Miembros y,
una vez en España, la negociación para que el sector agrario y el medio
rural reciban un trozo relevante del “pastel” nacional.
Únicamente
las ayudas degresivas, las acopladas, el pago específico para el
algodón y el pago a los pequeños agricultores, tendrán una financiación
al 100% por parte de fondos comunitarios. El resto de las intervenciones
de apoyo a los ingresos de los agricultores, y los programas escolares,
contarán con un mínimo de cofinanciación nacional del 30% por parte de
los Estados Miembros, lo que puede suponer más fondos para el sector
agrario, pero, a la vez, puede generar grandes diferencias en los apoyos
de unos Estados Miembros frente a otros.
Por
otra parte, la arquitectura medioambiental se simplifica. Todas las
ayudas con base superficial o por cabeza de ganado estarán sujetas a lo
que la Comisión Europea ha denominado “farm stewardship”, algo así como
“vigilancia o custodia agraria”, salvo la ayuda para pequeños
agricultores -sólo tendrán que cumplir la condicionalidad social-, que
incluye los requisitos legales de gestión -de forma muy resumida, las
normas ambientales, de salud pública, sanidad vegetal, bienestar animal y
condiciones laborales- y las “prácticas protectoras” del clima la
biodiversidad, y la conservación de suelos y agua.
De
manera voluntaria, los agricultores podrán acogerse a las acciones
agroambientales y climáticas que ponga en marcha cada Estado Miembro,
que sustituirán a los eco-esquemas y a las medidas agroambientales. Una
diferencia importante con el período actual es que estas ayudas
ambientales tendrán una cofinanciación mínima del 30% por parte de cada
Estado Miembro, cuando ahora, los eco-esquemas tienen financiación 100%
comunitaria.
Otras
novedades importantes son el nuevo paquete de ayudas para el inicio en
la actividad (hasta 300.000 euros de ayuda para jóvenes), la prohibición
de que las personas jubiladas cobren las ayudas a partir de 2032, y que
los Estados Miembros podrán aumentar las ayudas para jóvenes y mujeres
agricultoras en sus planes.
En
definitiva, y como primera aproximación al contenido de las propuestas,
lo peor es la reducción de fondos -aunque lo que se establece para la
PAC, como se ha comentado, es un mínimo, y el dinero para el sector
podrá incrementarse-, pero hay muchas cuestiones positivas, en las que
hay que trabajar desde ya, para defender bien los intereses de los
agricultores y ganaderos y de los habitantes de nuestro medio rural.
*Francisco Martínez Arroyo. Ingeniero Agrónomo, con experiencia en política agraria y medio rural. He desarrollado mi actividad profesional en distintas administraciones, en temas agrarios, rurales y medioambientales. He sido durante ocho años, hasta julio de 2023, Consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Autor de dos libros: «El resurgir del agro» (Editorial Agrícola, 2024) y “Ruralsiglo21. Una década de reflexiones” (Agrifood Comunicación, 2023). También, de la «Guía práctica de la nueva PAC 2014-2020» (Editorial Agrícola, 2012).
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