Blog sobre Redecilla del Camino y comarca.

lunes, 22 de octubre de 2018

Ampliando el debate sobre la Despoblación rural en España.


El tema del declive demográfico está ya en la agenda política. La alta Comisionada para el Reto Demográfico, la diputada Isaura Leal, ha anunciado la aprobación de una Estrategia Nacional sobre este asunto para antes de las elecciones municipales del próximo mes de mayo.
Es indudable la realidad de este problema en nuestro país, existiendo ya, según datos de la FEMP, más de 4.000 municipios (la mitad del total) en serio riesgo de despoblación. Ello se refleja, sobre todo, en el abandono de los pequeños pueblos y el envejecimiento de las poblaciones que en ellos viven, siendo éste un proceso que se extiende de forma imparable por el medio rural español, si bien de forma desigual, dada la gran diversidad del mismo.


Hay ya suficientes estudios demográficos bien documentados (especialmente los de Molinero desde la geografia, y Camarero, desde la sociología, por citar algunos), que acotan el problema y que hacen un buen diagnóstico del mismo, por lo que no es mi propósito en este texto abundar en cuestiones ya conocidas.

Mi intención es discutir algunas de las afirmaciones que se hacen sobre este tema y que, desde mi punto de vista, no se sustentan en sólidas evidencias empíricas, tal como han puesto de manifiesto algunos autores como el antropólogo Rufino Acosta en un excelente artículo titulado "Despoblación: tópicos y una esperanza" publicado en el diario “Hoy” (14/09/2018) o el economista J.M. García Alvarez-Coque en su artículo "Serranía celtibérica" publicado en la revista Agronegocios (16/04/2017).

Es por ello que, compartiendo algunas ideas de éste y otros autores, y completando las opiniones expresadas por mí mismo en otros textos de este blog, haré diversos comentarios sin ánimo de agotar un tema tan importante y complejo como éste del declive demográfico y la despoblación rural, pero sí con el objetivo de ampliar el debate para que pueda abordarse con realismo y cautela.

1)   Nuestra estructura de más de 8.000 municipios proviene del modo como se produjo el largo periodo de la Reconquista en la Edad Media, y apenas ha sufrido cambios desde entonces. Esto hace que coexistan regiones con municipios de pequeño y muy pequeño tamaño, donde es acuciante el problema de la despoblación (Aragón, Castilla y León, Rioja, Asturias,…), y regiones asentadas en una amplia red de medianos y grandes municipios (agrociudades), donde el problema es de otra índole (Andalucía, la parte sur de Castilla La Mancha y de Extremadura). Además, una gran parte de nuestras áreas rurales, salvo algunas zonas de campiña, son de una pobreza extrema en recursos productivos y naturales, mucho más acentuada que la de otros países que tomamos de ejemplo, como Francia, Reino Unido o Italia. Sin tener claro estos aspectos diferenciales, no se puede ordenar el debate, un debate que exige, además, elevar el punto de mira del análisis, y pasar de la escala municipal a la escala comarcal, ya que no es igual hablar de municipios despoblados que de comarcas despobladas.

2)   Es necesario distinguir entre “despoblación” y “abandono” por cuanto son dos temas diferentes. Puede haber comarcas en declive demográfico, pero en las que sus campos están bien cultivados, sus bosques cuidados y sus pequeños pueblos limpios, aseados y bien atendidos. Son comarcas “despobladas”, pero no “abandonadas”. Mas también puede haber comarcas que no pierden población, sino que incluso la incrementan, pero que tienen mal cultivadas sus tierras y mal cuidados sus espacios naturales, estando mal atendidos sus núcleos rurales del interior al concentrarse los servicios en las cabeceras de comarca y no existir un sistema en red para que lleguen al conjunto del territorio. Son éstas comarcas “no despobladas”, pero sí “abandonadas”.

3)   La afirmación habitual de que haciendo inversiones en  infraestructuras (sobre todo, en carreteras) y equipamientos y extendiendo los servicios básicos (educación, salud,...) al conjunto del territorio rural, se frena la despoblación, habría que matizarla. Aparte del derecho de todo ciudadano (viva en el medio rural o en el medio urbano) a la movilidad y al acceso a los servicios del sistema de bienestar, es un hecho que, a pesar de las inversiones que se han hecho en infraestructuras y equipamientos en el medio rural desde la entrada de España en la UE gracias a los fondos estructurales (en especial FEDER), y a pesar de la extensión de la red de servicios básicos, muchas áreas rurales siguen perdiendo población. De ahí que, si bien esas inversiones son necesarias, no parece que sean suficientes para atajar el problema del declive demográfico en las áreas rurales.

4)    Tampoco se corresponde con la realidad afirmar que la creación de empleo en el medio rural es el mejor remedio contra la despoblación. Más allá del indudable valor que tiene crear empleo, lo cierto es que si observamos la ingente cantidad de empleos que se han creado en el medio rural en sectores como educación, salud, servicios sociales,... vemos que muchos de esos empleos son ocupados por personas que se desplazan desde los grandes núcleos urbanos a los núcleos rurales, pero que no residen en los pueblos donde desarrollan su trabajo. Incluso en actividades tan pegadas al territorio como las agrarias, también se está dando este mismo fenómeno, sobre todo en las grandes y medianas explotaciones, gracias a que los avances tecnológicos permiten a los agricultores gestionar su explotación sin tener que vivir en el núcleo rural donde esté ubicada, tendencia que se intensificará en el futuro con la digitalización. Es verdad que las pequeñas explotaciones agrarias presentan algunas diferencias por su estrecha vinculación con el territorio, pero aun así no están exentas de esta tendencia, al igual que los asalariados, que cada vez más se desplazan a los lugares de trabajo desde sus centros de residencia, muchos de ellos en ciudades o núcleos urbanos. El caso de los agentes forestales es aún más llamativo, dado que no hay actividad más pegada al terreno que la de inspeccionar y supervisar el cuidado y protección del bosque. Pues bien, muchos de estos agentes (en especial, los más jóvenes) deciden vivir en los núcleos urbanos y desplazarse a los espacios naturales para el ejercicio de las tareas que tienen asignadas.

5)   Por razones similares a las anteriores, tampoco parece existir un vínculo claro entre la industrialización del medio rural y su contribución a frenar el declive demográfico de las áreas rurales. Salvo en el caso de industrias asentadas desde tiempo atrás en el territorio, que se han vinculado estrechamente a la población local y han generado una cadena de actividades complementarias, la instalación de nuevas industrias no hace que la gente que trabaje en ellas decida vivir en los pueblos donde están ubicadas. La mejora de las carreteras ayuda a que estos trabajadores se desplacen desde los núcleos urbanos a los rurales para trabajar en las nuevas industrias allí asentadas, por lo que el esfuerzo de industrializar el medio rural hay que plantearlo con ciertas cautelas, teniendo muy en cuenta qué modelo industrial es el más adecuado para desarrollar las áreas rurales (pensemos por ejemplo, en el debate sobre las macrogranjas, las grandes plantas de biomasa o los parques eólicos).

6)   Otra afirmación de poca evidencia empírica es la que considera clave para frenar el declive demográfico en el medio rural apostar por la mejora de la educación y el acceso de los jóvenes rurales a la formación superior, facilitándoles el desplazamiento desde los pueblos a los centros universitarios. Aparte de la importancia innegable que esto tiene para la igualdad de oportunidades y la promoción de los jóvenes que residen en el medio rural, es un hecho que la obtención de un título de grado o postgrado hace que salgan de los pueblos los mejor preparados buscando, en uso de su libertad, ampliar sus horizontes de vida y encontrar nuevas oportunidades. De nuevo, es ésta una política necesaria, pero no suficiente para afrontar el problema de la despoblación de los núcleos rurales.

7)     La idea de que la instalación en el medio rural de grupos procedentes del medio urbano es un medio de combatir la despoblación de los núcleos rurales no deja de ser una quimera, dado que la magnitud de este fenómeno no pasa de ser algo anecdótico más allá del efecto positivo que pueda tener en alguna comarca concreta o del impacto que siempre tiene en los medios de comunicación. Es bueno, sin duda, que los ayuntamientos faciliten ese proceso a los que deseen instalarse en los pueblos ayudándoles a rehabilitar antiguas casas solariegas o a habilitar casas rurales, pero como solución general me parece que tiene un efecto limitado.

8)   Lo mismo cabe decir del proyecto de facilitar el asentamiento en los núcleos rurales de grupos de refugiados y/o inmigrantes que buscan desarrollar nuevos proyectos de vida en nuestro país. Es loable la iniciativa que se está planteando en ese sentido desde las redes españolas de desarrollo rural en colaboración con la OIM (Organización Internacional para las Migraciones), pero son muchas las dudas que surgen sobre las posibilidades de éxito de estas experiencias, más allá de la solución que puedan representar para algunos grupos concretos y del impacto localizado que puedan tener.

9)    Se suele abogar por los programas LEADER como una vía para potenciar el desarrollo rural y así frenar el declive de los territorios. Pero, aun reconociendo la incidencia de estos programas en la dinamización de ciertas zonas y sectores de la población rural, la realidad es que apenas tienen una influencia real en el desarrollo de los territorios, debido a su escasa dotación económica y también a las rigideces administrativas a las que están sometidos los Grupos de Acción Local tras la integración de esos programas en el segundo pilar de la PAC. O se refundan para pasar a la política europea de cohesión y así responder mejor a los nuevos retos del desarrollo territorial (entre ellos el reto demográfico) o su futuro será incierto en un contexto restrictivo de recursos para la PAC y de nuevas prioridades de las políticas europeas.

10)   Se dice que son poco eficaces las políticas públicas destinadas directamente a mejorar la renta de los hogares rurales, pero la realidad es otra. Por ejemplo, es un hecho que programas como los asociados al tan vilipendiando Plan de Empleo Rural (PER) en Andalucía y Extremadura, o las también criticadas ayudas directas del primer pilar de la PAC, así como las indemnizaciones compensatorias de montaña, han contribuido, más que las inversiones del FEDER en infraestructuras, a fijar población en el medio rural. Se puede criticar estas políticas por otros motivos, pero la realidad es que tanto el PER (complemento de renta de las familias rurales más empobrecidas), como las ayudas de la PAC (fuente complementaria de ingresos para los agricultores, para los grandes propietarios, pero también para los titulares de pequeñas explotaciones) tienen efectos inmediatos en el poder adquisitivo de amplios grupos de la población rural, sobre todo de los de menor nivel de renta, y eso es un factor que los induce a permanecer en los pueblos. Lo mismo está ya ocurriendo con iniciativas como el “ticket rural” del PDR asturiano, si bien aún es pronto para evaluar sus resultados. De ahí que promover políticas de transferencia de renta del tipo de la “renta básica” y sus variantes, para impulsar la permanencia de la población en los núcleos rurales (asociándolas a la realización de servicios a la comunidad) o programas para incentivar nuevas instalaciones (como las ayudas a los jóvenes agricultores y emprendedores rurales), puede ser eficaz, siempre que sean complementadas con incentivos fiscales y cambios jurídicos que faciliten el relevo generacional, y siempre que estén garantizados los servicios básicos y las infraestructuras necesarias en el medio rural (entre ellas, por supuesto, la banda ancha de las comunicaciones, aunque no sólo).

11)   En las políticas públicas a escala del territorio, es fundamental el papel de los municipios, las diputaciones y las Comunidades Autónomas para garantizar una red de servicios básicos, pero siempre que cooperen, evitando solapamientos innecesarios. En el caso de las diputaciones, no tiene sentido plantear su disolución, pues, ya que existen, es más eficiente proponer su renovación para que actúen como verdaderas entidades al servicio de los pequeños municipios de las provincias.

12)   Se aboga por la Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural (2007) como una especie de varita mágica para resolver el problema de la despoblación rural. Aun reconociendo el esfuerzo notable que se hizo en ella por cartografiar la realidad del mundo rural español, creo que, antes de reactivarla, es necesario revisarla y actualizar la información que proporciona. Transcurridos más de diez años de su aprobación, han cambiado muchas cosas en los territorios rurales y en la orientación de las políticas europeas, y se han abierto, además, nuevas ventanas de oportunidad que no habían previsto los legisladores, por lo que su revisión es necesaria.

13)  El problema de fondo de todo este complejo asunto radica en el atractivo que sigue teniendo la vida en los núcleos urbanos. A pesar del malestar e insatisfacción que genera la vida en las grandes urbes, es un hecho que vivir en ciudades de tamaño medio resulta hoy más atractivo que vivir en los pequeños pueblos, ya que mucha gente aún percibe que el mundo urbano les ofrece más oportunidades de empleo, ocio y desarrollo personal. No es banal que sean más las personas que, a nivel mundial, viven ya en el medio urbano que las que residen en el medio rural, porcentaje que en el caso español es abrumador en favor de la vida en los núcleos urbanos (más del 80% de la población española vive ya en municipios de más de 30.000 habitantes). Invertir esa tendencia es una tarea hercúlea, ya que el problema del declive demográfico forma parte de un proceso más amplio de cambios culturales y económicos que difícilmente las políticas pueden detener, aunque sí tratar de paliar sus efectos mediante programas que eviten el deterioro de la calidad de vida de las personas que, en uso de su libertad de elegir, deciden vivir en pequeños núcleos rurales.

14)   Por todo ello, la estrategia para afrontar el reto demográfico tiene que plantearse como algo más que el problema de la despoblación rural, y debe ser afrontado como una cuestión de Estado, pero no sólo porque afecta a amplias áreas de nuestros territorios, sino porque la disminución de la tasa de natalidad y el creciente envejecimiento de la población española es un problema que, si no se aborda, tiene implicaciones en la sostenibilidad de nuestro sistema de bienestar. Debe ser, por ello, una estrategia integral y transversal de medio y largo plazo, y dirigida al conjunto de la sociedad española, ya que el problema no sólo afecta al medio rural; debe ser, además, una estrategia en la que se impliquen todos los departamentos ministeriales (educación, medio ambiente, sanidad, cultura, fomento, agricultura,  industria, economía y hacienda,…) y todas las administraciones (europea, central, autonómica y local).

15)  Pero, en el caso concreto de la despoblación rural, tiene que ser también una estrategia diferenciada según las características de cada comarca (agrícolas, ganaderas, forestales, periurbanas,…) y en la que se combinen políticas a nivel macro y a nivel micro. Debe ser, además, una estrategia que ponga en marcha sistemas eficaces de gobernanza territorial para impulsar dinámicas de concertación en el medio rural y de participación de las poblaciones locales en la definición de un programa de desarrollo territorial de interés general, que trascienda el ámbito de los interés particulares. Sólo así podrán salir adelante algunas de las comarcas afectadas hoy por el riesgo de la despoblación, pero que están en condiciones de poder ser reactivadas al tener una adecuada localización geográfica y/o disponer de una base productiva o de un patrimonio arquitectónico y cultural susceptibles de ser puestos en valor, además de tener una población dinámica y emprendedora (capital social). Por el contrario, por mucho esfuerzo que se haga, la realidad nos dice que, en otras comarcas, más aisladas y/o carentes de esos recursos socioeconómicos y culturales, la escasa población que allí reside verá cómo el declive demográfico y la despoblación seguirán avanzando de forma irremisible, quedándole sólo la opción de resistir mientras puedan y de reivindicar ante los poderes públicos que no las dejen abandonadas a su suerte.

martes, 2 de octubre de 2018

Almacenamiento de carbono en territorios colectivos de los pueblos. Contribución de los terrenos comunales

a la mitigación del cambio climático.

Un nuevo análisis revela que los pueblos y las comunidades locales 
gestionan unos 300.000 millones de toneladas métricas de carbono en sus árboles y tierras, 
lo que equivale a 33 veces las emisiones de energía liberadas durante 2017.

Cómo el fortalecimiento de los derechos forestales comunitarios 
mitiga el cambio climático.




El aumento de la deforestación en el ámbito mundial exacerba el cambio climático, 
un estudio señala que tanto la violencia como la falta de reconocimiento de los derechos de los pueblos a los bosques 
están exponiendo al planeta y a estos pueblos a grandes riesgos.


Para obtener más información, por favor comuníquese con:

Coimbra Sirica: csirica@burness.com; +1 301 943 3287,
Wanda Bautista: wbautista@burness.com; +1 302 233 5438,
Jamie Kalliongis: jkalliongis@rightsandresources.org; +1 314 651 7497,




El día de hoy, un grupo de investigadores lanzó un informe que muestra que, en el ámbito mundial, los pueblos indígenas y las comunidades locales gestionan cantidades masivas de carbono en los árboles y de sus bosques. Aun así, en gran medida, los gobiernos no han reconocido sus derechos a las tierras que, en algunos casos, han cuidado por milenios.

El nuevo análisis sobre el carbono revela que hay un total de 293.061 millones de toneladas métricas de este elemento sobre y debajo de la superficie, y en de los bosques que gestionan las comunidades indígenas y locales en todo el mundo. 
El estudio de 64 países —lo que representa el 69 por ciento del carbono forestal en el mundo— muestra que las comunidades protegen una cantidad de carbono cinco veces mayor que lo que mostraba un análisis anterior, el cual solamente se centraba en el carbono forestal tropical de la superficie.

Los resultados de un segundo documento elaborado por la Iniciativa para los Derechos y Recursos (RRI) revelaron que los gobiernos de diversos países con bosques tropicales no están tomando acciones basadas en la evidencia existente de que los bosques de los pueblos indígenas y de las comunidades que son reconocidos legalmente tienden a almacenar más carbono y a experimentar índices más bajos de deforestación que otros bosques. A pesar de que las áreas forestales reconocidas para las comunidades han aumentado en casi un 40 por ciento desde 2002 —a un total del 15 por ciento de los bosques en el ámbito mundial— el ritmo del proceso de reconocimiento ha permanecido lento desde 2008, en tanto que la necesidad de aplicar soluciones al cambio climático es ahora más urgente que nunca.

Alain Frechette, uno de los autores de este estudio sobre el carbono y director de análisis estratégico y compromiso global de RRI, explicó lo siguiente: “La evidencia de la última década muestra que los gobiernos de los países en desarrollo y la comunidad internacional en general no se están movilizando con suficiente rapidez para reconocer y fortalecer los derechos de los pueblos de los bosques. Esto es increíblemente problemático en el contexto del cambio climático. Tal como lo muestra nuestra investigación, al menos un tercio del carbono que gestionan las comunidades en los países tropicales y subtropicales se encuentra en los bosques en los que los principales encargados de gestionarlos carecen de títulos legales, lo cual expone a sus bosques y al carbono que almacenan a grandes riesgos”.

Dado a conocer en vísperas de la Cumbre Global de Acción Climática, a celebrarse en San Francisco, este análisis sobre el carbono incluye la evaluación más exhaustiva que se ha llevado a cabo a la fecha sobre el almacenamiento de este elemento en tierras comunitarias de todo el mundo. El estudio se basa en cálculos globales realizados recientemente sobre el carbono almacenado en árboles, raíces y suelos, y es el resultado de una iniciativa de colaboración entre diversos investigadores con RRI, el Fondo de Defensa Ambiental (EDF), el Centro de Investigación Woods Hole (WHRC), el Instituto de Recursos Mundiales (WRI), y LandMark, con la contribución de tres organizaciones indígenas: la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), la Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques (AMPB) y la Alianza de  Pueblos Indígenas del Archipiélago (AMAN).

Rukka Sombolinggi, secretaria general de AMAN afirmó que “la comunidad internacional está luchando por salvar los bosques y por detener el cambio climático.  Esta nueva investigación muestra que, al respetar nuestros derechos a los bosques y las tierras, no solo se protege el carbono almacenado en los árboles, sino que también se evita la liberación de vastos depósitos de carbono que yacen debajo de nosotros. Por ello, la solución es reconocer nuestros derechos”

Los científicos calculan que la protección de los bosques y la inversión en la reforestación desde hoy hasta 2030 podría contribuir hasta un 37 por ciento de las soluciones para limitar el aumento de la temperatura mundial a 2° centígrados. Los científicos también advierten que la pérdida de la cobertura boscosa en los países tropicales de todo el mundo ha venido aumentando de forma constante durante los últimos 17 años. Por ejemplo, en 2017, los trópicos perdieron 15,8 millones de hectáreas (39,0 millones de acres) de cobertura boscosa, lo que equivale a un área del tamaño de Bangladesh.

Este análisis sobre el carbono se suma al conjunto de pruebas que reconocen que el hecho de contar con firmes derechos a las tierras comunitarias representa una solución asequible y sin necesidad de tecnología para reducir la deforestación. Según un análisis de datos realizado por Global Forest Watch, el índice de pérdida de la cobertura de árboles es menos de la mitad en las tierras comunitarias e indígenas, en comparación con otros lugares. En aquellas zonas donde se han reconocido estos derechos, la diferencia es aún mayor.

Los resultados representan la primera evaluación de la línea de base en el ámbito mundial para el carbono almacenado tanto sobre como debajo de la superficie —lo que incluye la biomasa de raíces y materia orgánica de los suelos— de las tierras que gestionan las comunidades en las zonas tropicales, subtropicales, templadas y boreales. Con base en varios conjuntos de datos globales que ahora están disponibles, los autores explican que han debido aumentar hasta cinco veces los cálculos anteriores sobre la cantidad de carbono que gestionan los pueblos indígenas y las comunidades locales en sus tierras.

Wayne Walker, del Centro de Investigación Woods Hole (WHRC), aseveró que “el carbono orgánico de los suelos equivale a una parte considerable, pero no inesperada, del carbono almacenado en los bosques que gestionan los pueblos indígenas y las comunidades locales en el ámbito mundial. Solo en los suelos hay un 65 por ciento del carbono almacenado en los bosques tropicales que gestionan estos grupos, y estos vastos depósitos de carbono debajo de la superficie solo pueden preservarse y conservarse mientras los bosques en la superficie permanezcan intactos”.

Los derechos a la tierra se subutilizan como una solución para detener la deforestación y evitar la liberación de carbono

El informe de RRI sobre tenencia forestal abarca a 58 países, lo cual representa el 92 por ciento de los bosques del mundo, y muestra que, en 2017, el área total forestal designada a los pueblos indígenas y a las comunidades locales, o que son de su propiedad, era de 528 millones de hectáreas. En el caso de los 41 países que RRI ha monitoreado desde 2002, el análisis actualizado revela que los pueblos indígenas y las comunidades locales poseen legalmente o tienen derechos en solo el 15 por ciento (521 millones de hectáreas) de la superficie forestal total de esos países, lo que representa un aumento de 147 millones de hectáreas (40 por ciento) desde 2002.

El estudio también muestra que en las comunidades cuyos territorios se reconocieron por primera vez entre 2013 y 2017, en su mayoría, se les nombró como propietarias de los bosques, en lugar de ser solo titulares de derechos para su uso. Esto representa un cambio considerable en comparación con los cinco años anteriores. Sin embargo, el informe concluye que el índice de reconocimiento gubernamental de los derechos de los pueblos indígenas y de las comunidades locales a partir de 2008 ha sido considerablemente más bajo que el que se observó entre 2002 y 2008.

Chloe Ginsburg, de RRI y autora del estudio sobre tenencia forestal, explicó que “si bien es evidente que los gobiernos no se están movilizando con suficiente rapidez para reconocer los derechos de los pueblos indígenas y de las comunidades locales, nuestros hallazgos pueden indicar el surgimiento de una nueva tendencia para el reconocimiento de derechos que sean más sólidos y fuertes. Esperamos que los encargados de formular políticas continúen sensibilizándose sobre los beneficios que originan del reconocimiento de los derechos — para los medios de vida, el clima y los objetivos afines de desarrollo sostenible”.

Una tendencia prometedora en América Latina está en peligro debido al aumento de la violencia

El reconocimiento de los derechos de la tenencia colectiva ha aumentado significativamente en América Latina desde 2002. Del área forestal reconocida en 41 países durante los últimos 15 años, el 49 % de estos bosques fueron reconocidos para pueblos indígenas y comunidades locales en Brasil, y otros cuatro países amazónicos —Bolivia, Colombia, Guyana, y Perú—representan casi el 17 % del área forestal reconocida por las comunidades durante este período.

Sin embargo, según la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, los avances en los países amazónicos son frágiles. Al citar una investigación que muestra que 2017 fue el año más mortal que se ha registrado para los defensores ambientales y de las tierras, la funcionaria destacó la resistencia que existe para reconocer los derechos comunitarios de los pueblos indígenas y la falta de protección a los derechos existentes está dando origen a una crisis de derechos humanos.

Este mes, la Sra. Tauli-Corpuz presentará nuevos resultados que documentan un aumento considerable en la violencia y la criminalización que con frecuencia enfrentan los pueblos indígenas cuanto intentan evitar la destrucción de sus territorios.

La Sra. Tauli-Corpuz afirmó lo siguiente: “Encabezados por Brasil, los pueblos indígenas en el Amazonas han logrado más avances en el reconocimiento de los derechos de estos pueblos y de las comunidades locales que cualquier otra región. Pero la otra cara de la moneda es que estos también son los países en los que se están asediando sus derechos y donde es más probable que los líderes indígenas y los defensores ambientales sean asesinados o se les criminalice. Todavía nos queda un largo camino por recorrer”.

Los investigadores afirman que el carbono en los bosques comunitarios puede ser mucho mayor que los cálculos existentes

En su análisis, los investigadores señalaron que los 293.061 millones de toneladas métricas almacenadas en los bosques comunitarios equivalen a 33 veces las emisiones de energía que se liberaron en todo el mundo durante 2017.

El estudio se basa en datos generados recientemente por WHRC sobre la densidad del carbono a nivel mundial, así como en datos actualizados de RRI sobre tenencia forestal, datos espaciales específicos sobre tenencia de la tierra, tomados de la plataforma LandMark de WRI, y datos espaciales generados recientemente a partir de una iniciativa de colaboración en marcha con AMAN, con el fin de realizar un análisis más actual y preciso sobre el carbono almacenado en las tierras y los bosques de los pueblos indígenas y de las comunidades locales.

Aun así, los autores afirman que es posible que la verdadera cantidad sea muy superior a la que se ha informado hasta ahora, especialmente en regiones en las que no se reconocen los derechos de los pueblos locales a sus bosques.

El estudio reveló lo siguiente: “Esta evaluación continua siendo un cálculo inferior del carbono almacenado en las tierras forestales colectivas en todo el mundo”.

“La magnitud total de los bosques y otras tierras en manos de las comunidades indígenas y locales —especialmente aquellos en los que las comunidades todavía deben obtener el reconocimiento formal de sus derechos— es desconocida y los datos espaciales específicos sobre estas áreas son limitados. Por ello, todavía continúan sin documentarse vastos almacenamientos en países ricos en carbono, tales como Indonesia y la República Democrática del Congo”.

Los bosques y otras tierras son esenciales para alcanzar las ambiciones climáticas y de desarrollo. Si se aprovecha adecuadamente, las soluciones climáticas naturales pueden contribuir con más del 37 por ciento de la mitigación rentable del C02 para 2030,  y la evidencia muestra que los Pueblos Indígenas y las comunidades locales son clave para lograr
dichos resultados. Este informe presenta la evaluación más completa hasta la fecha del almacenamiento de carbono en tierras comunitarias documentadas en todo el mundo.

Hallazgos principales
Basándose en las estimaciones globales recientemente desarrolladas de la densidad de carbono para la biomasa de madera y los suelos asociados, el análisis de los datos de tenencia forestal más recientes de 64 países (que representan el 69% de la cubierta forestal mundial) muestra que, en un mínimo:

1. Pueblos Indígenas y comunidades locales manejan al menos el 17 por ciento, o 293,061 millones de toneladas métricas (Mt) del carbono total almacenado en las tierras forestales de los países evaluados — una estimación global que es 5 veces mayor que la mostrada en un análisis previo de carbono forestal tropical, equivalente a 33 veces las emisiones de energía global de 2017.

2. Veintidós por ciento (217,991 MtC) del carbono forestal encontrado en los 52 países tropicales y subtropicales  en este análisis es administrado por las comunidades, y un tercio de este (72,079 MtC) se encuentra en áreas donde los Pueblos Indígenas y las comunidades locales carecen de reconocimiento de sus derechos de tenencia — poniéndoles en riesgo a ellos, sus tierras y el carbono allí almacenado.

3. El carbono orgánico del suelo representa casi el 65 por ciento (113,218 Mt) y casi el 90 por ciento (105,606 Mt) del carbono forestal total administrado por las comunidades en los países con bosques tropicales y no tropicales, respectivamente. Al proteger sus bosques y tierras, las comunidades no solo mantienen el carbono almacenado en los árboles (por encima y por debajo del suelo), sino también protegen vastos reservorios de carbono que, de otro modo, serían liberados a la atmósfera si los bosques superpuestos fueran destruidos.

4. El almacenamiento de carbono en territorios colectivos es mucho mayor y más extenso de lo que se puede evaluar a través de los datos disponibles. Esta evaluación sigue siendo una subestimación del carbono almacenado en los bosques colectivos en todo el mundo. Se desconoce la extensión total de los bosques y otras tierras en posesión de las comunidades indígenas y locales, y en particular aquellos en los que las comunidades aún no han logrado el reconocimiento legal de sus derechos, y aún no se cuenta con datos espacialmenteexplícitos sobre estas áreas. Por lo tanto, las vastas reservas de carbono dentro de tierras colectivas en países ricos en carbono como Indonesia y la República Democrática del Congo permanecen indocumentadas.

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La Iniciativa para los Derechos y Recursos (RRI) es una coalición mundial de 15 socios principales, 7 redes afiliadas, 14 miembros asociados internacionales y más de 150 organizaciones colaboradoras a nivel internacional, regional y comunitario, la cual se dedica a fomentar los derechos de los pueblos indígenas y de las comunidades locales a la tierra y los recursos forestales. RRI aprovecha las capacidades y el conocimiento especializado de los miembros de la coalición para promover la seguridad de los derechos locales a la tierra y los recursos, y para impulsar reformas políticas y de mercado progresistas. Para obtener más información, por favor visite: www.rightsandresources.org/es.

Reapertura de la Cafetería y Bar de Redecilla del Camino, Polideportivo Municipal, día 27 de marzo.

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