Parte de uno de los módulos del megaparque fotovoltaico de Almadrones (Guadalajara). / D. D.
Aún faltan unos tres kilómetros para alcanzar la salida 101, que da
acceso al municipio de Almadrones (Guadalajara), cuando la ventanilla
derecha del coche muestra un cambio imposible de ignorar en el paisaje
que atraviesa la autovía A-2 en dirección Zaragoza. El intenso verde
primaveral que se extendía hasta el horizonte queda, de pronto,
sustituido por un ejército de cientos, miles de placas fotovoltaicas con
sus patas metálicas y sus cabezas planas desproporcionadamente grandes.
Allí nos espera César Sanz, un joven agricultor del pueblo que se ha
ofrecido a contarle a CTXT cómo ha transcurrido el proceso que ahora
culmina con la instalación –todavía en marcha– de un enorme parque
fotovoltaico, propiedad de Iberdrola, que ocupa más de 270 hectáreas.
El boom de la fotovoltaica
En mayo de 2021, existían en España 99 grandes instalaciones fotovoltaicas
–de 10MW de potencia o más– de las cuales 58 contaban con una potencia
de más de 50MW –a partir de ese número es obligatorio recibir
autorización de la Administración Pública para la construcción–, y se
esperaban 15 nuevas de esa misma categoría para los siguientes meses. La
tendencia al alza quedó confirmada por los datos de Red Eléctrica de España:
el año 2022 supuso un incremento histórico en la generación de energía
fotovoltaica, con un crecimiento del 29,4% respecto a 2021.
En lo que va de año, este boom se hecho más y más notable.
Como ejemplo de la situación actual, el BOE del pasado 8 de mayo
publicaba la autorización administrativa previa para 24 proyectos
fotovoltaicos, todos ellos superiores a los 50MW, de los cuales siete
lograban también autorización para iniciar la construcción de los
megaparques. En 2021 había 58 en todo el territorio nacional, en 2023 se
han aprobado 24 en un solo día.
El 8 de mayo se autorizaron 24 megaparques fotovoltaicos en un solo día
No hay una equivalencia exacta entre potencia instalada y superficie
ocupada por las placas, pero se puede hacer un cálculo aproximado
teniendo en cuenta que para generar 500MW se suelen necesitar 1.000
hectáreas (cuando no más); así, los 19.785MW instalados en España en
2022 a través de esta tecnología suponen un área aproximada de 40.000
hectáreas, casi cuatro veces el tamaño de la ciudad de Barcelona.
Además, el reparto de estos parques fotovoltaicos es muy desigual: casi
el 70% se localizan en Extremadura, Castilla-La Mancha y Andalucía.
El desprecio hacia modo de vida rural como estrategia especulativa
Un primer paseo entre las vallas de los tres módulos que conforman la
obra completa instalada en Almadrones ofrece dos sensaciones
inmediatas. La primera tiene que ver con una traducción empírica de la
extensión del parque, incomprensible a menos que uno se sitúe en un
punto más o menos central del mismo y eche una ojeada alrededor. Desde
ahí, la cómoda abstracción de las cifras, que permite hablar de casi 300
hectáreas con la misma facilidad que de 25 metros, adquiere una
materialidad abrumadora, y los números toman cuerpo: casi 300 hectáreas
es, más o menos, hasta donde alcanza la vista.
La segunda sensación queda rápidamente confirmada por César Sanz, que
observa el paisaje con los ojos expertos de quien lleva años dialogando
con esas tierras hoy mudas, inertes: “Podían haber sido más
considerados con los agricultores, por lo menos facilitando el trabajo y
quedando bien con nosotros”. Son varios los ejemplos que llaman la
atención por lo errático de la planificación, con grandes extensiones de
tierra que han quedado dentro de las vallas pero no van a ser
utilizadas para generar energía. “Hay zonas en las que incluso hay
terreno labrado dentro de la valla que si se hubiese quedado fuera
seguiría siendo cultivable”, afirma el agricultor.
Esa despreocupación a la hora de tener en cuenta el impacto de su
actividad en el campo forma parte de la actitud de desprecio que
muestran las compañías eléctricas hacia los modos de vida rurales. Así
lo ve Jaume Franquesa, doctor en Antropología Social y autor de diversas
investigaciones –y un libro–
centradas en la cuestión de la transición a las renovables, quien
señala que “para conseguir precios bajos, lo que hacen es decirles a los
propietarios rurales que eso que tienen no vale nada. Presentan el
lugar como un lugar vacío, no solamente de gente sino también de futuro,
de posibilidades”. Una “desvalorización moral” que, según el propio
Franquesa, “apoya muy claramente la desvalorización económica, y
viceversa”, dejando una huella mucho más profunda que el mar de cristal
que se observa a simple vista: “Cuando te dicen que tu tierra no vale
nada, te están diciendo que tú no vales nada. Así es como lo oyen estas
personas”.
Iberdrola encabeza la lista de compañías con mayor presencia en este
sector, ya que cuenta con las dos mayores instalaciones del país: la
planta Francisco Pizarro, en Cáceres, con 1.300 hectáreas (según la
propia empresa, la mayor de Europa), y la Núñez de Balboa, en Badajoz,
con una superficie cercana a las 1.000 hectáreas. Pero no andan lejos
otros gigantes como el Grupo ACS, Repsol, Endesa o Naturgy.
Berta Caballero es portavoz de la plataforma Aliente y argumenta que,
en esencia, se trata de una estrategia meramente especulativa, puesto
que “se está utilizando el campo porque es más barato para las empresas,
cuando esas grandes instalaciones deberían derivarse a terrenos ya
degradados como tejados, polígonos industriales o alrededores de grandes
autovías”. Y la realidad es que no hay que irse muy lejos para
encontrar ejemplos. La mediana de la propia carretera que une
Guadalajara con Almadrones ofrece unos 50 kilómetros de suelo
inutilizado que podría albergar una gran cantidad de placas
fotovoltaicas. Y por si fuera poco, el Área 103 –área de servicio
archiconocida por los y las profesionales del transporte–, dentro del
término municipal de Almadrones, cuenta con un parquecito de placas
instalado sobre infértil cemento. Según un estudio de la Xarxa Catalana per una Transició Energética Justa,
este tipo de espacios “antropizados” suman 33.861 hectáreas solo en
Catalunya, lo que permitiría una cantidad de placas fotovoltaicas
“suficiente para proporcionar la energía eléctrica que necesitan más de
ocho millones de personas”.
David, Goliat y una Administración irresponsable
Rosa Pardo, también desde Aliente, responsabiliza a la Administración
Pública por su “aquiescencia” para con unas empresas “que han
aprovechado un vacío en la legislación urbanística. Por la ley de
protección del suelo rústico, estas instalaciones no podrían implantarse
en suelo rural, ya que son instalaciones industriales”.
Pardo explica a CTXT el panorama legislativo con la minuciosidad de
quien ha estudiado hasta el último detalle de su rival en busca de
puntos débiles. Empieza hablando de cómo se ha ido resquebrajando la
regulación que imponía “la necesidad de que, cada vez que hay un
proyecto industrial en suelo rústico, haya que hacer una evaluación de
impacto ambiental”. El primer error está en la ausencia de una
“planificación previa”, que sí existe en otros países y define “zonas
excluidas por sus valores ambientales. Aquí, lo único que ha hecho el
Ministerio es un mapa con lugares en los que recomienda no hacer estos
proyectos”, poco más que papel mojado puesto que “están autorizando
instalaciones dentro de ese mapa”.
“Por otra parte”, sigue, “la prisa de la Administración por aprobar
los proyectos ha hecho que se permita a las empresas incluir en la
documentación estudios de impacto que son falsos, en los que no se
detectan un montón de especies protegidas y daños que harían que no se
aprobasen los permisos. La Administración lo sabe, pero lo admite”. La
desfachatez pública rima con la privada, que impulsa a las grandes
eléctricas a crear “pequeñas empresas con 3.000€ de capital social”
para que se encarguen de “presentar el proyecto, solicitar los permisos
y, sobre todo, captar propietarios para que alquilen sus terrenos”.
Cuestionada acerca de las razones detrás de esta jugada, Rosa Pardo
opina que tiene que ver con “cuestiones de responsabilidad final. Tú, en
cualquier momento, puedes declarar esa empresa insolvente y todas las
responsabilidades a las que se ha acogido, como ocuparse del
desmantelamiento de la planta, cumplir el tema ambiental, etc.,
desaparecen”.
“Lo que claramente dañaba la naturaleza, ahora no daña. La ley es un coladero”
Para rematar, el Gobierno ha aprovechado la emergencia energética,
originada por la guerra de Ucrania, para publicar un real decreto ley,
el 20/2022, que contiene “dos artículos que aprovechan para decir que, a
partir de ese momento, ni siquiera se va a tener que pasar el
procedimiento ambiental si la Administración considera que el informe de
impacto que presenta la empresa es suficiente”. Así, “proyectos que ya
se habían denegado, ahora los van a reactivar”. Y concluye: “Lo que
claramente dañaba la naturaleza, ahora no daña. La ley es un coladero”.
Esta desregulación, denunciada desde Aliente como una “barra libre”
para los intereses empresariales, adquiere una centralidad muy notable
en el relato de César Sanz acerca de cómo tuvo lugar la llegada de
Iberdrola a Almadrones: “Para mí, el problema sobre todo fueron las
negociaciones, que se hacían directamente con el propietario. Venía un
abogado, se hacía una reunión en la que contaba todo por encima y luego
iba casa por casa” –explica antes de reconocer la sensación de
indefensión que experimentó–, “entonces estás peleando como un miserable
individuo contra una empresa gigante”.
En su caso, se tomó la posibilidad de las placas fotovoltaicas como
“otro cultivo, como una diversificación de la tierra”, por lo que
“estaba dispuesto a ceder algunas hectáreas, pero no todas las que me
estaban pidiendo”. Y es aquí donde la ausencia de una regulación se hace
insostenible: “Cuando dijimos que nos gustaría dejar ciertas parcelas
fuera, nos dijeron que o firmábamos todo lo que ellos pedían o se iban a
otro pueblo”.
Para Jaume Franquesa, la estrepitosa inequidad entre las partes hace
que “las empresas puedan ofrecer términos más o menos beneficiosos, pero
nunca se va a producir una negociación, no es posible”. Y así, con una
postura más cercana a la extorsión que a ninguna otra cosa, Iberdrola
“llegó exigiendo que tenían que ser las parcelas que ellos pedían. Al
que decía que no, le contestaban ‘tú dices que no, perfecto, nosotros
nos vamos a otro pueblo y tú eres el encargado de justificar delante de
tus vecinos por qué no van a recibir este dinero’”, cuenta César Sanz.
En este punto es importante señalar la desproporción de los contratos
ofrecidos a los propietarios y las propietarias de las tierras, con
cantidades que multiplican por más de diez los beneficios medios que
ofrece una renta agrícola. “Era imposible competir con ello”, destaca el
joven agricultor. En esa misma línea se mueve el razonamiento de Rosa
Pardo, que exculpa a estos pequeños ayuntamientos (Almadrones, por
ejemplo, cuenta con 54 habitantes censados) que se ven “con las manos
atadas” ante la enormidad de recursos de multinacionales dispuestas a
entrar en disputas legales en las que se saben ampliamente superiores en
todos los aspectos.
Dar rienda suelta a la voracidad de estas empresas provoca, por
ejemplo, que a pesar de que Iberdrola “prometió que no iba a haber
movimiento de tierras”, como revela César Sanz, “hay parcelas en las que
están sacando cubierta vegetal y tierra buena para tener las placas
orientadas hacia donde les interesa”. Sin una legislación ni nada que se
le acerque, surgen las inquietudes: “Cuando rellenen igual lo hacen con
piedras. A saber qué van a hacer dentro de 40 años. No quiero que eso
se quede como un solar, nos da bastante miedo que no se pueda volver a
cultivar”.
Sin paisaje, sin trabajo y sin convivencia
Detrás del gravísimo impacto ambiental se oculta un elemento
disruptivo quizá más preocupante aún. “Están generando muchísimo
conflicto social, nos están poniendo a los pies de los caballos” (Berta
Caballero); “es una circunstancia casi matemática que, donde llega un
proyecto de este tipo, se crea un abismo entre vecinos y dentro de
familias” (Jaume Franquesa); “este tipo de proyectos provocan una
división social bestial en los pueblos” (Rosa Pardo). Las opiniones de
personas expertas se alinean perfectamente entre sí y también con las
vivencias de César Sanz: “A mí lo que más me preocupa de todo esto es la
crispación. Ha afectado mucho a la convivencia, son situaciones que se
van enquistando y el ambiente del pueblo es raro. Vas al bar y hay
corrillos, hay personas que han dejado de ir al bar…”. El malestar entre
los vecinos se atisba en su voz, sobre todo cuando menciona una de las
consecuencias más dolorosas: “Dentro de las mismas familias ha sido una
locura. Hay primos que se han dejado de hablar por estas cosas”.
“A mí lo que más me preocupa de todo esto es la crispación. Ha afectado mucho a la convivencia”
Para entender el origen de tanta insistencia en el impacto que
generan estas instalaciones en la convivencia hay que tener en cuenta
dos factores principales. El primero deriva de una estructura de
propiedad de la tierra que provoca que, “en la mayor parte de los
pueblos, quienes están firmando contratos de alquiler son personas que
no trabajan la tierra, rentistas agrarios, y eso les enfrenta sobre todo
a los jóvenes agricultores que sí viven de ello y necesitan tierras en
arriendo”, sostiene Rosa Pardo. Argumento confirmado por César Sanz, que
presenció “reuniones con conflictos entre propietarios y agricultores
renteros” y conoce a algunos de estos últimos “que se van a quedar con
una cantidad de hectáreas que no les permiten vivir de ello”; sin
recibir, claro, ni un céntimo de los contratos de alquiler que tan
rápido convencieron a los propietarios.
Es difícil pensar en algo que agrave con tanta profundidad la
dramática situación de la España vaciada como lo hace la erradicación de
“el único trabajo que puede hacer que la gente venga a vivir aquí”, en
palabras de Sanz. Más allá de lo laboral, “se elimina un modo de vida
que sí fija población” y que puede ofrecer alternativas tan valiosas en
un momento de crisis ecológica como la “soberanía alimentaria”, advierte
José Morales, candidato de Unidas Podemos por Guadalajara para este
28M.
El segundo factor nos lleva directamente hasta los centros de
decisión políticos, económicos y mediáticos, desde los que se percibe la
urgencia climática como una “oportunidad para abrir una nueva frontera
de producción energética y de beneficio económico en territorio propio”,
creando estos “territorios extractivos domésticos”, como los llama
Jaume Franquesa. Por eso, según Berta Caballero, “la maquinaria
propagandística de gobierno y empresas ha convencido a la gente de que
esto es imprescindible”.
Y así, en este contexto, tanto la actividad de Aliente como la
oposición ciudadana al modelo extractivista de los grandes parques
fotovoltaicos son recibidas con gran rechazo. En Almadrones, por
ejemplo, César Sanz nos cuenta que, si bien “más o menos todo el mundo
estaba a favor”, quien tenía una posición contraria a la instalación de
las placas “no quería decirlo”. Mientras que Berta Caballero y Rosa
Pardo aseguran que les han llamado “negacionistas”, “retardistas” y les
han acusado de estar obstaculizando la impostergable transición a las
renovables. “Lo que ellos llaman ‘obstáculos administrativos’ es una
garantía para la ciudadanía, pero ese lenguaje se cuela en la prensa”,
remata la segunda.
Las más de 270 hectáreas que han ocupado gran parte del término
municipal de Almadrones quedan en nada si se comparan con complejos
fotovoltaicos como el de Cifuentes-Trillo (también en Guadalajara), a
cargo de Solaria, cuya extensión alcanza las 1.000 hectáreas. Pardo no
duda al hablar de “una invasión” que, advierte, va a hacer “desaparecer
la Alcarria de Guadalajara, pero también la de Madrid”.
La fórmula para evitarlo está clara para Jaume Franquesa: “Si hay
algo que pueda echarles por tierra su inversión multimillonaria es que
algún movimiento local consiga de alguna manera enfrentarse. Cuando
ellos tratan estos movimientos locales como insignificantes, no nos
dejemos engañar: no lo son. Es casi lo único que les puede echar por
tierra el negocio”.
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