Lo bueno y lo malo de la nueva PAC

Con las propuestas de un nuevo Marco Financiero Plurianual (MFP) y una nueva PAC 

para el período 2028-2034, ya posible hacer algunas reflexiones 

sobre lo bueno (porque sí, hay aspectos positivos) y lo malo de ambos documentos.

*Francisco Martínez Arroyo.

Blog Rural21.

 Van a continuación.

Vaca en Somiedo

Por un lado, el presupuesto propuesto, de 2 billones de euros para el conjunto del período, se puede calificar de austero -teniendo en cuenta los desafíos globales se esperaba un presupuesto significativamente mayor-, que supone un incremento del gasto público real respecto a 2021-2027 -descontando los fondos Next Generation- de unos 800.000 millones de euros -de los que 168.000 millones, como se ha comentado, serían para pagar la deuda de los Next Generation-.

De ellos, se asigna una partida de 0,865 billones de euros (el 44% del total del nuevo MFP) para el nuevo Fondo para los planes de asociación nacionales y regionales, donde está incluida la PAC, además de la política pesquera común, la política de cohesión o la de interior.

De los 865.076 millones de euros del fondo a nivel europeo, la PAC contará con un mínimo de 293.700 millones de euros para las siguientes intervenciones de apoyo a los ingresos de los agricultores: nuevas ayudas degresivas por superficie -con modulación y techo por explotación-, ayudas acopladas, pago específico para el algodón, ayudas en zonas con limitaciones, apoyos por las desventajas derivadas del cumplimiento de determinados requisitos, ayudas agroambientales, ayudas para los pequeños agricultores, instrumentos de gestión de riesgos, inversiones en las explotaciones, instalación de jóvenes, ayudas para la compatibilidad con la vida personal e intervenciones sectoriales.

De los 293.700 millones de euros de fondos destinados a apoyar los ingresos de los agricultores y ganaderos, la Comisión Europea ha propuesto para España, 37.235 millones de euros, el 12,68% del total del presupuesto para esta partida a nivel comunitario, algo más de lo que representa (sumando FEAGA y FEADER) en el período 2021-2027 (11,95%).

De forma adicional, dentro de este nuevo fondo, para toda la UE, se reservan 6.301 millones de euros para una reserva de crisis para el sector agrario, el doble que en el período actual.

Así, la PAC tendría garantizados 300.000 millones de euros para todos los Estados Miembros, alrededor de un 22% menos que en 2021-2027. En el caso de España, los 37.235 millones de euros son un 78% de los 47.724,30 millones de euros de los que dispone para el período 2021-2027.

No obstante, del fondo de 0,865 billones de euros, hay 452.964 millones de euros que no están asignados a ninguna política (“not ring fenced”) y que podrían utilizarse para aumentar (“top up”) los recursos destinados para intervenciones de apoyo a los ingresos de los agricultores ya mencionadas y para poner en marcha las intervenciones de LEADER-será obligatorio para los Estados Miembros-, cooperación para el conocimiento y la innovación en los sectores agrario y forestal y en el medio rural, iniciativas para la cooperación local y territorial, programas escolares de alimentación, intervenciones en regiones ultraperiféricas y ayudas de crisis para los agricultores.

La “salida” de la PAC de estas medidas, supone una dispersión de las intervenciones que afectan al sector y al desarrollo rural, pero puede suponer más sinergias en su implementación y el acceso a más recursos y objetivos políticos, lo que podría ser muy interesante, por ejemplo, para la metodología LEADER, muy adecuada para enfoques territoriales y transversales, cuyo encaje en una política sectorial como la PAC siempre ha sido muy dificultoso.

Por otra parte, esto significa que habrá más recursos para el sector agrario y el medio rural, pero será clave la negociación para la asignación de estos fondos “not ring fenced” entre Estados Miembros y, una vez en España, la negociación para que el sector agrario y el medio rural reciban un trozo relevante del “pastel” nacional.

Únicamente las ayudas degresivas, las acopladas, el pago específico para el algodón y el pago a los pequeños agricultores, tendrán una financiación al 100% por parte de fondos comunitarios. El resto de las intervenciones de apoyo a los ingresos de los agricultores, y los programas escolares, contarán con un mínimo de cofinanciación nacional del 30% por parte de los Estados Miembros, lo que puede suponer más fondos para el sector agrario, pero, a la vez, puede generar grandes diferencias en los apoyos de unos Estados Miembros frente a otros.

 Por otra parte, la arquitectura medioambiental se simplifica. Todas las ayudas con base superficial o por cabeza de ganado estarán sujetas a lo que la Comisión Europea ha denominado “farm stewardship”, algo así como “vigilancia o custodia agraria”, salvo la ayuda para pequeños agricultores -sólo tendrán que cumplir la condicionalidad social-, que incluye los requisitos legales de gestión -de forma muy resumida, las normas ambientales, de salud pública, sanidad vegetal, bienestar animal y condiciones laborales- y las “prácticas protectoras” del clima la biodiversidad, y la conservación de suelos y agua.

De manera voluntaria, los agricultores podrán acogerse a las acciones agroambientales y climáticas que ponga en marcha cada Estado Miembro, que sustituirán a los eco-esquemas y a las medidas agroambientales.  Una diferencia importante con el período actual es que estas ayudas ambientales tendrán una cofinanciación mínima del 30% por parte de cada Estado Miembro, cuando ahora, los eco-esquemas tienen financiación 100% comunitaria.

Otras novedades importantes son el nuevo paquete de ayudas para el inicio en la actividad (hasta 300.000 euros de ayuda para jóvenes), la prohibición de que las personas jubiladas cobren las ayudas a partir de 2032, y que los Estados Miembros podrán aumentar las ayudas para jóvenes y mujeres agricultoras en sus planes.

En definitiva, y como primera aproximación al contenido de las propuestas, lo peor es la reducción de fondos -aunque lo que se establece para la PAC, como se ha comentado, es un mínimo, y el dinero para el sector podrá incrementarse-, pero hay muchas cuestiones positivas, en las que hay que trabajar desde ya, para defender bien los intereses de los agricultores y ganaderos y de los habitantes de nuestro medio rural.

*Francisco Martínez Arroyo. Ingeniero Agrónomo, con experiencia en política agraria y medio rural. He desarrollado mi actividad profesional en distintas administraciones, en temas agrarios, rurales y medioambientales. He sido durante ocho años, hasta julio de 2023, Consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Autor de dos libros: «El resurgir del agro» (Editorial Agrícola, 2024) y “Ruralsiglo21. Una década de reflexiones” (Agrifood Comunicación, 2023). También, de la «Guía práctica de la nueva PAC 2014-2020» (Editorial Agrícola, 2012).

La familia de agricultores que arrasa con sus patatas a cuarenta céntimos el kilo. Venta Directa.

Una venta de patatas organizada por la familia Demassiet.
La familia de agricultores que arrasa con sus patatas a cuarenta céntimos el kilo: 
«Vendemos 25 toneladas al día»

Una venta de patatas organizada por la familia Demassiet.

Cada semana, atraen a cientos de vecinos gracias a la calidad de sus productos y los bajos precios de sus patatas, que venden a seis euros por quince kilos

J.M. El Diario Vasco.

En tiempos de incertidumbre para el sector agrícola, la familia Demassiet, en el norte de Francia, ha convertido una crisis en una oportunidad. Tras perder sus contratos con la industria agroalimentaria en 2020, estos agricultores decidieron apostar por un sistema de venta directa que hoy es un auténtico fenómeno en Île-de-France, atrayendo cada semana a cientos de vecinos y parisinos en busca de sus frutas y verduras a precios imbatibles.

La idea surgió en mayo de 2020, al término del primer confinamiento, cuando la familia se enfrentaba a la pregunta urgente de qué hacer con las toneladas de patatas Fontane, ideales para freír, cultivadas en sus 40 hectáreas. «Los fabricantes nos hicieron comprender que ya no necesitaban nuestras patatas», recuerda Jérémy Demassiet, uno de los responsables de la explotación y primer teniente de alcalde de Bois-d'Arcy (Yvelines), en una entrevista de un medio local.

Fue entonces cuando decidieron probar suerte con una primera venta directa en Saint-Cyr-l'École, un terreno privado a cuarenta minutos en coche de parís . «Al principio solo vinimos con un coche y una carreta. Y como funcionó tan bien, trajimos una furgoneta, y después, un semirremolque», relata Jérémy. El resultado superó todas las expectativas y lograron vender 17 toneladas de patatas en un solo día.

El entusiasmo no tardó en multiplicarse. Apenas dos semanas después, una nueva jornada de venta permitió colocar 50 toneladas más, impulsadas por el boca a boca. «No paraban de preguntarnos: '¿Cuándo vuelven?'», recuerda el agricultor. Desde entonces, la caravana de los Demassiet ha recorrido buena parte de Yveline y se ha extendido a otros departamentos de la zona.

En cada cita, largas colas de coches esperan frente al camión cargado de patatas. La clave del éxito está en la combinación de calidad y precio: una saco de 15 kilos se vende a tan solo 6 euros, es decir, 40 céntimos por kilo. «Antes vendíamos a 7,50 €, pero decidimos bajar el precio. No perdemos dinero, evitamos el desperdicio y ofrecemos un producto excelente», explica Jérémy.

Solo en su última venta en Les Mureaux, celebrada el 26 de septiembre, llegaron con 25 toneladas de patatas y atendieron a clientes durante toda la jornada. En ocasiones, incluso contemplan la posibilidad de movilizar un segundo camión para responder a la alta demanda.

En 2025, el proyecto ha seguido creciendo. A las patatas se han sumado coliflores y calabacines, también con precios hasta cuatro veces más bajos que los de los supermercados. «Queremos ofrecer productos accesibles sin sacrificar nuestra rentabilidad», afirma el agricultor.

Sin embargo, los Demassiet no se dejan llevar por la euforia. «No hacemos grandes planes. Cada año volvemos a empezar, hacemos balance y decidimos si continuamos. Lo que sí sabemos es que hemos recibido miles de agradecimientos. Es realmente conmovedor», confiesa Jérémy.

Novedades Jurídicas de PAC 2026:

Novedades PAC 2026 que se han aprobado para la Política Agraria Común, en España, de cara a la próxima campaña.

El 15 de octubre se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado, BOE, el  RD 916/2025 que modifica distintos reales Decretos en materia de la PAC para 2026.

Principales modificaciones jurídicas:

1º.- Cesión de derechos de la reserva nacional: se incluye, dentro de la citada normativa a aplicar de cara a la campaña 2026, una nueva excepción a la prohibición de cesión en los 5 primeros años (campaña de asignación y 4 siguientes): las causas de fuerza mayor (las otras excepciones eran herencias, incapacidades laborales, fallecimiento, cambios de denominación, cesión entre cónyuges o constitución de una explotación de titularidad compartida. Art 27.1 RD 1045/22

2º.- Los agricultores que se incorporen a la actividad agraria, no podrán ceder sus derechos hasta la campaña en la que hayan justificado el cumplimiento del requisito de agricultor activo.» Art 31.6 RD 1045/22

3º.- No habrá peaje del 30% en caso de cesión de derechos (venta o arrendamiento) sin tierras a explotaciones de titularidad compartida  Otras excepciones de cesión de derechos sin tierra sin peajes son cesiones a nuevos agricultores, jóvenes agricultores o modificaciones de superficie por expropiaciones forzosas o concentraciones parcelarias. art 32.2 RD 1045/22

4º.- Control reforzado de la documentación que acredite el uso de los recintos y parcelas (contratos de arrendamiento y de propiedad): se rebaja a una hectárea (antes eran 2) el tamaño del recinto el mínimo que puede estar exento de control

En el caso de cesiones de derechos de ayuda básica la renta con tierras y solicitudes de derechos de ayuda básica a la renta de la reserva nacional se exigirá al solicitante que aporte documentación que acredite que todas las parcelas por las que solicita la asignación de estos derechos están a su disposición (escrituras o documentos de propiedad, contratos de arrendamiento, etc), sin excepción de tamaño. Art 40  RD1047/22

5º.- Los nuevos agricultores para considerarse agricultores activos tienen que justificar ingresos agrarios significativos (25% del total) en el primero o segundo año de la incorporación. Se añade que no podrán ceder sus derechos hasta la campaña en la que hayan justificado el cumplimiento de agricultor activo. Art 5.4 RD 1048/22.

6º.- Las superficies agrivoltaicas pueden cobrar PAC. Cambio en la situación de las «agrivoltaicas» En el caso de instalaciones energéticas como placas solares o aerogeneradores ubicadas sobre parcelas agrícolas, dichas instalaciones tendrán la consideración de superficies improductivas y deberán ser descontadas de la superficie elegible de la parcela.

Si bien, en el caso de instalaciones agrivoltaicas, la totalidad de la superficie de la parcela de tierra de cultivo o cultivo permanente seguirá considerándose elegible si la agricultura sigue siendo la actividad principal. Art 9.12 RD 1048/22.

7º.- Se refuerza el hecho de que aquellos agricultores que hayan sido sancionados en vía administrativa por hacer uso ilegal del agua no recibirán importe alguno de ayudas asociadas ni ecorregimenes en aquellas hectáreas de regadío por las que se haya impuesto dicha sanción y para las que hayan solicitado dichas ayudas Art 10.1 RD 1048/22.

8º.- Se permitirá la subsanación de defectos en las solicitudes de ayuda hasta el 31 de agosto del año de la solicitud. Siempre que se haya actuado de buena fe y no haya sido seleccionado para un control. Art 115.1 RD 1048/22.

Lucas, el agricultor de 18 años que ha recuperado la granja de su abuelo

 Lucas, el agricultor de 18 años que ha recuperado 

la granja de su abuelo en una subasta por 115.000 euros

Lucas Wafflart, junto a algunos miembros de su familia. Sud Ouest

 El precio de la finca familiar se multiplicó por diez en la puja por culpa de una sociedad inmobiliaria interesada en la propiedad

Javier Medrano. Diario Vasco

Es un gran alivio para Lucas Wafflart. A sus 18 años, este joven futuro agricultor ha logrado recuperar la granja familiar que pertenecía a su abuelo, tras meses de incertidumbre y una subasta judicial. Un largo periplo lleno de tensiones y en el que la movilización de su comarca ha sido clave para que finalmente la explotación agrícola de Mauvezin-sur-Gupie en el sur de Francia pueda regresar a sus manos.

La finca, de 37 hectáreas, había sido puesta a la venta por el tribunal de Agen en en Nueva Aquitania 140.000 euros, después de que la familia Wafflart se viera abocada a la liquidación judicial. Incapaces de reunir el dinero necesario, recurrieron entonces al apoyo del entorno rural y de los internautas. En redes sociales y en la prensa local se difundió un llamamiento: nadie debía superar la oferta de Lucas para que la granja no cayera en manos de otro comprador.

El precio de salida se redujo finalmente a 10.045 euros, pero un jubilado presentó una sobrepuja del 10% en julio, lo que obligó, conforme a la ley, a celebrar una segunda subasta y desató la indignación en el entorno agrícola local además de prolongar la incertidumbre de la familia.

Finalmente, este jueves 16 de octubre, Lucas Wafflart acudió por última vez al tribunal juidicial de Agen para asistir a la subasta definitiva. No obstante, por delante quedaban doce minutos de pujas antes de poner fin a meses de angustias en los que el representante de Plan Rouge Agricole, una asociación creada para salvar explotaciones en dificultades, encontró un rival inesperedo en una sociedad civil inmobiliaria de Lot-et-Garonne, interesada en hacerse con la propiedad.

Así, de los 11.050 euros iniciales, cada pocos segundos el precio de la subasta por la granja del abuelo de Lucas Wafflart no paraba de subir para desesperación del joven, que apenas podría mirar el ascenso meteórico de los números hasta los 115.00 euros.

«Salimos contentos, pero indignados de que la venta haya subido hasta 115.000 euros», declaró José Pérez, presidente de la Coordinación Rural de Lot-et-Garonne, que acompañó a la familia desde el inicio del proceso, tras lograr que la explotación agrícola haya podido quedar en manos de los Wafflart. «Hay gente dispuesta a destruir familias, a asesinar agricultores. Es horrible verlo. Menos mal que Lucas ha contado con la solidaridad de los donantes de la colecta, porque sale de aquí con una carga enorme para alguien tan joven».

El futuro de la granja de Lucas Wafflart

El acuerdo alcanzado con Plan Rouge Agricole permitirá que Lucas reciba la explotación una vez concluya sus estudios. «Le cederemos la granja cuando esté preparado. Es joven, tiene que seguir adelante y llevar a cabo su proyecto», explicó José Pérez.

Por su parte, tras el cierre de la agónica subasta, Lucas Wafflart prefirió regresar discretamente hasta su casa. «Voy a anunciarles la noticia a mis abuelos. Les prometí que salvaría la propiedad», señaló emocionado a los medios locales

El cinismo de no prohibir el glifosato.

A 10 años de que la OMS declarara el glisofato cancerígeno, un estudio coordinado por el Instituto Ramazzini de Italia confirmó sus hallazgos y agregó nuevos elementos preocupantes.

El estudio científico más amplio realizado hasta el momento sobre el efecto cancerígeno del glifosato mostró resultados alarmantes: aún en dosis permitidas por las regulaciones, la exposición prolongada a este agrotóxico y otros componentes de sus formulaciones comerciales causaron múltiples formas de cáncer (Carcinogenic effects of long-term exposure from prenatal life to glyphosate and glyphosate-based herbicides in Sprague–Dawley rats   Panzacchi, S. et al, 2025, Environmental Health).

Acceso directo a este estudio

Es algo que las personas en zonas rurales de siembra y aledañas a los cultivos donde se usa glifosato en todo el mundo vienen sufriendo y que,  junto a organizaciones ambientales y de agricultura campesina, han denunciado repetidamente. 

El Centro Internacional de Investigación sobre el Cáncer (CIRC) de la OMS declaró desde 2015 que el glifosato es cancerígeno y varios estudios posteriores mostraron neurotoxicidad, deformaciones y mortalidad neonatales vinculados al glifosato. 

Las transnacionales fabricantes de venenos agrícolas, como Bayer-Monsanto, se han dedicado a denostar estos resultados, acosando a investigadores y periodistas que informan sobre estudios críticos (Carey Gillam).

Los investigadores del nuevo estudio administraron glifosato solo y en formulación de dos herbicidas comerciales, a ratas Sprague-Dawley desde antes de su nacimiento hasta el fin de su vida, aproximadamente dos años. Las dosis utilizadas fueron equivalentes a los niveles “seguros” actualmente autorizados en la Unión Europea, desde el nivel denominado “ingesta diaria aceptable” hasta el nivel “sin efecto adverso observado”.

Daniel Mandrioli, del Instituto Ramazzini, resumió sus conclusiones: “Lo que descubrimos con nuestro estudio es que el glifosato y los herbicidas a base de glifosato provocaron leucemia y una serie de otros tumores en dosis que actualmente se consideran seguras” (Agencia Tierra Viva: Más pruebas y juicios contra Bayer-Monsanto por el glifosato).

Comprobaron 
.- un aumento significativo de cánceres como leucemias, tumores de piel, hígado, tiroides, páncreas, sistema nervioso; 
.- también inicio temprano en tumores raros en ratas: la mayoría de muertes por leucemia ocurrieron antes del primer año de vida. 
.- Además, comprobaron efectos desde la vida prenatal, ya que la exposición a glifosato comenzó en madres gestantes, todo ello reproduciendo un escenario realista de exposición humana.

Los autores consideran que este estudio, por su duración y la cantidad de animales que se usaron –más de mil y grupos de control– representan una evidencia sólida de la capacidad cancerígena del glifosato y sus formulaciones, evidencias que son consistentes con datos epidemiológicos en humanos.

Bayer ha desatado una campaña de desprestigio contra el Instituto Ramazzini, aunque forma parte de un amplio proyecto internacional. Este estudio es una de las líneas de trabajo del proyecto “Estudio Global del Glifosato”, dirigido por el Centro de Investigación del Cáncer Cesare Maltoni del Instituto Ramazzini en Italia, pero también involucra a científicos del Boston College, la Universidad George Mason y la Escuela de Medicina Icahn de Estados Unidos, el King’s College de Londres, el Centro Científico de Mónaco, la Universidad de Bolonia, el Instituto de Biología Agrícola y Biotecnología del Consejo Nacional de Investigación de Italia, el Instituto Nacional de Salud de Italia y el Comité Nacional de Seguridad Alimentaria del Ministerio de Salud de Italia.

Desde que Bayer compró Monsanto en 2018 está bajo intensa presión por las decenas de miles de demandas legales en Estados Unidos. Luego de haber sido sentenciado en su contra en varias ocasiones y haber hecho acuerdos en más de 100 mil demandas en Estados Unidos por cerca de 12 mil millones de dólares, aún tiene pendientes, a mayo de 2025, otras 61 mil demandas por cáncer y enfermedades graves causadas por glifosato en sus productos. En 2025 perdió dos juicios de gran cuantía, una sentencia en su contra en Georgia por 2 mil millones de dólares y otra en Misuri por 611 millones de dólares. Por ello el gobierno de Estados Unidos está promoviendo “leyes de inmunidad” que pretenden impedir que los afectados por la toxicidad del glifosato y otros agrotóxicos puedan demandar a las empresas (Agencia Tierra Viva).

La regulación europea sobre glifosato, siendo insuficiente, es más restrictiva que la existente en México, América Latina y Estados Unidos. Aunque México recientemente prohibió 35 moléculas de diferentes agrotóxicos, lo hizo bordeando cuidadosamente no afectar la venta de los principales agrotóxicos usados en el país, como el glifosato y neonicotinoides, que están devastando la apicultura, para no confrontarse con los intereses de las grandes trasnacionales de agrotóxicos. Intereses que sus cabilderos intentarán reforzar aún más en la próxima revisión del T-MEC. Al contrario de lo que han afirmado fuentes empresariales y gubernamentales, existen una gran cantidad de alternativas para eliminar estos agrotóxicos de la producción y la alimentación, muchas fueron presentadas por el Conahcyt en 2024. Es hora de apoyarlas y ya no ceder al cinismo homicida de las trasnacionales de agronegocios.

Fuente Silvia Ribeiro de «La Jornada»

----------------

Otro ejemplo de cinismo vinculado a los venenos usados en la agricultura, esta vez con protagonismo español

España exportó 17.000 toneladas de plaguicidas prohibidos en la UE en 2023

Resumiendo: Esos plaguicidas no los podemos aplicar a los cultivos en la UE, pero los seguimos fabricando y se los vendemos a otros, a quienes a su vez les compramos y nos comemos esos alimentos "envenenados por plaguicidas fabricados en España". De locos...

Modernizar y armonizar la planificación de la lucha contra los incendios forestales en España. R/D 716/2025, BOE del 29 de Agosto.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este viernes, 29 agosto,  el Real Decreto 716/2025, una norma impulsada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que busca modernizar y armonizar la planificación de la lucha contra los incendios forestales en España.

Acceso al Real Decreto 716/2025

El Real Decreto se plantea transformar la lucha contra el fuego en una labor permanente. El documento analiza las condiciones laborales de los equipos de prevención y establece que sus directrices tendrán prioridad sobre otros planes de gestión forestal.

------
PERO ese R/D sigue olvidando que una de las causas de estos incendios es el abandono humano del territorio. Esa causa es la despoblación, contra la que este R/D no dice ni hace nada...

Claro que se ha transformado el medio rural: ha sido el abandono del territorio una de las causas;  para abandonar el territorio no hay mas que hundir su economía, aquella que cuidaba el monte, aquella que hacía rentable vivir en los pueblos.

A ver cuándo ponemos en valor lo que aporta la España abandonada al bienestar general: 
.- ¿cuándo nos van a pagar lo que se debe a la naturaleza y a las gentes de los pueblos por el mantenimiento del equilibrio ecológico?.  
.- Los millones y millones de euros que aportan los bosques, el agua... a frenar el cambio climático, ¿dónde están?. 
.- Los derechos de emisión están moviendo millones y millones de euros.. Y los derechos de Remisión (?) o absorción de contaminantes, CO2... que se producen en el campo, nunca en el cemento, ¿cuándo van a revertir a los pueblos y sus gentes?.
 .- ¿Por qué se ha llevado a la agricultura y gandería a ser industrial, masificada, hipercontaminante, hiperconcentrada y contraria a la salud humana, a la de la naturaleza?. Además la ganadería, la agricultura industriales despueblan.

¿Qué somos los pueblos y sus gentes para esta España?.    ¡Menos que nada!.

Incendio 17 de julio de 2015, El Rebollar, La Varguilla, Villaorceros. 

El fin de la norma es establecer directrices y criterios comunes para que todas las comunidades autónomas elaboren planes anuales de prevención, vigilancia y extinción, adaptados a los desafíos actuales y con un enfoque integral durante todo el año.

La normativa parte de un diagnóstico claro: los factores que influyen en la proliferación de incendios han cambiado de manera profunda, desde el impacto del calentamiento global hasta la transformación del medio rural.

Ante esta realidad, el Gobierno considera imprescindible actualizar el marco regulatorio y dotar al país de un sistema homogéneo que refuerce la prevención y la coordinación. El decreto se apoya en el mandato del Real Decreto-ley 15/2022, que ya exigía a las comunidades autónomas la adaptación de sus planes de defensa antes de 2023.

El texto introduce una visión que supera el esquema clásico centrado en las temporadas de riesgo. La lucha contra el fuego deja de ser una reacción puntual para convertirse en un trabajo permanente, que combina análisis territorial, planificación de recursos, medidas de prevención y sensibilización social.

Los planes anuales adquieren así la categoría de instrumentos de ordenación preferente, lo que significa que sus directrices tendrán prioridad frente a otros documentos de gestión forestal, que deberán ser revisados si entran en contradicción.

El nuevo marco exige una planificación técnica detallada, que abarca desde la zonificación de áreas de riesgo hasta la definición de puntos estratégicos de gestión y zonas de actuación singularizada.

También establece la necesidad de cartografiar la interfaz urbano-forestal y de incorporar cronogramas sobre las épocas de mayor peligro. La norma obliga además a disponer de catálogos permanentes de medios humanos y materiales, con infraestructuras, redes de comunicación y sistemas de vigilancia operativos durante todo el año.

En paralelo, el decreto regula los usos y actividades que pueden generar incendios. Cuando la información meteorológica indique riesgo extremo, las comunidades autónomas deberán aplicar de inmediato prohibiciones como la suspensión de quemas, el uso de maquinaria que pueda provocar chispas o la utilización de material pirotécnico.

El objetivo es anticiparse a las condiciones más críticas y evitar la propagación de incendios en jornadas de especial vulnerabilidad.

El texto también pone el foco en las condiciones laborales de los equipos de prevención y extinción, recordando que los planes autonómicos deben garantizar la estabilidad y seguridad de los profesionales que actúan en primera línea.

Asimismo, otorga nuevas competencias al Comité de Lucha contra Incendios Forestales, encargado de analizar los criterios establecidos y recomendar mejoras en la planificación, además de emitir informe previo sobre el desarrollo reglamentario de la norma.

El Gobierno defiende que este real decreto responde a los principios de buena regulación: es necesario, eficaz y proporcionado; garantiza la seguridad jurídica y la transparencia; y busca maximizar la eficiencia con el menor coste posible. Se fundamenta en la Ley de Montes y en el artículo 149.1.23 de la Constitución, que otorga al Estado la competencia básica en materia de protección del medio ambiente.

Con esta norma, España da un paso hacia una estrategia común que pretende reforzar la prevención, mejorar la coordinación entre administraciones y reducir las consecuencias de unos incendios forestales que, cada verano, ponen a prueba la seguridad de las personas, los ecosistemas y el territorio.

Multinacionales contra los pequeños agricultores y expulsando el mercado las pequeñas empresas de semillar.

Este monopolio en la industrialización de la semilla ha ido de la mano con el de las principales productoras de pesticidas, las cuales compraron o expulsaron del mercado a miles de pequeñas y medianas empresas de simientes. 

En paralelo, en lo que va del siglo desapareció el 75% de la diversidad genética de los cultivos.

Mientras una cuarta parte de la humanidad padece inseguridad alimentaria, un pequeño grupo de multinacionales juegan un rol casi hegemónico en la industria de la alimentación. Las transnacionales suizas Syngenta Group, las alemanas Bayer, BASF y KWS, la estadounidense Corteva y la francesa Limagrain controlan dos tercios de las semillas comerciales en el mundo y sostienen una tendencia concentradora acelerada.

Hasta las semillas se roban
En menos de tres décadas, este monopolio en la industrialización de la semilla ha ido de la mano con el de las principales productoras de pesticidas, las cuales compraron o expulsaron del mercado a miles de pequeñas y medianas empresas de simientes. En paralelo, en lo que va del siglo desapareció el 75% de la diversidad genética de los cultivos.Datos y reflexiones contundentes que una serie de organizaciones no gubernamentales (ONG) y redes especializadas en la temática alimenticia acaban de publicar en Semillas en Peligro. Las luchas mundiales por el control de la alimentación. Coeditado por la ONG helvética SWISSAID, la Alianza por la Soberanía Alimentaria de África, la Asociación para el Mejoramiento de Plantas en Beneficio de la Sociedad (APBREBES), las Iniciativas Regionales del Sudeste Asiático para el Empoderamiento Comunitario (SEARICE) y la Fundación Rosa Luxemburgo, este documento salió a la luz en francés como Semences en péril. Les luttes mondiales pour le contrôle de l’alimentation.
Las plantas representan más del 80% de la dieta y la nutrición humanas. De ahí la trascendencia del control monopólico de las semillas. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación (FAO) afirma que hasta hoy se han identificado y descrito 250.000 especies de plantas superiores, de las cuales 30.000 son comestibles. Y treinta de estas son los cultivos principales que nutren a la humanidad. Cinco cereales (arroz, trigo, maíz, mijo y sorgo) proporcionan el 60% del aporte calórico de la población mundial. Hacia 2050, cuando se prevé que la misma pase los 9.000 millones, debería lograrse un aumento del 60% en la producción de alimentos para cubrir las necesidades esenciales. Por lo tanto, en el control de las semillas se juega una de las principales batallas no solo actuales sino también para el futuro de la humanidad.

Nada anda bien
El control de esas seis multinacionales sobre las dos terceras partes de las semillas comerciales expresa claros signos de fracaso del sistema alimentario a escala internacional, afirma Semillas en peligro. Al mismo tiempo que la biodiversidad mundial disminuye rápidamente y las comunidades más vulnerables y marginadas –especialmente los trabajadores agrícolas y los agricultores– soportan el peso del creciente impacto de las crisis medioambientales y económicas.
Las semillas son el pilar central de todos los sistemas alimentarios porque contienen la información genética que determina las características y el rendimiento de los cultivos. Por otra parte, la diversidad de variedades disponibles es el resultado del esfuerzo colectivo de los agricultores, quienes durante miles de años la han transmitido de generación en generación. En otras palabras: desde hace más de 10.000 años, los campesinos han seleccionado, intercambiado y conservado este rico patrimonio que ahora corre el peligro de extinción.
Desde la industrialización acelerada de la agricultura posterior a la Segunda Guerra Mundial, la selección de semillas se fue convirtiendo en un negocio lucrativo para las empresas especializadas. En diversos países europeos y en América del Norte, esa actividad se regula a través de leyes de propiedad intelectual. Sin embargo, este enfoque resulta poco adaptado al contexto de muchas naciones del Sur donde hasta el 90% de las semillas son conservadas por los agricultores. Paradójicamente, a pesar de esta realidad, varios países del Sur han adoptado normativas sobre las semillas similares o incluso más estrictas que las vigentes en los países del Norte para complacer a las transnacionales.
Las grandes multinacionales buscan reforzar su poder sobre la producción y comercialización de semillas y alimentos aprovechándose de la compleja legislación sobre derechos de propiedad intelectual. Como lo reiteran SWISSAID y las demás coeditoras de Semillas en Peligro, dichas leyes también se incorporan en los acuerdos comerciales internacionales, lo que les permite a las multinacionales controlar el tipo de semillas que se va a comercializar y, en última instancia, qué tipo de cultivos se va a producir.
Esta marcada dependencia de los agricultores locales respecto de las multinacionales de semillas reduce su autonomía y su capacidad de elección en las prácticas agrícolas. Como resultado, sus derechos a la alimentación se dificultan y sus esfuerzos para la erradicación del hambre en sus propias comunidades y países se ven seriamente limitados. Por otra parte, esta dependencia refuerza el desarrollo de monocultivos, orientados esencialmente a la exportación y con consecuencias nefastas para la biodiversidad. La misma se ve amenazada por la aplicación masiva de fertilizantes químicos, el empleo de semillas híbridas y el uso de organismos genéticamente modificados.

Ideas innovativas
Para transformar los sistemas alimentarios, sostienen las coeditoras de Semillas en peligro, es esencial una nueva manera de ver las semillas y de interactuar con ellas. Y retoman las reflexiones de Michael Fakhri, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el Derecho a la Alimentación, quien afirmó que “los sistemas de semillas [propios] de los agricultores les permiten cultivar alimentos que respondan y se adapten al cambio para que las comunidades sean más fuertes y los sistemas alimentarios más resilientes”.
Aunque las grandes multinacionales dominan la cadena agroalimentaria a través de la tecnología, la legislación y el control del mercado, existen herramientas para oponerse a ellas, sostienen los principales movimientos sociales del campo. Entre los posibles mecanismos de control, señalan el fortalecimiento y la aplicación de leyes antimonopólicas y la refutación de leyes de propiedad intelectual y de acuerdos comerciales.
Esos movimientos sociales del mundo rural recuerdan que este sistema de semillas cuenta con el beneplácito de la OMC (Organización Mundial del Comercio), el Banco Mundial y el FMI (Fondo Monetario Internacional), y se refleja en los acuerdos de libre comercio y en las leyes modelo de protección de derechos de los que controlan las variedades vegetales, como por ejemplo la UPOV (Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales). Dicho sistema solo permite la circulación de semillas “patentadas” (o propietarias) que otorga derechos exclusivos, al tiempo que criminaliza la conservación, el intercambio, la utilización, la donación y la venta de semillas locales entre agricultores. La situación ha llegado a tal punto que las campesinas y los campesinos han perdido el control sobre las semillas autóctonas, están siendo penalizados por el uso y el intercambio de sus propias semillas, y a menudo se ven sometidos a registros e incluso a la incautación de sus propias semillas.
Los movimientos sociales rurales y las ONG que los sostienen consideran un avance importante la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales (UNDROP), ratificada en 2018 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. La misma consagra el derecho a las semillas y la diversidad biológica y exige que los Estados permitan que los campesinos participen en los procesos de toma de decisiones que afectan sus vidas, sus tierras y sus medios de vida.
La publicación Semillas en peligro, presenta también vías creativas. Actualmente, cientos de variedades tradicionales y nuevas se publican bajo una licencia de código abierto (similar a la utilizada para el software) para protegerlas de la privatización y la restricción de su uso. Una coalición global de organizaciones y movimientos está identificando iniciativas de este tipo en los cinco continentes.En muchas regiones se están creando bancos de semillas para salvaguardar la diversidad genética. Por ejemplo, el Banco Mundial de Semillas o Cámara Global de Semillas de Svalbard, un enorme almacén subterráneo en la isla noruega de Spitsbergen cuyo objetivo es preservar muestras de semillas de todos los cultivos alimentarios del planeta. Se lo conoce también como la Cámara del Fin del Mundo porque se construyó de tal forma que puede resistir terremotos, el impacto de bombas y otros cataclismos.
La lucha por las semillas forma parte de la identidad de los más importantes movimientos sociales rurales a nivel internacional. La Vía Campesina que representa a más de 200 millones de mujeres y hombres trabajadores agrícolas, pequeños y medianos agricultores y pueblos indígenas, defiende el concepto de “Semillas Campesinas, patrimonio de los pueblos al servicio de la humanidad”. Sostiene la necesidad de promover el intercambio de semillas y productos agroecológicos que dinamicen los mercados locales y regionales. Apuesta a una agricultura ecológica urbana y rural. Y propugna la recuperación de la memoria histórica y la cultura ancestral del manejo de semillas: la preminencia de lo autóctono que se opone a productos y cultivos transgénicos.

* Journaliste RP/periodista RP, desde Berna, Suiza.

Las explotaciones familiares: ¡Urgente!

Se trata de la cuestión más relevante a afrontar en los próximos años, 

pieza angular de cualquier política agraria que se precie , 

y que busque garantizar el futuro de tantos y tantos profesionales de nuestro país 

que quieren ser o seguir siendo agricultores y ganaderos.

Los objetivos de una Ley de Agricultura y Ganadería Familiares debe ser 

que todas las líneas de ayuda , incluido la PAC 2028-2034, tanto en el primer pilar,

 como en las actuaciones de desarrollo rural , 

se supediten al apoyo a este modelo de agricultura, 

que ha de ser prioritario y contar con una discriminación positiva 

respecto a los modelos diferentes de agricultura...

fmartinezarroyo

ruralsiglo21

Este sábado participó en la jornada que en todas las ediciones de la feria Terracultura, organización UPA-Almería. El motivo de mi intervención fue la defensa del modelo de explotaciones familiares. La jornada, a la que asistieron unos 300 agricultores y ganaderos profesionales del sector de los frutos secos ecológicos, todos ellos de seco, de la comarca de Los Vélez, en la provincia de Almería, me permitió conocer las particularidades de un sector muy concreto, de pequeñas y medianas empresas, y reafirmarme, más si cabe, en la urgente defensa del modelo de agricultura y ganadería familiar.

Probablemente el mayor obstáculo para avanzar en la protección de estas explotaciones es la propia definición del modelo . En realidad, teniendo en cuenta lo que hoy sucede en el sector agrario en España, sólo hay dos modelos, el de las explotaciones familiares, y el de las explotaciones gestionadas por grandes empresas o grupos de inversión. El primero, el que nos ocupa, podría definirse, pues, como aquel que incluye todas las empresas que no forman parte del segundo. Podría ser también, aquel en el que la mayor parte de la mano de obra de la explotación procede del núcleo familiar. En todo caso, conviene añadirle el apellido “profesional”, para que cuando, una vez definida -y esto deberá hacerse en la próxima Ley de Agricultura Familiar en la que está trabajando el Ministerio de Agricultura-, se prioricen estas explotaciones para todas las ayudas -incluidas las de la PAC- que las administraciones ofrecen al sector, no se igualen para las explotaciones profesionales y las que no lo son.

Desde el más puro sentido común, podríamos decir que las empresas familiares agrarias son aquellas que están dirigidas por agricultores y ganaderos que viven en nuestros pueblos, se asientan sobre el territorio -con el que se mantienen siempre fieles, no deslocalizándose-, vertebran el medio rural, generando empleo y riqueza -que redistribuyen a su vez en las comunidades en las que desarrollan su actividad- y mantienen y moldean el paisaje.

Se enfrenta a grandes dificultades entre las que destacan el relevo generacional, la presencia de un número todavía reducido de mujeres al frente de las mismas y la falta de impulso a los proyectos de titularidad compartida, el acceso a la tierra y al agua, la excesiva burocracia administrativa, la falta de prioridad en las ayudas públicas o la competencia de otras actividades económicas, que buscan la tierra y el agua que también necesita la agricultura, para desarrollarse -entre ellas, las energías renovables-.

Para hacer que sean viables, y que puedan seguir siendo nuestro modelo de empresa agraria más característico, es necesario garantizar una mayor profesionalización, mayor competitividad y hacer de ellas, empresas rentables -y que, a su vez, generen rentas a los agricultores y ganaderos-.

Uno de los objetivos de una Ley de Agricultura y Ganadería Familiares debe ser que, una vez definidas, todas las líneas de ayuda , incluido el desarrollo de la PAC 2028-2034, tanto en el primer pilar, como en las actuaciones de desarrollo rural , se supediten al apoyo a este modelo de agricultura, que ha de ser prioritario y contar con una discriminación positiva respecto a los modelos diferentes.

También, debe impulsar la creación de bancos públicos de tierra , para asegurar el acceso a este factor limitante, de los jóvenes y de los profesionales. De igual forma, debe ser tratado el acceso al agua , pues es muy difícil de imaginar -salvo contadas excepciones- futuro para el sector agrario en España sin acceso al recurso agua. Éste bien, que es -y debe ser tratado como tal- público, se ha convertido en las últimas décadas en el factor que delimita la rentabilidad de las explotaciones agrarias y, en los usos agrarios, el agua debe estar supeditado al impulso al modelo de agricultura y ganadería familiar.

El impulso al relevo generacional, con una revisión drástica de la intervención de incorporación al sector de jóvenes agricultores y ganaderos, en el segundo pilar de la PAC, la revisión del modelo de explotaciones de titularidad compartida, una fiscalidad preferente o mejores condiciones en las cotizaciones a la seguridad social para la contratación de mano de obra por parte de las explotaciones familiares, son otras cuestiones acuciantes para la defensa del modelo.

Una Ley de Agricultura y Ganadería familiares en España –que puede partir de las experiencias de Castilla-La Mancha y Aragón, donde ya hay en vigor, no sin dificultades, una Ley autonómica-ha de afrontar estos desafíos y transformarlos en objetivos preferentes del trabajo de la administración pública agraria.

Desde mi punto de vista, se trata de la cuestión más relevante a afrontar en los próximos años, pieza angular de cualquier política agraria que se precie , y que busque garantizar el futuro de tantos y tantos profesionales de nuestro país que quieren ser -y/o seguir siendo- agricultores y ganaderos.

La Riojilla Burgalesa y comarcas aledañas reciben la mitad de las Indemnizaciones por el desastre del cereal

 Riojilla Burgalesa, con la inaudita sequía de casi tres años sin llover lo suficiente

 y un pedrisco que puso la puntilla a la cosecha 2024,

va a recibir casi 4 millones por esos daños,

del total de la provincia que han sido de 8,2 millones de euros para el cereal. 

Bureba-Ebro acapara la mitad de las indemnizaciones al cereal.

R.E. MAESTRO / Burgos

- viernes, 14 de febrero de 2025

La zona de Bureba-Ebro ha concentrado la mitad de las indemnizaciones al cereal, fundamentalmente por los graves daños sufridos en la Riojilla Burgalesa por la inaudita sequía y un pedrisco que puso la puntilla.

 La zona de Bureba-Ebro ha concentrado la mitad de las indemnizaciones al cereal, fundamentalmente por los graves daños sufridos en la Riojilla Burgalesa por la inaudita sequía y un pedrisco que puso la puntilla. En toda la provincia burgalesa se han repartido un total de 8,2 millones de euros, mientras que casi 4 han ido a parar a agricultores de esta comarca. 

El campo burgalés recibió en 2024 un total de 20,5 millones de euros de indemnizaciones agrícolas, mientras que a ello se suman 1,7 millones que se corresponden al conjunto de los seguros pecuarios. Según los datos facilitados por Agroseguro a este periódico, la cifra total para la uva de vino en Burgos llegó a 12,2 millones de euros y para los cultivos herbáceos se quedaron en 8,2 millones.

La comarca de la Ribera del Duero se sitúa en lo más alto de esta tabla (con 12,1 millones) debido a que los fenómenos meteorológicos adversos se concentraron especialmente en la uva. Las heladas y el pedrisco han causado grandes pérdidas y de ahí que esta última campaña haya resultado como una de las más escasas que se recuerdan. Se recogieron 95 millones de kilos y para ver una cifra tan baja como esta hay que viajar hasta 2013. Eso sí, la calidad es excelente. La mayoría de las indemnizaciones se centran en los viñedos (11,8 millones), mientras que para el cereal solo se dieron 300.000 euros.

La mayor cantidad de dinero para las fincas de cereal se entregó en la comarca Bureba-Ebro. Supone hasta 3,8 millones de euros. Según expone José Ignacio García Barasoain, director territorial de Agroseguro en Castilla y León, detalla que la principal razón para ello se encuentra en los importantes daños sufridos en la Riojilla Burgalesa antes de arrancar la cosecha.

Una fuerte granizada a mediados del mes de junio dio el golpe definitivo al trigo y al cereal de la Riojilla Burgalesa, arruinando así lo poco que se pensaba recoger en la campaña. Pese a que en el resto de la provincia miraba en ese momento al campo con una sonrisa ante la buena previsión de cosecha -como así acabó sucediendo finalmente-, en esta zona concreta apenas tuvieron lluvias y la sequía se convirtió de nuevo en la protagonista. Los agricultores de Cerezo de Río Tirón y otros pueblos del entorno expresaban que la situación era límite, puesto que se trataba del tercer año consecutivo malo. Mientras, las organizaciones agrarias Asaja y UCCL solicitaron que se declarase como zona de sequía extrema.

El resto de indemnizaciones al cereal concedidas en la provincia burgalesa han tenido como causa el pedrisco, según explica García Barasoain. Destacan Pisuerga (1,5 millones de euros) y Arlanza (950.000 euros). Más bajas son las cifras de Arlanzón (680.000 euros), Merindades (420.000), Páramos (280.000) y Demanda (240.000).

El año pasado el seguro agrario marcó su récord. Se abonaron 44,7 millones por el cereal (cifra muy superior a la de este año por la sequía) y 9,8 por la uva de vino.

El futuro de la agricultura y el mundo rural.

 El futuro de la agricultura y el mundo rural, 

nuevo monográfico de Dossieres EsF

El número de invierno 2025 de Dossieres EsF, coordinado esta vez por José María Sumpsi y Bárbara Soriano (Universidad Politécnica de Madrid), aborda dos temáticas, la rural y la agraria, que, aunque relacionadas, dado el peso de lo agrario en el mundo rural, son a la vez distintas.

Acceso a Dossieres EsF

En los diez artículos que componen este monográfico de Dossieres EsF se trata de entender, por un lado, las causas y efectos del fenómeno de la despoblación de las áreas rurales, lo que supone no solo un reto demográfico sino también una crisis territorial, y las posibles políticas para superar esa crisis demográfica y territorial rural. Por otro lado, se  analiza si existe o no realmente una crisis del sector agrario, el papel de la Política Agraria Común (PAC), sus ayudas y sus condiciones ambientales, y qué razones de las protestas agrarias representan problemas reales o no.

Quizás una de las conclusiones más importantes de la temática agraria de este número de Dossieres EsF es que no existe una agricultura en España sino varias agriculturas y que, por tanto, hay que evitar las generalizaciones simplistas y casi siempre demagógicas.

PRESENTACIÓN: EL FUTURO DE LA AGRICULTURA Y EL MUNDO RURAL

José María Sumpsi y Bárbara Soriano (Universidad Politécnica de Madrid)

La despoblación de las áreas rurales en España ha sido un tema recurrente que ha adquirido reciente notoriedad social y política, debido a la creación de diversos movimientos sociales en defensa de los territorios despoblados, que culminaron en la manifestación de marzo de 2019 celebrada en Madrid, en la que participaron más de cien organizaciones. Esta gran manifestación, popularizó la expresión «La España vaciada», expresión que no es muy acertada pero que ayudó a la proyección pública de estos movimientos sociales y volvió a poner el tema de la despoblación en la agenda política española.

Fruto de estos movimientos sociales y protestas fue la creación, en el nuevo gobierno de PSOE- Podemos de noviembre de 2019, del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Alguno de estos movimientos sociales con más arraigo y larga trayectoria, como Teruel Existe, se transformó en organización política y se presentó primero a las elecciones generales de 2019 con notable éxito, logrando un diputado que fue decisivo para la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. Más tarde, en las elecciones de 2022 de Castilla y León, una comunidad eminentemente rural y que ha sufrido gravemente el problema de la despoblación, se presentaron varios de estos movimientos sociales con éxito desigual, destacando «Soria Ya», que ganó las elecciones es esa provincia con tres diputados. En el año 2021, y cumpliendo con uno de los compromisos del Gobierno con Teruel Existe, el Centro de Estudios Constitucionales reunió a un grupo de expertos para elaborar un informe sobre despoblación, cohesión territorio e igualdad de derechos publicado en 2022, y en el que participaron algunos de los autores de este número de Dossieres EsF.

Por otro lado, la agricultura también ha sido motivo de preocupación social por el fuerte incremento de los costes de producción y de los precios de los alimentos como consecuencia de la complicada salida de la pandemia, por la dificultad de restablecer con rapidez las cadenas internacionales de suministros, y la guerra de Ucrania. De hecho, desde hace dos años la carestía de la cesta de la compra ha sido una preocupación constante de la población, en especial de las clases de renta media y baja, y del Gobierno, que ha puesto en práctica diversas medidas, básicamente la reducción del IVA de alimentos básicos. En España, al notable incremento de los costes de producción se han unido las cosechas cortas en varios productos, como consecuencia de la sequía y otros fenómenos climáticos adversos, y las mayores exigencias ambientales impuestas a los agricultores como condición para percibir las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) a partir del 1 de enero de 2023. Justamente estos fueron los factores que impulsaron las movilizaciones de tractores en Europa y en España en los meses febrero, marzo y abril de 2024. Sin embargo, la proximidad de las elecciones al Parlamento europeo contaminó las movilizaciones y, de hecho, algunas de las convocatorias, que no tuvieron una respuesta masiva, aunque sí agresiva e incluso violenta, fueron promovidas por organizaciones vinculadas a la ultraderecha, que hicieron de la negación del cambio climático, la conservación del medio ambiente y la Agenda 2030 su principal bandera.

Este número de Dossieres EsF sobre agricultura y mundo rural reflexiona sobre ambos temas. Por un lado, tratando de entender las causas y efectos del fenómeno de la despoblación de las áreas rurales, lo que supone no solo un reto demográfico sino también una crisis territorial, y las posibles políticas para superar esa crisis demográfica y territorial rural. Por otro, analizando si existe o no realmente una crisis del sector agrario, el papel de la Política Agraria Común (PAC), sus ayudas y sus condiciones ambientales, y qué razones de las protestas agrarias representan problemas reales o no. Quizás una de las conclusiones más importantes de la temática agraria de este número de Dossieres EsF es que no existe una agricultura en España sino varias agriculturas y que, por tanto, hay que evitar las generalizaciones simplistas y casi siempre demagógicas.

Por tanto, en cierto modo este es un número de Dossieres EsF doble, pues aborda dos temáticas, la rural y la agraria, que, aunque relacionadas, dado el peso de lo agrario en el mundo rural, lo que justifica su tratamiento en un solo número de Dossieres EsF, son a la vez distintas. Esta característica singular de este número justifica la extensión ligeramente mayor a la establecida por los responsables de los Dossieres EsF y, por tanto, agradecemos su condescendencia hacia los coordinadores y autores de este dossier.

El primer trabajo, de Mercedes Molina (UCM), presenta el modelo de crecimiento seguido en España y considera que es la causa principal de los desequilibrios territoriales, al generar territorios ganadores y perdedores. Las políticas públicas han sido responsables de dichos desequilibrios, que no solo suponen un problema demográfico debido a la existencia de territorios muy despoblados como consecuencia de la emigración de las áreas rurales, sino también una grave crisis territorial. Para superar esta grave crisis es esencial un Pacto de Estado que configure una Estrategia de cohesión social y territorial con actuaciones a corto, medio y largo plazo. Tal Estrategia requiere inversiones públicas que reduzcan la brecha actual existente y configuren una competitividad territorial que favorezcan un desarrollo rural diversificado por actividades y funciones y un dinamismo de las ciudades intermedias. La excesiva polarización territorial del crecimiento, cuyas externalidades negativas son ya evidentes, introduce la necesidad de un nuevo modelo vertebrador, no excluyente, rural-urbano-metropolitano.

El segundo trabajo, de Luis Camarero (UNED), analiza en profundidad el fenómeno de la despoblación rural que se asocia de forma común al declive demográfico y a los desequilibrios de la población rural. Pero también cuando cobra su sentido como territorio vacío o despoblado, se refiere a las transformaciones sociales y espaciales relacionadas con la transformación de las actividades productivas y los sistemas de hábitat de las sociedades contemporáneas. La denominada «España vacía» es el producto de dos componentes, el primero demográfico, que refiere la reducción y alteración de las estructuras poblacionales. El segundo, que responde a la adaptación socio-territorial de los modelos de desarrollo a los nuevos contextos de economías globales. Ambos factores se retroalimentan, hasta el punto en que la diferencia entre causas y efectos de la despoblación sea una maraña de difícil solución. La despoblación se presenta como un proceso sociodemográfico de adaptación a los modelos de desarrollo centrados en economías de aglomeración. No significa, sin embargo, el vaciamiento del territorio. La movilidad, tal vez mejor expresado la auto-movilidad, es el mecanismo que mantiene el hábitat rural...    sigue leyendo o accede al Dossier