Los precios que perciben los agricultores y ganaderos por la venta de sus alimentos han aumentado de media un 47 % entre 2020 y 2025, mientras que los costes de los insumos que utilizan para su producción -que no contabilizan la mano de obra- han crecido un 26 % en ese mismo periodo.

Asi se desprende de los informes de diciembre de 2025 sobre los precios percibidos y los precios pagados por los agricultores que acaba de difundir el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA).

Fuente Efeagro

Un agricultor ara la tierra. Efeagro/EPA/Gyorgy Varga

El índice general de precios percibidos por los agricultores (+47,37 %) ha crecido más cuando se trata de una producción agrícola (+49,61 %) que cuando es un producto ganadero (+44,10 %). 

Huevos, vacuno y aceite disparan sus precios. El precio en origen del huevo es el que más ha repuntado (+149,73 %) entre 2020 y 2025, muy por encima del de vacuno para abasto (+110,67 %), aceite de oliva (+99 %), ovino para abasto (+79,32 %), hortalizas (+76,57 %), leche (+62,97 %) y caprino para abasto (+61,25 %).

La lana es el único producto del sector primario que ha recortado su precio y lo ha hecho de forma drástica, ya que el índice de diciembre pasado arroja una bajada del 68,07 % desde 2020.
Las subidas más contenidas corresponden a los precios en origen del porcino para abasto (+2,52 %), frutas no cítricas (+11,70 %), cereales (+11,92 %), cítricos (+16,58 %), semillas (+22,80 %), leguminosas (+28,22 %), flores y plantas (+28,27 %), aves para abasto (+30,63 %) y productos vitivinícolas (+35,99 %).
Más cerca de la media se sitúan las alzas de los cultivos forrajeros (+37,52 %), conejos para abasto (+45,49 %) y cultivos industriales (+47,89 %), entre los que se encuentran la remolacha azucarera, el girasol, el algodón y el tabaco.

Los fertilizantes, los insumos más inflacionistas
El insumo que más ha subido si se toman como base los precios en el 2020 ha sido el fertilizante (+60,75 %), con los compuestos a la cabeza (+74,21 %), seguidos de los simples nitrogenados (+73,93 %); las enmiendas de fertilizantes, sin embargo, se han abaratado un 7,95 %.
La factura por conservación o reparación de maquinaria aparece como la segunda más inflacionista (+37,16 %).
La energía (+33,77 %) se ha encarecido para el agricultor y el ganadero, sobre todo por el alza de carburantes (+36,58 %), electricidad (+32,29 %) y lubricantes (+15,44 %).

El coste de los productos fitopatológicos ha aumentado el 28,90 % y el de los piensos para ganado, el 22,15 %, con los compuestos para alimentar conejos (+32,22 %) a la cabeza.
En menor medida, han aumentado los gastos por conservación y reparación de edificios (+31,71 %), servicios veterinarios (+10,28 %), compra de material y pequeño utillaje (+22,17 %), semillas (+20,15 %) y plantones (+24,17 %).

Poca diferencia entre 2025 y 2024
Si se comparan los índices de precios percibidos y pagados por los productores entre el último mes de 2025 y 2024, los costes de los insumos han aumentado un 1,26 % de media y los precios en origen, un 0,15 %, pero con importantes contrastes en ambos casos.

Las subidas interanuales más abultadas han sido los precios en origen de huevos (+19,21 %), flores y plantas ornamentales (+18,75 %), vacuno de abasto (+14,68 %), cultivos forrajeros (+13,30 %) y hortalizas (+12,75 %); mientras el precio de la lana ha caído en un año un 30,38 %; el porcino para abasto, el 18,89 %; y los tubérculos, el 13,09 %.
En cuanto a insumos, si se compara diciembre de 2025 con el mismo mes de 2024, los precios de los fertilizantes simples fosfatados se han disparado el 22,80 % (la categoría de fertilizantes, en conjunto, anota un alza interanual del 9,87 %); y la conservación y reparación de maquinaria han repuntado el 10,28 %.
La mayor reducción de costes procede del precio de la electricidad (-13,63 %), piensos compuestos para ovino (-6,69 %) y semillas (-3,60 %).

El Gobierno aprueba ayudas para el sector primario ante los efectos de la guerra contra Irán.

 El Gobierno aprueba ayudas para el gasóleo agrícola, la compra de fertilizantes 

y una compensación para los buques pesqueros por el incremento de costes.

Mº Agricultura, Pesca y Alimentación

20 de marzo de 2026

Dentro del paquete de medidas para hacer frente a los efectos de la guerra contra Irán.

Se trata de un potente paquete de medidas por un valor superior a 877 millones de euros
Se establece una subvención para el gasóleo de uso agrario de 20 céntimos por litro

El apoyo a la flota pesquera se determinará en función de la actividad y consumo de cada buque, con un presupuesto total de 25 millones de euros

Para facilitar el acceso a la financiación, se amplía en 300 millones de euros la línea ICO-MAPA-SAECA de subvención de créditos

El real decreto-ley de medidas extraordinarias para hacer frente a las consecuencias de la guerra en Irán, aprobado hoy por el Consejo de Ministros, contempla líneas de apoyo específicas para los sectores agrario y pesquero. Se trata de un potente paquete de ayudas por un valor superior a 877 millones de euros. Principalmente, se establece una ayuda directa a agricultores para la compra de fertilizantes, una subvención de 20 céntimos por litro para la compra de gasóleo de uso agrícola y una compensación económica para los buques pesqueros por el incremento de los costes de producción.

El real decreto-ley contempla también ayudas de acceso a la financiación específicas para los sectores agroalimentario y pesquero (línea ICO-MAPA-SAECA) y, en materia fiscal, la exención durante tres meses de la tasa de la pesca fresca.

Además de beneficiarse de las ayudas generales aprobadas a las que las empresas del sector agrícola y pesquero puedan tener derecho, el real decreto contiene medidas específicas debido al impacto que el conflicto bélico tiene ya en el flujo comercial de las materias primas, y en particular en el incremento de los precios del petróleo, el gas y los fertilizantes. La agricultura, la ganadería y la pesca constituyen un sector estratégico para le economía española y juega además un papel esencial en la seguridad alimentaria.

Las medidas específicas contempladas son:

Ayuda de 20 céntimos por litro para la adquisición de gasóleo agrícola. Se prolongará hasta el 30 de junio y los agricultores y ganaderos que tengan derecho a ella no tendrán que realizar ningún trámite adicional. Se considerará solicitada la ayuda con la presentación de la petición de la devolución del impuesto especial sobre hidrocarburos, del que están exentos los agricultores y ganaderos. Para financiar esta medida se contempla un presupuesto de 52 millones de euros.

Ayuda para la adquisición de fertilizantes. Los fertilizantes son una de las materias primas que más se han encarecido por el conflicto bélico y la medida trata de paliar el impacto de este incremento en las explotaciones agrarias. El Gobierno ya dio una ayuda similar tras la invasión rusa de Ucrania, pero en esta ocasión, a diferencia de entonces, se beneficiarán no solo a los agricultores que reciben ayudas de la Política Agraria Común (PAC), sino todos los que estén dados de alta en los registros de explotaciones agrarias. El presupuesto de esta medida asciende a 500 millones de euros.

Ayuda para el acceso a la financiación. El real decreto-ley amplía en 300 millones de euros la línea de créditos ICO-MAPA-SAECA para el sector agroalimentario y pesquero, una de las medidas de apoyo habilitadas tras la invasión rusa de Ucrania. El fondo para la subvención del principal de los créditos se dota con 225 millones de euros, mientras que los 75 millones restantes se destinan a sufragar los avales de la Sociedad Estatal de Caución Agraria (SAECA) necesarios para la obtención de los créditos.

Ayuda compensatoria para la flota pesquera. El incremento de los precios de la energía también repercute en el sector pesquero, tanto el directo por el precio del combustible, como su incidencia en otros costes de producción como los envases para la congelación del pescado. Además, el cierre de los espacios aéreos dificulta la rotación de las tripulaciones de los barcos españoles que faenan en aguas internacionales.

La ayuda compensatoria para cada buque se determinará en función de su consumo diario de combustible, coste semanal de éste y los días de actividad. Además, se tendrán en cuenta también las artes de pesca utilizadas y si opera en caladero nacional o internacional. El presupuesto inicial para esta ayuda es de 25 millones de euros.

Exención de la tasa sobre pesca fresca. Esta medida para la flota pesquera estará en vigor hasta el 30 de junio.

Redecilla del Camino, estamos rodeados de historia arbórea: El Día del Árbol y Fiesta del Árbol, 21 de marzo.

 El Día del Árbol, Fiesta del Árbol o Fiesta cívica del árbol es recordatorio 

de la importancia de cuidar superficies arboladas y bosques. 

Los árboles, entre otros muchos beneficios, transforman el dióxido de carbono,

 responsable del efecto invernadero en biomasa lignocelulósica, 

minimizan los riesgos de inundación y evitan la erosión entre otras muchas funciones.

Esta conmemoración tiene en España una larguísima tradición 

que podemos ver en este enlace a la Wikipedia 

También en Redecilla del Camino, estamos rodeados de historia arbórea: ahí va!.

Es curioso constatar cómo dos casi contemporáneros,  “hijos” ilustres de Redecilla del Camino, Juan Cruz Busto e Eugenio Villar Hernando, sean unos fervientes promotores de la naturaleza, defensores del arbolado... 

Alegra saber que estos redecillanos tenían una visión de futuro, que muchos hemos perdido: el monte ofrece mucha riqueza y recursos que no se saben explotar...

Pero es que Redecilla del Camino se juega mucho con los bosques y en los montes: casi el 60% de la jurisdicciones es monte, es arbolado. 

Y árbol no solo es madera y cisco, es algo consultancial al equilibrio necesario para cualquier tiempo de vida en tierra.

Por eso es importante cuidar y aprovechar con mesura esa riqueza tan polivalente.

"Genio Protector de la Agricultura",
Cartel didáctico del redecillano Juan Cruz Busto Senra

Además en Redecilla del Camino  estamos rodeados de historia arbórea:

Montes de Ayago.

.- Los Montes de Ayago definen todo un territorio comarcano que ha configurado nuestra geografía, también las bases de nuestra cultura celta cn la fiesta del Mayo, y nuestra manera de ser serrana: hasta bien entrado el s.XX esos montes han sido refugio ante invasiones, epidemias y guerras...

.- La patrona, Ntra. Sra de Ayago, es una referencia ineludible, y su vocablo nos trae resonancias armónicas casi sublimes.

.- Los Olmizos y El Olmo, que sigue concitando tradiciones en el pueblo a pesar de la vida láguida que lleva desde que, ya hace 50 años,  está atacado por la grafiosis, pero, casi en sus despojos, ahí sigue...

.- El Ezcarro, un pago y árbol singular, con conotaciones vascas, castigado por la ignorancia, pero ahí sigue resucitando de la barbarie de hace 7 años.

.-  El Praulavilla ( El Sabuquillo, el saúco tambien es un árbol-ilo), no olvidemos que en ese entorno hubo varios asentamientos humanos desde la prehistoria y que, con el inicio del Camino a Santiago en torno al s. X, comenzaron a concentrarse en los dos nucleos actuales de Grañón y del Redecilla.

.- El mismo nombre de Redecilla significa sotillo, pradillo y bosquecillo del Camino.

.- Las choperas de la ribera del río Reláchigo; las que comunalmente se plantaban desde los barales de las chopas y "se sacaban", y mientras crecían se cuidaban y explotaban sus pastos y henares por un sistema de uso y cuidado regido mediante su subasta y arrendamiento (las suertes). Ahora abandonados por la maleza y la peor gestión.

.- El Rebollar ese monte comunero entre Villarta y Redecilla, entre La Rioja y Castilla y León. Importante el concepto comunero entre y de los dos pueblos. A ver de dónde sacamos sentido común, nos llevamos bien, y aprevechamos la interregionalidad de este comunero.

¿Cuánto cuesta una tierra cultivable en la UE?. Eurostat 2024.

El precio de las tierras agrícolas en la UE.

El precio medio de una hectárea de tierra cultivable en Europa superó 

los 15.200 euros en 2024, un aumento del 6,1% respecto al año anterior.

 ¿Cuánto cuesta una tierra cultivable en la UE?. En 2024, el precio medio de una hectárea de tierra cultivable en Europa se situó en los 15.224 euros, un 6,1% más respecto al año anterior. Así se desprende de un estudio de Eurostat, que muestra en qué país es más barato comprar un campo cultivable y en cuáles es más caro.

Entre los países con datos disponibles, el precio medio más alto por hectárea de tierra cultivable se registró en Malta (201.263 euros), seguida de los Países Bajos (96.608 euros) y Portugal (76.556 euros).

Los precios medios de tierras cultivables más bajos, por su parte, se registraron en Letonia (4.825 euros por hectárea), Lituania (5.590 euros) y Eslovaquia (5.823 euros).

En el caso de España, según la Oficina Estadística europea, el dato es de 12.778 euros, por debajo de la media de la UE.

Respecto al alquiler/renta, arrendar una hectárea de tierra cultivable fue más caro en los Países Bajos, con un promedio de 941 euros al año, seguido de Dinamarca (580 euros) y Grecia (509 euros). Por el contrario, los precios de alquiler de tierras más bajos fueron en Eslovaquia (69 euros), Croacia (76 euros) y Malta (92 euros).

¿La PAC moneda de cambio?... una vuelta de tuerca al presupuesto de la Política Agraria Común (PAC) para el período 2028-2034.

La Comisión lleva unos meses intentando contentar a los agricultores y ganaderos, asustada por las manifestaciones, que han vuelto a llegar al corazón de Europa. Estos movimientos se producen, además en la recta final del proceso de aprobación del acuerdo de la UE con Mercosur, ya alcanzado en el seno del consejo de la UE, y recientemente firmado con los países sudamericanos.

Francisco Martínez Arroyo

Blog Ruralsiglo XXI

Almazara, Baena

La reducción de fondos de la PAC, desdibujada en el marco del nuevo fondo para los planes de asociación nacionales y regionales propuesto por la Comisión en julio de 2025, del 22% respecto al período 2021-2027, y las cuestiones relativas a la preferencia arancelaria y la activación de las cláusulas de salvaguardia en caso de que las importaciones causen graves perjuicios para el sector europeo, y el cumplimiento efectivo de las cláusulas espejo en materia de normativa de sanidad animal y vegetal  -que se puedan controlar de verdad- del acuerdo de Mercosur, continúan preocupando a la mayor parte de los agricultores y ganaderos europeos. Y también a los Estados Miembros.

Ante esta situación, la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, en una carta al Parlamento y al Consejo, el pasado 6 de enero, propuso una vuelta de tuerca al presupuesto de la Política Agraria Común (PAC) para el período 2028-2034.

Recordemos que la propuesta inicial de la Comisión, de julio de 2025, asignaba a la PAC, en medidas de apoyo a los ingresos de agricultores y ganaderos, un mínimo, blindado, de 293.700 millones de euros para 2028-2034, de los que España dispondría de 37.200 millones. A esta cifra, se le añaden 6.301 millones de euros, en forma de reserva de crisis para el sector agrario, lo que totaliza unos 300.000 millones de euros para la PAC en toda la UE.

Es cierto que se podrían adicionar más fondos dentro de los 865.076 millones de euros del nuevo Fondo para los planes de asociación nacionales y regionales, donde se encuentra la PAC, pero la competencia -por más fondos- con otras políticas, supone un riesgo enorme de que la PAC, finalmente, tenga en 2028-2034, menos dinero que en el período actual.

A la vista de la situación, ya en noviembre del año pasado, la Comisión propuso que un 10% de los 487.000 millones de euros del Fondo para los planes de asociación nacionales y regionales que no se encuentran “blindados” -es decir, que pueden dedicarse a las prioridades que cada Estado Miembro desee, dentro de las políticas que engloba el fondo-, 48.700 millones de euros, tengan como objetivo las áreas rurales. Con estos nuevos recursos “blindados” deberían financiarse actuaciones como el LEADER, la transmisión del conocimiento o la cooperación entre territorios rurales, no contempladas en los 293.700 millones de euros blindados inicialmente. Además, parte de estos recursos podrían destinarse a medidas agrarias de carácter rural, como por ejemplo las inversiones en explotaciones, lo que podría suponer fondos extra para el sector. Conviene resaltar que estos 48.700 millones de euros son para actuaciones rurales, por lo que las “medidas agrarias” tendrían que competir por los recursos con el LEADER o actuaciones de otras políticas, por ejemplo, cohesión, con impacto en las áreas rurales.

Esta cantidad, podría aumentarse hasta los 63.700 millones de euros, utilizando 15.000 millones de euros en forma de préstamos, dentro de la política “Catalyst Europe”, prevista en la propuesta del Marco Financiero Plurianual (MFP).

Finalmente, von der Leyen, en un nuevo regate de la Comisión en la negociación, propuso, a principios de enero, utilizar dos terceras partes de la cantidad prevista en el MFP para ajustar las medidas dentro de los Planes nacionales y regionales según la ejecución de las mismas a lo largo del período 2028-2034, para la PAC -y no para otras políticas-, y que se puedan poner a disposición de los EEMM, desde el 2028.

Esto supondría, si los EEMM hacen uso de esta opción, 45.000 millones de euros más “blindados” para la PAC. La ventaja para los intereses agrarios de esta posibilidad es que, sólo si estas dos terceras partes se utilizan para la PAC, se podrán asignar -y utilizar- desde el inicio del período de programación.

En el caso de España, con una propuesta de asignación de unos 79.900 millones de euros en el conjunto del Fondo para los planes de asociación nacionales y regionales, la PAC supondría unos 41.400 millones de euros (37.200 de la asignación de la primera propuesta más 4.200 millones de euros adicionales, dentro de los 45.0000 millones de euros para toda la UE, resultado de movilizar para esta política, en 2028, dos tercios de los fondos para el ajuste de los Planes nacionales y regionales).

En el conjunto de la UE, considerando las dos nuevas propuestas de la Comisión, el presupuesto previsto para la PAC podría pasar de 300.000 millones de euros -incluida la reserva de crisis- a hasta unos 408.700 millones de euros -incluidos los préstamos-, lo que supondría algo más de lo que representa la PAC en este período (unos 386.600 millones de euros).

Moneda de cambio, con dos caras. Por un lado, teórica garantía de más fondos para la PAC. Por el otro; siempre que lo decidan los Estados Miembros, y a costa de otras políticas.

Momento complejo.

PAC: Un nuevo regate de la Comisión; o la multiplicación de los panes y los peces.

Un nuevo regate de la Comisión 

El pasado día de Reyes, la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, en una carta al Paramento y al Consejo, propuso una vuelta de tuerca al presupuesto de la Política Agraria Común (PAC) para el período 2028-2034.

Francisco Martínez Arroyo,
Blog Rural fmartinezarroyo

Podría ser una respuesta a las movilizaciones históricas de agricultores y ganaderos de toda Europa, antes de Navidad. Parece más bien tratarse de una forma de intentar vencer los recelos de algunos Estados Miembros (EEMM), liderados por Francia, para la aprobación del acuerdo comercial con Mercosur.

La aplicación del acuerdo requiere de una mayoría cualificada en el consejo de la UE (al menos el 55% de los EEMM que, a su vez, representen al 65% de la población) y la posición de algunos países como Francia o Italia, contrarios, en mayor o menor grado, al mismo, hace peligrar, todavía a fecha de hoy, el acuerdo en la reunión del consejo de este próximo 12 de enero. Los motivos que se aducen para oponerse son en el ámbito del sector agrario, relativos a la preferencia arancelaria y la activación de las cláusulas de salvaguardia en caso de que las importaciones causen graves perjuicios para el sector europeo, y el cumplimiento efectivo de las cláusulas espejo -que se puedan controlar de verdad- para que los productos de Mercosur cumplan la normativa europea en materia de sanidad vegetal y animal. No es sólo una cuestión de Francia, Italia y otros EEMM, sino una preocupación de gran parte de los agricultores europeos.

Es en este contexto, para tratar de cambiar el parecer de los EEMM que se han mostrado más beligerantes con el acuerdo y de contentar a los agricultores, y salvar el acuerdo con Mercosur, en el que se produce esta nueva propuesta de la Comisión para la PAC.

Conviene recordar que el planteamiento inicial de la Comisión, de julio de 2025, asignaba a la PAC, un mínimo, blindado, de 293.700 millones de euros para 2028-2024 -de los que España dispondría de 37.000 millones-. A esta cifra, se le añaden 6.301 millones de euros, en forma de reserva de crisis para el sector agrario, lo que totaliza unos 300.000 millones de euros la PAC[1].

Los importes asignados a la PAC, tanto a nivel comunitario, como en el caso del sobre previsto para España, suponen una reducción del 22% sobre el período actual. Es cierto que se podrían adicionar más fondos dentro de los 865.076 millones de euros del nuevo fondo para los planes de asociación nacionales y regionales, donde se encuentra la PAC[2], pero la competencia -por más fondos- con otras políticas, supone un riesgo enorme de que la PAC, finalmente, tenga en 2028-2034, menos dinero que en el período actual.

¿Qué supone la nueva propuesta de Von der Leyen?

Es sencillo.

En primer lugar, la propuesta inicial, preveía una cantidad para ajustar las medidas dentro de los Planes nacionales y regionales según la ejecución de las mismas, a lo largo del período 2028-2034. Lo que hace la Comisión es proponer que dos terceras partas de esta cantidad, 45.000 millones de euros, se utilicen específicamente para la PAC -y no para otras políticas-, y que se puedan poner a disposición de los EEMM, desde el 2028. No supone un incremento directo del presupuesto para la PAC, pues serían los EEMM los que tendrían que decidir, si optan o no por activar esta opción.

Por otra parte, la Comisión propone que cada país decida si destina hasta un 10% de los 487.000 millones de euros del fondo para los planes de asociación nacionales y regionales que no se encuentran “blindados” -es decir, que pueden dedicarse a las prioridades que cada Estado Miembro desee, dentro de las políticas que engloba el fondo-, 48.700 millones de euros, para medidas agrarias de desarrollo rural, que en la propuesta inicial estaban excluidas para acceder a estos recursos. Esta cantidad, podría aumentarse hasta los 63.700 millones de euros, utilizando 15.000 millones de euros en forma de préstamos, dentro de la política “Catalyst Europe”.

Estas dos propuestas incrementarían el presupuesto previsto para la PAC, que podría pasar de 300.000 millones de euros -incluida la reserva de crisis- a hasta 408.700 millones de euros -incluidos los préstamos-, lo que supondría algo más de lo que supone la PAC en este período (unos 386.600 millones de euros).

Sin embargo, la propuesta, que supone un avance, tiene truco. 

Y es que, este este dinero extra para la PAC sería a costa de la reducción de otras políticas, y deberán ser los EEMM, a los que la Comisión traslada la presión, los que tomen la decisión sobre si optan, o no, por aumentar el dinero para la PAC.

Algo así como la multiplicación de los panes y los peces;. Difícil.

[1] Para una información más detallada, se pueden consultar otras entradas de www.ruralsiglo21.org, la última, y muy clarificadora, https://ruralsiglo21.org/2025/11/02/lo-bueno-y-lo-malo-de-la-nueva-pac/, y el artículo, de diciembre de 2025, “Una PAC posible para España”, publicado en la Plataforma Tierra (https://www.plataformatierra.es/actualidad/una-pac-posible-para-espana).

[2] Ver https://ruralsiglo21.org/2025/11/02/lo-bueno-y-lo-malo-de-la-nueva-pac/ y https://ruralsiglo21.org/2025/07/17/una-pac-disruptivasin-dinero/

Manifiesto contra el acuerdo comercial entre la UE y los países del MERCOSUR

Manifiesto firmado por 800 organizaciones.

En estas semanas, la Unión Europea está allanando el terreno para firmar el acuerdo comercial con los países del Mercosur (Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay) y otro acuerdo con México. 

Esto se inscribe en la línea de las políticas neoliberales que blindan el control sobre la economía de las multinacionales y los fondos especulativos, en particular los gigantes de la agroindustria, la petroquímica y el sector automotriz. 

Pero estos acuerdos tienen importantes impactos en la vida de la gente y en los ecosistemas, por lo que las organizaciones convocantes denunciamos la política comercial de la UE y los tratados de comercio que firma con terceros países, porque agravan la emergencia climática, la pobreza, el hambre, el desempleo y las desigualdades sociales. Así ha pasado con numerosos países de Asia, África y América Latina y también en Europa.

Hoy estamos delante del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación porque rechazamos el acuerdo entre la UE y los países del MERCOSUR. Y porque el ministro Planas es uno de los dirigentes políticos que más apoya este acuerdo, representando los intereses de las grandes empresas, que han hundido al campo, y no el interés general. Con su apoyo a un comercio devastador, el Gobierno de España pone en juego el futuro de la naturaleza, las bases para producir alimentos y nuestra salud. Se trata de un enésimo ataque a la soberanía alimentaria de los países, a los derechos laborales, a la viabilidad económica del trabajo en el sector agrícola en muchas regiones y a la salud de las comunidades.

El acuerdo entre la UE y Mercosur impulsaría, por ejemplo, el comercio de pesticidas prohibidos en la UE exportados a América Latina; tóxicos que vuelven como residuos en  los alimentos importados. Esto perjudicaría a la salud de las personas que trabajan en la agricultura y de las consumidoras de ambos lados del Atlántico, a los pueblos originarios y a la biodiversidad, al tiempo que contribuye a la extinción masiva de flora y fauna.

En estos días, se celebra la Cumbre de los Pueblos en Belém, Brasil, coincidiendo con la COP30, señalando los causantes de la crisis climática como los acuerdos comerciales que incrementan los gases de efecto invernadero responsables del cambio climático. La evaluación sobre los impactos del acuerdo comercial UE-Mercosur reconoció que ​provocaría un aumento de la emisión de los gases contaminantes. La agricultura industrial y la deforestación son el motor de este incremento. Por tanto, este acuerdo comercial, es contrario a la legislación europea e internacional sobre el clima. 

Si el acuerdo es perjudicial para el planeta ¿quién se beneficia? Los gigantes de la agroindustria -como Bayer-Monsanto, BASF y otros-, el mayor productor de carne del mundo, JBS, o los comerciantes de soja y maíz, Bunge y Cargill. Estas empresas tienen estrechos vínculos con partidos de extrema derecha en sus respectivos países, así como el apoyo financiero de conocidas entidades bancarias que solo ven en el sector de la alimentación como una fuente de seguir aumentando sus beneficios. 

¿Quién sale perdiendo? La pequeña y mediana agricultura y ganadería, los pueblos indígenas y personas migrantes, las personas trabajadoras de la industria y los cuidados, la mayoría de pequeñas y medianas empresas, la economía social y solidaria y, en general, las mayorías sociales. 

Pero la reivindicación de la justicia en el comercio va más allá del sector agrícola y de la cuestión de la calidad de los alimentos: es un reto social global, tanto en lo que respecta a los aspectos socioeconómicos como a los climáticos.

Desde hace mucho tiempo nos movilizamos en las calles de muchos países por el trabajo digno y justamente remunerado, los derechos humanos, los pueblos originarios y afrodescendientes, la salud pública, el bienestar animal, el acceso a una alimentación de calidad y la protección del medio ambiente. 

Sin embargo, una y otra vez, las clases dirigentes blindan los intereses económicos y financieros que persiguen estos acuerdos comerciales.

Las campesinas y los campesinos, sindicalistas, activistas de organizaciones de solidaridad internacional y ecologistas, colectivos antirracistas, anticoloniales y en defensa de los pueblos originarios, científicas, artistas y la ciudadanía organizada, exigimos la regulación de los mercados internacionales y denunciamos las políticas del mal llamado «libre comercio» que deslocaliza las producciones agrarias, cierra el pequeño comercio y la industria de PYMES, privatiza los servicios públicos así como rebaja las normas sociales y medioambientales.

Esta acción se inscribe plenamente en la movilización social contra el genocidio en Palestina, contra los recortes en los servicios públicos, contra el negacionismo climático y en total solidaridad con las comunidades de los países del Sur global, también víctimas de los acuerdos de comercio y el despojo racista de las grandes empresas europeas y españolas.

Reivindicamos el derecho a unos ingresos dignos de las campesinas y los campesinos, la protección de la agricultura familiar y una alimentación sana y libre de agrotóxicos frente a la lógica del mercado y el dominio de las multinacionales.

Defendemos una verdadera democracia alimentaria y el apoyo a un modelo agrícola que proteja el futuro de las generaciones venideras y de nuestro planeta.

Impedir el acuerdo comercial UE-MERCOSUR abre una oportunidad para cuestionar estructuralmente este sistema económico injusto y sacar la agricultura y la alimentación de la lógica de los mercados.

Hacemos un llamamiento a todas las agricultoras y agricultores para que se rebelen contra estas políticas injustas aplicadas al sector agrícola.

Hacemos un llamamiento a todos los sindicatos para que se movilicen en defensa de una remuneración justa del trabajo, la desglobalización y la relocalización de una industria que funcione respetando los límites del planeta y con criterios de justicia social.

Hacemos un llamamiento a todas las organizaciones preocupadas por las cuestiones de solidaridad internacional, democracia, protección del medio ambiente y salud pública para que digamos claro y alto al Gobierno de España y al parlamento que NO queremos estos acuerdos de comercio que entierran cualquier atisbo de política pública de justicia social y ambiental.

Hacemos un llamamiento a toda la ciudadanía preocupada por la vivienda, el mundo rural, la educación, la sanidad, el transporte público, la cultura, la calidad de los alimentos y la salud a cuestionar el sistema económico. 

Ante los colapsos mundiales, necesitamos más cooperación en lugar de comercio de productos nocivos.

¡Por una economía social y solidaria!

¡No más acuerdos de comercio e inversiones!

¡Los ingresos justos para quienes producen nuestra alimentación, junto con los derechos humanos, los derechos laborales, la igualdad real, el bienestar animal, el clima y la biodiversidad deben primar sobre los intereses económicos!

¡Sí a la soberanía alimentaria, la justicia climática y la solidaridad internacionalista!

Attac, Amigas de la Tierra, CGT, Ecologistas en Acción, Entrepueblos, Greenpeace, Justicia Alimentaria, Sindicato Labrego Galego (SLG).

Texto leído en la acción-performance realizada en Madrid, el 18 de noviembre de 2025. 

Lo bueno y lo malo de la nueva PAC

Con las propuestas de un nuevo Marco Financiero Plurianual (MFP) y una nueva PAC 

para el período 2028-2034, ya posible hacer algunas reflexiones 

sobre lo bueno (porque sí, hay aspectos positivos) y lo malo de ambos documentos.

*Francisco Martínez Arroyo.

Blog Rural21.

 Van a continuación.

Vaca en Somiedo

Por un lado, el presupuesto propuesto, de 2 billones de euros para el conjunto del período, se puede calificar de austero -teniendo en cuenta los desafíos globales se esperaba un presupuesto significativamente mayor-, que supone un incremento del gasto público real respecto a 2021-2027 -descontando los fondos Next Generation- de unos 800.000 millones de euros -de los que 168.000 millones, como se ha comentado, serían para pagar la deuda de los Next Generation-.

De ellos, se asigna una partida de 0,865 billones de euros (el 44% del total del nuevo MFP) para el nuevo Fondo para los planes de asociación nacionales y regionales, donde está incluida la PAC, además de la política pesquera común, la política de cohesión o la de interior.

De los 865.076 millones de euros del fondo a nivel europeo, la PAC contará con un mínimo de 293.700 millones de euros para las siguientes intervenciones de apoyo a los ingresos de los agricultores: nuevas ayudas degresivas por superficie -con modulación y techo por explotación-, ayudas acopladas, pago específico para el algodón, ayudas en zonas con limitaciones, apoyos por las desventajas derivadas del cumplimiento de determinados requisitos, ayudas agroambientales, ayudas para los pequeños agricultores, instrumentos de gestión de riesgos, inversiones en las explotaciones, instalación de jóvenes, ayudas para la compatibilidad con la vida personal e intervenciones sectoriales.

De los 293.700 millones de euros de fondos destinados a apoyar los ingresos de los agricultores y ganaderos, la Comisión Europea ha propuesto para España, 37.235 millones de euros, el 12,68% del total del presupuesto para esta partida a nivel comunitario, algo más de lo que representa (sumando FEAGA y FEADER) en el período 2021-2027 (11,95%).

De forma adicional, dentro de este nuevo fondo, para toda la UE, se reservan 6.301 millones de euros para una reserva de crisis para el sector agrario, el doble que en el período actual.

Así, la PAC tendría garantizados 300.000 millones de euros para todos los Estados Miembros, alrededor de un 22% menos que en 2021-2027. En el caso de España, los 37.235 millones de euros son un 78% de los 47.724,30 millones de euros de los que dispone para el período 2021-2027.

No obstante, del fondo de 0,865 billones de euros, hay 452.964 millones de euros que no están asignados a ninguna política (“not ring fenced”) y que podrían utilizarse para aumentar (“top up”) los recursos destinados para intervenciones de apoyo a los ingresos de los agricultores ya mencionadas y para poner en marcha las intervenciones de LEADER-será obligatorio para los Estados Miembros-, cooperación para el conocimiento y la innovación en los sectores agrario y forestal y en el medio rural, iniciativas para la cooperación local y territorial, programas escolares de alimentación, intervenciones en regiones ultraperiféricas y ayudas de crisis para los agricultores.

La “salida” de la PAC de estas medidas, supone una dispersión de las intervenciones que afectan al sector y al desarrollo rural, pero puede suponer más sinergias en su implementación y el acceso a más recursos y objetivos políticos, lo que podría ser muy interesante, por ejemplo, para la metodología LEADER, muy adecuada para enfoques territoriales y transversales, cuyo encaje en una política sectorial como la PAC siempre ha sido muy dificultoso.

Por otra parte, esto significa que habrá más recursos para el sector agrario y el medio rural, pero será clave la negociación para la asignación de estos fondos “not ring fenced” entre Estados Miembros y, una vez en España, la negociación para que el sector agrario y el medio rural reciban un trozo relevante del “pastel” nacional.

Únicamente las ayudas degresivas, las acopladas, el pago específico para el algodón y el pago a los pequeños agricultores, tendrán una financiación al 100% por parte de fondos comunitarios. El resto de las intervenciones de apoyo a los ingresos de los agricultores, y los programas escolares, contarán con un mínimo de cofinanciación nacional del 30% por parte de los Estados Miembros, lo que puede suponer más fondos para el sector agrario, pero, a la vez, puede generar grandes diferencias en los apoyos de unos Estados Miembros frente a otros.

 Por otra parte, la arquitectura medioambiental se simplifica. Todas las ayudas con base superficial o por cabeza de ganado estarán sujetas a lo que la Comisión Europea ha denominado “farm stewardship”, algo así como “vigilancia o custodia agraria”, salvo la ayuda para pequeños agricultores -sólo tendrán que cumplir la condicionalidad social-, que incluye los requisitos legales de gestión -de forma muy resumida, las normas ambientales, de salud pública, sanidad vegetal, bienestar animal y condiciones laborales- y las “prácticas protectoras” del clima la biodiversidad, y la conservación de suelos y agua.

De manera voluntaria, los agricultores podrán acogerse a las acciones agroambientales y climáticas que ponga en marcha cada Estado Miembro, que sustituirán a los eco-esquemas y a las medidas agroambientales.  Una diferencia importante con el período actual es que estas ayudas ambientales tendrán una cofinanciación mínima del 30% por parte de cada Estado Miembro, cuando ahora, los eco-esquemas tienen financiación 100% comunitaria.

Otras novedades importantes son el nuevo paquete de ayudas para el inicio en la actividad (hasta 300.000 euros de ayuda para jóvenes), la prohibición de que las personas jubiladas cobren las ayudas a partir de 2032, y que los Estados Miembros podrán aumentar las ayudas para jóvenes y mujeres agricultoras en sus planes.

En definitiva, y como primera aproximación al contenido de las propuestas, lo peor es la reducción de fondos -aunque lo que se establece para la PAC, como se ha comentado, es un mínimo, y el dinero para el sector podrá incrementarse-, pero hay muchas cuestiones positivas, en las que hay que trabajar desde ya, para defender bien los intereses de los agricultores y ganaderos y de los habitantes de nuestro medio rural.

*Francisco Martínez Arroyo. Ingeniero Agrónomo, con experiencia en política agraria y medio rural. He desarrollado mi actividad profesional en distintas administraciones, en temas agrarios, rurales y medioambientales. He sido durante ocho años, hasta julio de 2023, Consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Autor de dos libros: «El resurgir del agro» (Editorial Agrícola, 2024) y “Ruralsiglo21. Una década de reflexiones” (Agrifood Comunicación, 2023). También, de la «Guía práctica de la nueva PAC 2014-2020» (Editorial Agrícola, 2012).

Los montes de Bascuñana, Belorado y Fresneda de la Sierra.., mejorarán sus sistemas silvopastorales.

La Junta de Castilla y León (con finanaciación europea a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia NextGeneration EU) invertirá 450.000 euros para recuperar y mejorar los sistemas silvopastorales de la Sierra de la Demanda y la Zona Norte de Burgos. 

Ovejas pastando en un pueblo de Burgos. Aythami Pérez Miguel. Burgos Conecta, Julio César Rico

La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio ha publicado el contrato para garantizar los pastos de algunas zonas de la provincia y la iniciativa beneficiará a 30 municipios burgaleses.

Se actuará en los montes Valdespino y la Garganta; Valdenegrillo y el Monte Negro y en Arroyal. En total se verán beneficiados 30 municipios, entre los que se encuentran Bascuñana, Belorado, Fresneda de la Sierra, Valle de Manzanedo, Medina de Pomar, Valle de Losa, Monterrubio de la Demanda, Riocavado de la Sierra o Huerta de Arriba.
Actuaciones en la Sierra de la Demanda y la Zona Norte
Las tareas van a consistir en el desbroce mecanizado de matorral con el fin de aumentar la superficie de pasto, así como su calidad y productividad; además de realizar la adecuación de los accesos a estos montes y recuperar áreas de cortafuego, favoreciendo el aprovechamiento ganadero y la fauna silvestre.
Entre las tareas previstas destacan:
- Desbroce mecanizado y trituración del matorral
- 235,64 hectáreas en la Sierra de la Demanda
- Mejora de caminos y accesos, incluyendo arquetas, cunetas y taludes
- Restauración de cortafuegos, con integración natural mediante empradizado o siembra de praderas

La financiación por la UE tiene un plazo de ejecución de siete meses.

Ana y David, los pastores trashumantes que recorren los montes comarcanos.

Ana y David, los pastores que recorren los montes con su rebaño 

mientras crían a su hija de dos años

Fue en 2015 cuando el matrimonio decidió dar un giro a su vida 

y embarcarse en el mundo de la ganadería con la compra de 500 ovejas

J.M. El Diario Vasco. Miércoles, 22 de octubre 2025

Ana González, natural de Santo Domingo de la Calzada, y David Ceballos, originario de Cantabria, son los últimos pastores trashumantes riojanos que continúan recorriendo las cañadas con su rebaño a pie. Junto a ellos camina también su hija Eda, de apenas dos años, que da nombre a la ganadería familiar.

La historia de esta familia comenzó lejos de los pastos. Ana y David trabajaban en otros oficios cuando decidieron cambiar radicalmente de vida. 

En 2015 compraron sus primeras 500 ovejas y, con el paso del tiempo, ampliaron el rebaño hasta 600 cabezas, además de incorporar 40 vacas de carne. Años después, en 2023, realizaron su primera trashumancia completa, un sueño largamente planeado que atrajo la curiosidad de los vecinos a su paso. «La gente nos saludaba desde las puertas y hasta nos ofrecían merienda», recuerda David.

Ana González y David Ceballos junto a su hija Eda y su rebaño. Ganadería Eda

El trayecto que recorren no los lleva ya hasta tierras extremeñas como antaño sino que discurre en un radio de unos cincuenta kilómetros que entre Santo Domingo de la Calzada y los pastos de Matute, Tobía y Anguiano, a través de la cañada del río Oja. Durante semanas, en la temporada de trashumancia ascienden por las laderas del monte San Lorenzo, a más de 2.000 metros de altitud, hasta dejar al rebaño pastando libremente en las zonas más frescas, vigilado por siete mastines que los protegen de los peligros.

La trashumancia, declarada recientemente Bien de Interés Cultural Inmaterial por el Gobierno de La Rioja, ha sido durante siglos una de las prácticas ganaderas más representativas de Europa. Consiste en trasladar el ganado a lo largo del año buscando los mejores pastos y condiciones climáticas. Sin embargo, la industrialización y el abandono del medio rural la llevaron casi a la desaparición. Ana y David, con su Ganadería Eda, son la excepción a la regla y un símbolo de resistencia.

Un caso, el suyo, especialmente particular ya que no heredaron esta forma de vida suno construyeron desde cero. «Nadie en mi familia se había dedicado a esto», confiesa Ana, en diversas entrevistas llevadas a cabo en medios de comunicación riojanos, que junto a David y ahora su hija Edad aseguran sentirse plenos. «Amamos los animales y la libertad. Nos hace más felices estar en familia, al aire libre, que tener un trabajo que no nos llene».

El matrimonio vive principalmente de la venta de corderos, aunque la incorporación de vacas les ha abierto nuevas oportunidades. Reconocen que los costes de producción son cada vez más altos, pero no pierden la esperanza. «La carne se paga bien, y queremos seguir creciendo», afirma David, que sueña con aumentar el número de ovejas hasta 2.000 y las vacas hasta un centenar.

Mientras tanto, la pequeña Eda crece entre praderas, ovejas y perros pastores. Sus primeros pasos los ha dado entre el sonido de los cencerros y el silbido del viento. Sus padres creen que ese contacto directo con la naturaleza le da una infancia distinta, marcada por los olores del monte y el respeto por los animales. «Sabemos que esto es sacrificado, pero compensa con creces».

Novedades Jurídicas de PAC 2026:

Novedades PAC 2026 que se han aprobado para la Política Agraria Común, en España, de cara a la próxima campaña.

El 15 de octubre se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado, BOE, el  RD 916/2025 que modifica distintos reales Decretos en materia de la PAC para 2026.

Principales modificaciones jurídicas:

1º.- Cesión de derechos de la reserva nacional: se incluye, dentro de la citada normativa a aplicar de cara a la campaña 2026, una nueva excepción a la prohibición de cesión en los 5 primeros años (campaña de asignación y 4 siguientes): las causas de fuerza mayor (las otras excepciones eran herencias, incapacidades laborales, fallecimiento, cambios de denominación, cesión entre cónyuges o constitución de una explotación de titularidad compartida. Art 27.1 RD 1045/22

2º.- Los agricultores que se incorporen a la actividad agraria, no podrán ceder sus derechos hasta la campaña en la que hayan justificado el cumplimiento del requisito de agricultor activo.» Art 31.6 RD 1045/22

3º.- No habrá peaje del 30% en caso de cesión de derechos (venta o arrendamiento) sin tierras a explotaciones de titularidad compartida  Otras excepciones de cesión de derechos sin tierra sin peajes son cesiones a nuevos agricultores, jóvenes agricultores o modificaciones de superficie por expropiaciones forzosas o concentraciones parcelarias. art 32.2 RD 1045/22

4º.- Control reforzado de la documentación que acredite el uso de los recintos y parcelas (contratos de arrendamiento y de propiedad): se rebaja a una hectárea (antes eran 2) el tamaño del recinto el mínimo que puede estar exento de control

En el caso de cesiones de derechos de ayuda básica la renta con tierras y solicitudes de derechos de ayuda básica a la renta de la reserva nacional se exigirá al solicitante que aporte documentación que acredite que todas las parcelas por las que solicita la asignación de estos derechos están a su disposición (escrituras o documentos de propiedad, contratos de arrendamiento, etc), sin excepción de tamaño. Art 40  RD1047/22

5º.- Los nuevos agricultores para considerarse agricultores activos tienen que justificar ingresos agrarios significativos (25% del total) en el primero o segundo año de la incorporación. Se añade que no podrán ceder sus derechos hasta la campaña en la que hayan justificado el cumplimiento de agricultor activo. Art 5.4 RD 1048/22.

6º.- Las superficies agrivoltaicas pueden cobrar PAC. Cambio en la situación de las «agrivoltaicas» En el caso de instalaciones energéticas como placas solares o aerogeneradores ubicadas sobre parcelas agrícolas, dichas instalaciones tendrán la consideración de superficies improductivas y deberán ser descontadas de la superficie elegible de la parcela.

Si bien, en el caso de instalaciones agrivoltaicas, la totalidad de la superficie de la parcela de tierra de cultivo o cultivo permanente seguirá considerándose elegible si la agricultura sigue siendo la actividad principal. Art 9.12 RD 1048/22.

7º.- Se refuerza el hecho de que aquellos agricultores que hayan sido sancionados en vía administrativa por hacer uso ilegal del agua no recibirán importe alguno de ayudas asociadas ni ecorregimenes en aquellas hectáreas de regadío por las que se haya impuesto dicha sanción y para las que hayan solicitado dichas ayudas Art 10.1 RD 1048/22.

8º.- Se permitirá la subsanación de defectos en las solicitudes de ayuda hasta el 31 de agosto del año de la solicitud. Siempre que se haya actuado de buena fe y no haya sido seleccionado para un control. Art 115.1 RD 1048/22.

Lucas, el agricultor de 18 años que ha recuperado la granja de su abuelo

 Lucas, el agricultor de 18 años que ha recuperado 

la granja de su abuelo en una subasta por 115.000 euros

Lucas Wafflart, junto a algunos miembros de su familia. Sud Ouest

 El precio de la finca familiar se multiplicó por diez en la puja por culpa de una sociedad inmobiliaria interesada en la propiedad

Javier Medrano. Diario Vasco

Es un gran alivio para Lucas Wafflart. A sus 18 años, este joven futuro agricultor ha logrado recuperar la granja familiar que pertenecía a su abuelo, tras meses de incertidumbre y una subasta judicial. Un largo periplo lleno de tensiones y en el que la movilización de su comarca ha sido clave para que finalmente la explotación agrícola de Mauvezin-sur-Gupie en el sur de Francia pueda regresar a sus manos.

La finca, de 37 hectáreas, había sido puesta a la venta por el tribunal de Agen en en Nueva Aquitania 140.000 euros, después de que la familia Wafflart se viera abocada a la liquidación judicial. Incapaces de reunir el dinero necesario, recurrieron entonces al apoyo del entorno rural y de los internautas. En redes sociales y en la prensa local se difundió un llamamiento: nadie debía superar la oferta de Lucas para que la granja no cayera en manos de otro comprador.

El precio de salida se redujo finalmente a 10.045 euros, pero un jubilado presentó una sobrepuja del 10% en julio, lo que obligó, conforme a la ley, a celebrar una segunda subasta y desató la indignación en el entorno agrícola local además de prolongar la incertidumbre de la familia.

Finalmente, este jueves 16 de octubre, Lucas Wafflart acudió por última vez al tribunal juidicial de Agen para asistir a la subasta definitiva. No obstante, por delante quedaban doce minutos de pujas antes de poner fin a meses de angustias en los que el representante de Plan Rouge Agricole, una asociación creada para salvar explotaciones en dificultades, encontró un rival inesperedo en una sociedad civil inmobiliaria de Lot-et-Garonne, interesada en hacerse con la propiedad.

Así, de los 11.050 euros iniciales, cada pocos segundos el precio de la subasta por la granja del abuelo de Lucas Wafflart no paraba de subir para desesperación del joven, que apenas podría mirar el ascenso meteórico de los números hasta los 115.00 euros.

«Salimos contentos, pero indignados de que la venta haya subido hasta 115.000 euros», declaró José Pérez, presidente de la Coordinación Rural de Lot-et-Garonne, que acompañó a la familia desde el inicio del proceso, tras lograr que la explotación agrícola haya podido quedar en manos de los Wafflart. «Hay gente dispuesta a destruir familias, a asesinar agricultores. Es horrible verlo. Menos mal que Lucas ha contado con la solidaridad de los donantes de la colecta, porque sale de aquí con una carga enorme para alguien tan joven».

El futuro de la granja de Lucas Wafflart

El acuerdo alcanzado con Plan Rouge Agricole permitirá que Lucas reciba la explotación una vez concluya sus estudios. «Le cederemos la granja cuando esté preparado. Es joven, tiene que seguir adelante y llevar a cabo su proyecto», explicó José Pérez.

Por su parte, tras el cierre de la agónica subasta, Lucas Wafflart prefirió regresar discretamente hasta su casa. «Voy a anunciarles la noticia a mis abuelos. Les prometí que salvaría la propiedad», señaló emocionado a los medios locales

Modernizar y armonizar la planificación de la lucha contra los incendios forestales en España. R/D 716/2025, BOE del 29 de Agosto.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este viernes, 29 agosto,  el Real Decreto 716/2025, una norma impulsada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que busca modernizar y armonizar la planificación de la lucha contra los incendios forestales en España.

Acceso al Real Decreto 716/2025

El Real Decreto se plantea transformar la lucha contra el fuego en una labor permanente. El documento analiza las condiciones laborales de los equipos de prevención y establece que sus directrices tendrán prioridad sobre otros planes de gestión forestal.

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PERO ese R/D sigue olvidando que una de las causas de estos incendios es el abandono humano del territorio. Esa causa es la despoblación, contra la que este R/D no dice ni hace nada...

Claro que se ha transformado el medio rural: ha sido el abandono del territorio una de las causas;  para abandonar el territorio no hay mas que hundir su economía, aquella que cuidaba el monte, aquella que hacía rentable vivir en los pueblos.

A ver cuándo ponemos en valor lo que aporta la España abandonada al bienestar general: 
.- ¿cuándo nos van a pagar lo que se debe a la naturaleza y a las gentes de los pueblos por el mantenimiento del equilibrio ecológico?.  
.- Los millones y millones de euros que aportan los bosques, el agua... a frenar el cambio climático, ¿dónde están?. 
.- Los derechos de emisión están moviendo millones y millones de euros.. Y los derechos de Remisión (?) o absorción de contaminantes, CO2... que se producen en el campo, nunca en el cemento, ¿cuándo van a revertir a los pueblos y sus gentes?.
 .- ¿Por qué se ha llevado a la agricultura y gandería a ser industrial, masificada, hipercontaminante, hiperconcentrada y contraria a la salud humana, a la de la naturaleza?. Además la ganadería, la agricultura industriales despueblan.

¿Qué somos los pueblos y sus gentes para esta España?.    ¡Menos que nada!.

Incendio 17 de julio de 2015, El Rebollar, La Varguilla, Villaorceros. 

El fin de la norma es establecer directrices y criterios comunes para que todas las comunidades autónomas elaboren planes anuales de prevención, vigilancia y extinción, adaptados a los desafíos actuales y con un enfoque integral durante todo el año.

La normativa parte de un diagnóstico claro: los factores que influyen en la proliferación de incendios han cambiado de manera profunda, desde el impacto del calentamiento global hasta la transformación del medio rural.

Ante esta realidad, el Gobierno considera imprescindible actualizar el marco regulatorio y dotar al país de un sistema homogéneo que refuerce la prevención y la coordinación. El decreto se apoya en el mandato del Real Decreto-ley 15/2022, que ya exigía a las comunidades autónomas la adaptación de sus planes de defensa antes de 2023.

El texto introduce una visión que supera el esquema clásico centrado en las temporadas de riesgo. La lucha contra el fuego deja de ser una reacción puntual para convertirse en un trabajo permanente, que combina análisis territorial, planificación de recursos, medidas de prevención y sensibilización social.

Los planes anuales adquieren así la categoría de instrumentos de ordenación preferente, lo que significa que sus directrices tendrán prioridad frente a otros documentos de gestión forestal, que deberán ser revisados si entran en contradicción.

El nuevo marco exige una planificación técnica detallada, que abarca desde la zonificación de áreas de riesgo hasta la definición de puntos estratégicos de gestión y zonas de actuación singularizada.

También establece la necesidad de cartografiar la interfaz urbano-forestal y de incorporar cronogramas sobre las épocas de mayor peligro. La norma obliga además a disponer de catálogos permanentes de medios humanos y materiales, con infraestructuras, redes de comunicación y sistemas de vigilancia operativos durante todo el año.

En paralelo, el decreto regula los usos y actividades que pueden generar incendios. Cuando la información meteorológica indique riesgo extremo, las comunidades autónomas deberán aplicar de inmediato prohibiciones como la suspensión de quemas, el uso de maquinaria que pueda provocar chispas o la utilización de material pirotécnico.

El objetivo es anticiparse a las condiciones más críticas y evitar la propagación de incendios en jornadas de especial vulnerabilidad.

El texto también pone el foco en las condiciones laborales de los equipos de prevención y extinción, recordando que los planes autonómicos deben garantizar la estabilidad y seguridad de los profesionales que actúan en primera línea.

Asimismo, otorga nuevas competencias al Comité de Lucha contra Incendios Forestales, encargado de analizar los criterios establecidos y recomendar mejoras en la planificación, además de emitir informe previo sobre el desarrollo reglamentario de la norma.

El Gobierno defiende que este real decreto responde a los principios de buena regulación: es necesario, eficaz y proporcionado; garantiza la seguridad jurídica y la transparencia; y busca maximizar la eficiencia con el menor coste posible. Se fundamenta en la Ley de Montes y en el artículo 149.1.23 de la Constitución, que otorga al Estado la competencia básica en materia de protección del medio ambiente.

Con esta norma, España da un paso hacia una estrategia común que pretende reforzar la prevención, mejorar la coordinación entre administraciones y reducir las consecuencias de unos incendios forestales que, cada verano, ponen a prueba la seguridad de las personas, los ecosistemas y el territorio.