Blog sobre Redecilla del Camino y comarca.
Manifiesto firmado por 800 organizaciones.
Esto se inscribe en la línea de las políticas neoliberales que blindan el control sobre la economía de las multinacionales y los fondos especulativos, en particular los gigantes de la agroindustria, la petroquímica y el sector automotriz.
Pero estos acuerdos tienen importantes impactos en la vida de la gente y en los ecosistemas, por lo que las organizaciones convocantes denunciamos la política comercial de la UE y los tratados de comercio que firma con terceros países, porque agravan la emergencia climática, la pobreza, el hambre, el desempleo y las desigualdades sociales. Así ha pasado con numerosos países de Asia, África y América Latina y también en Europa.
Hoy estamos delante del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación porque rechazamos el acuerdo entre la UE y los países del MERCOSUR. Y porque el ministro Planas es uno de los dirigentes políticos que más apoya este acuerdo, representando los intereses de las grandes empresas, que han hundido al campo, y no el interés general. Con su apoyo a un comercio devastador, el Gobierno de España pone en juego el futuro de la naturaleza, las bases para producir alimentos y nuestra salud. Se trata de un enésimo ataque a la soberanía alimentaria de los países, a los derechos laborales, a la viabilidad económica del trabajo en el sector agrícola en muchas regiones y a la salud de las comunidades.
El acuerdo entre la UE y Mercosur impulsaría, por ejemplo, el comercio de pesticidas prohibidos en la UE exportados a América Latina; tóxicos que vuelven como residuos en los alimentos importados. Esto perjudicaría a la salud de las personas que trabajan en la agricultura y de las consumidoras de ambos lados del Atlántico, a los pueblos originarios y a la biodiversidad, al tiempo que contribuye a la extinción masiva de flora y fauna.
En estos días, se celebra la Cumbre de los Pueblos en Belém, Brasil, coincidiendo con la COP30, señalando los causantes de la crisis climática como los acuerdos comerciales que incrementan los gases de efecto invernadero responsables del cambio climático. La evaluación sobre los impactos del acuerdo comercial UE-Mercosur reconoció que provocaría un aumento de la emisión de los gases contaminantes. La agricultura industrial y la deforestación son el motor de este incremento. Por tanto, este acuerdo comercial, es contrario a la legislación europea e internacional sobre el clima.
Si el acuerdo es perjudicial para el planeta ¿quién se beneficia? Los gigantes de la agroindustria -como Bayer-Monsanto, BASF y otros-, el mayor productor de carne del mundo, JBS, o los comerciantes de soja y maíz, Bunge y Cargill. Estas empresas tienen estrechos vínculos con partidos de extrema derecha en sus respectivos países, así como el apoyo financiero de conocidas entidades bancarias que solo ven en el sector de la alimentación como una fuente de seguir aumentando sus beneficios.
¿Quién sale perdiendo? La pequeña y mediana agricultura y ganadería, los pueblos indígenas y personas migrantes, las personas trabajadoras de la industria y los cuidados, la mayoría de pequeñas y medianas empresas, la economía social y solidaria y, en general, las mayorías sociales.
Pero la reivindicación de la justicia en el comercio va más allá del sector agrícola y de la cuestión de la calidad de los alimentos: es un reto social global, tanto en lo que respecta a los aspectos socioeconómicos como a los climáticos.
Desde hace mucho tiempo nos movilizamos en las calles de muchos países por el trabajo digno y justamente remunerado, los derechos humanos, los pueblos originarios y afrodescendientes, la salud pública, el bienestar animal, el acceso a una alimentación de calidad y la protección del medio ambiente.
Sin embargo, una y otra vez, las clases dirigentes blindan los intereses económicos y financieros que persiguen estos acuerdos comerciales.
Las campesinas y los campesinos, sindicalistas, activistas de organizaciones de solidaridad internacional y ecologistas, colectivos antirracistas, anticoloniales y en defensa de los pueblos originarios, científicas, artistas y la ciudadanía organizada, exigimos la regulación de los mercados internacionales y denunciamos las políticas del mal llamado «libre comercio» que deslocaliza las producciones agrarias, cierra el pequeño comercio y la industria de PYMES, privatiza los servicios públicos así como rebaja las normas sociales y medioambientales.
Esta acción se inscribe plenamente en la movilización social contra el genocidio en Palestina, contra los recortes en los servicios públicos, contra el negacionismo climático y en total solidaridad con las comunidades de los países del Sur global, también víctimas de los acuerdos de comercio y el despojo racista de las grandes empresas europeas y españolas.
Reivindicamos el derecho a unos ingresos dignos de las campesinas y los campesinos, la protección de la agricultura familiar y una alimentación sana y libre de agrotóxicos frente a la lógica del mercado y el dominio de las multinacionales.
Defendemos una verdadera democracia alimentaria y el apoyo a un modelo agrícola que proteja el futuro de las generaciones venideras y de nuestro planeta.
Impedir el acuerdo comercial UE-MERCOSUR abre una oportunidad para cuestionar estructuralmente este sistema económico injusto y sacar la agricultura y la alimentación de la lógica de los mercados.
Hacemos un llamamiento a todas las agricultoras y agricultores para que se rebelen contra estas políticas injustas aplicadas al sector agrícola.
Hacemos un llamamiento a todos los sindicatos para que se movilicen en defensa de una remuneración justa del trabajo, la desglobalización y la relocalización de una industria que funcione respetando los límites del planeta y con criterios de justicia social.
Hacemos un llamamiento a todas las organizaciones preocupadas por las cuestiones de solidaridad internacional, democracia, protección del medio ambiente y salud pública para que digamos claro y alto al Gobierno de España y al parlamento que NO queremos estos acuerdos de comercio que entierran cualquier atisbo de política pública de justicia social y ambiental.
Hacemos un llamamiento a toda la ciudadanía preocupada por la vivienda, el mundo rural, la educación, la sanidad, el transporte público, la cultura, la calidad de los alimentos y la salud a cuestionar el sistema económico.
Ante los colapsos mundiales, necesitamos más cooperación en lugar de comercio de productos nocivos.
¡Por una economía social y solidaria!
¡No más acuerdos de comercio e inversiones!
¡Los ingresos justos para quienes producen nuestra alimentación, junto con los derechos humanos, los derechos laborales, la igualdad real, el bienestar animal, el clima y la biodiversidad deben primar sobre los intereses económicos!
¡Sí a la soberanía alimentaria, la justicia climática y la solidaridad internacionalista!
Attac, Amigas de la Tierra, CGT, Ecologistas en Acción, Entrepueblos, Greenpeace, Justicia Alimentaria, Sindicato Labrego Galego (SLG).
Texto leído en la acción-performance realizada en Madrid, el 18 de noviembre de 2025.
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| Una venta de patatas organizada por la familia Demassiet. |
El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este viernes, 29 agosto, el Real Decreto 716/2025, una norma impulsada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que busca modernizar y armonizar la planificación de la lucha contra los incendios forestales en España.
Acceso al Real Decreto 716/2025
El Real Decreto se plantea transformar la lucha contra el fuego en una labor permanente. El documento analiza las condiciones laborales de los equipos de prevención y establece que sus directrices tendrán prioridad sobre otros planes de gestión forestal.
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| Incendio 17 de julio de 2015, El Rebollar, La Varguilla, Villaorceros. |
La normativa parte de un diagnóstico claro: los factores que influyen en la proliferación de incendios han cambiado de manera profunda, desde el impacto del calentamiento global hasta la transformación del medio rural.
Ante esta realidad, el Gobierno considera imprescindible actualizar el marco regulatorio y dotar al país de un sistema homogéneo que refuerce la prevención y la coordinación. El decreto se apoya en el mandato del Real Decreto-ley 15/2022, que ya exigía a las comunidades autónomas la adaptación de sus planes de defensa antes de 2023.
El texto introduce una visión que supera el esquema clásico centrado en las temporadas de riesgo. La lucha contra el fuego deja de ser una reacción puntual para convertirse en un trabajo permanente, que combina análisis territorial, planificación de recursos, medidas de prevención y sensibilización social.
Los planes anuales adquieren así la categoría de instrumentos de ordenación preferente, lo que significa que sus directrices tendrán prioridad frente a otros documentos de gestión forestal, que deberán ser revisados si entran en contradicción.
El nuevo marco exige una planificación técnica detallada, que abarca desde la zonificación de áreas de riesgo hasta la definición de puntos estratégicos de gestión y zonas de actuación singularizada.
También establece la necesidad de cartografiar la interfaz urbano-forestal y de incorporar cronogramas sobre las épocas de mayor peligro. La norma obliga además a disponer de catálogos permanentes de medios humanos y materiales, con infraestructuras, redes de comunicación y sistemas de vigilancia operativos durante todo el año.
En paralelo, el decreto regula los usos y actividades que pueden generar incendios. Cuando la información meteorológica indique riesgo extremo, las comunidades autónomas deberán aplicar de inmediato prohibiciones como la suspensión de quemas, el uso de maquinaria que pueda provocar chispas o la utilización de material pirotécnico.
El objetivo es anticiparse a las condiciones más críticas y evitar la propagación de incendios en jornadas de especial vulnerabilidad.
El texto también pone el foco en las condiciones laborales de los equipos de prevención y extinción, recordando que los planes autonómicos deben garantizar la estabilidad y seguridad de los profesionales que actúan en primera línea.
Asimismo, otorga nuevas competencias al Comité de Lucha contra Incendios Forestales, encargado de analizar los criterios establecidos y recomendar mejoras en la planificación, además de emitir informe previo sobre el desarrollo reglamentario de la norma.
El Gobierno defiende que este real decreto responde a los principios de buena regulación: es necesario, eficaz y proporcionado; garantiza la seguridad jurídica y la transparencia; y busca maximizar la eficiencia con el menor coste posible. Se fundamenta en la Ley de Montes y en el artículo 149.1.23 de la Constitución, que otorga al Estado la competencia básica en materia de protección del medio ambiente.
Con esta norma, España da un paso hacia una estrategia común que pretende reforzar la prevención, mejorar la coordinación entre administraciones y reducir las consecuencias de unos incendios forestales que, cada verano, ponen a prueba la seguridad de las personas, los ecosistemas y el territorio.
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Probablemente el mayor obstáculo para avanzar en la protección de estas explotaciones es la propia definición del modelo . En realidad, teniendo en cuenta lo que hoy sucede en el sector agrario en España, sólo hay dos modelos, el de las explotaciones familiares, y el de las explotaciones gestionadas por grandes empresas o grupos de inversión. El primero, el que nos ocupa, podría definirse, pues, como aquel que incluye todas las empresas que no forman parte del segundo. Podría ser también, aquel en el que la mayor parte de la mano de obra de la explotación procede del núcleo familiar. En todo caso, conviene añadirle el apellido “profesional”, para que cuando, una vez definida -y esto deberá hacerse en la próxima Ley de Agricultura Familiar en la que está trabajando el Ministerio de Agricultura-, se prioricen estas explotaciones para todas las ayudas -incluidas las de la PAC- que las administraciones ofrecen al sector, no se igualen para las explotaciones profesionales y las que no lo son.
Desde el más puro sentido común, podríamos decir que las empresas familiares agrarias son aquellas que están dirigidas por agricultores y ganaderos que viven en nuestros pueblos, se asientan sobre el territorio -con el que se mantienen siempre fieles, no deslocalizándose-, vertebran el medio rural, generando empleo y riqueza -que redistribuyen a su vez en las comunidades en las que desarrollan su actividad- y mantienen y moldean el paisaje.
Se enfrenta a grandes dificultades entre las que destacan el relevo generacional, la presencia de un número todavía reducido de mujeres al frente de las mismas y la falta de impulso a los proyectos de titularidad compartida, el acceso a la tierra y al agua, la excesiva burocracia administrativa, la falta de prioridad en las ayudas públicas o la competencia de otras actividades económicas, que buscan la tierra y el agua que también necesita la agricultura, para desarrollarse -entre ellas, las energías renovables-.
Para hacer que sean viables, y que puedan seguir siendo nuestro modelo de empresa agraria más característico, es necesario garantizar una mayor profesionalización, mayor competitividad y hacer de ellas, empresas rentables -y que, a su vez, generen rentas a los agricultores y ganaderos-.
Uno de los objetivos de una Ley de Agricultura y Ganadería Familiares debe ser que, una vez definidas, todas las líneas de ayuda , incluido el desarrollo de la PAC 2028-2034, tanto en el primer pilar, como en las actuaciones de desarrollo rural , se supediten al apoyo a este modelo de agricultura, que ha de ser prioritario y contar con una discriminación positiva respecto a los modelos diferentes.
También, debe impulsar la creación de bancos públicos de tierra , para asegurar el acceso a este factor limitante, de los jóvenes y de los profesionales. De igual forma, debe ser tratado el acceso al agua , pues es muy difícil de imaginar -salvo contadas excepciones- futuro para el sector agrario en España sin acceso al recurso agua. Éste bien, que es -y debe ser tratado como tal- público, se ha convertido en las últimas décadas en el factor que delimita la rentabilidad de las explotaciones agrarias y, en los usos agrarios, el agua debe estar supeditado al impulso al modelo de agricultura y ganadería familiar.
El impulso al relevo generacional, con una revisión drástica de la intervención de incorporación al sector de jóvenes agricultores y ganaderos, en el segundo pilar de la PAC, la revisión del modelo de explotaciones de titularidad compartida, una fiscalidad preferente o mejores condiciones en las cotizaciones a la seguridad social para la contratación de mano de obra por parte de las explotaciones familiares, son otras cuestiones acuciantes para la defensa del modelo.
Una Ley de Agricultura y Ganadería familiares en España –que puede partir de las experiencias de Castilla-La Mancha y Aragón, donde ya hay en vigor, no sin dificultades, una Ley autonómica-ha de afrontar estos desafíos y transformarlos en objetivos preferentes del trabajo de la administración pública agraria.
Desde mi punto de vista, se trata de la cuestión más relevante a afrontar en los próximos años, pieza angular de cualquier política agraria que se precie , y que busque garantizar el futuro de tantos y tantos profesionales de nuestro país que quieren ser -y/o seguir siendo- agricultores y ganaderos.
El campo burgalés recibió en 2024 un total de 20,5 millones de euros de indemnizaciones agrícolas, mientras que a ello se suman 1,7 millones que se corresponden al conjunto de los seguros pecuarios. Según los datos facilitados por Agroseguro a este periódico, la cifra total para la uva de vino en Burgos llegó a 12,2 millones de euros y para los cultivos herbáceos se quedaron en 8,2 millones.
La comarca de la Ribera del Duero se sitúa en lo más alto de esta tabla (con 12,1 millones) debido a que los fenómenos meteorológicos adversos se concentraron especialmente en la uva. Las heladas y el pedrisco han causado grandes pérdidas y de ahí que esta última campaña haya resultado como una de las más escasas que se recuerdan. Se recogieron 95 millones de kilos y para ver una cifra tan baja como esta hay que viajar hasta 2013. Eso sí, la calidad es excelente. La mayoría de las indemnizaciones se centran en los viñedos (11,8 millones), mientras que para el cereal solo se dieron 300.000 euros.
La mayor cantidad de dinero para las fincas de cereal se entregó en la comarca Bureba-Ebro. Supone hasta 3,8 millones de euros. Según expone José Ignacio García Barasoain, director territorial de Agroseguro en Castilla y León, detalla que la principal razón para ello se encuentra en los importantes daños sufridos en la Riojilla Burgalesa antes de arrancar la cosecha.
Una fuerte granizada a mediados del mes de junio dio el golpe definitivo al trigo y al cereal de la Riojilla Burgalesa, arruinando así lo poco que se pensaba recoger en la campaña. Pese a que en el resto de la provincia miraba en ese momento al campo con una sonrisa ante la buena previsión de cosecha -como así acabó sucediendo finalmente-, en esta zona concreta apenas tuvieron lluvias y la sequía se convirtió de nuevo en la protagonista. Los agricultores de Cerezo de Río Tirón y otros pueblos del entorno expresaban que la situación era límite, puesto que se trataba del tercer año consecutivo malo. Mientras, las organizaciones agrarias Asaja y UCCL solicitaron que se declarase como zona de sequía extrema.
El resto de indemnizaciones al cereal concedidas en la provincia burgalesa han tenido como causa el pedrisco, según explica García Barasoain. Destacan Pisuerga (1,5 millones de euros) y Arlanza (950.000 euros). Más bajas son las cifras de Arlanzón (680.000 euros), Merindades (420.000), Páramos (280.000) y Demanda (240.000).
El año pasado el seguro agrario marcó su récord. Se abonaron 44,7 millones por el cereal (cifra muy superior a la de este año por la sequía) y 9,8 por la uva de vino.
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| Fardos de paja en Navarra. David F. Sabadell |
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Suelo con residuos tóxicos derivados de la producción de fertilizante en Huelva. / Santini Rose |
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| FINALISTA | Jesús de la Pisa Ranz | Tronera con nueces | Redecilla del Camino (Burgos) El autor, Jesús de la Pisa Ranz, marido de la redecillana Isabel Espinosa Calvo, presentó al Concurso FotoRural 2024 esta foto, que describe una escena de un alto de Redecilla del Camino en el que se disponen unos muelles de cama suspendidos en los cabrios del techo, unas cribas, unos cestaños, unos retratos familiares, una estera en el suelo y nueces... Ahí se colocan las nueces a secar, tras su recogida, la limpieza de su cascarón, cuando ya están cocadas y han caído al suelo por su propio peso, por el viento, la lluvia o el vareo. En esa situación pierden su propia humedad o la que hayan podido tomar por las lluvias, y, al secarse, se conservan mejor y más tiempo. La protagonista de la foto son las nueces, porque la temática central del concurso ha sido la «Dieta mediterránea, estilo de vida y gastronomía rural». Las nueces son esenciales en una buena dieta saludable que se precie (en general casi todo lo que comemos son semillas, o proviene de ellas -hasta la tortilla se hace de una semilla-). Jesús la ha titulado "Tronera con nueces", en referencia a los ventanos del alto, donde se secan las nueces. Jesús ha recibido comunicación oficial de la organización del Concurso confirmándole el premio, que tiene cuantía económica. No queda más que felicitar a Jesús por recoger esta escena y darla visibilidad y perpetuidad, por el trabajo que la fotografía conlleva, y por lo bien que está hecha (algo de esto habrá visto en ella el Jurado del Concurso), Enhorabuena, Jesús!!! Y una vez más Jesús, Gracias por poner tu visión artística en el ser, haber y existir de Redecilla del Camino. Gracias. ______________________________________________________________________  Ponemos ahora las demás fotos ganadores del Concurso FotoRural 2024. Temática central: «Dieta mediterránea, estilo de vida y gastronomía rural» depósito de belleza, por cierto hay bastante fotos ganadoras de los pueblos comarcanos y de entornos cercanos. |
El feudalismo tecnológico se arraiga en los campos de China e India |
 Durante los últimos años, las principales corporaciones tecnológicas han lanzado iniciativas en el sector agrícola. Microsoft afirma que su ambición es mapear y recopilar datos sobre todas las fincas del mundo e integrarlos en sus plataformas digitales. Y por “todas” Microsoft no se refiere sólo a todas las grandes fincas industriales, sino también a los 500 millones de pequeñas fincas alrededor del mundo. En China e India, donde se encuentran casi dos tercios de las fincas pequeñas del mundo, y con la bendición y el apoyo pleno de ambos gobiernos, la expansión de las grandes empresas tecnológicas en la agricultura avanza rápidamente. Y lo hace sin restricciones reales, sin transparencia sobre los datos que recopilan, y sin regulaciones sobre los productos que estas empresas y sus socios producen a partir de estos datos. El poder corporativo en el sector también está camuflado, con muchas pequeñas empresas emergentes aparentemente independientes, pero que trabajan dentro de una red que en última instancia está controlada por unos pocos gigantes tecnológicos. Esto coloca al agricultor, ganadero o forestal en una posición muy precaria. Y aunque los servicios se presentan como una manera de entregar mayor información a las personas agricultoras, en realidad contribuyen a la pérdida de capacidades, ya que las incitan a depender en el asesoramiento generado por una inteligencia artificial y en los insumos corporativos, en lugar de utilizar sus propios conocimientos y sus propias semillas locales. Descubre más en nuestro nuevo informe: https://grain.org/e/7198 Otras referencias:
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Las organizaciones profesionales agrarias Asaja y la Alianza UPA-COAG se concentran, en unidad de acción, en defensa de la agricultura cerealista. Leticia Pérez |
¡Cómo han cambiado las cosas en muy poco tiempo! Tras las manifestaciones de los agricultores en Alemania, y, sobre todo, Francia, nadie hubiera imaginado una reacción como la que han tenido los agricultores y ganaderos españoles. Hace unas semanas en este mismo blog relatábamos las reivindicaciones de los agricultores en los países citados y cómo consiguieron el apoyo de la sociedad y las negociaciones con sus respectivos gobiernos (https://ruralsiglo21.org/2024/01/28/la-voz-del-campo/). Incluso, el presidente de la República Francesa trasladó las preocupaciones de los agricultores de su país a la presidenta de la Comisión Europea.
En un contexto de reflexión sobre el futuro de la Política Agraria Común (PAC) y los condicionantes medioambientales, la presidenta de la Comisión Europea, influida, sin duda, por las próximas elecciones del mes de junio y el inusual impacto social de las reivindicaciones del campo en todo el continente, decidió dar marcha atrás a la decisión de reducir en un 50% el uso de fitosanitarios en la agricultura europea.
Creo, en primer lugar, que este nuevo planteamiento y lo que está sucediendo estos días, pone de manifiesto que las decisiones sobre la PAC, y sobre las cuestiones agrarias en general, deben tomarse teniendo en cuenta a los agricultores y ganaderos, los que están sobre el terreno y conocen la realidad de lo que sucede en el campo. Y, por otra parte, los que, en la práctica, en el ámbito agrario, van a tener que llevar a cabo los compromisos del Pacto Verde.
Una segunda reflexión es que el futuro de nuestra sociedad, y también de la agricultura, depende, en gran medida, de nuestro compromiso europeo, inquebrantable, con la lucha contra el cambio climático, la reducción de gases de efecto invernadero, la transición energética y los objetivos de la Agenda 2030. Este compromiso no puede ponerse en cuestión. Algunos, desde planteamientos muy reaccionarios, vinculados a partidos de ultraderecha, aprovechando el río revuelto, y rozando el ridículo, lo cuestionan, incluso señalan estos objetivos ambientales como el mayor problema para los agricultores y ganaderos. Hay que combatir este discurso, sin ambages. La agricultura y ganaderías europeas solo tendrán futuro en el marco de los compromisos del Pacto Verde. El componente ambiental ha de ser, además, un argumento fuerte para solicitar una PAC con más recursos y con un reparto mas justo de las ayudas, que priorice a las explotaciones familiares, pequeñas y medianas que, desde la multifuncionalidad, son las que vertebran el territorio, combaten la despoblación y cuidan del medio ambiente.
Es muy necesario hacer un esfuerzo pedagógico, hacia los agricultores y ganaderos, con los que, insisto, hay que contar para aplicar las medidas y para que éstas sean exitosas y consigan los objetivos propuestos en el Pacto Verde. Pero también hacia la sociedad en su conjunto, para que vea a los agricultores y ganaderos como un colectivo fundamental para el progreso social, en el desarrollo del medio rural, la preservación del medio ambiente o la garantía de la seguridad alimentaria. Quizá las manifestaciones de estos últimos días, que demuestran la fuerza del sector, mayoritariamente desde el respeto, y que han contado con un gran apoyo social, puedan constituir un punto de inflexión a este respecto.
Ajustando el foco, en el caso de España, hay algunas medidas en las que el gobierno ha actuado con rapidez y contundencia en los últimos años. El volumen de ayudas nacionales -al margen de la PAC- por la sequía, los efectos de la guerra de Ucrania o las consecuencias económicas de la pandemia, ha sido el más alto de nuestra historia. También, la subida exponencial del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) de los últimos años o la reforma laboral, han tenido en cuenta, me atrevería a decir que, por primera vez, al eslabón más débil de la cadena agroalimentaria, los trabajadores asalariados del campo, tantas veces olvidados.
Es momento, ahora, de afrontar otras cuestiones. La defensa a ultranza de un modelo de agricultura familiar, que se asienta sobre pequeños y medianos emprendedores en nuestros pueblos, profesionales de la agricultura y ganadería, es urgente, imprescindible, si queremos que nuestro sector tenga futuro. Para ello, urge una PAC orientada a este modelo de explotación, que les priorice de verdad, que sea más sencilla y fácil de entender para nuestros agricultores y para el conjunto de la sociedad. Y es muy necesaria la elaboración de una ley de agricultura familiar que blinde este modelo de agricultura, que canalice la prioridad política hacia ellas, de tal forma que puedan competir en igualdad de condiciones con las grandes empresas y con los productores y operadores del feroz mercado global.
Y por supuesto, como ha comprometido el presidente del Gobierno, reforzar la Ley de la Cadena Alimentaria, para que exista rentabilidad en todos los eslabones, principalmente en el más débil, el primero. Que los costes sean razonables para todos, que los márgenes comerciales nos sean abusivos y que los precios sean dignos para todos. Parece muy lógico, pero no es fácil de lograr. Sin embargo, la batalla es necesaria, también muy urgente
Es evidente que la movilización de los agricultores y ganaderos tiene una motivación económica. Pero en la demostración de fuerza de estos últimos días hay también un deseo de decir a la sociedad de nuestro país algo así como: “Aquí estamos. Formamos parte de la sociedad, producimos alimentos y somos importantes. Y así queremos que nos veáis”
Nos lo están pidiendo. Y debemos escucharlos. Es momento de estar con ellos, de apoyarles y entenderles. No sólo estos días. Siempre.
🎄 La Navidad ya llega a Redecilla del Camino 🎄 Es tiempo de celebrar que las familias vuelven a reunirse donde mejor saben hacerlo: en c...
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