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Este sábado participó en la jornada que en todas las ediciones de la feria Terracultura, organización UPA-Almería. El motivo de mi intervención fue la defensa del modelo de explotaciones familiares. La jornada, a la que asistieron unos 300 agricultores y ganaderos profesionales del sector de los frutos secos ecológicos, todos ellos de seco, de la comarca de Los Vélez, en la provincia de Almería, me permitió conocer las particularidades de un sector muy concreto, de pequeñas y medianas empresas, y reafirmarme, más si cabe, en la urgente defensa del modelo de agricultura y ganadería familiar.
Probablemente el mayor obstáculo para avanzar en la protección de estas explotaciones es la propia definición del modelo . En realidad, teniendo en cuenta lo que hoy sucede en el sector agrario en España, sólo hay dos modelos, el de las explotaciones familiares, y el de las explotaciones gestionadas por grandes empresas o grupos de inversión. El primero, el que nos ocupa, podría definirse, pues, como aquel que incluye todas las empresas que no forman parte del segundo. Podría ser también, aquel en el que la mayor parte de la mano de obra de la explotación procede del núcleo familiar. En todo caso, conviene añadirle el apellido “profesional”, para que cuando, una vez definida -y esto deberá hacerse en la próxima Ley de Agricultura Familiar en la que está trabajando el Ministerio de Agricultura-, se prioricen estas explotaciones para todas las ayudas -incluidas las de la PAC- que las administraciones ofrecen al sector, no se igualen para las explotaciones profesionales y las que no lo son.
Desde el más puro sentido común, podríamos decir que las empresas familiares agrarias son aquellas que están dirigidas por agricultores y ganaderos que viven en nuestros pueblos, se asientan sobre el territorio -con el que se mantienen siempre fieles, no deslocalizándose-, vertebran el medio rural, generando empleo y riqueza -que redistribuyen a su vez en las comunidades en las que desarrollan su actividad- y mantienen y moldean el paisaje.
Se enfrenta a grandes dificultades entre las que destacan el relevo generacional, la presencia de un número todavía reducido de mujeres al frente de las mismas y la falta de impulso a los proyectos de titularidad compartida, el acceso a la tierra y al agua, la excesiva burocracia administrativa, la falta de prioridad en las ayudas públicas o la competencia de otras actividades económicas, que buscan la tierra y el agua que también necesita la agricultura, para desarrollarse -entre ellas, las energías renovables-.
Para hacer que sean viables, y que puedan seguir siendo nuestro modelo de empresa agraria más característico, es necesario garantizar una mayor profesionalización, mayor competitividad y hacer de ellas, empresas rentables -y que, a su vez, generen rentas a los agricultores y ganaderos-.
Uno de los objetivos de una Ley de Agricultura y Ganadería Familiares debe ser que, una vez definidas, todas las líneas de ayuda , incluido el desarrollo de la PAC 2028-2034, tanto en el primer pilar, como en las actuaciones de desarrollo rural , se supediten al apoyo a este modelo de agricultura, que ha de ser prioritario y contar con una discriminación positiva respecto a los modelos diferentes.
También, debe impulsar la creación de bancos públicos de tierra , para asegurar el acceso a este factor limitante, de los jóvenes y de los profesionales. De igual forma, debe ser tratado el acceso al agua , pues es muy difícil de imaginar -salvo contadas excepciones- futuro para el sector agrario en España sin acceso al recurso agua. Éste bien, que es -y debe ser tratado como tal- público, se ha convertido en las últimas décadas en el factor que delimita la rentabilidad de las explotaciones agrarias y, en los usos agrarios, el agua debe estar supeditado al impulso al modelo de agricultura y ganadería familiar.
El impulso al relevo generacional, con una revisión drástica de la intervención de incorporación al sector de jóvenes agricultores y ganaderos, en el segundo pilar de la PAC, la revisión del modelo de explotaciones de titularidad compartida, una fiscalidad preferente o mejores condiciones en las cotizaciones a la seguridad social para la contratación de mano de obra por parte de las explotaciones familiares, son otras cuestiones acuciantes para la defensa del modelo.
Una Ley de Agricultura y Ganadería familiares en España –que puede partir de las experiencias de Castilla-La Mancha y Aragón, donde ya hay en vigor, no sin dificultades, una Ley autonómica-ha de afrontar estos desafíos y transformarlos en objetivos preferentes del trabajo de la administración pública agraria.
Desde mi punto de vista, se trata de la cuestión más relevante a afrontar en los próximos años, pieza angular de cualquier política agraria que se precie , y que busque garantizar el futuro de tantos y tantos profesionales de nuestro país que quieren ser -y/o seguir siendo- agricultores y ganaderos.
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