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El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este viernes, 29 agosto, el Real Decreto 716/2025, una norma impulsada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que busca modernizar y armonizar la planificación de la lucha contra los incendios forestales en España.
Acceso al Real Decreto 716/2025
El Real Decreto se plantea transformar la lucha contra el fuego en una labor permanente. El documento analiza las condiciones laborales de los equipos de prevención y establece que sus directrices tendrán prioridad sobre otros planes de gestión forestal.
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| Incendio 17 de julio de 2015, El Rebollar, La Varguilla, Villaorceros. |
La normativa parte de un diagnóstico claro: los factores que influyen en la proliferación de incendios han cambiado de manera profunda, desde el impacto del calentamiento global hasta la transformación del medio rural.
Ante esta realidad, el Gobierno considera imprescindible actualizar el marco regulatorio y dotar al país de un sistema homogéneo que refuerce la prevención y la coordinación. El decreto se apoya en el mandato del Real Decreto-ley 15/2022, que ya exigía a las comunidades autónomas la adaptación de sus planes de defensa antes de 2023.
El texto introduce una visión que supera el esquema clásico centrado en las temporadas de riesgo. La lucha contra el fuego deja de ser una reacción puntual para convertirse en un trabajo permanente, que combina análisis territorial, planificación de recursos, medidas de prevención y sensibilización social.
Los planes anuales adquieren así la categoría de instrumentos de ordenación preferente, lo que significa que sus directrices tendrán prioridad frente a otros documentos de gestión forestal, que deberán ser revisados si entran en contradicción.
El nuevo marco exige una planificación técnica detallada, que abarca desde la zonificación de áreas de riesgo hasta la definición de puntos estratégicos de gestión y zonas de actuación singularizada.
También establece la necesidad de cartografiar la interfaz urbano-forestal y de incorporar cronogramas sobre las épocas de mayor peligro. La norma obliga además a disponer de catálogos permanentes de medios humanos y materiales, con infraestructuras, redes de comunicación y sistemas de vigilancia operativos durante todo el año.
En paralelo, el decreto regula los usos y actividades que pueden generar incendios. Cuando la información meteorológica indique riesgo extremo, las comunidades autónomas deberán aplicar de inmediato prohibiciones como la suspensión de quemas, el uso de maquinaria que pueda provocar chispas o la utilización de material pirotécnico.
El objetivo es anticiparse a las condiciones más críticas y evitar la propagación de incendios en jornadas de especial vulnerabilidad.
El texto también pone el foco en las condiciones laborales de los equipos de prevención y extinción, recordando que los planes autonómicos deben garantizar la estabilidad y seguridad de los profesionales que actúan en primera línea.
Asimismo, otorga nuevas competencias al Comité de Lucha contra Incendios Forestales, encargado de analizar los criterios establecidos y recomendar mejoras en la planificación, además de emitir informe previo sobre el desarrollo reglamentario de la norma.
El Gobierno defiende que este real decreto responde a los principios de buena regulación: es necesario, eficaz y proporcionado; garantiza la seguridad jurídica y la transparencia; y busca maximizar la eficiencia con el menor coste posible. Se fundamenta en la Ley de Montes y en el artículo 149.1.23 de la Constitución, que otorga al Estado la competencia básica en materia de protección del medio ambiente.
Con esta norma, España da un paso hacia una estrategia común que pretende reforzar la prevención, mejorar la coordinación entre administraciones y reducir las consecuencias de unos incendios forestales que, cada verano, ponen a prueba la seguridad de las personas, los ecosistemas y el territorio.
Así, de acuerdo a los últimos datos con los que cuenta la Seguridad Social al respecto (octubre de 2024), más de la mitad de los vecinos de una decena de municipios de la provincia de Burgos son pensionistas, englobando en esa nómina a todas sus variantes, fundamentalmente pensiones contributivas y de viudedad.
El que mayor proporción de pensionistas tiene en su censo particular es Bascuñana. Allí, 11 de los 18 vecinos contemplados en el último censo reciben algún tipo de pensión, lo que supone el 61,1% de la población total. Le siguen de cerca Castildelgado, con 35 vecinos y 21 pensionistas (un 60%), y Tobar, con 27 vecinos y 16 pensionistas (un 59,2%).
Se trata, a grandes rasgos, de pequeños municipios del entorno rural, caracterizados por una baja densidad, una escasa población y falta de recursos y buenas comunicaciones. Sin embargo, la situación se extiende por buena parte del territorio provincial. Y es que, más de un centenar de municipios cuentan con una proporción de pensionistas sobre la población total superior al 30%.
Y eso sin contar a aquellos municipios menos poblados, y por tanto, con menor número absoluto de pensionistas, los cuales no están recogidos en la estadística de la Seguridad Social. Se trata de municipios cuyos datos se califican de 'secreto estadístico' para «evitar la identificación indirecta de alguno de sus titulares».
Fuente la Seguridad Social, BurgosConecta.
Acceso a dossier EsF nº 56/2025
Por un lado, tratando de entender las causas y efectos del fenómeno de la despoblación de las áreas rurales, lo que supone no solo un reto demográfico sino también una crisis territorial, y las posibles políticas para superar esa crisis demográfica y territorial rural.
Por otro, analizando si existe o no realmente una crisis del sector agrario, el papel de la Política Agraria Común (PAC), sus ayudas y sus condiciones ambientales, y qué razones de las protestas agrarias representan problemas reales o no.
Quizás una de las conclusiones más importantes de la temática agraria de este número de Dossieres EsF es que no existe una agricultura en España sino varias agriculturas y que, por tanto, hay que evitar las generalizaciones simplistas y casi siempre demagógicas.
Por tanto, en cierto modo este es un número de Dossieres EsF doble, pues aborda dos temáticas, la rural y la agraria, que, aunque relacionadas, dado el peso de lo agrario en el mundo rural, lo que justifica su tratamiento en un solo número de Dossieres EsF, son a la vez distintas. Esta característica singular de este número justifica la extensión ligeramente mayor a la establecida por los responsables de los Dossieres EsF y, por tanto, agradecemos su condescendencia hacia los coordinadores y autores de este dossier.
Índice, acceso al, Diez son los artículos que componen este monográfico de Dossieres EsF
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| Fardos de paja en Navarra. David F. Sabadell |
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| STÉPHANIE SAGOT. — Terre amoureuse, Gardarem lo Larzac, 2024 |
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| Manifestación del sector primario el mes de febrero 2023 en Madrid. |
El feudalismo tecnológico se arraiga en los campos de China e India |
 Durante los últimos años, las principales corporaciones tecnológicas han lanzado iniciativas en el sector agrícola. Microsoft afirma que su ambición es mapear y recopilar datos sobre todas las fincas del mundo e integrarlos en sus plataformas digitales. Y por “todas” Microsoft no se refiere sólo a todas las grandes fincas industriales, sino también a los 500 millones de pequeñas fincas alrededor del mundo. En China e India, donde se encuentran casi dos tercios de las fincas pequeñas del mundo, y con la bendición y el apoyo pleno de ambos gobiernos, la expansión de las grandes empresas tecnológicas en la agricultura avanza rápidamente. Y lo hace sin restricciones reales, sin transparencia sobre los datos que recopilan, y sin regulaciones sobre los productos que estas empresas y sus socios producen a partir de estos datos. El poder corporativo en el sector también está camuflado, con muchas pequeñas empresas emergentes aparentemente independientes, pero que trabajan dentro de una red que en última instancia está controlada por unos pocos gigantes tecnológicos. Esto coloca al agricultor, ganadero o forestal en una posición muy precaria. Y aunque los servicios se presentan como una manera de entregar mayor información a las personas agricultoras, en realidad contribuyen a la pérdida de capacidades, ya que las incitan a depender en el asesoramiento generado por una inteligencia artificial y en los insumos corporativos, en lugar de utilizar sus propios conocimientos y sus propias semillas locales. Descubre más en nuestro nuevo informe: https://grain.org/e/7198 Otras referencias:
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Paisajes que acompañan a los Peregrinos en El Camimo de Santiago, son Patrimonio de la Humanidad desde 1993 Somos Patrimonio de la Humani...
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