Esto se inscribe en la línea de las políticas neoliberales que
blindan el control sobre la economía de las multinacionales y los fondos
especulativos, en particular los gigantes de la agroindustria, la
petroquímica y el sector automotriz.
Pero estos acuerdos tienen importantes impactos en la vida de la
gente y en los ecosistemas, por lo que las organizaciones convocantes
denunciamos la política comercial de la UE y los tratados de comercio
que firma con terceros países, porque agravan la emergencia climática,
la pobreza, el hambre, el desempleo y las desigualdades sociales. Así ha
pasado con numerosos países de Asia, África y América Latina y también
en Europa.
Hoy estamos delante del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación porque rechazamos el acuerdo entre la UE y los países del
MERCOSUR. Y porque el ministro Planas es uno de los dirigentes políticos
que más apoya este acuerdo, representando los intereses de las grandes
empresas, que han hundido al campo, y no el interés general. Con su
apoyo a un comercio devastador, el Gobierno de España pone en juego el
futuro de la naturaleza, las bases para producir alimentos y nuestra
salud. Se trata de un enésimo ataque a la soberanía alimentaria de los
países, a los derechos laborales, a la viabilidad económica del trabajo
en el sector agrícola en muchas regiones y a la salud de las
comunidades.
El acuerdo entre la UE y Mercosur impulsaría, por ejemplo, el
comercio de pesticidas prohibidos en la UE exportados a América Latina;
tóxicos que vuelven como residuos en los alimentos importados. Esto
perjudicaría a la salud de las personas que trabajan en la agricultura y
de las consumidoras de ambos lados del Atlántico, a los pueblos
originarios y a la biodiversidad, al tiempo que contribuye a la
extinción masiva de flora y fauna.
En estos días, se celebra la Cumbre de los Pueblos en Belém, Brasil,
coincidiendo con la COP30, señalando los causantes de la crisis
climática como los acuerdos comerciales que incrementan los gases de
efecto invernadero responsables del cambio climático. La
evaluación sobre los impactos del acuerdo comercial UE-Mercosur
reconoció que provocaría un aumento de la emisión de los
gases contaminantes. La agricultura industrial y la deforestación son el
motor de este incremento. Por tanto, este acuerdo comercial,
es contrario a la legislación europea e internacional sobre el clima.
Si el acuerdo es perjudicial para el planeta ¿quién se beneficia? Los
gigantes de la agroindustria -como Bayer-Monsanto, BASF y otros-, el
mayor productor de carne del mundo, JBS, o los comerciantes de soja y
maíz, Bunge y Cargill. Estas empresas tienen estrechos vínculos con
partidos de extrema derecha en sus respectivos países, así como el apoyo
financiero de conocidas entidades bancarias que solo ven en el sector
de la alimentación como una fuente de seguir aumentando sus beneficios.
¿Quién sale perdiendo? La pequeña y mediana agricultura y ganadería,
los pueblos indígenas y personas migrantes, las personas trabajadoras de
la industria y los cuidados, la mayoría de pequeñas y medianas
empresas, la economía social y solidaria y, en general, las mayorías
sociales.
Pero la reivindicación de la justicia en el comercio va más allá del
sector agrícola y de la cuestión de la calidad de los alimentos: es un
reto social global, tanto en lo que respecta a los aspectos
socioeconómicos como a los climáticos.
Desde hace mucho tiempo nos movilizamos en las calles de muchos
países por el trabajo digno y justamente remunerado, los derechos
humanos, los pueblos originarios y afrodescendientes, la salud pública,
el bienestar animal, el acceso a una alimentación de calidad y
la protección del medio ambiente.
Sin embargo, una y otra vez, las clases dirigentes blindan los
intereses económicos y financieros que persiguen estos acuerdos
comerciales.
Las campesinas y los campesinos, sindicalistas, activistas de
organizaciones de solidaridad internacional y ecologistas, colectivos
antirracistas, anticoloniales y en defensa de los pueblos originarios,
científicas, artistas y la ciudadanía organizada, exigimos la regulación
de los mercados internacionales y denunciamos las políticas del mal
llamado «libre comercio» que deslocaliza las producciones agrarias,
cierra el pequeño comercio y la industria de PYMES, privatiza los
servicios públicos así como rebaja las normas sociales y
medioambientales.
Esta acción se inscribe plenamente en la movilización social contra
el genocidio en Palestina, contra los recortes en los servicios
públicos, contra el negacionismo climático y en total solidaridad con
las comunidades de los países del Sur global, también víctimas de los
acuerdos de comercio y el despojo racista de las grandes empresas
europeas y españolas.
Reivindicamos el derecho a unos ingresos dignos de las campesinas y
los campesinos, la protección de la agricultura familiar y una
alimentación sana y libre de agrotóxicos frente a la lógica del mercado y
el dominio de las multinacionales.
Defendemos una verdadera democracia alimentaria y el apoyo a un
modelo agrícola que proteja el futuro de las generaciones venideras y de
nuestro planeta.
Impedir el acuerdo comercial UE-MERCOSUR abre una oportunidad para
cuestionar estructuralmente este sistema económico injusto y sacar la
agricultura y la alimentación de la lógica de los mercados.
Hacemos un llamamiento a todas las agricultoras y agricultores para
que se rebelen contra estas políticas injustas aplicadas al sector
agrícola.
Hacemos un llamamiento a todos los sindicatos para que se movilicen
en defensa de una remuneración justa del trabajo, la desglobalización y
la relocalización de una industria que funcione respetando los límites
del planeta y con criterios de justicia social.
Hacemos un llamamiento a todas las organizaciones preocupadas por las
cuestiones de solidaridad internacional, democracia, protección del
medio ambiente y salud pública para que digamos claro y alto al Gobierno
de España y al parlamento que NO queremos estos acuerdos de comercio
que entierran cualquier atisbo de política pública de justicia social y
ambiental.
Hacemos un llamamiento a toda la ciudadanía preocupada por la
vivienda, el mundo rural, la educación, la sanidad, el transporte
público, la cultura, la calidad de los alimentos y la salud a cuestionar
el sistema económico.
Ante los colapsos mundiales, necesitamos más cooperación en lugar de comercio de productos nocivos.
¡Por una economía social y solidaria!
¡No más acuerdos de comercio e inversiones!
¡Los ingresos justos para quienes producen nuestra
alimentación, junto con los derechos humanos, los derechos laborales, la
igualdad real, el bienestar animal, el clima y la biodiversidad deben
primar sobre los intereses económicos!
¡Sí a la soberanía alimentaria, la justicia climática y la solidaridad internacionalista!
Attac, Amigas de la Tierra, CGT, Ecologistas en Acción, Entrepueblos,
Greenpeace, Justicia Alimentaria, Sindicato Labrego Galego (SLG).
Texto leído en la acción-performance realizada en Madrid, el 18 de noviembre de 2025.
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BOCYL-D-25042025-28.html y otros formatos
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