Los diez gigantes del agronegocio: la concentración corporativa en la alimentación y la agricultura, 2026.

 

Por qué es relevante la concentración corporativa en el sistema alimentario.

Una nueva investigación de ETC Group y GRAIN confirma la intensa concentración corporativa del agronegocio mundial, lo que deja a la cadena alimentaria profundamente expuesta al agravamiento de los impactos climáticos, la inestabilidad geopolítica, despoblación...  El informe revela el nivel de concentración en seis sectores agrícolas clave: semillas comerciales, pesticidas, fertilizantes sintéticos, maquinaria agrícola, farmacéutica animal y genética animal (cerdos y camarones). Principales hallazgos del informe: Cinco de los seis sectores analizados vuelven a cumplir con la definición de un oligopolio: semillas, pesticidas, maquinaria agrícola, farmacéutica animal y genética animal. Tan solo seis empresas —Nutrien, Mosaic, ICL, Uralkali, K+S y EuroChem— controlan dos tercios del mercado de fertilizantes potásicos. BASF, Bayer, Syngenta y Corteva controlan 50 % del mercado de semillas comerciales y 56 % del mercado de pesticidas. La genética de los cerdos y camarones de producción industrial que se consumen ampliamente en todo el mundo está controlada por un puñado de empresas, entre ellas Genus plc, Topigs Norsvin, Hendrix Genetics, SIS y CP Group. Lee el artículo completo en: https://grain.org/e/7408

Criterios que definen la agricultura regenerativa, Colectivo practicante y científico ibérico.

Criterios que definen la agricultura regenerativa, 

consensuados por el colectivo practicante y científico ibérico.

Asociación de Agricultura Regenerativa Ibérica (Producer)

Description

La agricultura regenerativa se está consolidando como una de las grandes alternativas para hacer frente a los actuales retos ambientales y sociales. Sin embargo, este auge no ha ido acompañado de una certificación oficial (1) , lo que ha provocado que empresas y otros actores se apropien de este término como una herramienta de greenwashing, que no cuenta con el aval de la comunidad científica ni de la mayoría de los productores regenerativos.

(1) En este blog Calle y Camino ya publicamos la propuesta certificación de AENOR de la Agricultura Regenerativa. Ver enlace abajo.

Para dar respuesta a este vacío, el CREAF y la Asociación de Agricultura Regenerativa Ibérica han elaborado un documento de referencia que establece los diez criterios básicos que determinan qué es la agricultura regenerativa real. 

El documento se ha realizado con el consenso de casi 200 personas productoras, entidades y representantes del sector, además de personal científico de universidades y centros de investigación de toda España.

Presentamos los criterios actualizados que definen la Agricultura Regenerativa  (acceso)

Principales Beneficios de la Agricultura llamada Regenerativa.

La informacion anterior nos la ha enviado Susana Villar, a quien se lo agradecemos, porque permite clarificar el contenido y alcance de la Agricultura Regenerativa que en muchos aspectos ya cultivaron nuestros abuelos, más por necesidad que por ciencia.

Hoy la Agricultura cuenta con mayores aportaciones científicas actuales (la llaman Regenerativa), que dan razón sobre que el trabajo agrario y ganadero tiene que contar con muchos más factores que el labrantío de la tierra, los abonos y herbicidas químicos. 

En cien años olvidaron de otros elementos imprescindibles en y  para la agricultura y ganadería durante la transición desde una agricultura de subsistencia a una agricultura que hoy ha de ser más acorde con esos imprescindibles que condicionan de facto las produciones, la sostenibilidad y su productividad a largo plazo y, en fin, la salubridad alimentaria. 

Calle y Camino. VBS

En este blog Calle y Camino llevamos desde al menos 2020 referenciando distintas iniciativas sobre la Agricultura Regenerativa:

.- Ganadería/agricultura regenerativa en Zael

.- Claves de la agricultura regenerativa certificada, AENOR, Nuevo certificado de Agricultura Regenerativa.  Cuando AENOR desarrolló el nuevo certificado Agricultura Regenerativa conforme al modelo Epigen Healthy Bite

«El mercado apuesta por los ultraprocesados porque los productos frescos no son un gran negocio»

La soberanía alimentaria surge del movimiento La Vía Campesina, que en 1996 planteó una alternativa al enfoque de la seguridad alimentaria. 

Plantea quién decide nuestra alimentación: la gente y quienes producen alimentos de manera democrática o las multinacionales. 

Defiende el derecho a la alimentación como derecho humano, no como mercancía, e implica que el control de recursos como la tierra o las semillas esté en manos del campesinado y no de las corporaciones.

También prioriza la producción local, circuitos cortos y mercados locales, evitando la dependencia excesiva de grandes cadenas globales. 
Mientras la seguridad alimentaria se centraba en que hubiera comida disponible, 
la soberanía alimentaria plantea decidir cómo y dónde se producen los alimentos, 

y quién los produce.

Entrevista a Javier Guzmán,

director de Justicia Alimentaria

Por Asier García Rada,

El Boletín.

Javier Guzmán ha trabajado en cooperación internacional y políticas alimentarias en Europa, África y América Latina. Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología (Universidad Complutense de Madrid), comenzó en Cruz Roja, fue director regional de Oxfam en África Austral e India, y desde hace unos 15 años dirige Justicia Alimentaria —antes Veterinarios Sin Fronteras—, desde donde impulsa campañas e investigaciones sobre el sistema agroalimentario y las desigualdades en el acceso a la alimentación.

Miembro de la Red Mundial por el Derecho a la Alimentación y la Nutrición y colaborador habitual en medios como El Salto o RNE, Guzmán promueve la soberanía alimentaria y advierte, en conversación telefónica desde Barcelona con SINC, que hoy “el derecho a la alimentación está absolutamente privatizado y fuera de la agenda política”.

Desde la soberanía alimentaria hasta la publicidad infantil, este experto en políticas de nutrición y consumo analiza cómo la mala dieta impacta en la salud pública y qué responsabilidad tienen la industria y las administraciones en el acceso a una alimentación saludable.

¿Qué implica en la práctica la soberanía alimentaria?

Surge del movimiento La Vía Campesina, que en 1996 planteó una alternativa al enfoque de la seguridad alimentaria. Plantea quién decide nuestra alimentación: la gente y quienes producen alimentos de manera democrática o las multinacionales. Defiende el derecho a la alimentación como derecho humano, no como mercancía, e implica que el control de recursos como la tierra o las semillas esté en manos del campesinado y no de las corporaciones.

También prioriza la producción local, circuitos cortos y mercados locales, evitando la dependencia excesiva de grandes cadenas globales. Mientras la seguridad alimentaria se centraba en que hubiera comida disponible, la soberanía alimentaria plantea decidir cómo y dónde se producen los alimentos, y quién los produce.

¿Por qué consideráis la mala alimentación el mayor problema de salud pública del mundo?

La alimentación siempre ha sido una cuestión central. Sigue habiendo hambre, pero en pocos años han aumentado en 1 000 millones las personas con obesidad o dietas inadecuadas: tanto en países ricos como en el sur global, son peores nutricionalmente y más procesadas, con más “productos” que alimentos reales.

Sigue habiendo hambre, pero en pocos años han aumentado en 1000 millones las personas con obesidad o dietas inadecuadas: tanto en países ricos como en el sur global. Al tiempo, los alimentos frescos son cada vez más caros

Al tiempo, los alimentos frescos son cada vez más caros. En España han subido un 40 % desde 2021 y seguirán subiendo por la crisis de Irán o el precio de los fertilizantes, lo que deja fuera a amplias capas de población que recurren a productos más baratos y procesados, ricos en azúcar, grasas saturadas y sal. Esto tiene consecuencias en salud y desigualdades. Así, la obesidad infantil en las clases populares duplica la de los hogares con mayores ingresos.

También impacta en los sistemas sanitarios. Como recogimos en nuestro informe Dame Veneno (2016), en España el 20 % del gasto sanitario se debe a enfermedades relacionadas con la mala alimentación: más de 20.000 millones de euros, sin contar el absentismo laboral. Según la OMS, muchos sistemas públicos de salud podrían quebrar. Sería mucho más eficaz invertir en prevención y en cambiar el sistema alimentario, pero esas políticas colisionan con los intereses de grandes empresas. En España, más del 70 % de lo que consumimos ya es alimentación procesada o ultraprocesada, estamos en manos de esta industria.

¿Qué revelan las crisis globales sobre el sistema alimentario actual?

Que este sistema no está adaptado a ellas. La covid supuso un terremoto en el sistema alimentario y evidenció que depender de mercados globales es arriesgado: son muy frágiles ante una crisis. Los circuitos cortos (cooperativas y agricultores locales) fueron más resilientes y evitaron subidas fuertes de precios, lo que apunta a la necesidad de sistemas descentralizados y locales, basados en el territorio.

En España, por ejemplo, un alimento recorre unos 5 000 kilómetros hasta llegar al plato. Exportamos aceite, fresas o verduras, pero importamos alimentos básicos como garbanzos o lentejas, y grano o soja de América Latina para el ganado. Si hay cortes de suministro, los países hacen reservas y aumenta la especulación financiera, elevando los precios. Así, la guerra en Ucrania disparó el precio de fertilizantes y grano, obligando a la UE a inyectar grandes cantidades de dinero público, y ahora vemos amenazas similares en Oriente Medio.

Es un suicidio basar los sistemas alimentarios en el petróleo barato: envases, transporte y fertilizantes dependen de él. Urge descarbonizar la agricultura, responsable de hasta el 37 % de las emisiones

Es un suicidio basar los sistemas alimentarios en algo que ya no existe, el petróleo barato. Todo el sistema alimentario es petróleo: envases, invernaderos, transporte… y el 80 % de los fertilizantes se fabrica con gas. Hay que descarbonizar la agricultura porque el sistema agroalimentario es responsable de entre el 21 y el 37% de las emisiones de CO₂, según el IPCC; no tiene sentido mantener un modelo globalizado dependiente de combustibles fósiles.

¿Qué fortalezas y debilidades tiene el modelo agroalimentario europeo?

Los más de 50.000 millones de euros anuales de la Política Agraria Común (PAC) podrían servir para construir un sistema alimentario coherente, pero ha estado orientada a la exportación: el 80 % de las ayudas han ido al 20 % de los productores, olvidando la agricultura familiar. Se ha pensado la agricultura como otro negocio, generando alimentos caros basados en costes bajos, incluso en la explotación de trabajadores inmigrantes.

La UE intentó un viraje con la estrategia ‘De la granja a la mesa’, al reducir pesticidas y fertilizantes y apostar por una agricultura más sostenible, pero en el último año y medio se ha producido un retroceso por la presión de los lobbies

La UE intentó un viraje con la estrategia De la granja a la mesa, reduciendo pesticidas y fertilizantes y apostando por una agricultura más sostenible, pero en el último año y medio hemos visto un retroceso por la presión de los lobbies. Incluso el glifosato, que iba a prohibirse, ha recibido diez años más de prórroga y, por presión de la ultraderecha, hay propuestas para convertir la PAC en un mero fondo económico donde cada país compita a la baja. La UE debería recuperar un papel central en la política alimentaria: reconstruir sistemas alimentarios locales, fortalecer la agricultura familiar y avanzar en la descarbonización.

¿Por qué mucha gente en España no puede acceder a una dieta saludable?

Como recogimos en Dame Veneno, el 44 % de la población no puede permitírsela, y va a peor: los alimentos han subido un 40 %, incluso el aceite o los huevos. La gente sabe qué es saludable, pero no puede pagarlo. Mientras, los márgenes del sector agroalimentario han crecido un 38,1 % desde 2020, según el Observatorio de Márgenes Empresariales; la rebaja del IVA de 2023 acabó ahí.

En la práctica, el derecho a la alimentación está absolutamente privatizado y fuera de la agenda política; por eso impulsamos Good Food for All [Buena Alimentación para todo el Mundo] para que se reconozca como derecho en la UE.

Como recogimos en ‘Dame Veneno’, el 44 % de la población no puede permitirse una alimentación saludable y va a peor: los alimentos han subido un 40 %, incluso el aceite o los huevos. La gente sabe qué es saludable, pero no puede pagarlo

¿Qué medidas mejorarían el acceso a una alimentación saludable?

Lo primero es controlar la cadena alimentaria. El actual observatorio de precios debería tener capacidad sancionadora, como en Francia, abordar prácticas como la reduflación [mantener precios, pero reduciendo la cantidad] y establecer precios topados para alimentos básicos.

También necesitamos infraestructuras públicas: cocinas en colegios, hospitales, residencias o ayuntamientos, donde la alimentación se ha externalizado a grandes empresas de catering, a menudo con baja calidad y sin relación con nuestro patrimonio alimentario. Existen modelos alternativos: en Italia y algunas ciudades francesas utilizan producción local y ecológica, lo que permite ofrecer alimentos frescos, crear empleo local y vincular la alimentación al territorio.

En España se gastan miles de millones en compra pública de alimentos, que deberían orientarse a objetivos de salud y sostenibilidad

Además, es necesario crear reservas estratégicas de alimentos, limitar la especulación financiera y apoyar modelos agrícolas menos intensivos. Y hace falta una ley de compra pública que establezca de dónde viene la comida y quién la produce: en España se gastan miles de millones en compra pública de alimentos, que deberían orientarse a objetivos de salud y sostenibilidad, no solo a comprar barato o favorecer a grandes empresas. Existe consenso social y científico, pero falta voluntad política.

Otra de vuestras iniciativas es ¡Reclama Tu Mercado!, ¿qué persigue?

Los mercados municipales son una infraestructura pública para alimentar a los barrios que durante décadas conectó a la población con la agricultura y el territorio. Muchos se han cerrado, abandonado o convertido en espacios turísticos o gentrificados, sustituidos por supermercados o grandes cadenas. Necesitan una nueva orientación: en lugares como Azpeitia o Bergara el mercado no es solo un punto de venta; tienen cocina, formación, servicios para colectivos sociales y vínculos con productores locales.

¿Qué denunciáis con campañas como 25 Gramos o Mi Primer Veneno?

Hace años vimos que la alimentación procesada y el azúcar tenían muy buena prensa en España, y lanzamos 25 Gramos para abrir un debate social. Después, en Dame Veneno, estudiamos la relación entre alimentos procesados, enfermedades y obesidad infantil, y al analizar la alimentación dirigida a niños pequeños en Mi Primer Veneno detectamos que se había creado una alimentación específica, como si fueran enfermos, y productos como potitos, leches de crecimiento o “mis primeras galletas” con cantidades muy altas de azúcar.

Al analizar la alimentación dirigida a niños pequeños ‘Mi Primer Veneno’ detectamos que se había creado una alimentación específica, como si fueran enfermos, y productos como potitos, leches de crecimiento o “mis primeras galletas” con cantidades muy altas de azúcar

También identificamos un problema clave: la publicidad infantil. En España no existe una regulación que proteja a niños y niñas, solo un código de autorregulación de 2005 (código PAOS), escrito por las propias empresas, que incumplen constantemente. Desde la Alianza por una Alimentación Saludable llevamos años pidiendo una regulación, pero no se ha conseguido por la presión del lobby alimentario.

Inglaterra lleva años regulando la publicidad y ha aprobado normas más estrictas para prohibir no solo la dirigida a niños, sino también la que aparece en espacios donde están expuestos. Portugal, Chile, México, Finlandia o Suecia cuentan con regulaciones similares, pero en España no hay avances y es un escándalo, porque tenemos una de las tasas de obesidad infantil más altas de Europa. Esperamos que el compromiso actual del Ministerio de Consumo permita una regulación definitiva, porque la sensación de desprotección es enorme.

¿Cómo condicionan nuestras decisiones de consumo los grandes oligopolios alimentarios?

La industria, con su máquina publicitaria, genera una narrativa sobre lo que debe ser la alimentación, y lo hace sin contrapesos, porque el Estado interviene poco. Ante el interés creciente por la salud, ha creado múltiples productos “saludables” (antioxidantes, proteínas en todo…) que muchas veces son ultraprocesados. El mercado apuesta por ellos porque los alimentos frescos no son un gran negocio, el margen de beneficio está en los procesados. Así, buscando salud, muchas personas acaban desplazando la alimentación fresca tradicional, que sigue siendo la verdadera base de una dieta saludable.

La industria ha creado múltiples productos ‘saludables’ (antioxidantes, proteínas en todo…) que muchas veces son ultraprocesados. El 96 % de la publicidad alimentaria realizada por influencers corresponde a productos insanos

Además, se genera un malestar continuo sobre el cuerpo, especialmente entre niños y adolescentes, con mensajes muy agresivos que les hacen sentir que necesitan productos para mejorarlo e impactos en la salud física y mental. Como denunciamos en Unfollow, el 96 % de la publicidad alimentaria realizada por influencers corresponde a productos insanos. No tenemos mecanismos suficientes de defensa ni una narrativa pública que la contrarreste.

¿Qué futuro le aguarda a la PAC?

 Menos apoyos, más competencia y la hipótesis de la integración de Ucrania

La futura Política Agrícola Común (PAC) para el periodo de 2028 a 2034, actualmente en fase de negociación, suscita numerosos debates entre los Estados miembros. En parte por el presupuesto dedicado a la agricultura, pero también por las ayudas a la protección medioambiental. El tema divide, y con más razón porque, al mismo tiempo, se plantea la cuestión de la integración en la Unión Europea de Ucrania, una gran potencia agrícola.

 Lucile Leclair, mayo de 2026,

Le Monde Diplomatic.

Son las cinco de la mañana y el sol se filtra con suavidad por la ventana del obrador. A lo lejos, las montañas de los Vosgos se perfilan con un trazo irregular. Estamos en Valleroy-le-Sec, una localidad de 200 habitantes. “¿Mi declaración PAC? He hecho lo posible por cumplimentarla solo”, cuenta Fabrice Felten mientras amasa una bola grumosa de agua y harina procedente de su cosecha de trigo. Junto con sus dos socios, cultiva 52 hectáreas de cereales, parte de cuya producción convierte en pan. Tras quince años en el oficio, Felten habla con conocimiento de causa: esta política europea de apoyo a los ingresos de los agricultores se ha vuelto cada vez más compleja. Pero sigue resultando indispensable para el sector.

Con sus 54.000 millones de euros de media repartidos cada año a través de la Unión Europea —9000 millones de los cuales se destinan a Francia—, la Política Agrícola Común (PAC) supone dos tercios del resultado de las actividades ordinarias antes de impuestos de los agricultores franceses, aunque con fuertes disparidades en función del tipo de producción (1). Pero en el campo cunde la inquietud. “El próximo presupuesto agrícola europeo de 2028 a 2034 parece anunciarse con un 14% menos de subvenciones a precios constantes con relación al presupuesto de 2021 a 2027”, calcula Eulalia Rubio, investigadora en el Instituto Jacques Delors especializada en las finanzas públicas europeas.

La confirmación de esta hipótesis reforzaría un desmantelamiento que lleva ya un tiempo en marcha a instancias, sobre todo, de la Organización Mundial del Comercio (2). La parte que ocupa la PAC en el presupuesto europeo pasó del 70% en la década de 1980 al 25% a principios de la década de 2020 (3). Según las estimaciones más pesimistas, la próxima edición de la política común tal vez suponga tan solo el 15% del presupuesto europeo (4). Este último lleva ya mucho tiempo aspirando no tanto a garantizar la soberanía alimentaria del Viejo Continente como a adaptar sus sectores productivos para integrarlos en un mercado cada vez más vasto a consecuencia de la liberalización del comercio mundial o la ampliación de la Unión Europea.

Al volante de su tractor, Laurence Fournier, de 51 años, propietaria de una explotación de cereales, está lejos de sentirse tranquila. Tras pasar su infancia en Aubepierre-Ozouer-le-Repos (departamento de Sena y Marne), se puso al frente de la explotación familiar. “Recibo una prima que se ha reducido a la mitad en 15 años”. Con la ayuda de un empleado, cosecha trigo, remolacha, maíz, colza y lino en una extensión de 200 hectáreas, respetando además la normativa europea de producción. “Estamos en un limbo. ¿Pasará como con la industria, acabaremos por desaparecer?”. A esta agricultora le gustaría saber “si el presupuesto de la PAC va a seguir reduciéndose”…

Una política poco común

Pero nadie conoce la respuesta. El Tribunal de Cuentas Europeo señaló en un dictamen (05/2026) publicado el pasado 9 de febrero que “cabe la posibilidad de que a los beneficiarios les cueste prever […] la financiación susceptible de serles adjudicada”. La poco habitual arquitectura del presupuesto hace que toda comparación entre el programa actual y el que está por venir resulte delicada, dado lo novedoso de un marco financiero acaloradamente debatido entre el Consejo, la Comisión y el Parlamento europeos. La futura asignación de fondos dedicados a la agricultura podría integrarse —y, por consiguiente, diluirse— en un fondo único que abarca desde la cohesión territorial hasta el control de las fronteras. En términos más generales, la Comisión Europea pretende reducir los medios destinados a lo que en ocasiones se denomina “viejas políticas”. “Los Estados menos agrícolas no entienden por qué debe gastarse tanto dinero en el sector agrario”, explica Eulalia Rubio.

De hecho, “nunca se ha visto una política tan poco común”, como apunta el presidente de la Comisión de Asuntos Europeos del Senado francés, Jean-François Rapin. Este senador, perteneciente al partido conservador Los Republicanos (LR), cree advertir el inicio de una renacionalización de la política europea. Desde 2021, los Estados miembros ya habían visto su papel reforzado a través de la elaboración de los planes estratégicos nacionales. Dicha lógica podría dar un nuevo paso. “Se está dando progresivamente a los Estados una forma de autonomía de decisión y una autonomía financiera”, añade Rapin. Según Eulalia Rubio, en el futuro subsistirá un presupuesto común mínimo para la agricultura, y “en cuanto a lo demás, serán los Estados los que resuelvan si desean o no financiar”.

De ser así, ¿qué decidirán? Cada Estado miembro elegiría, sobre todo, si quiere contribuir a las ayudas agromedioambientales y climáticas. Tal puede suceder con los “pagos verdes”, concedidos específicamente a las explotaciones agrícolas más respetuosas con el medioambiente. Actualmente son abonados en su integridad por la Unión Europea. Aunque insuficientes, hoy en día estos pagos existen con carácter obligatorio en los veintisiete países. Después de 2027, estas ayudas verdes puede que sigan existiendo a condición de que el Estado miembro las financie en un 30%. Implícitamente, algo así invita a los Estados a conformarse con otras medidas financiadas íntegramente por la Unión Europea y renunciar a las que precisan de cofinanciación. El marco común de protección del medioambiente podría venirse abajo.

¿Qué opina la Dirección General de Agricultura de la Comisión Europea? “Cada país podrá adaptarse mejor en función de su agricultura”, nos explica una alta funcionaria. ¿Y no se acentuarán las distorsiones en materia de competencia? “Creo que podríamos ponernos de acuerdo en ciertos estándares para evitar una nivelación a la baja”. No obstante, parece admitir entre líneas que la mentalidad ya no es la misma. Financiar un poco menos la agricultura significa, automáticamente, ser también un poco menos exigente.

Durante la Segunda Guerra Mundial, la población europea vivió el trauma del hambre. De ahí que, cuando la PAC se puso en marcha en 1962, de lo que se trataba era de dotarse de una capacidad permanente para alimentar el continente. Precios garantizados, salida de los productos al mercado europeo, subvenciones a la producción, etc.: los Estados miembros se equiparon con una serie de mecanismos decisivos. Fue un éxito. Pero hacia finales del siglo XX, y con el fin de contribuir a la “feliz globalización”, la Unión Europea renunció a los precios garantizados. Las ayudas aumentaron para compensar su disminución. Y la PAC se encaminaba hacia una especie de ingreso mínimo agrícola.

Inquietud por Mercosur y Ucrania

Hoy en día, el mercado se está abriendo todavía más. Europa nunca había importado tantos bienes agroalimentarios. Tras su entrada en vigor, el 1 de mayo, el acuerdo con el Mercado Común del Sur (Mercosur) acentuará todavía más esta tendencia (5). Los flujos procedentes de América Latina —en especial de carne de vacuno, de aves de corral y miel— ya están en aumento. Pero, frente a una competencia sin precedentes con países cuyos estándares de producción no son los mismos que los europeos, la degradación del apoyo público podría precarizar todavía más a los agricultores.

Con más motivo si, por añadidura, Ucrania debe integrarse en la Unión Europea. António Costa, el presidente del Consejo Europeo, afirmó en febrero de este 2026 que el objetivo era dar inicio “lo antes posible” a las negociaciones de adhesión con Kiev. “No puedo decir si será en 2027”, añadió, sin ofrecer más precisiones sobre el calendario. Ucrania se distingue, ante todo, por lo productivo de sus tierras, las famosas chernoziom (‘tierras negras’), ricas en humus. Con sus más de 40 millones de hectáreas, ellas solas suponen casi un quinto de la superficie agrícola útil de toda la Unión Europea, que en la actualidad se cifra en torno a 160 millones de hectáreas. “Su entrada conllevaría un desplazamiento del centro de gravedad de la Europa agrícola”, se preocupa Thierry Pouch, economista jefe de las Cámaras de Agricultura de Francia.

Las explotaciones ucranianas de más de 500 hectáreas representan cerca del 85% de las tierras, mientras que, en Francia, las de más de 200 hectáreas suman el 26% de las superficies agrícolas (6). ¿Permitirá esta enorme concentración que Ucrania se convierta en el principal beneficiario de la PAC? Hasta ahora, cuantas más hectáreas, mayores las ayudas percibidas. Pero, por un lado, por un prurito de equilibrar la competencia, el pago de subvenciones agrícolas europeas solo se realiza cuando las normas de producción son comparables. Históricamente, los Estados miembros del este perciben menos ayudas que los países fundadores del oeste. Por otro lado, la PAC post-2028 puede que prevea instaurar un techo de ingresos por explotación agrícola.

“Contar con un nuevo país productor y exportador puede hacer que Europa sea más fuerte”, considera, incluso, Clément Carteron, el presidente de la sección Centro-Valle del Loira de Jóvenes Agricultores, el segundo mayor sindicato agrícola francés. Y añade: “Más vale un competidor semejante, que comparte nuestros estándares de producción, que un competidor demasiado imponente que produce mucho más barato”. Con todo, este portavoz sindical no oculta cierta inquietud: los productos ucranianos que entren en la Unión Europea podrían perturbar los mercados, como nos recuerdan varios episodios recientes.

En febrero de 2022, el bloqueo de los puertos del mar Negro por parte de Rusia paralizó el comercio marítimo de Ucrania cuando, antes de la guerra, el 90% de sus exportaciones agrícolas transitaban por sus puertos. Para apoyar a Kiev, Bruselas suprimió en 2022 los aranceles sobre los productos agrícolas exportados por su aliado. La importación de trigo ucraniano pasó de medio millón a seis millones de toneladas anuales. Pero los agricultores europeos —y en especial los de los países fronterizos: Polonia, Hungría, Rumanía y Eslovaquia— vieron cómo esta afluencia desestabilizaba los precios de mercado. En 2023, la Comisión Europea tuvo que reconocer a través de un comunicado que esas “circunstancias excepcionales podrían atentar contra la viabilidad económica de los productores locales” (7). En 2024 se añadieron nuevas cláusulas al acuerdo de libre comercio entre Ucrania y Bruselas. Desde entonces se pudieron volver a imponer aranceles a determinados productos ucranianos, como el azúcar, la carne de aves de corral o el maíz.

En opinión de Nicolas Fortin, secretario nacional del sindicato agrícola francés Confédération Paysanne, este frenazo al libre comercio se quedó corto. “Importar productos baratos supone correr el riesgo de destruir nuestra agricultura”. En su opinión, que los productos lleguen de Ucrania o Brasil genera las mismas dificultades para las explotaciones agrícolas de los Veintisiete. Y suprimir total o parcialmente los aranceles equivale a “privarse de una parte de esos ingresos, los mismos que podrían ayudar a financiar la PAC”. Confédération Paysanne aboga “por la soberanía alimentaria internacionalista, que se basa en la idea de que un pueblo tiene derecho a elegir los alimentos que come, sin poner a competir a los agricultores”. ¿Y cuál es el puntal de ese sistema? Los precios mínimos de entrada. Fortin afirma que, con ellos, “los productos importados en Francia no se pagarían por debajo de los costes de producción de los agricultores franceses, a la vez que se empujaría al alza los ingresos de los agricultores exportadores”. En un afán de reciprocidad, añade: “También rechazamos los acuerdos de libre comercio cuando benefician únicamente a la agricultura francesa, en detrimento de los agricultores de otros países”.

Algunos eurodiputados defienden un modelo en el que las ayudas solo se concederían si la agricultura preserva la salud pública, la de los animales y los vegetales, además de conservar la calidad de las tierras, las aguas y el aire. “Cuando una política ha tenido éxito, es que ha cambiado el mundo y, dado que el mundo ha cambiado, es preciso cambiar de política”, decía Edgard Pisani, ministro de Agricultura del general De Gaulle. Las negociaciones, lejos de haber concluido, todavía pueden alterar profundamente el orden de cosas. El Parlamento Europeo deberá pronunciarse en 2027

Los precios que perciben los agricultores y ganaderos por la venta de sus alimentos han aumentado de media un 47 % entre 2020 y 2025, mientras que los costes de los insumos que utilizan para su producción -que no contabilizan la mano de obra- han crecido un 26 % en ese mismo periodo.

Asi se desprende de los informes de diciembre de 2025 sobre los precios percibidos y los precios pagados por los agricultores que acaba de difundir el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA).

Fuente Efeagro

Un agricultor ara la tierra. Efeagro/EPA/Gyorgy Varga

El índice general de precios percibidos por los agricultores (+47,37 %) ha crecido más cuando se trata de una producción agrícola (+49,61 %) que cuando es un producto ganadero (+44,10 %). 

Huevos, vacuno y aceite disparan sus precios. El precio en origen del huevo es el que más ha repuntado (+149,73 %) entre 2020 y 2025, muy por encima del de vacuno para abasto (+110,67 %), aceite de oliva (+99 %), ovino para abasto (+79,32 %), hortalizas (+76,57 %), leche (+62,97 %) y caprino para abasto (+61,25 %).

La lana es el único producto del sector primario que ha recortado su precio y lo ha hecho de forma drástica, ya que el índice de diciembre pasado arroja una bajada del 68,07 % desde 2020.
Las subidas más contenidas corresponden a los precios en origen del porcino para abasto (+2,52 %), frutas no cítricas (+11,70 %), cereales (+11,92 %), cítricos (+16,58 %), semillas (+22,80 %), leguminosas (+28,22 %), flores y plantas (+28,27 %), aves para abasto (+30,63 %) y productos vitivinícolas (+35,99 %).
Más cerca de la media se sitúan las alzas de los cultivos forrajeros (+37,52 %), conejos para abasto (+45,49 %) y cultivos industriales (+47,89 %), entre los que se encuentran la remolacha azucarera, el girasol, el algodón y el tabaco.

Los fertilizantes, los insumos más inflacionistas
El insumo que más ha subido si se toman como base los precios en el 2020 ha sido el fertilizante (+60,75 %), con los compuestos a la cabeza (+74,21 %), seguidos de los simples nitrogenados (+73,93 %); las enmiendas de fertilizantes, sin embargo, se han abaratado un 7,95 %.
La factura por conservación o reparación de maquinaria aparece como la segunda más inflacionista (+37,16 %).
La energía (+33,77 %) se ha encarecido para el agricultor y el ganadero, sobre todo por el alza de carburantes (+36,58 %), electricidad (+32,29 %) y lubricantes (+15,44 %).

El coste de los productos fitopatológicos ha aumentado el 28,90 % y el de los piensos para ganado, el 22,15 %, con los compuestos para alimentar conejos (+32,22 %) a la cabeza.
En menor medida, han aumentado los gastos por conservación y reparación de edificios (+31,71 %), servicios veterinarios (+10,28 %), compra de material y pequeño utillaje (+22,17 %), semillas (+20,15 %) y plantones (+24,17 %).

Poca diferencia entre 2025 y 2024
Si se comparan los índices de precios percibidos y pagados por los productores entre el último mes de 2025 y 2024, los costes de los insumos han aumentado un 1,26 % de media y los precios en origen, un 0,15 %, pero con importantes contrastes en ambos casos.

Las subidas interanuales más abultadas han sido los precios en origen de huevos (+19,21 %), flores y plantas ornamentales (+18,75 %), vacuno de abasto (+14,68 %), cultivos forrajeros (+13,30 %) y hortalizas (+12,75 %); mientras el precio de la lana ha caído en un año un 30,38 %; el porcino para abasto, el 18,89 %; y los tubérculos, el 13,09 %.
En cuanto a insumos, si se compara diciembre de 2025 con el mismo mes de 2024, los precios de los fertilizantes simples fosfatados se han disparado el 22,80 % (la categoría de fertilizantes, en conjunto, anota un alza interanual del 9,87 %); y la conservación y reparación de maquinaria han repuntado el 10,28 %.
La mayor reducción de costes procede del precio de la electricidad (-13,63 %), piensos compuestos para ovino (-6,69 %) y semillas (-3,60 %).

Derechos Campesinos y de personas que trabajan en zonas rurales. Declaración de la ONU.

 Al Campo con Derechos.

El 17 de diciembre de 1918, tan solo hace 7 años, la ONU aprueba esta Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos Campesinos y de otras personas que trabajan en zonas rurales.

Aquí se publica la Introducción y la relación Índice de los Derechos Campesinos,

Para conocerla entera accede a ese enlace

Acceso directo y en castellano a la Declaración 

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Manifiesto contra el acuerdo comercial entre la UE y los países del MERCOSUR

Manifiesto firmado por 800 organizaciones.

En estas semanas, la Unión Europea está allanando el terreno para firmar el acuerdo comercial con los países del Mercosur (Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay) y otro acuerdo con México. 

Esto se inscribe en la línea de las políticas neoliberales que blindan el control sobre la economía de las multinacionales y los fondos especulativos, en particular los gigantes de la agroindustria, la petroquímica y el sector automotriz. 

Pero estos acuerdos tienen importantes impactos en la vida de la gente y en los ecosistemas, por lo que las organizaciones convocantes denunciamos la política comercial de la UE y los tratados de comercio que firma con terceros países, porque agravan la emergencia climática, la pobreza, el hambre, el desempleo y las desigualdades sociales. Así ha pasado con numerosos países de Asia, África y América Latina y también en Europa.

Hoy estamos delante del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación porque rechazamos el acuerdo entre la UE y los países del MERCOSUR. Y porque el ministro Planas es uno de los dirigentes políticos que más apoya este acuerdo, representando los intereses de las grandes empresas, que han hundido al campo, y no el interés general. Con su apoyo a un comercio devastador, el Gobierno de España pone en juego el futuro de la naturaleza, las bases para producir alimentos y nuestra salud. Se trata de un enésimo ataque a la soberanía alimentaria de los países, a los derechos laborales, a la viabilidad económica del trabajo en el sector agrícola en muchas regiones y a la salud de las comunidades.

El acuerdo entre la UE y Mercosur impulsaría, por ejemplo, el comercio de pesticidas prohibidos en la UE exportados a América Latina; tóxicos que vuelven como residuos en  los alimentos importados. Esto perjudicaría a la salud de las personas que trabajan en la agricultura y de las consumidoras de ambos lados del Atlántico, a los pueblos originarios y a la biodiversidad, al tiempo que contribuye a la extinción masiva de flora y fauna.

En estos días, se celebra la Cumbre de los Pueblos en Belém, Brasil, coincidiendo con la COP30, señalando los causantes de la crisis climática como los acuerdos comerciales que incrementan los gases de efecto invernadero responsables del cambio climático. La evaluación sobre los impactos del acuerdo comercial UE-Mercosur reconoció que ​provocaría un aumento de la emisión de los gases contaminantes. La agricultura industrial y la deforestación son el motor de este incremento. Por tanto, este acuerdo comercial, es contrario a la legislación europea e internacional sobre el clima. 

Si el acuerdo es perjudicial para el planeta ¿quién se beneficia? Los gigantes de la agroindustria -como Bayer-Monsanto, BASF y otros-, el mayor productor de carne del mundo, JBS, o los comerciantes de soja y maíz, Bunge y Cargill. Estas empresas tienen estrechos vínculos con partidos de extrema derecha en sus respectivos países, así como el apoyo financiero de conocidas entidades bancarias que solo ven en el sector de la alimentación como una fuente de seguir aumentando sus beneficios. 

¿Quién sale perdiendo? La pequeña y mediana agricultura y ganadería, los pueblos indígenas y personas migrantes, las personas trabajadoras de la industria y los cuidados, la mayoría de pequeñas y medianas empresas, la economía social y solidaria y, en general, las mayorías sociales. 

Pero la reivindicación de la justicia en el comercio va más allá del sector agrícola y de la cuestión de la calidad de los alimentos: es un reto social global, tanto en lo que respecta a los aspectos socioeconómicos como a los climáticos.

Desde hace mucho tiempo nos movilizamos en las calles de muchos países por el trabajo digno y justamente remunerado, los derechos humanos, los pueblos originarios y afrodescendientes, la salud pública, el bienestar animal, el acceso a una alimentación de calidad y la protección del medio ambiente. 

Sin embargo, una y otra vez, las clases dirigentes blindan los intereses económicos y financieros que persiguen estos acuerdos comerciales.

Las campesinas y los campesinos, sindicalistas, activistas de organizaciones de solidaridad internacional y ecologistas, colectivos antirracistas, anticoloniales y en defensa de los pueblos originarios, científicas, artistas y la ciudadanía organizada, exigimos la regulación de los mercados internacionales y denunciamos las políticas del mal llamado «libre comercio» que deslocaliza las producciones agrarias, cierra el pequeño comercio y la industria de PYMES, privatiza los servicios públicos así como rebaja las normas sociales y medioambientales.

Esta acción se inscribe plenamente en la movilización social contra el genocidio en Palestina, contra los recortes en los servicios públicos, contra el negacionismo climático y en total solidaridad con las comunidades de los países del Sur global, también víctimas de los acuerdos de comercio y el despojo racista de las grandes empresas europeas y españolas.

Reivindicamos el derecho a unos ingresos dignos de las campesinas y los campesinos, la protección de la agricultura familiar y una alimentación sana y libre de agrotóxicos frente a la lógica del mercado y el dominio de las multinacionales.

Defendemos una verdadera democracia alimentaria y el apoyo a un modelo agrícola que proteja el futuro de las generaciones venideras y de nuestro planeta.

Impedir el acuerdo comercial UE-MERCOSUR abre una oportunidad para cuestionar estructuralmente este sistema económico injusto y sacar la agricultura y la alimentación de la lógica de los mercados.

Hacemos un llamamiento a todas las agricultoras y agricultores para que se rebelen contra estas políticas injustas aplicadas al sector agrícola.

Hacemos un llamamiento a todos los sindicatos para que se movilicen en defensa de una remuneración justa del trabajo, la desglobalización y la relocalización de una industria que funcione respetando los límites del planeta y con criterios de justicia social.

Hacemos un llamamiento a todas las organizaciones preocupadas por las cuestiones de solidaridad internacional, democracia, protección del medio ambiente y salud pública para que digamos claro y alto al Gobierno de España y al parlamento que NO queremos estos acuerdos de comercio que entierran cualquier atisbo de política pública de justicia social y ambiental.

Hacemos un llamamiento a toda la ciudadanía preocupada por la vivienda, el mundo rural, la educación, la sanidad, el transporte público, la cultura, la calidad de los alimentos y la salud a cuestionar el sistema económico. 

Ante los colapsos mundiales, necesitamos más cooperación en lugar de comercio de productos nocivos.

¡Por una economía social y solidaria!

¡No más acuerdos de comercio e inversiones!

¡Los ingresos justos para quienes producen nuestra alimentación, junto con los derechos humanos, los derechos laborales, la igualdad real, el bienestar animal, el clima y la biodiversidad deben primar sobre los intereses económicos!

¡Sí a la soberanía alimentaria, la justicia climática y la solidaridad internacionalista!

Attac, Amigas de la Tierra, CGT, Ecologistas en Acción, Entrepueblos, Greenpeace, Justicia Alimentaria, Sindicato Labrego Galego (SLG).

Texto leído en la acción-performance realizada en Madrid, el 18 de noviembre de 2025. 

La familia de agricultores que arrasa con sus patatas a cuarenta céntimos el kilo. Venta Directa.

Una venta de patatas organizada por la familia Demassiet.
La familia de agricultores que arrasa con sus patatas a cuarenta céntimos el kilo: 
«Vendemos 25 toneladas al día»

Una venta de patatas organizada por la familia Demassiet.

Cada semana, atraen a cientos de vecinos gracias a la calidad de sus productos y los bajos precios de sus patatas, que venden a seis euros por quince kilos

J.M. El Diario Vasco.

En tiempos de incertidumbre para el sector agrícola, la familia Demassiet, en el norte de Francia, ha convertido una crisis en una oportunidad. Tras perder sus contratos con la industria agroalimentaria en 2020, estos agricultores decidieron apostar por un sistema de venta directa que hoy es un auténtico fenómeno en Île-de-France, atrayendo cada semana a cientos de vecinos y parisinos en busca de sus frutas y verduras a precios imbatibles.

La idea surgió en mayo de 2020, al término del primer confinamiento, cuando la familia se enfrentaba a la pregunta urgente de qué hacer con las toneladas de patatas Fontane, ideales para freír, cultivadas en sus 40 hectáreas. «Los fabricantes nos hicieron comprender que ya no necesitaban nuestras patatas», recuerda Jérémy Demassiet, uno de los responsables de la explotación y primer teniente de alcalde de Bois-d'Arcy (Yvelines), en una entrevista de un medio local.

Fue entonces cuando decidieron probar suerte con una primera venta directa en Saint-Cyr-l'École, un terreno privado a cuarenta minutos en coche de parís . «Al principio solo vinimos con un coche y una carreta. Y como funcionó tan bien, trajimos una furgoneta, y después, un semirremolque», relata Jérémy. El resultado superó todas las expectativas y lograron vender 17 toneladas de patatas en un solo día.

El entusiasmo no tardó en multiplicarse. Apenas dos semanas después, una nueva jornada de venta permitió colocar 50 toneladas más, impulsadas por el boca a boca. «No paraban de preguntarnos: '¿Cuándo vuelven?'», recuerda el agricultor. Desde entonces, la caravana de los Demassiet ha recorrido buena parte de Yveline y se ha extendido a otros departamentos de la zona.

En cada cita, largas colas de coches esperan frente al camión cargado de patatas. La clave del éxito está en la combinación de calidad y precio: una saco de 15 kilos se vende a tan solo 6 euros, es decir, 40 céntimos por kilo. «Antes vendíamos a 7,50 €, pero decidimos bajar el precio. No perdemos dinero, evitamos el desperdicio y ofrecemos un producto excelente», explica Jérémy.

Solo en su última venta en Les Mureaux, celebrada el 26 de septiembre, llegaron con 25 toneladas de patatas y atendieron a clientes durante toda la jornada. En ocasiones, incluso contemplan la posibilidad de movilizar un segundo camión para responder a la alta demanda.

En 2025, el proyecto ha seguido creciendo. A las patatas se han sumado coliflores y calabacines, también con precios hasta cuatro veces más bajos que los de los supermercados. «Queremos ofrecer productos accesibles sin sacrificar nuestra rentabilidad», afirma el agricultor.

Sin embargo, los Demassiet no se dejan llevar por la euforia. «No hacemos grandes planes. Cada año volvemos a empezar, hacemos balance y decidimos si continuamos. Lo que sí sabemos es que hemos recibido miles de agradecimientos. Es realmente conmovedor», confiesa Jérémy.

Modernizar y armonizar la planificación de la lucha contra los incendios forestales en España. R/D 716/2025, BOE del 29 de Agosto.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este viernes, 29 agosto,  el Real Decreto 716/2025, una norma impulsada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que busca modernizar y armonizar la planificación de la lucha contra los incendios forestales en España.

Acceso al Real Decreto 716/2025

El Real Decreto se plantea transformar la lucha contra el fuego en una labor permanente. El documento analiza las condiciones laborales de los equipos de prevención y establece que sus directrices tendrán prioridad sobre otros planes de gestión forestal.

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PERO ese R/D sigue olvidando que una de las causas de estos incendios es el abandono humano del territorio. Esa causa es la despoblación, contra la que este R/D no dice ni hace nada...

Claro que se ha transformado el medio rural: ha sido el abandono del territorio una de las causas;  para abandonar el territorio no hay mas que hundir su economía, aquella que cuidaba el monte, aquella que hacía rentable vivir en los pueblos.

A ver cuándo ponemos en valor lo que aporta la España abandonada al bienestar general: 
.- ¿cuándo nos van a pagar lo que se debe a la naturaleza y a las gentes de los pueblos por el mantenimiento del equilibrio ecológico?.  
.- Los millones y millones de euros que aportan los bosques, el agua... a frenar el cambio climático, ¿dónde están?. 
.- Los derechos de emisión están moviendo millones y millones de euros.. Y los derechos de Remisión (?) o absorción de contaminantes, CO2... que se producen en el campo, nunca en el cemento, ¿cuándo van a revertir a los pueblos y sus gentes?.
 .- ¿Por qué se ha llevado a la agricultura y gandería a ser industrial, masificada, hipercontaminante, hiperconcentrada y contraria a la salud humana, a la de la naturaleza?. Además la ganadería, la agricultura industriales despueblan.

¿Qué somos los pueblos y sus gentes para esta España?.    ¡Menos que nada!.

Incendio 17 de julio de 2015, El Rebollar, La Varguilla, Villaorceros. 

El fin de la norma es establecer directrices y criterios comunes para que todas las comunidades autónomas elaboren planes anuales de prevención, vigilancia y extinción, adaptados a los desafíos actuales y con un enfoque integral durante todo el año.

La normativa parte de un diagnóstico claro: los factores que influyen en la proliferación de incendios han cambiado de manera profunda, desde el impacto del calentamiento global hasta la transformación del medio rural.

Ante esta realidad, el Gobierno considera imprescindible actualizar el marco regulatorio y dotar al país de un sistema homogéneo que refuerce la prevención y la coordinación. El decreto se apoya en el mandato del Real Decreto-ley 15/2022, que ya exigía a las comunidades autónomas la adaptación de sus planes de defensa antes de 2023.

El texto introduce una visión que supera el esquema clásico centrado en las temporadas de riesgo. La lucha contra el fuego deja de ser una reacción puntual para convertirse en un trabajo permanente, que combina análisis territorial, planificación de recursos, medidas de prevención y sensibilización social.

Los planes anuales adquieren así la categoría de instrumentos de ordenación preferente, lo que significa que sus directrices tendrán prioridad frente a otros documentos de gestión forestal, que deberán ser revisados si entran en contradicción.

El nuevo marco exige una planificación técnica detallada, que abarca desde la zonificación de áreas de riesgo hasta la definición de puntos estratégicos de gestión y zonas de actuación singularizada.

También establece la necesidad de cartografiar la interfaz urbano-forestal y de incorporar cronogramas sobre las épocas de mayor peligro. La norma obliga además a disponer de catálogos permanentes de medios humanos y materiales, con infraestructuras, redes de comunicación y sistemas de vigilancia operativos durante todo el año.

En paralelo, el decreto regula los usos y actividades que pueden generar incendios. Cuando la información meteorológica indique riesgo extremo, las comunidades autónomas deberán aplicar de inmediato prohibiciones como la suspensión de quemas, el uso de maquinaria que pueda provocar chispas o la utilización de material pirotécnico.

El objetivo es anticiparse a las condiciones más críticas y evitar la propagación de incendios en jornadas de especial vulnerabilidad.

El texto también pone el foco en las condiciones laborales de los equipos de prevención y extinción, recordando que los planes autonómicos deben garantizar la estabilidad y seguridad de los profesionales que actúan en primera línea.

Asimismo, otorga nuevas competencias al Comité de Lucha contra Incendios Forestales, encargado de analizar los criterios establecidos y recomendar mejoras en la planificación, además de emitir informe previo sobre el desarrollo reglamentario de la norma.

El Gobierno defiende que este real decreto responde a los principios de buena regulación: es necesario, eficaz y proporcionado; garantiza la seguridad jurídica y la transparencia; y busca maximizar la eficiencia con el menor coste posible. Se fundamenta en la Ley de Montes y en el artículo 149.1.23 de la Constitución, que otorga al Estado la competencia básica en materia de protección del medio ambiente.

Con esta norma, España da un paso hacia una estrategia común que pretende reforzar la prevención, mejorar la coordinación entre administraciones y reducir las consecuencias de unos incendios forestales que, cada verano, ponen a prueba la seguridad de las personas, los ecosistemas y el territorio.

Las explotaciones familiares: ¡Urgente!

Se trata de la cuestión más relevante a afrontar en los próximos años, 

pieza angular de cualquier política agraria que se precie , 

y que busque garantizar el futuro de tantos y tantos profesionales de nuestro país 

que quieren ser o seguir siendo agricultores y ganaderos.

Los objetivos de una Ley de Agricultura y Ganadería Familiares debe ser 

que todas las líneas de ayuda , incluido la PAC 2028-2034, tanto en el primer pilar,

 como en las actuaciones de desarrollo rural , 

se supediten al apoyo a este modelo de agricultura, 

que ha de ser prioritario y contar con una discriminación positiva 

respecto a los modelos diferentes de agricultura...

fmartinezarroyo

ruralsiglo21

Este sábado participó en la jornada que en todas las ediciones de la feria Terracultura, organización UPA-Almería. El motivo de mi intervención fue la defensa del modelo de explotaciones familiares. La jornada, a la que asistieron unos 300 agricultores y ganaderos profesionales del sector de los frutos secos ecológicos, todos ellos de seco, de la comarca de Los Vélez, en la provincia de Almería, me permitió conocer las particularidades de un sector muy concreto, de pequeñas y medianas empresas, y reafirmarme, más si cabe, en la urgente defensa del modelo de agricultura y ganadería familiar.

Probablemente el mayor obstáculo para avanzar en la protección de estas explotaciones es la propia definición del modelo . En realidad, teniendo en cuenta lo que hoy sucede en el sector agrario en España, sólo hay dos modelos, el de las explotaciones familiares, y el de las explotaciones gestionadas por grandes empresas o grupos de inversión. El primero, el que nos ocupa, podría definirse, pues, como aquel que incluye todas las empresas que no forman parte del segundo. Podría ser también, aquel en el que la mayor parte de la mano de obra de la explotación procede del núcleo familiar. En todo caso, conviene añadirle el apellido “profesional”, para que cuando, una vez definida -y esto deberá hacerse en la próxima Ley de Agricultura Familiar en la que está trabajando el Ministerio de Agricultura-, se prioricen estas explotaciones para todas las ayudas -incluidas las de la PAC- que las administraciones ofrecen al sector, no se igualen para las explotaciones profesionales y las que no lo son.

Desde el más puro sentido común, podríamos decir que las empresas familiares agrarias son aquellas que están dirigidas por agricultores y ganaderos que viven en nuestros pueblos, se asientan sobre el territorio -con el que se mantienen siempre fieles, no deslocalizándose-, vertebran el medio rural, generando empleo y riqueza -que redistribuyen a su vez en las comunidades en las que desarrollan su actividad- y mantienen y moldean el paisaje.

Se enfrenta a grandes dificultades entre las que destacan el relevo generacional, la presencia de un número todavía reducido de mujeres al frente de las mismas y la falta de impulso a los proyectos de titularidad compartida, el acceso a la tierra y al agua, la excesiva burocracia administrativa, la falta de prioridad en las ayudas públicas o la competencia de otras actividades económicas, que buscan la tierra y el agua que también necesita la agricultura, para desarrollarse -entre ellas, las energías renovables-.

Para hacer que sean viables, y que puedan seguir siendo nuestro modelo de empresa agraria más característico, es necesario garantizar una mayor profesionalización, mayor competitividad y hacer de ellas, empresas rentables -y que, a su vez, generen rentas a los agricultores y ganaderos-.

Uno de los objetivos de una Ley de Agricultura y Ganadería Familiares debe ser que, una vez definidas, todas las líneas de ayuda , incluido el desarrollo de la PAC 2028-2034, tanto en el primer pilar, como en las actuaciones de desarrollo rural , se supediten al apoyo a este modelo de agricultura, que ha de ser prioritario y contar con una discriminación positiva respecto a los modelos diferentes.

También, debe impulsar la creación de bancos públicos de tierra , para asegurar el acceso a este factor limitante, de los jóvenes y de los profesionales. De igual forma, debe ser tratado el acceso al agua , pues es muy difícil de imaginar -salvo contadas excepciones- futuro para el sector agrario en España sin acceso al recurso agua. Éste bien, que es -y debe ser tratado como tal- público, se ha convertido en las últimas décadas en el factor que delimita la rentabilidad de las explotaciones agrarias y, en los usos agrarios, el agua debe estar supeditado al impulso al modelo de agricultura y ganadería familiar.

El impulso al relevo generacional, con una revisión drástica de la intervención de incorporación al sector de jóvenes agricultores y ganaderos, en el segundo pilar de la PAC, la revisión del modelo de explotaciones de titularidad compartida, una fiscalidad preferente o mejores condiciones en las cotizaciones a la seguridad social para la contratación de mano de obra por parte de las explotaciones familiares, son otras cuestiones acuciantes para la defensa del modelo.

Una Ley de Agricultura y Ganadería familiares en España –que puede partir de las experiencias de Castilla-La Mancha y Aragón, donde ya hay en vigor, no sin dificultades, una Ley autonómica-ha de afrontar estos desafíos y transformarlos en objetivos preferentes del trabajo de la administración pública agraria.

Desde mi punto de vista, se trata de la cuestión más relevante a afrontar en los próximos años, pieza angular de cualquier política agraria que se precie , y que busque garantizar el futuro de tantos y tantos profesionales de nuestro país que quieren ser -y/o seguir siendo- agricultores y ganaderos.