La Comisión lleva unos meses intentando contentar a los agricultores y ganaderos, asustada por las manifestaciones, que han vuelto a llegar al corazón de Europa. Estos movimientos se producen, además en la recta final del proceso de aprobación del acuerdo de la UE con Mercosur, ya alcanzado en el seno del consejo de la UE, y recientemente firmado con los países sudamericanos.
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| Almazara, Baena |
La reducción de fondos de la PAC, desdibujada en el marco del nuevo fondo para los planes de asociación nacionales y regionales propuesto por la Comisión en julio de 2025, del 22% respecto al período 2021-2027, y las cuestiones relativas a la preferencia arancelaria y la activación de las cláusulas de salvaguardia en caso de que las importaciones causen graves perjuicios para el sector europeo, y el cumplimiento efectivo de las cláusulas espejo en materia de normativa de sanidad animal y vegetal -que se puedan controlar de verdad- del acuerdo de Mercosur, continúan preocupando a la mayor parte de los agricultores y ganaderos europeos. Y también a los Estados Miembros.
Ante esta situación, la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, en una carta al Parlamento y al Consejo, el pasado 6 de enero, propuso una vuelta de tuerca al presupuesto de la Política Agraria Común (PAC) para el período 2028-2034.
Recordemos que la propuesta inicial de la Comisión, de julio de 2025, asignaba a la PAC, en medidas de apoyo a los ingresos de agricultores y ganaderos, un mínimo, blindado, de 293.700 millones de euros para 2028-2034, de los que España dispondría de 37.200 millones. A esta cifra, se le añaden 6.301 millones de euros, en forma de reserva de crisis para el sector agrario, lo que totaliza unos 300.000 millones de euros para la PAC en toda la UE.
Es cierto que se podrían adicionar más fondos dentro de los 865.076 millones de euros del nuevo Fondo para los planes de asociación nacionales y regionales, donde se encuentra la PAC, pero la competencia -por más fondos- con otras políticas, supone un riesgo enorme de que la PAC, finalmente, tenga en 2028-2034, menos dinero que en el período actual.
A la vista de la situación, ya en noviembre del año pasado, la Comisión propuso que un 10% de los 487.000 millones de euros del Fondo para los planes de asociación nacionales y regionales que no se encuentran “blindados” -es decir, que pueden dedicarse a las prioridades que cada Estado Miembro desee, dentro de las políticas que engloba el fondo-, 48.700 millones de euros, tengan como objetivo las áreas rurales. Con estos nuevos recursos “blindados” deberían financiarse actuaciones como el LEADER, la transmisión del conocimiento o la cooperación entre territorios rurales, no contempladas en los 293.700 millones de euros blindados inicialmente. Además, parte de estos recursos podrían destinarse a medidas agrarias de carácter rural, como por ejemplo las inversiones en explotaciones, lo que podría suponer fondos extra para el sector. Conviene resaltar que estos 48.700 millones de euros son para actuaciones rurales, por lo que las “medidas agrarias” tendrían que competir por los recursos con el LEADER o actuaciones de otras políticas, por ejemplo, cohesión, con impacto en las áreas rurales.
Esta cantidad, podría aumentarse hasta los 63.700 millones de euros, utilizando 15.000 millones de euros en forma de préstamos, dentro de la política “Catalyst Europe”, prevista en la propuesta del Marco Financiero Plurianual (MFP).
Finalmente, von der Leyen, en un nuevo regate de la Comisión en la negociación, propuso, a principios de enero, utilizar dos terceras partes de la cantidad prevista en el MFP para ajustar las medidas dentro de los Planes nacionales y regionales según la ejecución de las mismas a lo largo del período 2028-2034, para la PAC -y no para otras políticas-, y que se puedan poner a disposición de los EEMM, desde el 2028.
Esto supondría, si los EEMM hacen uso de esta opción, 45.000 millones de euros más “blindados” para la PAC. La ventaja para los intereses agrarios de esta posibilidad es que, sólo si estas dos terceras partes se utilizan para la PAC, se podrán asignar -y utilizar- desde el inicio del período de programación.
En el caso de España, con una propuesta de asignación de unos 79.900 millones de euros en el conjunto del Fondo para los planes de asociación nacionales y regionales, la PAC supondría unos 41.400 millones de euros (37.200 de la asignación de la primera propuesta más 4.200 millones de euros adicionales, dentro de los 45.0000 millones de euros para toda la UE, resultado de movilizar para esta política, en 2028, dos tercios de los fondos para el ajuste de los Planes nacionales y regionales).
En el conjunto de la UE, considerando las dos nuevas propuestas de la Comisión, el presupuesto previsto para la PAC podría pasar de 300.000 millones de euros -incluida la reserva de crisis- a hasta unos 408.700 millones de euros -incluidos los préstamos-, lo que supondría algo más de lo que representa la PAC en este período (unos 386.600 millones de euros).
Moneda de cambio, con dos caras. Por un lado, teórica garantía de más fondos para la PAC. Por el otro; siempre que lo decidan los Estados Miembros, y a costa de otras políticas.
Momento complejo.
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