¿Cuánto cuesta una tierra cultivable en la UE?. Eurostat 2024.

El precio de las tierras agrícolas en la UE.

El precio medio de una hectárea de tierra cultivable en Europa superó 

los 15.200 euros en 2024, un aumento del 6,1% respecto al año anterior.

 ¿Cuánto cuesta una tierra cultivable en la UE?. En 2024, el precio medio de una hectárea de tierra cultivable en Europa se situó en los 15.224 euros, un 6,1% más respecto al año anterior. Así se desprende de un estudio de Eurostat, que muestra en qué país es más barato comprar un campo cultivable y en cuáles es más caro.

Entre los países con datos disponibles, el precio medio más alto por hectárea de tierra cultivable se registró en Malta (201.263 euros), seguida de los Países Bajos (96.608 euros) y Portugal (76.556 euros).

Los precios medios de tierras cultivables más bajos, por su parte, se registraron en Letonia (4.825 euros por hectárea), Lituania (5.590 euros) y Eslovaquia (5.823 euros).

En el caso de España, según la Oficina Estadística europea, el dato es de 12.778 euros, por debajo de la media de la UE.

Respecto al alquiler/renta, arrendar una hectárea de tierra cultivable fue más caro en los Países Bajos, con un promedio de 941 euros al año, seguido de Dinamarca (580 euros) y Grecia (509 euros). Por el contrario, los precios de alquiler de tierras más bajos fueron en Eslovaquia (69 euros), Croacia (76 euros) y Malta (92 euros).

¿La PAC moneda de cambio?... una vuelta de tuerca al presupuesto de la Política Agraria Común (PAC) para el período 2028-2034.

La Comisión lleva unos meses intentando contentar a los agricultores y ganaderos, asustada por las manifestaciones, que han vuelto a llegar al corazón de Europa. Estos movimientos se producen, además en la recta final del proceso de aprobación del acuerdo de la UE con Mercosur, ya alcanzado en el seno del consejo de la UE, y recientemente firmado con los países sudamericanos.

Francisco Martínez Arroyo

Blog Ruralsiglo XXI

Almazara, Baena

La reducción de fondos de la PAC, desdibujada en el marco del nuevo fondo para los planes de asociación nacionales y regionales propuesto por la Comisión en julio de 2025, del 22% respecto al período 2021-2027, y las cuestiones relativas a la preferencia arancelaria y la activación de las cláusulas de salvaguardia en caso de que las importaciones causen graves perjuicios para el sector europeo, y el cumplimiento efectivo de las cláusulas espejo en materia de normativa de sanidad animal y vegetal  -que se puedan controlar de verdad- del acuerdo de Mercosur, continúan preocupando a la mayor parte de los agricultores y ganaderos europeos. Y también a los Estados Miembros.

Ante esta situación, la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, en una carta al Parlamento y al Consejo, el pasado 6 de enero, propuso una vuelta de tuerca al presupuesto de la Política Agraria Común (PAC) para el período 2028-2034.

Recordemos que la propuesta inicial de la Comisión, de julio de 2025, asignaba a la PAC, en medidas de apoyo a los ingresos de agricultores y ganaderos, un mínimo, blindado, de 293.700 millones de euros para 2028-2034, de los que España dispondría de 37.200 millones. A esta cifra, se le añaden 6.301 millones de euros, en forma de reserva de crisis para el sector agrario, lo que totaliza unos 300.000 millones de euros para la PAC en toda la UE.

Es cierto que se podrían adicionar más fondos dentro de los 865.076 millones de euros del nuevo Fondo para los planes de asociación nacionales y regionales, donde se encuentra la PAC, pero la competencia -por más fondos- con otras políticas, supone un riesgo enorme de que la PAC, finalmente, tenga en 2028-2034, menos dinero que en el período actual.

A la vista de la situación, ya en noviembre del año pasado, la Comisión propuso que un 10% de los 487.000 millones de euros del Fondo para los planes de asociación nacionales y regionales que no se encuentran “blindados” -es decir, que pueden dedicarse a las prioridades que cada Estado Miembro desee, dentro de las políticas que engloba el fondo-, 48.700 millones de euros, tengan como objetivo las áreas rurales. Con estos nuevos recursos “blindados” deberían financiarse actuaciones como el LEADER, la transmisión del conocimiento o la cooperación entre territorios rurales, no contempladas en los 293.700 millones de euros blindados inicialmente. Además, parte de estos recursos podrían destinarse a medidas agrarias de carácter rural, como por ejemplo las inversiones en explotaciones, lo que podría suponer fondos extra para el sector. Conviene resaltar que estos 48.700 millones de euros son para actuaciones rurales, por lo que las “medidas agrarias” tendrían que competir por los recursos con el LEADER o actuaciones de otras políticas, por ejemplo, cohesión, con impacto en las áreas rurales.

Esta cantidad, podría aumentarse hasta los 63.700 millones de euros, utilizando 15.000 millones de euros en forma de préstamos, dentro de la política “Catalyst Europe”, prevista en la propuesta del Marco Financiero Plurianual (MFP).

Finalmente, von der Leyen, en un nuevo regate de la Comisión en la negociación, propuso, a principios de enero, utilizar dos terceras partes de la cantidad prevista en el MFP para ajustar las medidas dentro de los Planes nacionales y regionales según la ejecución de las mismas a lo largo del período 2028-2034, para la PAC -y no para otras políticas-, y que se puedan poner a disposición de los EEMM, desde el 2028.

Esto supondría, si los EEMM hacen uso de esta opción, 45.000 millones de euros más “blindados” para la PAC. La ventaja para los intereses agrarios de esta posibilidad es que, sólo si estas dos terceras partes se utilizan para la PAC, se podrán asignar -y utilizar- desde el inicio del período de programación.

En el caso de España, con una propuesta de asignación de unos 79.900 millones de euros en el conjunto del Fondo para los planes de asociación nacionales y regionales, la PAC supondría unos 41.400 millones de euros (37.200 de la asignación de la primera propuesta más 4.200 millones de euros adicionales, dentro de los 45.0000 millones de euros para toda la UE, resultado de movilizar para esta política, en 2028, dos tercios de los fondos para el ajuste de los Planes nacionales y regionales).

En el conjunto de la UE, considerando las dos nuevas propuestas de la Comisión, el presupuesto previsto para la PAC podría pasar de 300.000 millones de euros -incluida la reserva de crisis- a hasta unos 408.700 millones de euros -incluidos los préstamos-, lo que supondría algo más de lo que representa la PAC en este período (unos 386.600 millones de euros).

Moneda de cambio, con dos caras. Por un lado, teórica garantía de más fondos para la PAC. Por el otro; siempre que lo decidan los Estados Miembros, y a costa de otras políticas.

Momento complejo.

PAC: Un nuevo regate de la Comisión; o la multiplicación de los panes y los peces.

Un nuevo regate de la Comisión 

El pasado día de Reyes, la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, en una carta al Paramento y al Consejo, propuso una vuelta de tuerca al presupuesto de la Política Agraria Común (PAC) para el período 2028-2034.

Francisco Martínez Arroyo,
Blog Rural fmartinezarroyo

Podría ser una respuesta a las movilizaciones históricas de agricultores y ganaderos de toda Europa, antes de Navidad. Parece más bien tratarse de una forma de intentar vencer los recelos de algunos Estados Miembros (EEMM), liderados por Francia, para la aprobación del acuerdo comercial con Mercosur.

La aplicación del acuerdo requiere de una mayoría cualificada en el consejo de la UE (al menos el 55% de los EEMM que, a su vez, representen al 65% de la población) y la posición de algunos países como Francia o Italia, contrarios, en mayor o menor grado, al mismo, hace peligrar, todavía a fecha de hoy, el acuerdo en la reunión del consejo de este próximo 12 de enero. Los motivos que se aducen para oponerse son en el ámbito del sector agrario, relativos a la preferencia arancelaria y la activación de las cláusulas de salvaguardia en caso de que las importaciones causen graves perjuicios para el sector europeo, y el cumplimiento efectivo de las cláusulas espejo -que se puedan controlar de verdad- para que los productos de Mercosur cumplan la normativa europea en materia de sanidad vegetal y animal. No es sólo una cuestión de Francia, Italia y otros EEMM, sino una preocupación de gran parte de los agricultores europeos.

Es en este contexto, para tratar de cambiar el parecer de los EEMM que se han mostrado más beligerantes con el acuerdo y de contentar a los agricultores, y salvar el acuerdo con Mercosur, en el que se produce esta nueva propuesta de la Comisión para la PAC.

Conviene recordar que el planteamiento inicial de la Comisión, de julio de 2025, asignaba a la PAC, un mínimo, blindado, de 293.700 millones de euros para 2028-2024 -de los que España dispondría de 37.000 millones-. A esta cifra, se le añaden 6.301 millones de euros, en forma de reserva de crisis para el sector agrario, lo que totaliza unos 300.000 millones de euros la PAC[1].

Los importes asignados a la PAC, tanto a nivel comunitario, como en el caso del sobre previsto para España, suponen una reducción del 22% sobre el período actual. Es cierto que se podrían adicionar más fondos dentro de los 865.076 millones de euros del nuevo fondo para los planes de asociación nacionales y regionales, donde se encuentra la PAC[2], pero la competencia -por más fondos- con otras políticas, supone un riesgo enorme de que la PAC, finalmente, tenga en 2028-2034, menos dinero que en el período actual.

¿Qué supone la nueva propuesta de Von der Leyen?

Es sencillo.

En primer lugar, la propuesta inicial, preveía una cantidad para ajustar las medidas dentro de los Planes nacionales y regionales según la ejecución de las mismas, a lo largo del período 2028-2034. Lo que hace la Comisión es proponer que dos terceras partas de esta cantidad, 45.000 millones de euros, se utilicen específicamente para la PAC -y no para otras políticas-, y que se puedan poner a disposición de los EEMM, desde el 2028. No supone un incremento directo del presupuesto para la PAC, pues serían los EEMM los que tendrían que decidir, si optan o no por activar esta opción.

Por otra parte, la Comisión propone que cada país decida si destina hasta un 10% de los 487.000 millones de euros del fondo para los planes de asociación nacionales y regionales que no se encuentran “blindados” -es decir, que pueden dedicarse a las prioridades que cada Estado Miembro desee, dentro de las políticas que engloba el fondo-, 48.700 millones de euros, para medidas agrarias de desarrollo rural, que en la propuesta inicial estaban excluidas para acceder a estos recursos. Esta cantidad, podría aumentarse hasta los 63.700 millones de euros, utilizando 15.000 millones de euros en forma de préstamos, dentro de la política “Catalyst Europe”.

Estas dos propuestas incrementarían el presupuesto previsto para la PAC, que podría pasar de 300.000 millones de euros -incluida la reserva de crisis- a hasta 408.700 millones de euros -incluidos los préstamos-, lo que supondría algo más de lo que supone la PAC en este período (unos 386.600 millones de euros).

Sin embargo, la propuesta, que supone un avance, tiene truco. 

Y es que, este este dinero extra para la PAC sería a costa de la reducción de otras políticas, y deberán ser los EEMM, a los que la Comisión traslada la presión, los que tomen la decisión sobre si optan, o no, por aumentar el dinero para la PAC.

Algo así como la multiplicación de los panes y los peces;. Difícil.

[1] Para una información más detallada, se pueden consultar otras entradas de www.ruralsiglo21.org, la última, y muy clarificadora, https://ruralsiglo21.org/2025/11/02/lo-bueno-y-lo-malo-de-la-nueva-pac/, y el artículo, de diciembre de 2025, “Una PAC posible para España”, publicado en la Plataforma Tierra (https://www.plataformatierra.es/actualidad/una-pac-posible-para-espana).

[2] Ver https://ruralsiglo21.org/2025/11/02/lo-bueno-y-lo-malo-de-la-nueva-pac/ y https://ruralsiglo21.org/2025/07/17/una-pac-disruptivasin-dinero/

Manifiesto contra el acuerdo comercial entre la UE y los países del MERCOSUR

Manifiesto firmado por 800 organizaciones.

En estas semanas, la Unión Europea está allanando el terreno para firmar el acuerdo comercial con los países del Mercosur (Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay) y otro acuerdo con México. 

Esto se inscribe en la línea de las políticas neoliberales que blindan el control sobre la economía de las multinacionales y los fondos especulativos, en particular los gigantes de la agroindustria, la petroquímica y el sector automotriz. 

Pero estos acuerdos tienen importantes impactos en la vida de la gente y en los ecosistemas, por lo que las organizaciones convocantes denunciamos la política comercial de la UE y los tratados de comercio que firma con terceros países, porque agravan la emergencia climática, la pobreza, el hambre, el desempleo y las desigualdades sociales. Así ha pasado con numerosos países de Asia, África y América Latina y también en Europa.

Hoy estamos delante del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación porque rechazamos el acuerdo entre la UE y los países del MERCOSUR. Y porque el ministro Planas es uno de los dirigentes políticos que más apoya este acuerdo, representando los intereses de las grandes empresas, que han hundido al campo, y no el interés general. Con su apoyo a un comercio devastador, el Gobierno de España pone en juego el futuro de la naturaleza, las bases para producir alimentos y nuestra salud. Se trata de un enésimo ataque a la soberanía alimentaria de los países, a los derechos laborales, a la viabilidad económica del trabajo en el sector agrícola en muchas regiones y a la salud de las comunidades.

El acuerdo entre la UE y Mercosur impulsaría, por ejemplo, el comercio de pesticidas prohibidos en la UE exportados a América Latina; tóxicos que vuelven como residuos en  los alimentos importados. Esto perjudicaría a la salud de las personas que trabajan en la agricultura y de las consumidoras de ambos lados del Atlántico, a los pueblos originarios y a la biodiversidad, al tiempo que contribuye a la extinción masiva de flora y fauna.

En estos días, se celebra la Cumbre de los Pueblos en Belém, Brasil, coincidiendo con la COP30, señalando los causantes de la crisis climática como los acuerdos comerciales que incrementan los gases de efecto invernadero responsables del cambio climático. La evaluación sobre los impactos del acuerdo comercial UE-Mercosur reconoció que ​provocaría un aumento de la emisión de los gases contaminantes. La agricultura industrial y la deforestación son el motor de este incremento. Por tanto, este acuerdo comercial, es contrario a la legislación europea e internacional sobre el clima. 

Si el acuerdo es perjudicial para el planeta ¿quién se beneficia? Los gigantes de la agroindustria -como Bayer-Monsanto, BASF y otros-, el mayor productor de carne del mundo, JBS, o los comerciantes de soja y maíz, Bunge y Cargill. Estas empresas tienen estrechos vínculos con partidos de extrema derecha en sus respectivos países, así como el apoyo financiero de conocidas entidades bancarias que solo ven en el sector de la alimentación como una fuente de seguir aumentando sus beneficios. 

¿Quién sale perdiendo? La pequeña y mediana agricultura y ganadería, los pueblos indígenas y personas migrantes, las personas trabajadoras de la industria y los cuidados, la mayoría de pequeñas y medianas empresas, la economía social y solidaria y, en general, las mayorías sociales. 

Pero la reivindicación de la justicia en el comercio va más allá del sector agrícola y de la cuestión de la calidad de los alimentos: es un reto social global, tanto en lo que respecta a los aspectos socioeconómicos como a los climáticos.

Desde hace mucho tiempo nos movilizamos en las calles de muchos países por el trabajo digno y justamente remunerado, los derechos humanos, los pueblos originarios y afrodescendientes, la salud pública, el bienestar animal, el acceso a una alimentación de calidad y la protección del medio ambiente. 

Sin embargo, una y otra vez, las clases dirigentes blindan los intereses económicos y financieros que persiguen estos acuerdos comerciales.

Las campesinas y los campesinos, sindicalistas, activistas de organizaciones de solidaridad internacional y ecologistas, colectivos antirracistas, anticoloniales y en defensa de los pueblos originarios, científicas, artistas y la ciudadanía organizada, exigimos la regulación de los mercados internacionales y denunciamos las políticas del mal llamado «libre comercio» que deslocaliza las producciones agrarias, cierra el pequeño comercio y la industria de PYMES, privatiza los servicios públicos así como rebaja las normas sociales y medioambientales.

Esta acción se inscribe plenamente en la movilización social contra el genocidio en Palestina, contra los recortes en los servicios públicos, contra el negacionismo climático y en total solidaridad con las comunidades de los países del Sur global, también víctimas de los acuerdos de comercio y el despojo racista de las grandes empresas europeas y españolas.

Reivindicamos el derecho a unos ingresos dignos de las campesinas y los campesinos, la protección de la agricultura familiar y una alimentación sana y libre de agrotóxicos frente a la lógica del mercado y el dominio de las multinacionales.

Defendemos una verdadera democracia alimentaria y el apoyo a un modelo agrícola que proteja el futuro de las generaciones venideras y de nuestro planeta.

Impedir el acuerdo comercial UE-MERCOSUR abre una oportunidad para cuestionar estructuralmente este sistema económico injusto y sacar la agricultura y la alimentación de la lógica de los mercados.

Hacemos un llamamiento a todas las agricultoras y agricultores para que se rebelen contra estas políticas injustas aplicadas al sector agrícola.

Hacemos un llamamiento a todos los sindicatos para que se movilicen en defensa de una remuneración justa del trabajo, la desglobalización y la relocalización de una industria que funcione respetando los límites del planeta y con criterios de justicia social.

Hacemos un llamamiento a todas las organizaciones preocupadas por las cuestiones de solidaridad internacional, democracia, protección del medio ambiente y salud pública para que digamos claro y alto al Gobierno de España y al parlamento que NO queremos estos acuerdos de comercio que entierran cualquier atisbo de política pública de justicia social y ambiental.

Hacemos un llamamiento a toda la ciudadanía preocupada por la vivienda, el mundo rural, la educación, la sanidad, el transporte público, la cultura, la calidad de los alimentos y la salud a cuestionar el sistema económico. 

Ante los colapsos mundiales, necesitamos más cooperación en lugar de comercio de productos nocivos.

¡Por una economía social y solidaria!

¡No más acuerdos de comercio e inversiones!

¡Los ingresos justos para quienes producen nuestra alimentación, junto con los derechos humanos, los derechos laborales, la igualdad real, el bienestar animal, el clima y la biodiversidad deben primar sobre los intereses económicos!

¡Sí a la soberanía alimentaria, la justicia climática y la solidaridad internacionalista!

Attac, Amigas de la Tierra, CGT, Ecologistas en Acción, Entrepueblos, Greenpeace, Justicia Alimentaria, Sindicato Labrego Galego (SLG).

Texto leído en la acción-performance realizada en Madrid, el 18 de noviembre de 2025. 

Lo bueno y lo malo de la nueva PAC

Con las propuestas de un nuevo Marco Financiero Plurianual (MFP) y una nueva PAC 

para el período 2028-2034, ya posible hacer algunas reflexiones 

sobre lo bueno (porque sí, hay aspectos positivos) y lo malo de ambos documentos.

*Francisco Martínez Arroyo.

Blog Rural21.

 Van a continuación.

Vaca en Somiedo

Por un lado, el presupuesto propuesto, de 2 billones de euros para el conjunto del período, se puede calificar de austero -teniendo en cuenta los desafíos globales se esperaba un presupuesto significativamente mayor-, que supone un incremento del gasto público real respecto a 2021-2027 -descontando los fondos Next Generation- de unos 800.000 millones de euros -de los que 168.000 millones, como se ha comentado, serían para pagar la deuda de los Next Generation-.

De ellos, se asigna una partida de 0,865 billones de euros (el 44% del total del nuevo MFP) para el nuevo Fondo para los planes de asociación nacionales y regionales, donde está incluida la PAC, además de la política pesquera común, la política de cohesión o la de interior.

De los 865.076 millones de euros del fondo a nivel europeo, la PAC contará con un mínimo de 293.700 millones de euros para las siguientes intervenciones de apoyo a los ingresos de los agricultores: nuevas ayudas degresivas por superficie -con modulación y techo por explotación-, ayudas acopladas, pago específico para el algodón, ayudas en zonas con limitaciones, apoyos por las desventajas derivadas del cumplimiento de determinados requisitos, ayudas agroambientales, ayudas para los pequeños agricultores, instrumentos de gestión de riesgos, inversiones en las explotaciones, instalación de jóvenes, ayudas para la compatibilidad con la vida personal e intervenciones sectoriales.

De los 293.700 millones de euros de fondos destinados a apoyar los ingresos de los agricultores y ganaderos, la Comisión Europea ha propuesto para España, 37.235 millones de euros, el 12,68% del total del presupuesto para esta partida a nivel comunitario, algo más de lo que representa (sumando FEAGA y FEADER) en el período 2021-2027 (11,95%).

De forma adicional, dentro de este nuevo fondo, para toda la UE, se reservan 6.301 millones de euros para una reserva de crisis para el sector agrario, el doble que en el período actual.

Así, la PAC tendría garantizados 300.000 millones de euros para todos los Estados Miembros, alrededor de un 22% menos que en 2021-2027. En el caso de España, los 37.235 millones de euros son un 78% de los 47.724,30 millones de euros de los que dispone para el período 2021-2027.

No obstante, del fondo de 0,865 billones de euros, hay 452.964 millones de euros que no están asignados a ninguna política (“not ring fenced”) y que podrían utilizarse para aumentar (“top up”) los recursos destinados para intervenciones de apoyo a los ingresos de los agricultores ya mencionadas y para poner en marcha las intervenciones de LEADER-será obligatorio para los Estados Miembros-, cooperación para el conocimiento y la innovación en los sectores agrario y forestal y en el medio rural, iniciativas para la cooperación local y territorial, programas escolares de alimentación, intervenciones en regiones ultraperiféricas y ayudas de crisis para los agricultores.

La “salida” de la PAC de estas medidas, supone una dispersión de las intervenciones que afectan al sector y al desarrollo rural, pero puede suponer más sinergias en su implementación y el acceso a más recursos y objetivos políticos, lo que podría ser muy interesante, por ejemplo, para la metodología LEADER, muy adecuada para enfoques territoriales y transversales, cuyo encaje en una política sectorial como la PAC siempre ha sido muy dificultoso.

Por otra parte, esto significa que habrá más recursos para el sector agrario y el medio rural, pero será clave la negociación para la asignación de estos fondos “not ring fenced” entre Estados Miembros y, una vez en España, la negociación para que el sector agrario y el medio rural reciban un trozo relevante del “pastel” nacional.

Únicamente las ayudas degresivas, las acopladas, el pago específico para el algodón y el pago a los pequeños agricultores, tendrán una financiación al 100% por parte de fondos comunitarios. El resto de las intervenciones de apoyo a los ingresos de los agricultores, y los programas escolares, contarán con un mínimo de cofinanciación nacional del 30% por parte de los Estados Miembros, lo que puede suponer más fondos para el sector agrario, pero, a la vez, puede generar grandes diferencias en los apoyos de unos Estados Miembros frente a otros.

 Por otra parte, la arquitectura medioambiental se simplifica. Todas las ayudas con base superficial o por cabeza de ganado estarán sujetas a lo que la Comisión Europea ha denominado “farm stewardship”, algo así como “vigilancia o custodia agraria”, salvo la ayuda para pequeños agricultores -sólo tendrán que cumplir la condicionalidad social-, que incluye los requisitos legales de gestión -de forma muy resumida, las normas ambientales, de salud pública, sanidad vegetal, bienestar animal y condiciones laborales- y las “prácticas protectoras” del clima la biodiversidad, y la conservación de suelos y agua.

De manera voluntaria, los agricultores podrán acogerse a las acciones agroambientales y climáticas que ponga en marcha cada Estado Miembro, que sustituirán a los eco-esquemas y a las medidas agroambientales.  Una diferencia importante con el período actual es que estas ayudas ambientales tendrán una cofinanciación mínima del 30% por parte de cada Estado Miembro, cuando ahora, los eco-esquemas tienen financiación 100% comunitaria.

Otras novedades importantes son el nuevo paquete de ayudas para el inicio en la actividad (hasta 300.000 euros de ayuda para jóvenes), la prohibición de que las personas jubiladas cobren las ayudas a partir de 2032, y que los Estados Miembros podrán aumentar las ayudas para jóvenes y mujeres agricultoras en sus planes.

En definitiva, y como primera aproximación al contenido de las propuestas, lo peor es la reducción de fondos -aunque lo que se establece para la PAC, como se ha comentado, es un mínimo, y el dinero para el sector podrá incrementarse-, pero hay muchas cuestiones positivas, en las que hay que trabajar desde ya, para defender bien los intereses de los agricultores y ganaderos y de los habitantes de nuestro medio rural.

*Francisco Martínez Arroyo. Ingeniero Agrónomo, con experiencia en política agraria y medio rural. He desarrollado mi actividad profesional en distintas administraciones, en temas agrarios, rurales y medioambientales. He sido durante ocho años, hasta julio de 2023, Consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Autor de dos libros: «El resurgir del agro» (Editorial Agrícola, 2024) y “Ruralsiglo21. Una década de reflexiones” (Agrifood Comunicación, 2023). También, de la «Guía práctica de la nueva PAC 2014-2020» (Editorial Agrícola, 2012).

La familia de agricultores que arrasa con sus patatas a cuarenta céntimos el kilo. Venta Directa.

Una venta de patatas organizada por la familia Demassiet.
La familia de agricultores que arrasa con sus patatas a cuarenta céntimos el kilo: 
«Vendemos 25 toneladas al día»

Una venta de patatas organizada por la familia Demassiet.

Cada semana, atraen a cientos de vecinos gracias a la calidad de sus productos y los bajos precios de sus patatas, que venden a seis euros por quince kilos

J.M. El Diario Vasco.

En tiempos de incertidumbre para el sector agrícola, la familia Demassiet, en el norte de Francia, ha convertido una crisis en una oportunidad. Tras perder sus contratos con la industria agroalimentaria en 2020, estos agricultores decidieron apostar por un sistema de venta directa que hoy es un auténtico fenómeno en Île-de-France, atrayendo cada semana a cientos de vecinos y parisinos en busca de sus frutas y verduras a precios imbatibles.

La idea surgió en mayo de 2020, al término del primer confinamiento, cuando la familia se enfrentaba a la pregunta urgente de qué hacer con las toneladas de patatas Fontane, ideales para freír, cultivadas en sus 40 hectáreas. «Los fabricantes nos hicieron comprender que ya no necesitaban nuestras patatas», recuerda Jérémy Demassiet, uno de los responsables de la explotación y primer teniente de alcalde de Bois-d'Arcy (Yvelines), en una entrevista de un medio local.

Fue entonces cuando decidieron probar suerte con una primera venta directa en Saint-Cyr-l'École, un terreno privado a cuarenta minutos en coche de parís . «Al principio solo vinimos con un coche y una carreta. Y como funcionó tan bien, trajimos una furgoneta, y después, un semirremolque», relata Jérémy. El resultado superó todas las expectativas y lograron vender 17 toneladas de patatas en un solo día.

El entusiasmo no tardó en multiplicarse. Apenas dos semanas después, una nueva jornada de venta permitió colocar 50 toneladas más, impulsadas por el boca a boca. «No paraban de preguntarnos: '¿Cuándo vuelven?'», recuerda el agricultor. Desde entonces, la caravana de los Demassiet ha recorrido buena parte de Yveline y se ha extendido a otros departamentos de la zona.

En cada cita, largas colas de coches esperan frente al camión cargado de patatas. La clave del éxito está en la combinación de calidad y precio: una saco de 15 kilos se vende a tan solo 6 euros, es decir, 40 céntimos por kilo. «Antes vendíamos a 7,50 €, pero decidimos bajar el precio. No perdemos dinero, evitamos el desperdicio y ofrecemos un producto excelente», explica Jérémy.

Solo en su última venta en Les Mureaux, celebrada el 26 de septiembre, llegaron con 25 toneladas de patatas y atendieron a clientes durante toda la jornada. En ocasiones, incluso contemplan la posibilidad de movilizar un segundo camión para responder a la alta demanda.

En 2025, el proyecto ha seguido creciendo. A las patatas se han sumado coliflores y calabacines, también con precios hasta cuatro veces más bajos que los de los supermercados. «Queremos ofrecer productos accesibles sin sacrificar nuestra rentabilidad», afirma el agricultor.

Sin embargo, los Demassiet no se dejan llevar por la euforia. «No hacemos grandes planes. Cada año volvemos a empezar, hacemos balance y decidimos si continuamos. Lo que sí sabemos es que hemos recibido miles de agradecimientos. Es realmente conmovedor», confiesa Jérémy.

Novedades Jurídicas de PAC 2026:

Novedades PAC 2026 que se han aprobado para la Política Agraria Común, en España, de cara a la próxima campaña.

El 15 de octubre se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado, BOE, el  RD 916/2025 que modifica distintos reales Decretos en materia de la PAC para 2026.

Principales modificaciones jurídicas:

1º.- Cesión de derechos de la reserva nacional: se incluye, dentro de la citada normativa a aplicar de cara a la campaña 2026, una nueva excepción a la prohibición de cesión en los 5 primeros años (campaña de asignación y 4 siguientes): las causas de fuerza mayor (las otras excepciones eran herencias, incapacidades laborales, fallecimiento, cambios de denominación, cesión entre cónyuges o constitución de una explotación de titularidad compartida. Art 27.1 RD 1045/22

2º.- Los agricultores que se incorporen a la actividad agraria, no podrán ceder sus derechos hasta la campaña en la que hayan justificado el cumplimiento del requisito de agricultor activo.» Art 31.6 RD 1045/22

3º.- No habrá peaje del 30% en caso de cesión de derechos (venta o arrendamiento) sin tierras a explotaciones de titularidad compartida  Otras excepciones de cesión de derechos sin tierra sin peajes son cesiones a nuevos agricultores, jóvenes agricultores o modificaciones de superficie por expropiaciones forzosas o concentraciones parcelarias. art 32.2 RD 1045/22

4º.- Control reforzado de la documentación que acredite el uso de los recintos y parcelas (contratos de arrendamiento y de propiedad): se rebaja a una hectárea (antes eran 2) el tamaño del recinto el mínimo que puede estar exento de control

En el caso de cesiones de derechos de ayuda básica la renta con tierras y solicitudes de derechos de ayuda básica a la renta de la reserva nacional se exigirá al solicitante que aporte documentación que acredite que todas las parcelas por las que solicita la asignación de estos derechos están a su disposición (escrituras o documentos de propiedad, contratos de arrendamiento, etc), sin excepción de tamaño. Art 40  RD1047/22

5º.- Los nuevos agricultores para considerarse agricultores activos tienen que justificar ingresos agrarios significativos (25% del total) en el primero o segundo año de la incorporación. Se añade que no podrán ceder sus derechos hasta la campaña en la que hayan justificado el cumplimiento de agricultor activo. Art 5.4 RD 1048/22.

6º.- Las superficies agrivoltaicas pueden cobrar PAC. Cambio en la situación de las «agrivoltaicas» En el caso de instalaciones energéticas como placas solares o aerogeneradores ubicadas sobre parcelas agrícolas, dichas instalaciones tendrán la consideración de superficies improductivas y deberán ser descontadas de la superficie elegible de la parcela.

Si bien, en el caso de instalaciones agrivoltaicas, la totalidad de la superficie de la parcela de tierra de cultivo o cultivo permanente seguirá considerándose elegible si la agricultura sigue siendo la actividad principal. Art 9.12 RD 1048/22.

7º.- Se refuerza el hecho de que aquellos agricultores que hayan sido sancionados en vía administrativa por hacer uso ilegal del agua no recibirán importe alguno de ayudas asociadas ni ecorregimenes en aquellas hectáreas de regadío por las que se haya impuesto dicha sanción y para las que hayan solicitado dichas ayudas Art 10.1 RD 1048/22.

8º.- Se permitirá la subsanación de defectos en las solicitudes de ayuda hasta el 31 de agosto del año de la solicitud. Siempre que se haya actuado de buena fe y no haya sido seleccionado para un control. Art 115.1 RD 1048/22.

Lucas, el agricultor de 18 años que ha recuperado la granja de su abuelo

 Lucas, el agricultor de 18 años que ha recuperado 

la granja de su abuelo en una subasta por 115.000 euros

Lucas Wafflart, junto a algunos miembros de su familia. Sud Ouest

 El precio de la finca familiar se multiplicó por diez en la puja por culpa de una sociedad inmobiliaria interesada en la propiedad

Javier Medrano. Diario Vasco

Es un gran alivio para Lucas Wafflart. A sus 18 años, este joven futuro agricultor ha logrado recuperar la granja familiar que pertenecía a su abuelo, tras meses de incertidumbre y una subasta judicial. Un largo periplo lleno de tensiones y en el que la movilización de su comarca ha sido clave para que finalmente la explotación agrícola de Mauvezin-sur-Gupie en el sur de Francia pueda regresar a sus manos.

La finca, de 37 hectáreas, había sido puesta a la venta por el tribunal de Agen en en Nueva Aquitania 140.000 euros, después de que la familia Wafflart se viera abocada a la liquidación judicial. Incapaces de reunir el dinero necesario, recurrieron entonces al apoyo del entorno rural y de los internautas. En redes sociales y en la prensa local se difundió un llamamiento: nadie debía superar la oferta de Lucas para que la granja no cayera en manos de otro comprador.

El precio de salida se redujo finalmente a 10.045 euros, pero un jubilado presentó una sobrepuja del 10% en julio, lo que obligó, conforme a la ley, a celebrar una segunda subasta y desató la indignación en el entorno agrícola local además de prolongar la incertidumbre de la familia.

Finalmente, este jueves 16 de octubre, Lucas Wafflart acudió por última vez al tribunal juidicial de Agen para asistir a la subasta definitiva. No obstante, por delante quedaban doce minutos de pujas antes de poner fin a meses de angustias en los que el representante de Plan Rouge Agricole, una asociación creada para salvar explotaciones en dificultades, encontró un rival inesperedo en una sociedad civil inmobiliaria de Lot-et-Garonne, interesada en hacerse con la propiedad.

Así, de los 11.050 euros iniciales, cada pocos segundos el precio de la subasta por la granja del abuelo de Lucas Wafflart no paraba de subir para desesperación del joven, que apenas podría mirar el ascenso meteórico de los números hasta los 115.00 euros.

«Salimos contentos, pero indignados de que la venta haya subido hasta 115.000 euros», declaró José Pérez, presidente de la Coordinación Rural de Lot-et-Garonne, que acompañó a la familia desde el inicio del proceso, tras lograr que la explotación agrícola haya podido quedar en manos de los Wafflart. «Hay gente dispuesta a destruir familias, a asesinar agricultores. Es horrible verlo. Menos mal que Lucas ha contado con la solidaridad de los donantes de la colecta, porque sale de aquí con una carga enorme para alguien tan joven».

El futuro de la granja de Lucas Wafflart

El acuerdo alcanzado con Plan Rouge Agricole permitirá que Lucas reciba la explotación una vez concluya sus estudios. «Le cederemos la granja cuando esté preparado. Es joven, tiene que seguir adelante y llevar a cabo su proyecto», explicó José Pérez.

Por su parte, tras el cierre de la agónica subasta, Lucas Wafflart prefirió regresar discretamente hasta su casa. «Voy a anunciarles la noticia a mis abuelos. Les prometí que salvaría la propiedad», señaló emocionado a los medios locales

El cinismo de no prohibir el glifosato.

A 10 años de que la OMS declarara el glisofato cancerígeno, un estudio coordinado por el Instituto Ramazzini de Italia confirmó sus hallazgos y agregó nuevos elementos preocupantes.

El estudio científico más amplio realizado hasta el momento sobre el efecto cancerígeno del glifosato mostró resultados alarmantes: aún en dosis permitidas por las regulaciones, la exposición prolongada a este agrotóxico y otros componentes de sus formulaciones comerciales causaron múltiples formas de cáncer (Carcinogenic effects of long-term exposure from prenatal life to glyphosate and glyphosate-based herbicides in Sprague–Dawley rats   Panzacchi, S. et al, 2025, Environmental Health).

Acceso directo a este estudio

Es algo que las personas en zonas rurales de siembra y aledañas a los cultivos donde se usa glifosato en todo el mundo vienen sufriendo y que,  junto a organizaciones ambientales y de agricultura campesina, han denunciado repetidamente. 

El Centro Internacional de Investigación sobre el Cáncer (CIRC) de la OMS declaró desde 2015 que el glifosato es cancerígeno y varios estudios posteriores mostraron neurotoxicidad, deformaciones y mortalidad neonatales vinculados al glifosato. 

Las transnacionales fabricantes de venenos agrícolas, como Bayer-Monsanto, se han dedicado a denostar estos resultados, acosando a investigadores y periodistas que informan sobre estudios críticos (Carey Gillam).

Los investigadores del nuevo estudio administraron glifosato solo y en formulación de dos herbicidas comerciales, a ratas Sprague-Dawley desde antes de su nacimiento hasta el fin de su vida, aproximadamente dos años. Las dosis utilizadas fueron equivalentes a los niveles “seguros” actualmente autorizados en la Unión Europea, desde el nivel denominado “ingesta diaria aceptable” hasta el nivel “sin efecto adverso observado”.

Daniel Mandrioli, del Instituto Ramazzini, resumió sus conclusiones: “Lo que descubrimos con nuestro estudio es que el glifosato y los herbicidas a base de glifosato provocaron leucemia y una serie de otros tumores en dosis que actualmente se consideran seguras” (Agencia Tierra Viva: Más pruebas y juicios contra Bayer-Monsanto por el glifosato).

Comprobaron 
.- un aumento significativo de cánceres como leucemias, tumores de piel, hígado, tiroides, páncreas, sistema nervioso; 
.- también inicio temprano en tumores raros en ratas: la mayoría de muertes por leucemia ocurrieron antes del primer año de vida. 
.- Además, comprobaron efectos desde la vida prenatal, ya que la exposición a glifosato comenzó en madres gestantes, todo ello reproduciendo un escenario realista de exposición humana.

Los autores consideran que este estudio, por su duración y la cantidad de animales que se usaron –más de mil y grupos de control– representan una evidencia sólida de la capacidad cancerígena del glifosato y sus formulaciones, evidencias que son consistentes con datos epidemiológicos en humanos.

Bayer ha desatado una campaña de desprestigio contra el Instituto Ramazzini, aunque forma parte de un amplio proyecto internacional. Este estudio es una de las líneas de trabajo del proyecto “Estudio Global del Glifosato”, dirigido por el Centro de Investigación del Cáncer Cesare Maltoni del Instituto Ramazzini en Italia, pero también involucra a científicos del Boston College, la Universidad George Mason y la Escuela de Medicina Icahn de Estados Unidos, el King’s College de Londres, el Centro Científico de Mónaco, la Universidad de Bolonia, el Instituto de Biología Agrícola y Biotecnología del Consejo Nacional de Investigación de Italia, el Instituto Nacional de Salud de Italia y el Comité Nacional de Seguridad Alimentaria del Ministerio de Salud de Italia.

Desde que Bayer compró Monsanto en 2018 está bajo intensa presión por las decenas de miles de demandas legales en Estados Unidos. Luego de haber sido sentenciado en su contra en varias ocasiones y haber hecho acuerdos en más de 100 mil demandas en Estados Unidos por cerca de 12 mil millones de dólares, aún tiene pendientes, a mayo de 2025, otras 61 mil demandas por cáncer y enfermedades graves causadas por glifosato en sus productos. En 2025 perdió dos juicios de gran cuantía, una sentencia en su contra en Georgia por 2 mil millones de dólares y otra en Misuri por 611 millones de dólares. Por ello el gobierno de Estados Unidos está promoviendo “leyes de inmunidad” que pretenden impedir que los afectados por la toxicidad del glifosato y otros agrotóxicos puedan demandar a las empresas (Agencia Tierra Viva).

La regulación europea sobre glifosato, siendo insuficiente, es más restrictiva que la existente en México, América Latina y Estados Unidos. Aunque México recientemente prohibió 35 moléculas de diferentes agrotóxicos, lo hizo bordeando cuidadosamente no afectar la venta de los principales agrotóxicos usados en el país, como el glifosato y neonicotinoides, que están devastando la apicultura, para no confrontarse con los intereses de las grandes trasnacionales de agrotóxicos. Intereses que sus cabilderos intentarán reforzar aún más en la próxima revisión del T-MEC. Al contrario de lo que han afirmado fuentes empresariales y gubernamentales, existen una gran cantidad de alternativas para eliminar estos agrotóxicos de la producción y la alimentación, muchas fueron presentadas por el Conahcyt en 2024. Es hora de apoyarlas y ya no ceder al cinismo homicida de las trasnacionales de agronegocios.

Fuente Silvia Ribeiro de «La Jornada»

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Otro ejemplo de cinismo vinculado a los venenos usados en la agricultura, esta vez con protagonismo español

España exportó 17.000 toneladas de plaguicidas prohibidos en la UE en 2023

Resumiendo: Esos plaguicidas no los podemos aplicar a los cultivos en la UE, pero los seguimos fabricando y se los vendemos a otros, a quienes a su vez les compramos y nos comemos esos alimentos "envenenados por plaguicidas fabricados en España". De locos...

Modernizar y armonizar la planificación de la lucha contra los incendios forestales en España. R/D 716/2025, BOE del 29 de Agosto.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este viernes, 29 agosto,  el Real Decreto 716/2025, una norma impulsada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que busca modernizar y armonizar la planificación de la lucha contra los incendios forestales en España.

Acceso al Real Decreto 716/2025

El Real Decreto se plantea transformar la lucha contra el fuego en una labor permanente. El documento analiza las condiciones laborales de los equipos de prevención y establece que sus directrices tendrán prioridad sobre otros planes de gestión forestal.

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PERO ese R/D sigue olvidando que una de las causas de estos incendios es el abandono humano del territorio. Esa causa es la despoblación, contra la que este R/D no dice ni hace nada...

Claro que se ha transformado el medio rural: ha sido el abandono del territorio una de las causas;  para abandonar el territorio no hay mas que hundir su economía, aquella que cuidaba el monte, aquella que hacía rentable vivir en los pueblos.

A ver cuándo ponemos en valor lo que aporta la España abandonada al bienestar general: 
.- ¿cuándo nos van a pagar lo que se debe a la naturaleza y a las gentes de los pueblos por el mantenimiento del equilibrio ecológico?.  
.- Los millones y millones de euros que aportan los bosques, el agua... a frenar el cambio climático, ¿dónde están?. 
.- Los derechos de emisión están moviendo millones y millones de euros.. Y los derechos de Remisión (?) o absorción de contaminantes, CO2... que se producen en el campo, nunca en el cemento, ¿cuándo van a revertir a los pueblos y sus gentes?.
 .- ¿Por qué se ha llevado a la agricultura y gandería a ser industrial, masificada, hipercontaminante, hiperconcentrada y contraria a la salud humana, a la de la naturaleza?. Además la ganadería, la agricultura industriales despueblan.

¿Qué somos los pueblos y sus gentes para esta España?.    ¡Menos que nada!.

Incendio 17 de julio de 2015, El Rebollar, La Varguilla, Villaorceros. 

El fin de la norma es establecer directrices y criterios comunes para que todas las comunidades autónomas elaboren planes anuales de prevención, vigilancia y extinción, adaptados a los desafíos actuales y con un enfoque integral durante todo el año.

La normativa parte de un diagnóstico claro: los factores que influyen en la proliferación de incendios han cambiado de manera profunda, desde el impacto del calentamiento global hasta la transformación del medio rural.

Ante esta realidad, el Gobierno considera imprescindible actualizar el marco regulatorio y dotar al país de un sistema homogéneo que refuerce la prevención y la coordinación. El decreto se apoya en el mandato del Real Decreto-ley 15/2022, que ya exigía a las comunidades autónomas la adaptación de sus planes de defensa antes de 2023.

El texto introduce una visión que supera el esquema clásico centrado en las temporadas de riesgo. La lucha contra el fuego deja de ser una reacción puntual para convertirse en un trabajo permanente, que combina análisis territorial, planificación de recursos, medidas de prevención y sensibilización social.

Los planes anuales adquieren así la categoría de instrumentos de ordenación preferente, lo que significa que sus directrices tendrán prioridad frente a otros documentos de gestión forestal, que deberán ser revisados si entran en contradicción.

El nuevo marco exige una planificación técnica detallada, que abarca desde la zonificación de áreas de riesgo hasta la definición de puntos estratégicos de gestión y zonas de actuación singularizada.

También establece la necesidad de cartografiar la interfaz urbano-forestal y de incorporar cronogramas sobre las épocas de mayor peligro. La norma obliga además a disponer de catálogos permanentes de medios humanos y materiales, con infraestructuras, redes de comunicación y sistemas de vigilancia operativos durante todo el año.

En paralelo, el decreto regula los usos y actividades que pueden generar incendios. Cuando la información meteorológica indique riesgo extremo, las comunidades autónomas deberán aplicar de inmediato prohibiciones como la suspensión de quemas, el uso de maquinaria que pueda provocar chispas o la utilización de material pirotécnico.

El objetivo es anticiparse a las condiciones más críticas y evitar la propagación de incendios en jornadas de especial vulnerabilidad.

El texto también pone el foco en las condiciones laborales de los equipos de prevención y extinción, recordando que los planes autonómicos deben garantizar la estabilidad y seguridad de los profesionales que actúan en primera línea.

Asimismo, otorga nuevas competencias al Comité de Lucha contra Incendios Forestales, encargado de analizar los criterios establecidos y recomendar mejoras en la planificación, además de emitir informe previo sobre el desarrollo reglamentario de la norma.

El Gobierno defiende que este real decreto responde a los principios de buena regulación: es necesario, eficaz y proporcionado; garantiza la seguridad jurídica y la transparencia; y busca maximizar la eficiencia con el menor coste posible. Se fundamenta en la Ley de Montes y en el artículo 149.1.23 de la Constitución, que otorga al Estado la competencia básica en materia de protección del medio ambiente.

Con esta norma, España da un paso hacia una estrategia común que pretende reforzar la prevención, mejorar la coordinación entre administraciones y reducir las consecuencias de unos incendios forestales que, cada verano, ponen a prueba la seguridad de las personas, los ecosistemas y el territorio.

Multinacionales contra los pequeños agricultores y expulsando el mercado las pequeñas empresas de semillar.

Este monopolio en la industrialización de la semilla ha ido de la mano con el de las principales productoras de pesticidas, las cuales compraron o expulsaron del mercado a miles de pequeñas y medianas empresas de simientes. 

En paralelo, en lo que va del siglo desapareció el 75% de la diversidad genética de los cultivos.

Mientras una cuarta parte de la humanidad padece inseguridad alimentaria, un pequeño grupo de multinacionales juegan un rol casi hegemónico en la industria de la alimentación. Las transnacionales suizas Syngenta Group, las alemanas Bayer, BASF y KWS, la estadounidense Corteva y la francesa Limagrain controlan dos tercios de las semillas comerciales en el mundo y sostienen una tendencia concentradora acelerada.

Hasta las semillas se roban
En menos de tres décadas, este monopolio en la industrialización de la semilla ha ido de la mano con el de las principales productoras de pesticidas, las cuales compraron o expulsaron del mercado a miles de pequeñas y medianas empresas de simientes. En paralelo, en lo que va del siglo desapareció el 75% de la diversidad genética de los cultivos.Datos y reflexiones contundentes que una serie de organizaciones no gubernamentales (ONG) y redes especializadas en la temática alimenticia acaban de publicar en Semillas en Peligro. Las luchas mundiales por el control de la alimentación. Coeditado por la ONG helvética SWISSAID, la Alianza por la Soberanía Alimentaria de África, la Asociación para el Mejoramiento de Plantas en Beneficio de la Sociedad (APBREBES), las Iniciativas Regionales del Sudeste Asiático para el Empoderamiento Comunitario (SEARICE) y la Fundación Rosa Luxemburgo, este documento salió a la luz en francés como Semences en péril. Les luttes mondiales pour le contrôle de l’alimentation.
Las plantas representan más del 80% de la dieta y la nutrición humanas. De ahí la trascendencia del control monopólico de las semillas. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación (FAO) afirma que hasta hoy se han identificado y descrito 250.000 especies de plantas superiores, de las cuales 30.000 son comestibles. Y treinta de estas son los cultivos principales que nutren a la humanidad. Cinco cereales (arroz, trigo, maíz, mijo y sorgo) proporcionan el 60% del aporte calórico de la población mundial. Hacia 2050, cuando se prevé que la misma pase los 9.000 millones, debería lograrse un aumento del 60% en la producción de alimentos para cubrir las necesidades esenciales. Por lo tanto, en el control de las semillas se juega una de las principales batallas no solo actuales sino también para el futuro de la humanidad.

Nada anda bien
El control de esas seis multinacionales sobre las dos terceras partes de las semillas comerciales expresa claros signos de fracaso del sistema alimentario a escala internacional, afirma Semillas en peligro. Al mismo tiempo que la biodiversidad mundial disminuye rápidamente y las comunidades más vulnerables y marginadas –especialmente los trabajadores agrícolas y los agricultores– soportan el peso del creciente impacto de las crisis medioambientales y económicas.
Las semillas son el pilar central de todos los sistemas alimentarios porque contienen la información genética que determina las características y el rendimiento de los cultivos. Por otra parte, la diversidad de variedades disponibles es el resultado del esfuerzo colectivo de los agricultores, quienes durante miles de años la han transmitido de generación en generación. En otras palabras: desde hace más de 10.000 años, los campesinos han seleccionado, intercambiado y conservado este rico patrimonio que ahora corre el peligro de extinción.
Desde la industrialización acelerada de la agricultura posterior a la Segunda Guerra Mundial, la selección de semillas se fue convirtiendo en un negocio lucrativo para las empresas especializadas. En diversos países europeos y en América del Norte, esa actividad se regula a través de leyes de propiedad intelectual. Sin embargo, este enfoque resulta poco adaptado al contexto de muchas naciones del Sur donde hasta el 90% de las semillas son conservadas por los agricultores. Paradójicamente, a pesar de esta realidad, varios países del Sur han adoptado normativas sobre las semillas similares o incluso más estrictas que las vigentes en los países del Norte para complacer a las transnacionales.
Las grandes multinacionales buscan reforzar su poder sobre la producción y comercialización de semillas y alimentos aprovechándose de la compleja legislación sobre derechos de propiedad intelectual. Como lo reiteran SWISSAID y las demás coeditoras de Semillas en Peligro, dichas leyes también se incorporan en los acuerdos comerciales internacionales, lo que les permite a las multinacionales controlar el tipo de semillas que se va a comercializar y, en última instancia, qué tipo de cultivos se va a producir.
Esta marcada dependencia de los agricultores locales respecto de las multinacionales de semillas reduce su autonomía y su capacidad de elección en las prácticas agrícolas. Como resultado, sus derechos a la alimentación se dificultan y sus esfuerzos para la erradicación del hambre en sus propias comunidades y países se ven seriamente limitados. Por otra parte, esta dependencia refuerza el desarrollo de monocultivos, orientados esencialmente a la exportación y con consecuencias nefastas para la biodiversidad. La misma se ve amenazada por la aplicación masiva de fertilizantes químicos, el empleo de semillas híbridas y el uso de organismos genéticamente modificados.

Ideas innovativas
Para transformar los sistemas alimentarios, sostienen las coeditoras de Semillas en peligro, es esencial una nueva manera de ver las semillas y de interactuar con ellas. Y retoman las reflexiones de Michael Fakhri, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el Derecho a la Alimentación, quien afirmó que “los sistemas de semillas [propios] de los agricultores les permiten cultivar alimentos que respondan y se adapten al cambio para que las comunidades sean más fuertes y los sistemas alimentarios más resilientes”.
Aunque las grandes multinacionales dominan la cadena agroalimentaria a través de la tecnología, la legislación y el control del mercado, existen herramientas para oponerse a ellas, sostienen los principales movimientos sociales del campo. Entre los posibles mecanismos de control, señalan el fortalecimiento y la aplicación de leyes antimonopólicas y la refutación de leyes de propiedad intelectual y de acuerdos comerciales.
Esos movimientos sociales del mundo rural recuerdan que este sistema de semillas cuenta con el beneplácito de la OMC (Organización Mundial del Comercio), el Banco Mundial y el FMI (Fondo Monetario Internacional), y se refleja en los acuerdos de libre comercio y en las leyes modelo de protección de derechos de los que controlan las variedades vegetales, como por ejemplo la UPOV (Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales). Dicho sistema solo permite la circulación de semillas “patentadas” (o propietarias) que otorga derechos exclusivos, al tiempo que criminaliza la conservación, el intercambio, la utilización, la donación y la venta de semillas locales entre agricultores. La situación ha llegado a tal punto que las campesinas y los campesinos han perdido el control sobre las semillas autóctonas, están siendo penalizados por el uso y el intercambio de sus propias semillas, y a menudo se ven sometidos a registros e incluso a la incautación de sus propias semillas.
Los movimientos sociales rurales y las ONG que los sostienen consideran un avance importante la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales (UNDROP), ratificada en 2018 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. La misma consagra el derecho a las semillas y la diversidad biológica y exige que los Estados permitan que los campesinos participen en los procesos de toma de decisiones que afectan sus vidas, sus tierras y sus medios de vida.
La publicación Semillas en peligro, presenta también vías creativas. Actualmente, cientos de variedades tradicionales y nuevas se publican bajo una licencia de código abierto (similar a la utilizada para el software) para protegerlas de la privatización y la restricción de su uso. Una coalición global de organizaciones y movimientos está identificando iniciativas de este tipo en los cinco continentes.En muchas regiones se están creando bancos de semillas para salvaguardar la diversidad genética. Por ejemplo, el Banco Mundial de Semillas o Cámara Global de Semillas de Svalbard, un enorme almacén subterráneo en la isla noruega de Spitsbergen cuyo objetivo es preservar muestras de semillas de todos los cultivos alimentarios del planeta. Se lo conoce también como la Cámara del Fin del Mundo porque se construyó de tal forma que puede resistir terremotos, el impacto de bombas y otros cataclismos.
La lucha por las semillas forma parte de la identidad de los más importantes movimientos sociales rurales a nivel internacional. La Vía Campesina que representa a más de 200 millones de mujeres y hombres trabajadores agrícolas, pequeños y medianos agricultores y pueblos indígenas, defiende el concepto de “Semillas Campesinas, patrimonio de los pueblos al servicio de la humanidad”. Sostiene la necesidad de promover el intercambio de semillas y productos agroecológicos que dinamicen los mercados locales y regionales. Apuesta a una agricultura ecológica urbana y rural. Y propugna la recuperación de la memoria histórica y la cultura ancestral del manejo de semillas: la preminencia de lo autóctono que se opone a productos y cultivos transgénicos.

* Journaliste RP/periodista RP, desde Berna, Suiza.

Las explotaciones familiares: ¡Urgente!

Se trata de la cuestión más relevante a afrontar en los próximos años, 

pieza angular de cualquier política agraria que se precie , 

y que busque garantizar el futuro de tantos y tantos profesionales de nuestro país 

que quieren ser o seguir siendo agricultores y ganaderos.

Los objetivos de una Ley de Agricultura y Ganadería Familiares debe ser 

que todas las líneas de ayuda , incluido la PAC 2028-2034, tanto en el primer pilar,

 como en las actuaciones de desarrollo rural , 

se supediten al apoyo a este modelo de agricultura, 

que ha de ser prioritario y contar con una discriminación positiva 

respecto a los modelos diferentes de agricultura...

fmartinezarroyo

ruralsiglo21

Este sábado participó en la jornada que en todas las ediciones de la feria Terracultura, organización UPA-Almería. El motivo de mi intervención fue la defensa del modelo de explotaciones familiares. La jornada, a la que asistieron unos 300 agricultores y ganaderos profesionales del sector de los frutos secos ecológicos, todos ellos de seco, de la comarca de Los Vélez, en la provincia de Almería, me permitió conocer las particularidades de un sector muy concreto, de pequeñas y medianas empresas, y reafirmarme, más si cabe, en la urgente defensa del modelo de agricultura y ganadería familiar.

Probablemente el mayor obstáculo para avanzar en la protección de estas explotaciones es la propia definición del modelo . En realidad, teniendo en cuenta lo que hoy sucede en el sector agrario en España, sólo hay dos modelos, el de las explotaciones familiares, y el de las explotaciones gestionadas por grandes empresas o grupos de inversión. El primero, el que nos ocupa, podría definirse, pues, como aquel que incluye todas las empresas que no forman parte del segundo. Podría ser también, aquel en el que la mayor parte de la mano de obra de la explotación procede del núcleo familiar. En todo caso, conviene añadirle el apellido “profesional”, para que cuando, una vez definida -y esto deberá hacerse en la próxima Ley de Agricultura Familiar en la que está trabajando el Ministerio de Agricultura-, se prioricen estas explotaciones para todas las ayudas -incluidas las de la PAC- que las administraciones ofrecen al sector, no se igualen para las explotaciones profesionales y las que no lo son.

Desde el más puro sentido común, podríamos decir que las empresas familiares agrarias son aquellas que están dirigidas por agricultores y ganaderos que viven en nuestros pueblos, se asientan sobre el territorio -con el que se mantienen siempre fieles, no deslocalizándose-, vertebran el medio rural, generando empleo y riqueza -que redistribuyen a su vez en las comunidades en las que desarrollan su actividad- y mantienen y moldean el paisaje.

Se enfrenta a grandes dificultades entre las que destacan el relevo generacional, la presencia de un número todavía reducido de mujeres al frente de las mismas y la falta de impulso a los proyectos de titularidad compartida, el acceso a la tierra y al agua, la excesiva burocracia administrativa, la falta de prioridad en las ayudas públicas o la competencia de otras actividades económicas, que buscan la tierra y el agua que también necesita la agricultura, para desarrollarse -entre ellas, las energías renovables-.

Para hacer que sean viables, y que puedan seguir siendo nuestro modelo de empresa agraria más característico, es necesario garantizar una mayor profesionalización, mayor competitividad y hacer de ellas, empresas rentables -y que, a su vez, generen rentas a los agricultores y ganaderos-.

Uno de los objetivos de una Ley de Agricultura y Ganadería Familiares debe ser que, una vez definidas, todas las líneas de ayuda , incluido el desarrollo de la PAC 2028-2034, tanto en el primer pilar, como en las actuaciones de desarrollo rural , se supediten al apoyo a este modelo de agricultura, que ha de ser prioritario y contar con una discriminación positiva respecto a los modelos diferentes.

También, debe impulsar la creación de bancos públicos de tierra , para asegurar el acceso a este factor limitante, de los jóvenes y de los profesionales. De igual forma, debe ser tratado el acceso al agua , pues es muy difícil de imaginar -salvo contadas excepciones- futuro para el sector agrario en España sin acceso al recurso agua. Éste bien, que es -y debe ser tratado como tal- público, se ha convertido en las últimas décadas en el factor que delimita la rentabilidad de las explotaciones agrarias y, en los usos agrarios, el agua debe estar supeditado al impulso al modelo de agricultura y ganadería familiar.

El impulso al relevo generacional, con una revisión drástica de la intervención de incorporación al sector de jóvenes agricultores y ganaderos, en el segundo pilar de la PAC, la revisión del modelo de explotaciones de titularidad compartida, una fiscalidad preferente o mejores condiciones en las cotizaciones a la seguridad social para la contratación de mano de obra por parte de las explotaciones familiares, son otras cuestiones acuciantes para la defensa del modelo.

Una Ley de Agricultura y Ganadería familiares en España –que puede partir de las experiencias de Castilla-La Mancha y Aragón, donde ya hay en vigor, no sin dificultades, una Ley autonómica-ha de afrontar estos desafíos y transformarlos en objetivos preferentes del trabajo de la administración pública agraria.

Desde mi punto de vista, se trata de la cuestión más relevante a afrontar en los próximos años, pieza angular de cualquier política agraria que se precie , y que busque garantizar el futuro de tantos y tantos profesionales de nuestro país que quieren ser -y/o seguir siendo- agricultores y ganaderos.