El cinismo de no prohibir el glifosato.

A 10 años de que la OMS declarara el glisofato cancerígeno, un estudio coordinado por el Instituto Ramazzini de Italia confirmó sus hallazgos y agregó nuevos elementos preocupantes.

El estudio científico más amplio realizado hasta el momento sobre el efecto cancerígeno del glifosato mostró resultados alarmantes: aún en dosis permitidas por las regulaciones, la exposición prolongada a este agrotóxico y otros componentes de sus formulaciones comerciales causaron múltiples formas de cáncer (Carcinogenic effects of long-term exposure from prenatal life to glyphosate and glyphosate-based herbicides in Sprague–Dawley rats   Panzacchi, S. et al, 2025, Environmental Health).

Acceso directo a este estudio

Es algo que las personas en zonas rurales de siembra y aledañas a los cultivos donde se usa glifosato en todo el mundo vienen sufriendo y que,  junto a organizaciones ambientales y de agricultura campesina, han denunciado repetidamente. 

El Centro Internacional de Investigación sobre el Cáncer (CIRC) de la OMS declaró desde 2015 que el glifosato es cancerígeno y varios estudios posteriores mostraron neurotoxicidad, deformaciones y mortalidad neonatales vinculados al glifosato. 

Las transnacionales fabricantes de venenos agrícolas, como Bayer-Monsanto, se han dedicado a denostar estos resultados, acosando a investigadores y periodistas que informan sobre estudios críticos (Carey Gillam).

Los investigadores del nuevo estudio administraron glifosato solo y en formulación de dos herbicidas comerciales, a ratas Sprague-Dawley desde antes de su nacimiento hasta el fin de su vida, aproximadamente dos años. Las dosis utilizadas fueron equivalentes a los niveles “seguros” actualmente autorizados en la Unión Europea, desde el nivel denominado “ingesta diaria aceptable” hasta el nivel “sin efecto adverso observado”.

Daniel Mandrioli, del Instituto Ramazzini, resumió sus conclusiones: “Lo que descubrimos con nuestro estudio es que el glifosato y los herbicidas a base de glifosato provocaron leucemia y una serie de otros tumores en dosis que actualmente se consideran seguras” (Agencia Tierra Viva: Más pruebas y juicios contra Bayer-Monsanto por el glifosato).

Comprobaron 
.- un aumento significativo de cánceres como leucemias, tumores de piel, hígado, tiroides, páncreas, sistema nervioso; 
.- también inicio temprano en tumores raros en ratas: la mayoría de muertes por leucemia ocurrieron antes del primer año de vida. 
.- Además, comprobaron efectos desde la vida prenatal, ya que la exposición a glifosato comenzó en madres gestantes, todo ello reproduciendo un escenario realista de exposición humana.

Los autores consideran que este estudio, por su duración y la cantidad de animales que se usaron –más de mil y grupos de control– representan una evidencia sólida de la capacidad cancerígena del glifosato y sus formulaciones, evidencias que son consistentes con datos epidemiológicos en humanos.

Bayer ha desatado una campaña de desprestigio contra el Instituto Ramazzini, aunque forma parte de un amplio proyecto internacional. Este estudio es una de las líneas de trabajo del proyecto “Estudio Global del Glifosato”, dirigido por el Centro de Investigación del Cáncer Cesare Maltoni del Instituto Ramazzini en Italia, pero también involucra a científicos del Boston College, la Universidad George Mason y la Escuela de Medicina Icahn de Estados Unidos, el King’s College de Londres, el Centro Científico de Mónaco, la Universidad de Bolonia, el Instituto de Biología Agrícola y Biotecnología del Consejo Nacional de Investigación de Italia, el Instituto Nacional de Salud de Italia y el Comité Nacional de Seguridad Alimentaria del Ministerio de Salud de Italia.

Desde que Bayer compró Monsanto en 2018 está bajo intensa presión por las decenas de miles de demandas legales en Estados Unidos. Luego de haber sido sentenciado en su contra en varias ocasiones y haber hecho acuerdos en más de 100 mil demandas en Estados Unidos por cerca de 12 mil millones de dólares, aún tiene pendientes, a mayo de 2025, otras 61 mil demandas por cáncer y enfermedades graves causadas por glifosato en sus productos. En 2025 perdió dos juicios de gran cuantía, una sentencia en su contra en Georgia por 2 mil millones de dólares y otra en Misuri por 611 millones de dólares. Por ello el gobierno de Estados Unidos está promoviendo “leyes de inmunidad” que pretenden impedir que los afectados por la toxicidad del glifosato y otros agrotóxicos puedan demandar a las empresas (Agencia Tierra Viva).

La regulación europea sobre glifosato, siendo insuficiente, es más restrictiva que la existente en México, América Latina y Estados Unidos. Aunque México recientemente prohibió 35 moléculas de diferentes agrotóxicos, lo hizo bordeando cuidadosamente no afectar la venta de los principales agrotóxicos usados en el país, como el glifosato y neonicotinoides, que están devastando la apicultura, para no confrontarse con los intereses de las grandes trasnacionales de agrotóxicos. Intereses que sus cabilderos intentarán reforzar aún más en la próxima revisión del T-MEC. Al contrario de lo que han afirmado fuentes empresariales y gubernamentales, existen una gran cantidad de alternativas para eliminar estos agrotóxicos de la producción y la alimentación, muchas fueron presentadas por el Conahcyt en 2024. Es hora de apoyarlas y ya no ceder al cinismo homicida de las trasnacionales de agronegocios.

Fuente Silvia Ribeiro de «La Jornada»

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Otro ejemplo de cinismo vinculado a los venenos usados en la agricultura, esta vez con protagonismo español

España exportó 17.000 toneladas de plaguicidas prohibidos en la UE en 2023

Resumiendo: Esos plaguicidas no los podemos aplicar a los cultivos en la UE, pero los seguimos fabricando y se los vendemos a otros, a quienes a su vez les compramos y nos comemos esos alimentos "envenenados por plaguicidas fabricados en España". De locos...

Modernizar y armonizar la planificación de la lucha contra los incendios forestales en España. R/D 716/2025, BOE del 29 de Agosto.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este viernes, 29 agosto,  el Real Decreto 716/2025, una norma impulsada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que busca modernizar y armonizar la planificación de la lucha contra los incendios forestales en España.

Acceso al Real Decreto 716/2025

El Real Decreto se plantea transformar la lucha contra el fuego en una labor permanente. El documento analiza las condiciones laborales de los equipos de prevención y establece que sus directrices tendrán prioridad sobre otros planes de gestión forestal.

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PERO ese R/D sigue olvidando que una de las causas de estos incendios es el abandono humano del territorio. Esa causa es la despoblación, contra la que este R/D no dice ni hace nada...

Claro que se ha transformado el medio rural: ha sido el abandono del territorio una de las causas;  para abandonar el territorio no hay mas que hundir su economía, aquella que cuidaba el monte, aquella que hacía rentable vivir en los pueblos.

A ver cuándo ponemos en valor lo que aporta la España abandonada al bienestar general: 
.- ¿cuándo nos van a pagar lo que se debe a la naturaleza y a las gentes de los pueblos por el mantenimiento del equilibrio ecológico?.  
.- Los millones y millones de euros que aportan los bosques, el agua... a frenar el cambio climático, ¿dónde están?. 
.- Los derechos de emisión están moviendo millones y millones de euros.. Y los derechos de Remisión (?) o absorción de contaminantes, CO2... que se producen en el campo, nunca en el cemento, ¿cuándo van a revertir a los pueblos y sus gentes?.
 .- ¿Por qué se ha llevado a la agricultura y gandería a ser industrial, masificada, hipercontaminante, hiperconcentrada y contraria a la salud humana, a la de la naturaleza?. Además la ganadería, la agricultura industriales despueblan.

¿Qué somos los pueblos y sus gentes para esta España?.    ¡Menos que nada!.

Incendio 17 de julio de 2015, El Rebollar, La Varguilla, Villaorceros. 

El fin de la norma es establecer directrices y criterios comunes para que todas las comunidades autónomas elaboren planes anuales de prevención, vigilancia y extinción, adaptados a los desafíos actuales y con un enfoque integral durante todo el año.

La normativa parte de un diagnóstico claro: los factores que influyen en la proliferación de incendios han cambiado de manera profunda, desde el impacto del calentamiento global hasta la transformación del medio rural.

Ante esta realidad, el Gobierno considera imprescindible actualizar el marco regulatorio y dotar al país de un sistema homogéneo que refuerce la prevención y la coordinación. El decreto se apoya en el mandato del Real Decreto-ley 15/2022, que ya exigía a las comunidades autónomas la adaptación de sus planes de defensa antes de 2023.

El texto introduce una visión que supera el esquema clásico centrado en las temporadas de riesgo. La lucha contra el fuego deja de ser una reacción puntual para convertirse en un trabajo permanente, que combina análisis territorial, planificación de recursos, medidas de prevención y sensibilización social.

Los planes anuales adquieren así la categoría de instrumentos de ordenación preferente, lo que significa que sus directrices tendrán prioridad frente a otros documentos de gestión forestal, que deberán ser revisados si entran en contradicción.

El nuevo marco exige una planificación técnica detallada, que abarca desde la zonificación de áreas de riesgo hasta la definición de puntos estratégicos de gestión y zonas de actuación singularizada.

También establece la necesidad de cartografiar la interfaz urbano-forestal y de incorporar cronogramas sobre las épocas de mayor peligro. La norma obliga además a disponer de catálogos permanentes de medios humanos y materiales, con infraestructuras, redes de comunicación y sistemas de vigilancia operativos durante todo el año.

En paralelo, el decreto regula los usos y actividades que pueden generar incendios. Cuando la información meteorológica indique riesgo extremo, las comunidades autónomas deberán aplicar de inmediato prohibiciones como la suspensión de quemas, el uso de maquinaria que pueda provocar chispas o la utilización de material pirotécnico.

El objetivo es anticiparse a las condiciones más críticas y evitar la propagación de incendios en jornadas de especial vulnerabilidad.

El texto también pone el foco en las condiciones laborales de los equipos de prevención y extinción, recordando que los planes autonómicos deben garantizar la estabilidad y seguridad de los profesionales que actúan en primera línea.

Asimismo, otorga nuevas competencias al Comité de Lucha contra Incendios Forestales, encargado de analizar los criterios establecidos y recomendar mejoras en la planificación, además de emitir informe previo sobre el desarrollo reglamentario de la norma.

El Gobierno defiende que este real decreto responde a los principios de buena regulación: es necesario, eficaz y proporcionado; garantiza la seguridad jurídica y la transparencia; y busca maximizar la eficiencia con el menor coste posible. Se fundamenta en la Ley de Montes y en el artículo 149.1.23 de la Constitución, que otorga al Estado la competencia básica en materia de protección del medio ambiente.

Con esta norma, España da un paso hacia una estrategia común que pretende reforzar la prevención, mejorar la coordinación entre administraciones y reducir las consecuencias de unos incendios forestales que, cada verano, ponen a prueba la seguridad de las personas, los ecosistemas y el territorio.

Multinacionales contra los pequeños agricultores y expulsando el mercado las pequeñas empresas de semillar.

Este monopolio en la industrialización de la semilla ha ido de la mano con el de las principales productoras de pesticidas, las cuales compraron o expulsaron del mercado a miles de pequeñas y medianas empresas de simientes. 

En paralelo, en lo que va del siglo desapareció el 75% de la diversidad genética de los cultivos.

Mientras una cuarta parte de la humanidad padece inseguridad alimentaria, un pequeño grupo de multinacionales juegan un rol casi hegemónico en la industria de la alimentación. Las transnacionales suizas Syngenta Group, las alemanas Bayer, BASF y KWS, la estadounidense Corteva y la francesa Limagrain controlan dos tercios de las semillas comerciales en el mundo y sostienen una tendencia concentradora acelerada.

Hasta las semillas se roban
En menos de tres décadas, este monopolio en la industrialización de la semilla ha ido de la mano con el de las principales productoras de pesticidas, las cuales compraron o expulsaron del mercado a miles de pequeñas y medianas empresas de simientes. En paralelo, en lo que va del siglo desapareció el 75% de la diversidad genética de los cultivos.Datos y reflexiones contundentes que una serie de organizaciones no gubernamentales (ONG) y redes especializadas en la temática alimenticia acaban de publicar en Semillas en Peligro. Las luchas mundiales por el control de la alimentación. Coeditado por la ONG helvética SWISSAID, la Alianza por la Soberanía Alimentaria de África, la Asociación para el Mejoramiento de Plantas en Beneficio de la Sociedad (APBREBES), las Iniciativas Regionales del Sudeste Asiático para el Empoderamiento Comunitario (SEARICE) y la Fundación Rosa Luxemburgo, este documento salió a la luz en francés como Semences en péril. Les luttes mondiales pour le contrôle de l’alimentation.
Las plantas representan más del 80% de la dieta y la nutrición humanas. De ahí la trascendencia del control monopólico de las semillas. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación (FAO) afirma que hasta hoy se han identificado y descrito 250.000 especies de plantas superiores, de las cuales 30.000 son comestibles. Y treinta de estas son los cultivos principales que nutren a la humanidad. Cinco cereales (arroz, trigo, maíz, mijo y sorgo) proporcionan el 60% del aporte calórico de la población mundial. Hacia 2050, cuando se prevé que la misma pase los 9.000 millones, debería lograrse un aumento del 60% en la producción de alimentos para cubrir las necesidades esenciales. Por lo tanto, en el control de las semillas se juega una de las principales batallas no solo actuales sino también para el futuro de la humanidad.

Nada anda bien
El control de esas seis multinacionales sobre las dos terceras partes de las semillas comerciales expresa claros signos de fracaso del sistema alimentario a escala internacional, afirma Semillas en peligro. Al mismo tiempo que la biodiversidad mundial disminuye rápidamente y las comunidades más vulnerables y marginadas –especialmente los trabajadores agrícolas y los agricultores– soportan el peso del creciente impacto de las crisis medioambientales y económicas.
Las semillas son el pilar central de todos los sistemas alimentarios porque contienen la información genética que determina las características y el rendimiento de los cultivos. Por otra parte, la diversidad de variedades disponibles es el resultado del esfuerzo colectivo de los agricultores, quienes durante miles de años la han transmitido de generación en generación. En otras palabras: desde hace más de 10.000 años, los campesinos han seleccionado, intercambiado y conservado este rico patrimonio que ahora corre el peligro de extinción.
Desde la industrialización acelerada de la agricultura posterior a la Segunda Guerra Mundial, la selección de semillas se fue convirtiendo en un negocio lucrativo para las empresas especializadas. En diversos países europeos y en América del Norte, esa actividad se regula a través de leyes de propiedad intelectual. Sin embargo, este enfoque resulta poco adaptado al contexto de muchas naciones del Sur donde hasta el 90% de las semillas son conservadas por los agricultores. Paradójicamente, a pesar de esta realidad, varios países del Sur han adoptado normativas sobre las semillas similares o incluso más estrictas que las vigentes en los países del Norte para complacer a las transnacionales.
Las grandes multinacionales buscan reforzar su poder sobre la producción y comercialización de semillas y alimentos aprovechándose de la compleja legislación sobre derechos de propiedad intelectual. Como lo reiteran SWISSAID y las demás coeditoras de Semillas en Peligro, dichas leyes también se incorporan en los acuerdos comerciales internacionales, lo que les permite a las multinacionales controlar el tipo de semillas que se va a comercializar y, en última instancia, qué tipo de cultivos se va a producir.
Esta marcada dependencia de los agricultores locales respecto de las multinacionales de semillas reduce su autonomía y su capacidad de elección en las prácticas agrícolas. Como resultado, sus derechos a la alimentación se dificultan y sus esfuerzos para la erradicación del hambre en sus propias comunidades y países se ven seriamente limitados. Por otra parte, esta dependencia refuerza el desarrollo de monocultivos, orientados esencialmente a la exportación y con consecuencias nefastas para la biodiversidad. La misma se ve amenazada por la aplicación masiva de fertilizantes químicos, el empleo de semillas híbridas y el uso de organismos genéticamente modificados.

Ideas innovativas
Para transformar los sistemas alimentarios, sostienen las coeditoras de Semillas en peligro, es esencial una nueva manera de ver las semillas y de interactuar con ellas. Y retoman las reflexiones de Michael Fakhri, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el Derecho a la Alimentación, quien afirmó que “los sistemas de semillas [propios] de los agricultores les permiten cultivar alimentos que respondan y se adapten al cambio para que las comunidades sean más fuertes y los sistemas alimentarios más resilientes”.
Aunque las grandes multinacionales dominan la cadena agroalimentaria a través de la tecnología, la legislación y el control del mercado, existen herramientas para oponerse a ellas, sostienen los principales movimientos sociales del campo. Entre los posibles mecanismos de control, señalan el fortalecimiento y la aplicación de leyes antimonopólicas y la refutación de leyes de propiedad intelectual y de acuerdos comerciales.
Esos movimientos sociales del mundo rural recuerdan que este sistema de semillas cuenta con el beneplácito de la OMC (Organización Mundial del Comercio), el Banco Mundial y el FMI (Fondo Monetario Internacional), y se refleja en los acuerdos de libre comercio y en las leyes modelo de protección de derechos de los que controlan las variedades vegetales, como por ejemplo la UPOV (Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales). Dicho sistema solo permite la circulación de semillas “patentadas” (o propietarias) que otorga derechos exclusivos, al tiempo que criminaliza la conservación, el intercambio, la utilización, la donación y la venta de semillas locales entre agricultores. La situación ha llegado a tal punto que las campesinas y los campesinos han perdido el control sobre las semillas autóctonas, están siendo penalizados por el uso y el intercambio de sus propias semillas, y a menudo se ven sometidos a registros e incluso a la incautación de sus propias semillas.
Los movimientos sociales rurales y las ONG que los sostienen consideran un avance importante la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales (UNDROP), ratificada en 2018 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. La misma consagra el derecho a las semillas y la diversidad biológica y exige que los Estados permitan que los campesinos participen en los procesos de toma de decisiones que afectan sus vidas, sus tierras y sus medios de vida.
La publicación Semillas en peligro, presenta también vías creativas. Actualmente, cientos de variedades tradicionales y nuevas se publican bajo una licencia de código abierto (similar a la utilizada para el software) para protegerlas de la privatización y la restricción de su uso. Una coalición global de organizaciones y movimientos está identificando iniciativas de este tipo en los cinco continentes.En muchas regiones se están creando bancos de semillas para salvaguardar la diversidad genética. Por ejemplo, el Banco Mundial de Semillas o Cámara Global de Semillas de Svalbard, un enorme almacén subterráneo en la isla noruega de Spitsbergen cuyo objetivo es preservar muestras de semillas de todos los cultivos alimentarios del planeta. Se lo conoce también como la Cámara del Fin del Mundo porque se construyó de tal forma que puede resistir terremotos, el impacto de bombas y otros cataclismos.
La lucha por las semillas forma parte de la identidad de los más importantes movimientos sociales rurales a nivel internacional. La Vía Campesina que representa a más de 200 millones de mujeres y hombres trabajadores agrícolas, pequeños y medianos agricultores y pueblos indígenas, defiende el concepto de “Semillas Campesinas, patrimonio de los pueblos al servicio de la humanidad”. Sostiene la necesidad de promover el intercambio de semillas y productos agroecológicos que dinamicen los mercados locales y regionales. Apuesta a una agricultura ecológica urbana y rural. Y propugna la recuperación de la memoria histórica y la cultura ancestral del manejo de semillas: la preminencia de lo autóctono que se opone a productos y cultivos transgénicos.

* Journaliste RP/periodista RP, desde Berna, Suiza.

Las explotaciones familiares: ¡Urgente!

Se trata de la cuestión más relevante a afrontar en los próximos años, 

pieza angular de cualquier política agraria que se precie , 

y que busque garantizar el futuro de tantos y tantos profesionales de nuestro país 

que quieren ser o seguir siendo agricultores y ganaderos.

Los objetivos de una Ley de Agricultura y Ganadería Familiares debe ser 

que todas las líneas de ayuda , incluido la PAC 2028-2034, tanto en el primer pilar,

 como en las actuaciones de desarrollo rural , 

se supediten al apoyo a este modelo de agricultura, 

que ha de ser prioritario y contar con una discriminación positiva 

respecto a los modelos diferentes de agricultura...

fmartinezarroyo

ruralsiglo21

Este sábado participó en la jornada que en todas las ediciones de la feria Terracultura, organización UPA-Almería. El motivo de mi intervención fue la defensa del modelo de explotaciones familiares. La jornada, a la que asistieron unos 300 agricultores y ganaderos profesionales del sector de los frutos secos ecológicos, todos ellos de seco, de la comarca de Los Vélez, en la provincia de Almería, me permitió conocer las particularidades de un sector muy concreto, de pequeñas y medianas empresas, y reafirmarme, más si cabe, en la urgente defensa del modelo de agricultura y ganadería familiar.

Probablemente el mayor obstáculo para avanzar en la protección de estas explotaciones es la propia definición del modelo . En realidad, teniendo en cuenta lo que hoy sucede en el sector agrario en España, sólo hay dos modelos, el de las explotaciones familiares, y el de las explotaciones gestionadas por grandes empresas o grupos de inversión. El primero, el que nos ocupa, podría definirse, pues, como aquel que incluye todas las empresas que no forman parte del segundo. Podría ser también, aquel en el que la mayor parte de la mano de obra de la explotación procede del núcleo familiar. En todo caso, conviene añadirle el apellido “profesional”, para que cuando, una vez definida -y esto deberá hacerse en la próxima Ley de Agricultura Familiar en la que está trabajando el Ministerio de Agricultura-, se prioricen estas explotaciones para todas las ayudas -incluidas las de la PAC- que las administraciones ofrecen al sector, no se igualen para las explotaciones profesionales y las que no lo son.

Desde el más puro sentido común, podríamos decir que las empresas familiares agrarias son aquellas que están dirigidas por agricultores y ganaderos que viven en nuestros pueblos, se asientan sobre el territorio -con el que se mantienen siempre fieles, no deslocalizándose-, vertebran el medio rural, generando empleo y riqueza -que redistribuyen a su vez en las comunidades en las que desarrollan su actividad- y mantienen y moldean el paisaje.

Se enfrenta a grandes dificultades entre las que destacan el relevo generacional, la presencia de un número todavía reducido de mujeres al frente de las mismas y la falta de impulso a los proyectos de titularidad compartida, el acceso a la tierra y al agua, la excesiva burocracia administrativa, la falta de prioridad en las ayudas públicas o la competencia de otras actividades económicas, que buscan la tierra y el agua que también necesita la agricultura, para desarrollarse -entre ellas, las energías renovables-.

Para hacer que sean viables, y que puedan seguir siendo nuestro modelo de empresa agraria más característico, es necesario garantizar una mayor profesionalización, mayor competitividad y hacer de ellas, empresas rentables -y que, a su vez, generen rentas a los agricultores y ganaderos-.

Uno de los objetivos de una Ley de Agricultura y Ganadería Familiares debe ser que, una vez definidas, todas las líneas de ayuda , incluido el desarrollo de la PAC 2028-2034, tanto en el primer pilar, como en las actuaciones de desarrollo rural , se supediten al apoyo a este modelo de agricultura, que ha de ser prioritario y contar con una discriminación positiva respecto a los modelos diferentes.

También, debe impulsar la creación de bancos públicos de tierra , para asegurar el acceso a este factor limitante, de los jóvenes y de los profesionales. De igual forma, debe ser tratado el acceso al agua , pues es muy difícil de imaginar -salvo contadas excepciones- futuro para el sector agrario en España sin acceso al recurso agua. Éste bien, que es -y debe ser tratado como tal- público, se ha convertido en las últimas décadas en el factor que delimita la rentabilidad de las explotaciones agrarias y, en los usos agrarios, el agua debe estar supeditado al impulso al modelo de agricultura y ganadería familiar.

El impulso al relevo generacional, con una revisión drástica de la intervención de incorporación al sector de jóvenes agricultores y ganaderos, en el segundo pilar de la PAC, la revisión del modelo de explotaciones de titularidad compartida, una fiscalidad preferente o mejores condiciones en las cotizaciones a la seguridad social para la contratación de mano de obra por parte de las explotaciones familiares, son otras cuestiones acuciantes para la defensa del modelo.

Una Ley de Agricultura y Ganadería familiares en España –que puede partir de las experiencias de Castilla-La Mancha y Aragón, donde ya hay en vigor, no sin dificultades, una Ley autonómica-ha de afrontar estos desafíos y transformarlos en objetivos preferentes del trabajo de la administración pública agraria.

Desde mi punto de vista, se trata de la cuestión más relevante a afrontar en los próximos años, pieza angular de cualquier política agraria que se precie , y que busque garantizar el futuro de tantos y tantos profesionales de nuestro país que quieren ser -y/o seguir siendo- agricultores y ganaderos.

La Riojilla Burgalesa y comarcas aledañas reciben la mitad de las Indemnizaciones por el desastre del cereal

 Riojilla Burgalesa, con la inaudita sequía de casi tres años sin llover lo suficiente

 y un pedrisco que puso la puntilla a la cosecha 2024,

va a recibir casi 4 millones por esos daños,

del total de la provincia que han sido de 8,2 millones de euros para el cereal. 

Bureba-Ebro acapara la mitad de las indemnizaciones al cereal.

R.E. MAESTRO / Burgos

- viernes, 14 de febrero de 2025

La zona de Bureba-Ebro ha concentrado la mitad de las indemnizaciones al cereal, fundamentalmente por los graves daños sufridos en la Riojilla Burgalesa por la inaudita sequía y un pedrisco que puso la puntilla.

 La zona de Bureba-Ebro ha concentrado la mitad de las indemnizaciones al cereal, fundamentalmente por los graves daños sufridos en la Riojilla Burgalesa por la inaudita sequía y un pedrisco que puso la puntilla. En toda la provincia burgalesa se han repartido un total de 8,2 millones de euros, mientras que casi 4 han ido a parar a agricultores de esta comarca. 

El campo burgalés recibió en 2024 un total de 20,5 millones de euros de indemnizaciones agrícolas, mientras que a ello se suman 1,7 millones que se corresponden al conjunto de los seguros pecuarios. Según los datos facilitados por Agroseguro a este periódico, la cifra total para la uva de vino en Burgos llegó a 12,2 millones de euros y para los cultivos herbáceos se quedaron en 8,2 millones.

La comarca de la Ribera del Duero se sitúa en lo más alto de esta tabla (con 12,1 millones) debido a que los fenómenos meteorológicos adversos se concentraron especialmente en la uva. Las heladas y el pedrisco han causado grandes pérdidas y de ahí que esta última campaña haya resultado como una de las más escasas que se recuerdan. Se recogieron 95 millones de kilos y para ver una cifra tan baja como esta hay que viajar hasta 2013. Eso sí, la calidad es excelente. La mayoría de las indemnizaciones se centran en los viñedos (11,8 millones), mientras que para el cereal solo se dieron 300.000 euros.

La mayor cantidad de dinero para las fincas de cereal se entregó en la comarca Bureba-Ebro. Supone hasta 3,8 millones de euros. Según expone José Ignacio García Barasoain, director territorial de Agroseguro en Castilla y León, detalla que la principal razón para ello se encuentra en los importantes daños sufridos en la Riojilla Burgalesa antes de arrancar la cosecha.

Una fuerte granizada a mediados del mes de junio dio el golpe definitivo al trigo y al cereal de la Riojilla Burgalesa, arruinando así lo poco que se pensaba recoger en la campaña. Pese a que en el resto de la provincia miraba en ese momento al campo con una sonrisa ante la buena previsión de cosecha -como así acabó sucediendo finalmente-, en esta zona concreta apenas tuvieron lluvias y la sequía se convirtió de nuevo en la protagonista. Los agricultores de Cerezo de Río Tirón y otros pueblos del entorno expresaban que la situación era límite, puesto que se trataba del tercer año consecutivo malo. Mientras, las organizaciones agrarias Asaja y UCCL solicitaron que se declarase como zona de sequía extrema.

El resto de indemnizaciones al cereal concedidas en la provincia burgalesa han tenido como causa el pedrisco, según explica García Barasoain. Destacan Pisuerga (1,5 millones de euros) y Arlanza (950.000 euros). Más bajas son las cifras de Arlanzón (680.000 euros), Merindades (420.000), Páramos (280.000) y Demanda (240.000).

El año pasado el seguro agrario marcó su récord. Se abonaron 44,7 millones por el cereal (cifra muy superior a la de este año por la sequía) y 9,8 por la uva de vino.

El futuro de la agricultura y el mundo rural.

 El futuro de la agricultura y el mundo rural, 

nuevo monográfico de Dossieres EsF

El número de invierno 2025 de Dossieres EsF, coordinado esta vez por José María Sumpsi y Bárbara Soriano (Universidad Politécnica de Madrid), aborda dos temáticas, la rural y la agraria, que, aunque relacionadas, dado el peso de lo agrario en el mundo rural, son a la vez distintas.

Acceso a Dossieres EsF

En los diez artículos que componen este monográfico de Dossieres EsF se trata de entender, por un lado, las causas y efectos del fenómeno de la despoblación de las áreas rurales, lo que supone no solo un reto demográfico sino también una crisis territorial, y las posibles políticas para superar esa crisis demográfica y territorial rural. Por otro lado, se  analiza si existe o no realmente una crisis del sector agrario, el papel de la Política Agraria Común (PAC), sus ayudas y sus condiciones ambientales, y qué razones de las protestas agrarias representan problemas reales o no.

Quizás una de las conclusiones más importantes de la temática agraria de este número de Dossieres EsF es que no existe una agricultura en España sino varias agriculturas y que, por tanto, hay que evitar las generalizaciones simplistas y casi siempre demagógicas.

PRESENTACIÓN: EL FUTURO DE LA AGRICULTURA Y EL MUNDO RURAL

José María Sumpsi y Bárbara Soriano (Universidad Politécnica de Madrid)

La despoblación de las áreas rurales en España ha sido un tema recurrente que ha adquirido reciente notoriedad social y política, debido a la creación de diversos movimientos sociales en defensa de los territorios despoblados, que culminaron en la manifestación de marzo de 2019 celebrada en Madrid, en la que participaron más de cien organizaciones. Esta gran manifestación, popularizó la expresión «La España vaciada», expresión que no es muy acertada pero que ayudó a la proyección pública de estos movimientos sociales y volvió a poner el tema de la despoblación en la agenda política española.

Fruto de estos movimientos sociales y protestas fue la creación, en el nuevo gobierno de PSOE- Podemos de noviembre de 2019, del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Alguno de estos movimientos sociales con más arraigo y larga trayectoria, como Teruel Existe, se transformó en organización política y se presentó primero a las elecciones generales de 2019 con notable éxito, logrando un diputado que fue decisivo para la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. Más tarde, en las elecciones de 2022 de Castilla y León, una comunidad eminentemente rural y que ha sufrido gravemente el problema de la despoblación, se presentaron varios de estos movimientos sociales con éxito desigual, destacando «Soria Ya», que ganó las elecciones es esa provincia con tres diputados. En el año 2021, y cumpliendo con uno de los compromisos del Gobierno con Teruel Existe, el Centro de Estudios Constitucionales reunió a un grupo de expertos para elaborar un informe sobre despoblación, cohesión territorio e igualdad de derechos publicado en 2022, y en el que participaron algunos de los autores de este número de Dossieres EsF.

Por otro lado, la agricultura también ha sido motivo de preocupación social por el fuerte incremento de los costes de producción y de los precios de los alimentos como consecuencia de la complicada salida de la pandemia, por la dificultad de restablecer con rapidez las cadenas internacionales de suministros, y la guerra de Ucrania. De hecho, desde hace dos años la carestía de la cesta de la compra ha sido una preocupación constante de la población, en especial de las clases de renta media y baja, y del Gobierno, que ha puesto en práctica diversas medidas, básicamente la reducción del IVA de alimentos básicos. En España, al notable incremento de los costes de producción se han unido las cosechas cortas en varios productos, como consecuencia de la sequía y otros fenómenos climáticos adversos, y las mayores exigencias ambientales impuestas a los agricultores como condición para percibir las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) a partir del 1 de enero de 2023. Justamente estos fueron los factores que impulsaron las movilizaciones de tractores en Europa y en España en los meses febrero, marzo y abril de 2024. Sin embargo, la proximidad de las elecciones al Parlamento europeo contaminó las movilizaciones y, de hecho, algunas de las convocatorias, que no tuvieron una respuesta masiva, aunque sí agresiva e incluso violenta, fueron promovidas por organizaciones vinculadas a la ultraderecha, que hicieron de la negación del cambio climático, la conservación del medio ambiente y la Agenda 2030 su principal bandera.

Este número de Dossieres EsF sobre agricultura y mundo rural reflexiona sobre ambos temas. Por un lado, tratando de entender las causas y efectos del fenómeno de la despoblación de las áreas rurales, lo que supone no solo un reto demográfico sino también una crisis territorial, y las posibles políticas para superar esa crisis demográfica y territorial rural. Por otro, analizando si existe o no realmente una crisis del sector agrario, el papel de la Política Agraria Común (PAC), sus ayudas y sus condiciones ambientales, y qué razones de las protestas agrarias representan problemas reales o no. Quizás una de las conclusiones más importantes de la temática agraria de este número de Dossieres EsF es que no existe una agricultura en España sino varias agriculturas y que, por tanto, hay que evitar las generalizaciones simplistas y casi siempre demagógicas.

Por tanto, en cierto modo este es un número de Dossieres EsF doble, pues aborda dos temáticas, la rural y la agraria, que, aunque relacionadas, dado el peso de lo agrario en el mundo rural, lo que justifica su tratamiento en un solo número de Dossieres EsF, son a la vez distintas. Esta característica singular de este número justifica la extensión ligeramente mayor a la establecida por los responsables de los Dossieres EsF y, por tanto, agradecemos su condescendencia hacia los coordinadores y autores de este dossier.

El primer trabajo, de Mercedes Molina (UCM), presenta el modelo de crecimiento seguido en España y considera que es la causa principal de los desequilibrios territoriales, al generar territorios ganadores y perdedores. Las políticas públicas han sido responsables de dichos desequilibrios, que no solo suponen un problema demográfico debido a la existencia de territorios muy despoblados como consecuencia de la emigración de las áreas rurales, sino también una grave crisis territorial. Para superar esta grave crisis es esencial un Pacto de Estado que configure una Estrategia de cohesión social y territorial con actuaciones a corto, medio y largo plazo. Tal Estrategia requiere inversiones públicas que reduzcan la brecha actual existente y configuren una competitividad territorial que favorezcan un desarrollo rural diversificado por actividades y funciones y un dinamismo de las ciudades intermedias. La excesiva polarización territorial del crecimiento, cuyas externalidades negativas son ya evidentes, introduce la necesidad de un nuevo modelo vertebrador, no excluyente, rural-urbano-metropolitano.

El segundo trabajo, de Luis Camarero (UNED), analiza en profundidad el fenómeno de la despoblación rural que se asocia de forma común al declive demográfico y a los desequilibrios de la población rural. Pero también cuando cobra su sentido como territorio vacío o despoblado, se refiere a las transformaciones sociales y espaciales relacionadas con la transformación de las actividades productivas y los sistemas de hábitat de las sociedades contemporáneas. La denominada «España vacía» es el producto de dos componentes, el primero demográfico, que refiere la reducción y alteración de las estructuras poblacionales. El segundo, que responde a la adaptación socio-territorial de los modelos de desarrollo a los nuevos contextos de economías globales. Ambos factores se retroalimentan, hasta el punto en que la diferencia entre causas y efectos de la despoblación sea una maraña de difícil solución. La despoblación se presenta como un proceso sociodemográfico de adaptación a los modelos de desarrollo centrados en economías de aglomeración. No significa, sin embargo, el vaciamiento del territorio. La movilidad, tal vez mejor expresado la auto-movilidad, es el mecanismo que mantiene el hábitat rural...    sigue leyendo o accede al Dossier 

El futuro de la agricultura y el mundo rural, Dossier EsF.

 El futuro de la agricultura y el mundo rural, 

nuevo monográfico de Dossieres EsF.

Dossieres Economistas sin Fronteras. 

n.º 56, invierno 2025El

Coordinan:José María Sumpsi y Bárbara Soriano,

Universidad Politécnica de Madrid.

Acceso a dossier EsF nº 56/2025

El número de invierno 2025 de Dossieres EsF reflexiona sobre agricultura y mundo rural. 

Por un lado, tratando de entender las causas y efectos del fenómeno de la despoblación de las áreas rurales, lo que supone no solo un reto demográfico sino también una crisis territorial, y las posibles políticas para superar esa crisis demográfica y territorial rural. 

Por otro, analizando si existe o no realmente una crisis del sector agrario, el papel de la Política Agraria Común (PAC), sus ayudas y sus condiciones ambientales, y qué razones de las protestas agrarias representan problemas reales o no. 

Quizás una de las conclusiones más importantes de la temática agraria de este número de Dossieres EsF es que no existe una agricultura en España sino varias agriculturas y que, por tanto, hay que evitar las generalizaciones simplistas y casi siempre demagógicas.

Por tanto, en cierto modo este es un número de Dossieres EsF doble, pues aborda dos temáticas, la rural y la agraria, que, aunque relacionadas, dado el peso de lo agrario en el mundo rural, lo que justifica su tratamiento en un solo número de Dossieres EsF, son a la vez distintas. Esta característica singular de este número justifica la extensión ligeramente mayor a la establecida por los responsables de los Dossieres EsF y, por tanto, agradecemos su condescendencia hacia los coordinadores y autores de este dossier.

Índice, acceso al, Diez son los artículos que componen este monográfico de Dossieres EsF 

En España 900 fondos poseen ya tierras valoradas en más de 100.000 millones de euros

¡Quien se beneficia de la subida de la renta agraria, 

nuestros pueblos, los pequeños agricultores o ganaderos? 

NO,

los accionistas de Fondos de Wisconsin o la City de Londres.

La agricultura tiene un gran futuro en España. 

Lo que está en peligro es el modelo social, territorial,

 y profesional de pequeños y medianos agricultores y ganaderos.

Los datos macroeconómicos de Renta Agraria 2024 

enmascaran una creciente pérdida de poder adquisitivo 

de los pequeños y medianos agricultores profesionales, los sustentan los pueblos.

La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) ha hecho pública una nota como parte del Balance Agrario 2024, según la cual "En la actualidad, en la península Ibérica más de 900 fondos poseen ya tierras valoradas en más de 100.000 millones de euros"

Fardos de paja en Navarra. David F. Sabadell

El comunicado destaca, según la información obtenida por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y del análisis y valoración aportados por la propia entidad, lo siguiente:

.- La Renta Agraria total en términos reales (descontada la inflación) ha experimentado en 2024 una subida del 10,8% respecto a 2023, según la 1ª estimación publicada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 

¿Por qué no lo están notando de forma significativa el 93,4% de pequeños y medianos agricultores en sus cuentas de resultados? 

Porque, según los propios datos del Ministerio de Agricultura, el 6,6% de grandes empresas agrarias acaparan ya el 42% del valor de la producción que se genera en nuestros campos. 

En este contexto, quién se beneficia de la subida de la renta agraria, nuestros pueblos o accionistas de Wisconsin o la City de Londres”?, ha subrayado Miguel Padilla, secretario general de COAG.

.- En 2024 el proceso de uberización del campo español se ha acelerado y con el mismo el aterrizaje de fondos de inversión especulativos. 

La compraventa de fincas rústicas ha experimentado un aumento significativo, con un incremento del 20% en comparación con 2019. Este auge está siendo liderado por grandes fondos de inversión de capital de riesgo, tanto nacionales como extranjeros, que buscan grandes fincas con derechos de agua, en cultivos atractivos como los leñosos y súper-alimentos. 

En la actualidad, en la península Ibérica más de 900 fondos poseen ya tierras valoradas en más de 100.000 millones de euros. “La agricultura tiene un gran futuro en España. Lo que está en peligro es el modelo social y profesional de pequeños y medianos agricultores y ganaderos. La concentración de la producción y la creación de oligopolios estimulan la entrada de fondos de inversión. Un joven que se quiera incorporar no puede competir con estos grandes capitales a la hora de acceder a tierra y agua para dimensionar su explotación", ha afirmado Padilla.

.- Del análisis realizado por los Servicios Técnicos de COAG se desprende una contundente evidencia: los datos macroeconómicos de Renta Agraria 2024 enmascaran una creciente pérdida de poder adquisitivo de los pequeños y medianos agricultores profesionales: en los últimos 20 años, los principales inputs para producir se han encarecido un 92%, mientras que la renta agraria corriente ha crecido un 49%.

.- Los consumos intermedios (insumos) alcanzaron en 2024 los 28.914 mill € en términos corrientes, con una importante reducción del 8,5% respecto al año anterior, pero siendo aún la tercera cifra más alta de la serie. Este capítulo se ha incrementado un 37% en 10 años y un 92% en los últimos 20. Dos de los capítulos con mayor peso en los consumos intermedios descendieron en su precio respecto a 2023: los piensos con un -19,1% y la energía y lubricantes un -5,8%. Por el contrario, aumentó el valor de fertilizantes (+13,6%).

.- Mayor volumen por mejor clima, precios más bajos.

La producción vegetal ascendió un 8,9% en valor, debido a la subida en el volumen producido (-18,8%), contrarrestada en parte por la caída de las cotizaciones (-8,3%). El comportamiento ha sido desigual según las producciones. Mientras todos los sectores han visto como el volumen producido aumentaba – cereales (76,9%), cultivos forrajeros (44,0%), plantas industriales (39,6%), aceite de oliva (22,6%), vino y mosto (14,3%), frutas (13,9%), hortalizas (4,9%) y patata (0,6%) –, en precios sólo tuvieron incrementos patata y aceite de oliva. En olivar, los precios en origen del aceite de oliva se han desplomado en las últimas semanas del año por debajo de los 4 euros/Kg, cuestión que no recoge la 1º estimación de Renta publicada.

En la producción ganadera se reduce en valor un 1,3% debido a la bajada de los precios en un 2,2%, mientras que el volumen producido ha crecido un 0,9% respecto a 2023. Los principales incrementos productivos se han dado en aves (+4,9%) y bovino (+4,2%), con descensos en las producciones de ovino y caprino (-9,4%). Por otra parte, se ha dado un aumento en los precios de productos como el bovino (+10,6%) y el ovino y caprino (+10,2%) y descensos en leche (-7,9%).

.- Tendencia a la baja en el número de titulares de explotación

A pesar de la mejora del último año, el sector no alcanza la tendencia general al aumento de ocupados del conjunto de la economía española. El número de UTA (Unidades de Trabajo Agrario) en el sector está un 3,0% por debajo de la media de los últimos 5 años y acumula una significativa pérdida de activos en 20 años (-209.000 UTA).

.- El análisis del COAG muestra su rechazo a la firma del acuerdo de la Unión Europea con el Mercosur, la unión económica de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, Esta alianza campesina califica el acuerdo de libre comercio como el “golpe definitivo para la agricultura y ganadería europeas”. 

.- La COAG también exige la suspensión del acuerdo de libre comercio UE-Marruecos tras conocerse la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la que se confirma que este acuerdo “viola el derecho internacional por vulnerar, en particular, los principios de autodeterminación y del efecto relativo de los tratados, al no prestar su consentimiento el pueblo del Sáhara Occidental”.

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Ya comentamos lo mismo el año pasado: 

https://redecilladelcamino.blogspot.com/2024/01/los-nuevos-senoritos-del-campo-espana.html 

Ser tierra, El Suelo, Un todo ser vivo

 SER TIERRA

El suelo, un todo vivo, ser Tierra.

El 60% de los suelos de nuestro continente está degradado.

Restaurar la tierra sin restaurar la relación con ella, es un ejercicio vacío. 

Solo esa relación puede hacer que la tierra prospere y su salud perdure.

La tierra es mucho más, es un todo ser vivo hecho de las relaciones de todas sus partes. 

“La tierra es también nuestra madre".

Como dicen por Iberamérica: 

"PACHAMANA"

Suelo con residuos tóxicos derivados de la producción de fertilizante en Huelva. / Santini Rose

Gustavo Duch 

ctxt.com,

¿Qué entienden ustedes por suelo? 

Para la mayoría de nosotras el suelo se identifica con una superficie sólida, llana y artificial por la que andamos, sobre la que se construye, que pisamos sin ningún reparo..., ¿verdad?,

En cambio, en su uso más técnico, la palabra suelo (en griego edafos) hace referencia a esa fina capa o piel que cubre algunas partes de la superficie terrestre. Como explica la ciencia que lo estudia, la edafología, el suelo se compone de pequeñas partículas minerales, agua, gases, materia orgánica procedente de restos de plantas y animales, junto a miles de seres vivos sean hongos, bacterias o gusanos... Hablamos de un lugar donde, entre otras cosas, germinan las semillas y crecen plantas y árboles. 

Pero... Se sabe que este estrato está en una situación muy delicada. En uno de los últimos informes al respecto encargado por la Comisión Europea y publicado el pasado octubre, ‘El estado del suelo en Europa’, se advierte que un 60% de los suelos de nuestro continente está degradado, señalando como causas a “diversas presiones antropogénicas como la intensificación de la agricultura, la urbanización y las actividades industriales”. 

Es decir, nuestra forma de habitar el mundo provoca que una mayoría de estos suelos sufran una serie de alteraciones que lo ponen en peligro. Entre ellas destacan el exceso o la deficiencia de algunos elementos del suelo que hace posible la nutrición de los vegetales que ahí viven, como sería el caso del exceso de nitrógeno derivado de los purines de las granjas de producción animal intensiva, o bien la pérdida de carbono orgánico que se escapa hacia la atmósfera; la erosión del suelo, una amenaza cada vez más frecuente como hemos visto con las inundaciones en el País Valenciano; la contaminación con toda una batería de metales pesados, plásticos, pesticidas u otros productos químicos; la salinización como ocurre alrededor de las minas de potasas en Catalunya; la extinción de micro y macroorganismos que viven en el suelo, desde hongos a lombrices de tierra, quizás la situación más dolorosa; y, desde luego la pérdida de suelos agrícolas sepultados por el avance urbanizador. 

Pero...  El informe mencionado también aporta una serie de medidas políticas que se deberían aplicar, como la obligatoriedad de mantener controles de seguimiento y evaluación de la salud del suelo, incentivar las buenas prácticas agrícolas u ofrecer más formación en estas materias. 

Pero... Estamos hablando que, con su degradación, es toda la vida del planeta la que está en riesgo

Sin profundizar en estas medidas, pongo todo el paquete en duda por una simple pero fundamental cuestión semántica. 

En castellano, ¿estamos utilizando el nombre correcto? Con el tecnicismo suelo, ¿asimilamos que nos referimos a un ser vivo, a un vientre que engendra toda la vida? Su acepción arquitectónica ¿ayuda a comprender e interiorizar el respeto y consideración que merece? 

De hecho, estamos hablando que, con su degradación, es toda la vida del planeta la que está en riesgo, pues de esta madre depende la existencia de selvas y bosques que regulan el clima y el ciclo hídrico, el secuestro del carbono atmosférico que puede reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y toda la producción de alimentos que nutre a toda la vida terrestre, humana y no humana.

Y lo digo porque, como recogió mi amigo Fernando López en un artículo publicado en el número 86 de la revista La Fertilidad de la tierra, Robin Wall Kimmerer, en su conocido libro Una trenza de hierba sagrada, ya afirmó que “restaurar la tierra sin restaurar la relación con ella, es un ejercicio vacío. Solo esa relación puede hacer que la tierra prospere y su salud perdure”. 

Y el primer paso es nombrarla como merece, como hace la autora estadounidense: tierra. 

Si el suelo es eso que está debajo de nosotras, real y simbólicamente, la tierra es mucho más, es un todo vivo hecho de las relaciones de todas sus partes. “La tierra es también nuestra madre”, dijo Hildegarda de Bingen a principios del milenio pasado.  “Es la madre de todo lo que es natural, madre de todo lo que es humano. Es la madre de todas las cosas, pues en ella están contenidas las semillas de todas las cosas. La tierra contiene toda la humedad, todo el verdor, todo el poder de la germinación. Es fértil de tantas maneras. Es de ella de la que nace toda creación. Y, por tanto, forma la materia bruta de la especie humana”. 

Y puesto que somos tierra, ¿por qué no nos sublevamos ante quien la/nos ataca?