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| La ermita Ntra. Sra. de Ayago, Bascuñana, tomadas desde Viloria de Rioja. |
| Bascuñana desde el cerro de La Cruz; se aprecia La Lápida, camino a ermita de Ntra. Sra. de Ayago. |
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| La ermita Ntra. Sra. de Ayago, Bascuñana, tomadas desde Viloria de Rioja. |
| Bascuñana desde el cerro de La Cruz; se aprecia La Lápida, camino a ermita de Ntra. Sra. de Ayago. |
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| Un agricultor ara la tierra. Efeagro/EPA/Gyorgy Varga |
El apoyo a la flota pesquera se determinará en función de la actividad y consumo de cada buque, con un presupuesto total de 25 millones de euros
Para facilitar el acceso a la financiación, se amplía en 300 millones de euros la línea ICO-MAPA-SAECA de subvención de créditos
El real decreto-ley de medidas extraordinarias para hacer frente a las consecuencias de la guerra en Irán, aprobado hoy por el Consejo de Ministros, contempla líneas de apoyo específicas para los sectores agrario y pesquero. Se trata de un potente paquete de ayudas por un valor superior a 877 millones de euros. Principalmente, se establece una ayuda directa a agricultores para la compra de fertilizantes, una subvención de 20 céntimos por litro para la compra de gasóleo de uso agrícola y una compensación económica para los buques pesqueros por el incremento de los costes de producción.
El real decreto-ley contempla también ayudas de acceso a la financiación específicas para los sectores agroalimentario y pesquero (línea ICO-MAPA-SAECA) y, en materia fiscal, la exención durante tres meses de la tasa de la pesca fresca.
Además de beneficiarse de las ayudas generales aprobadas a las que las empresas del sector agrícola y pesquero puedan tener derecho, el real decreto contiene medidas específicas debido al impacto que el conflicto bélico tiene ya en el flujo comercial de las materias primas, y en particular en el incremento de los precios del petróleo, el gas y los fertilizantes. La agricultura, la ganadería y la pesca constituyen un sector estratégico para le economía española y juega además un papel esencial en la seguridad alimentaria.
Las medidas específicas contempladas son:
Ayuda de 20 céntimos por litro para la adquisición de gasóleo agrícola. Se prolongará hasta el 30 de junio y los agricultores y ganaderos que tengan derecho a ella no tendrán que realizar ningún trámite adicional. Se considerará solicitada la ayuda con la presentación de la petición de la devolución del impuesto especial sobre hidrocarburos, del que están exentos los agricultores y ganaderos. Para financiar esta medida se contempla un presupuesto de 52 millones de euros.
Ayuda para la adquisición de fertilizantes. Los fertilizantes son una de las materias primas que más se han encarecido por el conflicto bélico y la medida trata de paliar el impacto de este incremento en las explotaciones agrarias. El Gobierno ya dio una ayuda similar tras la invasión rusa de Ucrania, pero en esta ocasión, a diferencia de entonces, se beneficiarán no solo a los agricultores que reciben ayudas de la Política Agraria Común (PAC), sino todos los que estén dados de alta en los registros de explotaciones agrarias. El presupuesto de esta medida asciende a 500 millones de euros.
Ayuda para el acceso a la financiación. El real decreto-ley amplía en 300 millones de euros la línea de créditos ICO-MAPA-SAECA para el sector agroalimentario y pesquero, una de las medidas de apoyo habilitadas tras la invasión rusa de Ucrania. El fondo para la subvención del principal de los créditos se dota con 225 millones de euros, mientras que los 75 millones restantes se destinan a sufragar los avales de la Sociedad Estatal de Caución Agraria (SAECA) necesarios para la obtención de los créditos.
Ayuda compensatoria para la flota pesquera. El incremento de los precios de la energía también repercute en el sector pesquero, tanto el directo por el precio del combustible, como su incidencia en otros costes de producción como los envases para la congelación del pescado. Además, el cierre de los espacios aéreos dificulta la rotación de las tripulaciones de los barcos españoles que faenan en aguas internacionales.
La ayuda compensatoria para cada buque se determinará en función de su consumo diario de combustible, coste semanal de éste y los días de actividad. Además, se tendrán en cuenta también las artes de pesca utilizadas y si opera en caladero nacional o internacional. El presupuesto inicial para esta ayuda es de 25 millones de euros.
Exención de la tasa sobre pesca fresca. Esta medida para la flota pesquera estará en vigor hasta el 30 de junio.
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| El novelista Émile Guillaumin. / Museo Émile Guillaumin |
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| Almazara, Baena |
Un nuevo regate de la Comisión
El pasado día de Reyes, la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, en una carta al Paramento y al Consejo, propuso una vuelta de tuerca al presupuesto de la Política Agraria Común (PAC) para el período 2028-2034.
Podría ser una respuesta a las movilizaciones históricas de agricultores y ganaderos de toda Europa, antes de Navidad. Parece más bien tratarse de una forma de intentar vencer los recelos de algunos Estados Miembros (EEMM), liderados por Francia, para la aprobación del acuerdo comercial con Mercosur.
La aplicación del acuerdo requiere de una mayoría cualificada en el consejo de la UE (al menos el 55% de los EEMM que, a su vez, representen al 65% de la población) y la posición de algunos países como Francia o Italia, contrarios, en mayor o menor grado, al mismo, hace peligrar, todavía a fecha de hoy, el acuerdo en la reunión del consejo de este próximo 12 de enero. Los motivos que se aducen para oponerse son en el ámbito del sector agrario, relativos a la preferencia arancelaria y la activación de las cláusulas de salvaguardia en caso de que las importaciones causen graves perjuicios para el sector europeo, y el cumplimiento efectivo de las cláusulas espejo -que se puedan controlar de verdad- para que los productos de Mercosur cumplan la normativa europea en materia de sanidad vegetal y animal. No es sólo una cuestión de Francia, Italia y otros EEMM, sino una preocupación de gran parte de los agricultores europeos.
Es en este contexto, para tratar de cambiar el parecer de los EEMM que se han mostrado más beligerantes con el acuerdo y de contentar a los agricultores, y salvar el acuerdo con Mercosur, en el que se produce esta nueva propuesta de la Comisión para la PAC.
Conviene recordar que el planteamiento inicial de la Comisión, de julio de 2025, asignaba a la PAC, un mínimo, blindado, de 293.700 millones de euros para 2028-2024 -de los que España dispondría de 37.000 millones-. A esta cifra, se le añaden 6.301 millones de euros, en forma de reserva de crisis para el sector agrario, lo que totaliza unos 300.000 millones de euros la PAC[1].
Los importes asignados a la PAC, tanto a nivel comunitario, como en el caso del sobre previsto para España, suponen una reducción del 22% sobre el período actual. Es cierto que se podrían adicionar más fondos dentro de los 865.076 millones de euros del nuevo fondo para los planes de asociación nacionales y regionales, donde se encuentra la PAC[2], pero la competencia -por más fondos- con otras políticas, supone un riesgo enorme de que la PAC, finalmente, tenga en 2028-2034, menos dinero que en el período actual.
¿Qué supone la nueva propuesta de Von der Leyen?
Es sencillo.
En primer lugar, la propuesta inicial, preveía una cantidad para ajustar las medidas dentro de los Planes nacionales y regionales según la ejecución de las mismas, a lo largo del período 2028-2034. Lo que hace la Comisión es proponer que dos terceras partas de esta cantidad, 45.000 millones de euros, se utilicen específicamente para la PAC -y no para otras políticas-, y que se puedan poner a disposición de los EEMM, desde el 2028. No supone un incremento directo del presupuesto para la PAC, pues serían los EEMM los que tendrían que decidir, si optan o no por activar esta opción.
Por otra parte, la Comisión propone que cada país decida si destina hasta un 10% de los 487.000 millones de euros del fondo para los planes de asociación nacionales y regionales que no se encuentran “blindados” -es decir, que pueden dedicarse a las prioridades que cada Estado Miembro desee, dentro de las políticas que engloba el fondo-, 48.700 millones de euros, para medidas agrarias de desarrollo rural, que en la propuesta inicial estaban excluidas para acceder a estos recursos. Esta cantidad, podría aumentarse hasta los 63.700 millones de euros, utilizando 15.000 millones de euros en forma de préstamos, dentro de la política “Catalyst Europe”.
Estas dos propuestas incrementarían el presupuesto previsto para la PAC, que podría pasar de 300.000 millones de euros -incluida la reserva de crisis- a hasta 408.700 millones de euros -incluidos los préstamos-, lo que supondría algo más de lo que supone la PAC en este período (unos 386.600 millones de euros).
Sin embargo, la propuesta, que supone un avance, tiene truco.
Y es que, este este dinero extra para la PAC sería a costa de la reducción de otras políticas, y deberán ser los EEMM, a los que la Comisión traslada la presión, los que tomen la decisión sobre si optan, o no, por aumentar el dinero para la PAC.
Algo así como la multiplicación de los panes y los peces;. Difícil.
[1] Para una información más detallada, se pueden consultar otras entradas de www.ruralsiglo21.org, la última, y muy clarificadora, https://ruralsiglo21.org/2025/11/02/lo-bueno-y-lo-malo-de-la-nueva-pac/, y el artículo, de diciembre de 2025, “Una PAC posible para España”, publicado en la Plataforma Tierra (https://www.plataformatierra.es/actualidad/una-pac-posible-para-espana).
[2] Ver https://ruralsiglo21.org/2025/11/02/lo-bueno-y-lo-malo-de-la-nueva-pac/ y https://ruralsiglo21.org/2025/07/17/una-pac-disruptivasin-dinero/
Manifiesto firmado por 800 organizaciones.
En estas semanas, la Unión Europea está allanando el terreno para firmar el acuerdo comercial con los países del Mercosur (Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay) y otro acuerdo con México.Esto se inscribe en la línea de las políticas neoliberales que blindan el control sobre la economía de las multinacionales y los fondos especulativos, en particular los gigantes de la agroindustria, la petroquímica y el sector automotriz.
Pero estos acuerdos tienen importantes impactos en la vida de la gente y en los ecosistemas, por lo que las organizaciones convocantes denunciamos la política comercial de la UE y los tratados de comercio que firma con terceros países, porque agravan la emergencia climática, la pobreza, el hambre, el desempleo y las desigualdades sociales. Así ha pasado con numerosos países de Asia, África y América Latina y también en Europa.
Hoy estamos delante del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación porque rechazamos el acuerdo entre la UE y los países del MERCOSUR. Y porque el ministro Planas es uno de los dirigentes políticos que más apoya este acuerdo, representando los intereses de las grandes empresas, que han hundido al campo, y no el interés general. Con su apoyo a un comercio devastador, el Gobierno de España pone en juego el futuro de la naturaleza, las bases para producir alimentos y nuestra salud. Se trata de un enésimo ataque a la soberanía alimentaria de los países, a los derechos laborales, a la viabilidad económica del trabajo en el sector agrícola en muchas regiones y a la salud de las comunidades.
El acuerdo entre la UE y Mercosur impulsaría, por ejemplo, el comercio de pesticidas prohibidos en la UE exportados a América Latina; tóxicos que vuelven como residuos en los alimentos importados. Esto perjudicaría a la salud de las personas que trabajan en la agricultura y de las consumidoras de ambos lados del Atlántico, a los pueblos originarios y a la biodiversidad, al tiempo que contribuye a la extinción masiva de flora y fauna.
En estos días, se celebra la Cumbre de los Pueblos en Belém, Brasil, coincidiendo con la COP30, señalando los causantes de la crisis climática como los acuerdos comerciales que incrementan los gases de efecto invernadero responsables del cambio climático. La evaluación sobre los impactos del acuerdo comercial UE-Mercosur reconoció que provocaría un aumento de la emisión de los gases contaminantes. La agricultura industrial y la deforestación son el motor de este incremento. Por tanto, este acuerdo comercial, es contrario a la legislación europea e internacional sobre el clima.
Si el acuerdo es perjudicial para el planeta ¿quién se beneficia? Los gigantes de la agroindustria -como Bayer-Monsanto, BASF y otros-, el mayor productor de carne del mundo, JBS, o los comerciantes de soja y maíz, Bunge y Cargill. Estas empresas tienen estrechos vínculos con partidos de extrema derecha en sus respectivos países, así como el apoyo financiero de conocidas entidades bancarias que solo ven en el sector de la alimentación como una fuente de seguir aumentando sus beneficios.
¿Quién sale perdiendo? La pequeña y mediana agricultura y ganadería, los pueblos indígenas y personas migrantes, las personas trabajadoras de la industria y los cuidados, la mayoría de pequeñas y medianas empresas, la economía social y solidaria y, en general, las mayorías sociales.
Pero la reivindicación de la justicia en el comercio va más allá del sector agrícola y de la cuestión de la calidad de los alimentos: es un reto social global, tanto en lo que respecta a los aspectos socioeconómicos como a los climáticos.
Desde hace mucho tiempo nos movilizamos en las calles de muchos países por el trabajo digno y justamente remunerado, los derechos humanos, los pueblos originarios y afrodescendientes, la salud pública, el bienestar animal, el acceso a una alimentación de calidad y la protección del medio ambiente.
Sin embargo, una y otra vez, las clases dirigentes blindan los intereses económicos y financieros que persiguen estos acuerdos comerciales.
Las campesinas y los campesinos, sindicalistas, activistas de organizaciones de solidaridad internacional y ecologistas, colectivos antirracistas, anticoloniales y en defensa de los pueblos originarios, científicas, artistas y la ciudadanía organizada, exigimos la regulación de los mercados internacionales y denunciamos las políticas del mal llamado «libre comercio» que deslocaliza las producciones agrarias, cierra el pequeño comercio y la industria de PYMES, privatiza los servicios públicos así como rebaja las normas sociales y medioambientales.
Esta acción se inscribe plenamente en la movilización social contra el genocidio en Palestina, contra los recortes en los servicios públicos, contra el negacionismo climático y en total solidaridad con las comunidades de los países del Sur global, también víctimas de los acuerdos de comercio y el despojo racista de las grandes empresas europeas y españolas.
Reivindicamos el derecho a unos ingresos dignos de las campesinas y los campesinos, la protección de la agricultura familiar y una alimentación sana y libre de agrotóxicos frente a la lógica del mercado y el dominio de las multinacionales.
Defendemos una verdadera democracia alimentaria y el apoyo a un modelo agrícola que proteja el futuro de las generaciones venideras y de nuestro planeta.
Impedir el acuerdo comercial UE-MERCOSUR abre una oportunidad para cuestionar estructuralmente este sistema económico injusto y sacar la agricultura y la alimentación de la lógica de los mercados.
Hacemos un llamamiento a todas las agricultoras y agricultores para que se rebelen contra estas políticas injustas aplicadas al sector agrícola.
Hacemos un llamamiento a todos los sindicatos para que se movilicen en defensa de una remuneración justa del trabajo, la desglobalización y la relocalización de una industria que funcione respetando los límites del planeta y con criterios de justicia social.
Hacemos un llamamiento a todas las organizaciones preocupadas por las cuestiones de solidaridad internacional, democracia, protección del medio ambiente y salud pública para que digamos claro y alto al Gobierno de España y al parlamento que NO queremos estos acuerdos de comercio que entierran cualquier atisbo de política pública de justicia social y ambiental.
Hacemos un llamamiento a toda la ciudadanía preocupada por la vivienda, el mundo rural, la educación, la sanidad, el transporte público, la cultura, la calidad de los alimentos y la salud a cuestionar el sistema económico.
Ante los colapsos mundiales, necesitamos más cooperación en lugar de comercio de productos nocivos.
¡Por una economía social y solidaria!
¡No más acuerdos de comercio e inversiones!
¡Los ingresos justos para quienes producen nuestra alimentación, junto con los derechos humanos, los derechos laborales, la igualdad real, el bienestar animal, el clima y la biodiversidad deben primar sobre los intereses económicos!
¡Sí a la soberanía alimentaria, la justicia climática y la solidaridad internacionalista!
Attac, Amigas de la Tierra, CGT, Ecologistas en Acción, Entrepueblos, Greenpeace, Justicia Alimentaria, Sindicato Labrego Galego (SLG).
Texto leído en la acción-performance realizada en Madrid, el 18 de noviembre de 2025.
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| Vaca en Somiedo |
De ellos, se asigna una partida de 0,865 billones de euros (el 44% del total del nuevo MFP) para el nuevo Fondo para los planes de asociación nacionales y regionales, donde está incluida la PAC, además de la política pesquera común, la política de cohesión o la de interior.
De los 865.076 millones de euros del fondo a nivel europeo, la PAC contará con un mínimo de 293.700 millones de euros para las siguientes intervenciones de apoyo a los ingresos de los agricultores: nuevas ayudas degresivas por superficie -con modulación y techo por explotación-, ayudas acopladas, pago específico para el algodón, ayudas en zonas con limitaciones, apoyos por las desventajas derivadas del cumplimiento de determinados requisitos, ayudas agroambientales, ayudas para los pequeños agricultores, instrumentos de gestión de riesgos, inversiones en las explotaciones, instalación de jóvenes, ayudas para la compatibilidad con la vida personal e intervenciones sectoriales.
De los 293.700 millones de euros de fondos destinados a apoyar los ingresos de los agricultores y ganaderos, la Comisión Europea ha propuesto para España, 37.235 millones de euros, el 12,68% del total del presupuesto para esta partida a nivel comunitario, algo más de lo que representa (sumando FEAGA y FEADER) en el período 2021-2027 (11,95%).
De forma adicional, dentro de este nuevo fondo, para toda la UE, se reservan 6.301 millones de euros para una reserva de crisis para el sector agrario, el doble que en el período actual.
Así, la PAC tendría garantizados 300.000 millones de euros para todos los Estados Miembros, alrededor de un 22% menos que en 2021-2027. En el caso de España, los 37.235 millones de euros son un 78% de los 47.724,30 millones de euros de los que dispone para el período 2021-2027.
No obstante, del fondo de 0,865 billones de euros, hay 452.964 millones de euros que no están asignados a ninguna política (“not ring fenced”) y que podrían utilizarse para aumentar (“top up”) los recursos destinados para intervenciones de apoyo a los ingresos de los agricultores ya mencionadas y para poner en marcha las intervenciones de LEADER-será obligatorio para los Estados Miembros-, cooperación para el conocimiento y la innovación en los sectores agrario y forestal y en el medio rural, iniciativas para la cooperación local y territorial, programas escolares de alimentación, intervenciones en regiones ultraperiféricas y ayudas de crisis para los agricultores.
La “salida” de la PAC de estas medidas, supone una dispersión de las intervenciones que afectan al sector y al desarrollo rural, pero puede suponer más sinergias en su implementación y el acceso a más recursos y objetivos políticos, lo que podría ser muy interesante, por ejemplo, para la metodología LEADER, muy adecuada para enfoques territoriales y transversales, cuyo encaje en una política sectorial como la PAC siempre ha sido muy dificultoso.
Por otra parte, esto significa que habrá más recursos para el sector agrario y el medio rural, pero será clave la negociación para la asignación de estos fondos “not ring fenced” entre Estados Miembros y, una vez en España, la negociación para que el sector agrario y el medio rural reciban un trozo relevante del “pastel” nacional.
Únicamente las ayudas degresivas, las acopladas, el pago específico para el algodón y el pago a los pequeños agricultores, tendrán una financiación al 100% por parte de fondos comunitarios. El resto de las intervenciones de apoyo a los ingresos de los agricultores, y los programas escolares, contarán con un mínimo de cofinanciación nacional del 30% por parte de los Estados Miembros, lo que puede suponer más fondos para el sector agrario, pero, a la vez, puede generar grandes diferencias en los apoyos de unos Estados Miembros frente a otros.
Por otra parte, la arquitectura medioambiental se simplifica. Todas las ayudas con base superficial o por cabeza de ganado estarán sujetas a lo que la Comisión Europea ha denominado “farm stewardship”, algo así como “vigilancia o custodia agraria”, salvo la ayuda para pequeños agricultores -sólo tendrán que cumplir la condicionalidad social-, que incluye los requisitos legales de gestión -de forma muy resumida, las normas ambientales, de salud pública, sanidad vegetal, bienestar animal y condiciones laborales- y las “prácticas protectoras” del clima la biodiversidad, y la conservación de suelos y agua.
De manera voluntaria, los agricultores podrán acogerse a las acciones agroambientales y climáticas que ponga en marcha cada Estado Miembro, que sustituirán a los eco-esquemas y a las medidas agroambientales. Una diferencia importante con el período actual es que estas ayudas ambientales tendrán una cofinanciación mínima del 30% por parte de cada Estado Miembro, cuando ahora, los eco-esquemas tienen financiación 100% comunitaria.
Otras novedades importantes son el nuevo paquete de ayudas para el inicio en la actividad (hasta 300.000 euros de ayuda para jóvenes), la prohibición de que las personas jubiladas cobren las ayudas a partir de 2032, y que los Estados Miembros podrán aumentar las ayudas para jóvenes y mujeres agricultoras en sus planes.
En definitiva, y como primera aproximación al contenido de las propuestas, lo peor es la reducción de fondos -aunque lo que se establece para la PAC, como se ha comentado, es un mínimo, y el dinero para el sector podrá incrementarse-, pero hay muchas cuestiones positivas, en las que hay que trabajar desde ya, para defender bien los intereses de los agricultores y ganaderos y de los habitantes de nuestro medio rural.
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| Una venta de patatas organizada por la familia Demassiet. |
El programa, desarrollado por AGALSA y financiado por la Junta de Castilla y León, ofrece formación, acompañamiento y experiencias reales pa...