¿La PAC moneda de cambio?... una vuelta de tuerca al presupuesto de la Política Agraria Común (PAC) para el período 2028-2034.

La Comisión lleva unos meses intentando contentar a los agricultores y ganaderos, asustada por las manifestaciones, que han vuelto a llegar al corazón de Europa. Estos movimientos se producen, además en la recta final del proceso de aprobación del acuerdo de la UE con Mercosur, ya alcanzado en el seno del consejo de la UE, y recientemente firmado con los países sudamericanos.

Francisco Martínez Arroyo

Blog Ruralsiglo XXI

Almazara, Baena

La reducción de fondos de la PAC, desdibujada en el marco del nuevo fondo para los planes de asociación nacionales y regionales propuesto por la Comisión en julio de 2025, del 22% respecto al período 2021-2027, y las cuestiones relativas a la preferencia arancelaria y la activación de las cláusulas de salvaguardia en caso de que las importaciones causen graves perjuicios para el sector europeo, y el cumplimiento efectivo de las cláusulas espejo en materia de normativa de sanidad animal y vegetal  -que se puedan controlar de verdad- del acuerdo de Mercosur, continúan preocupando a la mayor parte de los agricultores y ganaderos europeos. Y también a los Estados Miembros.

Ante esta situación, la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, en una carta al Parlamento y al Consejo, el pasado 6 de enero, propuso una vuelta de tuerca al presupuesto de la Política Agraria Común (PAC) para el período 2028-2034.

Recordemos que la propuesta inicial de la Comisión, de julio de 2025, asignaba a la PAC, en medidas de apoyo a los ingresos de agricultores y ganaderos, un mínimo, blindado, de 293.700 millones de euros para 2028-2034, de los que España dispondría de 37.200 millones. A esta cifra, se le añaden 6.301 millones de euros, en forma de reserva de crisis para el sector agrario, lo que totaliza unos 300.000 millones de euros para la PAC en toda la UE.

Es cierto que se podrían adicionar más fondos dentro de los 865.076 millones de euros del nuevo Fondo para los planes de asociación nacionales y regionales, donde se encuentra la PAC, pero la competencia -por más fondos- con otras políticas, supone un riesgo enorme de que la PAC, finalmente, tenga en 2028-2034, menos dinero que en el período actual.

A la vista de la situación, ya en noviembre del año pasado, la Comisión propuso que un 10% de los 487.000 millones de euros del Fondo para los planes de asociación nacionales y regionales que no se encuentran “blindados” -es decir, que pueden dedicarse a las prioridades que cada Estado Miembro desee, dentro de las políticas que engloba el fondo-, 48.700 millones de euros, tengan como objetivo las áreas rurales. Con estos nuevos recursos “blindados” deberían financiarse actuaciones como el LEADER, la transmisión del conocimiento o la cooperación entre territorios rurales, no contempladas en los 293.700 millones de euros blindados inicialmente. Además, parte de estos recursos podrían destinarse a medidas agrarias de carácter rural, como por ejemplo las inversiones en explotaciones, lo que podría suponer fondos extra para el sector. Conviene resaltar que estos 48.700 millones de euros son para actuaciones rurales, por lo que las “medidas agrarias” tendrían que competir por los recursos con el LEADER o actuaciones de otras políticas, por ejemplo, cohesión, con impacto en las áreas rurales.

Esta cantidad, podría aumentarse hasta los 63.700 millones de euros, utilizando 15.000 millones de euros en forma de préstamos, dentro de la política “Catalyst Europe”, prevista en la propuesta del Marco Financiero Plurianual (MFP).

Finalmente, von der Leyen, en un nuevo regate de la Comisión en la negociación, propuso, a principios de enero, utilizar dos terceras partes de la cantidad prevista en el MFP para ajustar las medidas dentro de los Planes nacionales y regionales según la ejecución de las mismas a lo largo del período 2028-2034, para la PAC -y no para otras políticas-, y que se puedan poner a disposición de los EEMM, desde el 2028.

Esto supondría, si los EEMM hacen uso de esta opción, 45.000 millones de euros más “blindados” para la PAC. La ventaja para los intereses agrarios de esta posibilidad es que, sólo si estas dos terceras partes se utilizan para la PAC, se podrán asignar -y utilizar- desde el inicio del período de programación.

En el caso de España, con una propuesta de asignación de unos 79.900 millones de euros en el conjunto del Fondo para los planes de asociación nacionales y regionales, la PAC supondría unos 41.400 millones de euros (37.200 de la asignación de la primera propuesta más 4.200 millones de euros adicionales, dentro de los 45.0000 millones de euros para toda la UE, resultado de movilizar para esta política, en 2028, dos tercios de los fondos para el ajuste de los Planes nacionales y regionales).

En el conjunto de la UE, considerando las dos nuevas propuestas de la Comisión, el presupuesto previsto para la PAC podría pasar de 300.000 millones de euros -incluida la reserva de crisis- a hasta unos 408.700 millones de euros -incluidos los préstamos-, lo que supondría algo más de lo que representa la PAC en este período (unos 386.600 millones de euros).

Moneda de cambio, con dos caras. Por un lado, teórica garantía de más fondos para la PAC. Por el otro; siempre que lo decidan los Estados Miembros, y a costa de otras políticas.

Momento complejo.

¿Cuánto tiempo llevamos perdiendo población en este pequeño pero representativo espacio de nuestra geografía?

Reflexión de  Mariana Gadea Barcina 

su Facebook , Domingo, 17 de enero de 2026.

Esta mañana,  bajo la suave llovizna que envolvía campos  y casas, paseando  por caminos milenarios, hoy en parte reivindicados y en parte, maltratados,  una reflexión de entre las muchas que iban saliendo, ha venido a nuestra conversación. 

¿Cuánto tiempo llevamos perdiendo población en este pequeño pero representativo espacio de nuestra geografía? … 

¿ Recuerdas cuando éramos pequeños, esa competencia infantil de ver qué pueblo era más grande ?… el mío tiene tantos, el tuyo treinta menos. 

Esa misma pregunta con cuatro años de diferencia daba cifras mucho menores. Aparentábamos no asustarnos y seguíamos no poniendo el acento en que aquello iba bajando. En el fondo era un, ¿cuánto vamos a seguir menguando ?, ¿ llegaremos a desaparecer?…

Coincidimos  en que aquella conciencia inconsciente de que algo estaba cambiando iba superpuesta con nuestros años de colegio, aquellos  de la  década de los sesenta y principios la de los setenta. Veíamos, casi sin ver,  cómo iban  faltando primos, vecinos y amigos que dejaban de estar durante los inviernos y que a veces, no siempre, reaparecían en verano si tenían una casa a la que volver. 

En esas ocasiones en las que hablamos de nuestros pueblos para el público, para los de fuera, para los que no conocen ni conocemos, sacamos a la luz lo grandes que fuimos, los cada vez más grande en número de habitantes que llegamos a tener, las casa que había, las grandes, las pequeñas, los conventos, los escudos y las casas solariegas donde moraron nuestros ilustres antepasados de los que parecemos ser descendientes directos. Ocios y Velascos y demás nombres de pro en nuestra memoria para que esta nos sostenga a todos los que nunca los tuvimos, al menos, reconocidos. 

Fuimos tantos y tuvimos tanto, la herrería, las panaderías, las tabernas y los ultramarinos. Pueblos llenos de campesinos, canteros, terrolleros, guarnicioneros, criados y criadas, mujeres pobres, medio pobres y alguna rica. 

La verdad es que llegado el momento, con todo el cambio, unos pudieron quedarse, algunos lo prefirieron y otros no tenían la confianza de salir a buscar pero muchos oyeron que fuera, en las ciudades, había nuevas oportunidades. Nunca más la precariedad ni el mirar al cielo para ver si llueve o hiela. Fuera estaba el premio. No más  frío, no más calor y mis hijos a estudiar que médicos o abogados serán. 

Los que nos quedamos también nos fuimos a estudiar o a trabajar y de allí, tampoco volvimos, si acaso y con casa, en vacaciones y en Navidad.

Los que dejamos atrás, aquellos que lo eligieran o no,  han sostenido el espacio de nuestra infancia, nuestros campos y nuestras casas, ya no están. Sostuvieron  nuestra historia, la de cada uno pero también la de todos, la historia de el mundo rural en este lugar de la Tierra que no deja de tener un importante peso en la Historia como tal. Sostuvieron pueblos enteros con sus manos pero ya no están. 

Algunos hemos  vuelto y algunos más nos vienen a visitar. Hay quien incluso se instala para  quedarse porque igual están buscando algo que 

aquí pueden encontrar. Ojalá !

¿ Seremos capaces de compensar tanta pérdida y tanto cambio ?… ¿ Podremos mantener lo bueno de lo que nos sostuvo hasta llegar aquí o preferiremos cerrar  los ojos y soñar con que nuestros mayores, los  que ya no están , mantendrán la llama viva en el altar ?

La población del medio rural crece en España por séptimo año consecutivo.

 Los pueblos han atraído población nacional y extranjera 

desde 2018 y crece el número de personas ocupadas,

 especialmente mujeres.

De los 6.832 municipios con menos de 5.000 habitantes en 2018, 

el 79% actualmente tiene un saldo migratorio positivo

En 2024, los municipios de menos de 5.000 habitantes aumentaron su población en 22.020 personas, según la revisión del Padrón Municipal de Habitantes publicada hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE), lo que supone el crecimiento de la población del medio rural por séptimo año consecutivo. Desde 2018, los pequeños municipios han aumentado su población en 163.027 personas.

Este incremento es debido fundamentalmente a la llegada de nuevos residentes a estos municipios. En 2024, el medio rural atrajo 68.814 habitantes, 10.405 más que el año anterior, como refieren los resultados de la Estadística de Migraciones y Cambios de Residencia publicados también en esta jornada. Durante los últimos siete años los municipios con menor población han atraído a 447.667 habitantes, de los cuales alrededor del 40% proceden de otros municipios del país.

2018 marcó un punto de inflexión en la pérdida de población y la emigración registrada en los municipios rurales. En ese año, 6.832 municipios en España tenían menos de 5.000 habitantes y concentraban una población de 5.700.024 personas. La mayoría de ellos tenían un saldo vegetativo negativo, a lo que se añadía la salida de población, especialmente mujeres y jóvenes. Entre 2011 y 2017, todas las comunidades autónomas, salvo País Vasco y Madrid, perdieron población en los pequeños municipios, con una reducción del 6,1 %, 405.371 habitantes menos en 7 años.

Sin embargo, las cifras actuales evidencian que, desde 2018, aunque su saldo vegetativo es negativo, los pueblos han atraído población nacional y extranjera, ha crecido el número de personas ocupadas, especialmente mujeres, y solo Galicia, Asturias, Extremadura y Castilla y León continúan perdiendo población en el conjunto de los pequeños municipios.

CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN EN EL MEDIO RURAL
El saldo migratorio positivo entre 2018 y 2024 no se concentra en unos pocos municipios, sino que se registra de manera generalizada. De los 6.832 términos con menos de 5.000 habitantes registrados en 2018, 5.398 (el 79%) actualmente tienen un saldo migratorio positivo, incluso en los municipios más pequeños, por debajo de los 100 habitantes, o más remotos.
La llegada de población al medio rural está vinculada al crecimiento demográfico del país y los saldos migratorios positivos son, en una buena parte, consecuencia de la llegada de población extranjera. No obstante, su peso en la población de los municipios con menos de 5.000 habitantes es reducido: un 10,2% de la población frente al 14,1% nacional. El 83% de los pequeños municipios tienen un porcentaje de población extranjera por debajo de la media nacional, y en el 43% representa menos del 5% de su población.

POLÍTICAS PARA AFRONTAR EL RETO DEMOGRÁFICO
Desde la creación de la Secretaría General para el Reto Demográfico, en el año 2020, se han puesto en marcha múltiples medidas, en coordinación con el resto de ministerios y con otros niveles de la administración, incardinadas en el Plan 130 Medidas frente al Reto Demográfico, que ha movilizado más de 13.000 millones de euros entre 2021 y 2024.
Como parte de las iniciativas, se han implementado convocatorias de ayudas para la reactivación social y económica de zonas con problemas de despoblación, que desde 2022 han posibilitado el financiamiento de más de 700 proyectos, por un importe total de 69,8 millones de euros. 

 Actualmente, el MITECO mantiene abierta una nueva convocatoria de subvenciones para financiar proyectos innovadores y combatir la despoblación.
Asimismo, se ha creado la Red de Centros de Innovación Territorial (RedCIT) que, en coordinación con diversos niveles de la administración y basándose en la colaboración público-privada, están impulsando iniciativas rurales innovadoras en los 23 centros que, en estos momentos, forman parte de la Red.
Atraer y retener el talento en los municipios de reto demográfico es el propósito del Programa Campus Rural que, en sus cuatro ediciones, ya ha llevado a más de 2.000 universitarios a realizar sus prácticas curriculares en municipios del medio rural de menos de 5.000 habitantes.

Adicionalmente, el MITECO ha puesto en marcha otras medidas de apoyo al medio rural, como los programas DUS 5000 (Programa DUS 5000. Ayudas para inversiones a proyectos singulares locales de energía limpia en municipios de reto demográfico)  

y PREE 5000 (Rehabilitación energética de edificios en municipios de reto demográfico), el impulso a las comunidades energéticas locales, el impulso de la bioeconomía local, o los proyectos de saneamiento, depuración y abastecimiento de agua en pequeños municipios, con una dotación conjunta de más de 1.200 millones de euros.

Ingresos medios declarados en el IRPF 2023 en Redecilla del Camino

Según estadísticas que provienen de INE 

sobre los datos de los ingresos medios declarados 

en el IRPF en Redecilla del Camino en 2023, 

tenemos una renta media declarada de 38.796€ por hogar.

INE,  Atlas de Distribución de Renta de los Hogares 2023

Renta media declarada por hogar 37.896€

Renta media por habitante en Redecilla del Camino 16.914€

La renta neta media por persona en España en 2023 fue de 15.036 euros, según el INE. Este indicador representa un aumento del \(6,9\%\) respecto al año anterior.

En este enlace puedes ver los datos de otros pueblos

Modernizar y armonizar la planificación de la lucha contra los incendios forestales en España. R/D 716/2025, BOE del 29 de Agosto.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este viernes, 29 agosto,  el Real Decreto 716/2025, una norma impulsada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que busca modernizar y armonizar la planificación de la lucha contra los incendios forestales en España.

Acceso al Real Decreto 716/2025

El Real Decreto se plantea transformar la lucha contra el fuego en una labor permanente. El documento analiza las condiciones laborales de los equipos de prevención y establece que sus directrices tendrán prioridad sobre otros planes de gestión forestal.

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PERO ese R/D sigue olvidando que una de las causas de estos incendios es el abandono humano del territorio. Esa causa es la despoblación, contra la que este R/D no dice ni hace nada...

Claro que se ha transformado el medio rural: ha sido el abandono del territorio una de las causas;  para abandonar el territorio no hay mas que hundir su economía, aquella que cuidaba el monte, aquella que hacía rentable vivir en los pueblos.

A ver cuándo ponemos en valor lo que aporta la España abandonada al bienestar general: 
.- ¿cuándo nos van a pagar lo que se debe a la naturaleza y a las gentes de los pueblos por el mantenimiento del equilibrio ecológico?.  
.- Los millones y millones de euros que aportan los bosques, el agua... a frenar el cambio climático, ¿dónde están?. 
.- Los derechos de emisión están moviendo millones y millones de euros.. Y los derechos de Remisión (?) o absorción de contaminantes, CO2... que se producen en el campo, nunca en el cemento, ¿cuándo van a revertir a los pueblos y sus gentes?.
 .- ¿Por qué se ha llevado a la agricultura y gandería a ser industrial, masificada, hipercontaminante, hiperconcentrada y contraria a la salud humana, a la de la naturaleza?. Además la ganadería, la agricultura industriales despueblan.

¿Qué somos los pueblos y sus gentes para esta España?.    ¡Menos que nada!.

Incendio 17 de julio de 2015, El Rebollar, La Varguilla, Villaorceros. 

El fin de la norma es establecer directrices y criterios comunes para que todas las comunidades autónomas elaboren planes anuales de prevención, vigilancia y extinción, adaptados a los desafíos actuales y con un enfoque integral durante todo el año.

La normativa parte de un diagnóstico claro: los factores que influyen en la proliferación de incendios han cambiado de manera profunda, desde el impacto del calentamiento global hasta la transformación del medio rural.

Ante esta realidad, el Gobierno considera imprescindible actualizar el marco regulatorio y dotar al país de un sistema homogéneo que refuerce la prevención y la coordinación. El decreto se apoya en el mandato del Real Decreto-ley 15/2022, que ya exigía a las comunidades autónomas la adaptación de sus planes de defensa antes de 2023.

El texto introduce una visión que supera el esquema clásico centrado en las temporadas de riesgo. La lucha contra el fuego deja de ser una reacción puntual para convertirse en un trabajo permanente, que combina análisis territorial, planificación de recursos, medidas de prevención y sensibilización social.

Los planes anuales adquieren así la categoría de instrumentos de ordenación preferente, lo que significa que sus directrices tendrán prioridad frente a otros documentos de gestión forestal, que deberán ser revisados si entran en contradicción.

El nuevo marco exige una planificación técnica detallada, que abarca desde la zonificación de áreas de riesgo hasta la definición de puntos estratégicos de gestión y zonas de actuación singularizada.

También establece la necesidad de cartografiar la interfaz urbano-forestal y de incorporar cronogramas sobre las épocas de mayor peligro. La norma obliga además a disponer de catálogos permanentes de medios humanos y materiales, con infraestructuras, redes de comunicación y sistemas de vigilancia operativos durante todo el año.

En paralelo, el decreto regula los usos y actividades que pueden generar incendios. Cuando la información meteorológica indique riesgo extremo, las comunidades autónomas deberán aplicar de inmediato prohibiciones como la suspensión de quemas, el uso de maquinaria que pueda provocar chispas o la utilización de material pirotécnico.

El objetivo es anticiparse a las condiciones más críticas y evitar la propagación de incendios en jornadas de especial vulnerabilidad.

El texto también pone el foco en las condiciones laborales de los equipos de prevención y extinción, recordando que los planes autonómicos deben garantizar la estabilidad y seguridad de los profesionales que actúan en primera línea.

Asimismo, otorga nuevas competencias al Comité de Lucha contra Incendios Forestales, encargado de analizar los criterios establecidos y recomendar mejoras en la planificación, además de emitir informe previo sobre el desarrollo reglamentario de la norma.

El Gobierno defiende que este real decreto responde a los principios de buena regulación: es necesario, eficaz y proporcionado; garantiza la seguridad jurídica y la transparencia; y busca maximizar la eficiencia con el menor coste posible. Se fundamenta en la Ley de Montes y en el artículo 149.1.23 de la Constitución, que otorga al Estado la competencia básica en materia de protección del medio ambiente.

Con esta norma, España da un paso hacia una estrategia común que pretende reforzar la prevención, mejorar la coordinación entre administraciones y reducir las consecuencias de unos incendios forestales que, cada verano, ponen a prueba la seguridad de las personas, los ecosistemas y el territorio.

Los servicios ofrecidos por los centros comarcales ofrecen poca protección contra el declive poblacional. Informe OCDE

Cómo llegar a los servicios en pueblos y ciudades,

 Preparando las regiones para el cambio demográfico.

 Emigrando de los pueblos porque no pueden acceder a los servicios que necesitan.

La OCDE elabora un estudio que analiza la importancia vital de la prestación de servicios a la población y su relación con las tendencias demográficas negativas en los pequeños pueblos y comarcas. 

Muchas zonas rurales están perdiendo población rápidamente, lo que ejerce presión sobre los servicios locales. Con menos personal para atenderlos, utilizarlos y pagarlos, los pequeños establecimientos a menudo tienen dificultades para mantenerse abiertos. Al mismo tiempo, es posible que las personas estén migrando porque no pueden acceder a los servicios que necesitan. ¿Podría impulsar la prestación de servicios ayudar a romper este círculo vicioso de declive? 

Los centros regionales como centros de servicios, pero no inmunes al descenso de la población 

El informe elaborado por la OCDE utiliza datos geoespaciales para mapear el acceso a farmacias, escuelas, bancos, hospitales y universidades. Destaca la importancia de los centros regionales (los asentamientos más grandes a menos de 30 minutos en coche), que ofrecen más servicios que otros asentamientos de tamaño comparable. La ubicación conjunta de los servicios en estos centros y la mejora del acceso a ellos hacen que la prestación de servicios rurales sea más eficiente. 

📖 Descarga aquí el informe completo [PDF, ENG].

Fuente Red Española de Desarrollo Rural

En cambio, los pueblos y aldeas cercanos a una ciudad tienden a tener menos servicios. Por ejemplo, solo un tercio de los pueblos a menos de 30 minutos en coche de una ciudad cuenta con un hospital, en comparación con el 78% de los pueblos que son centros regionales y el 47% de otros pueblos a más de 30 minutos de una ciudad. Los pueblos cercanos a una ciudad también tienen menos bancos, farmacias y escuelas. Esto es lógico: los pueblos alejados de las ciudades sirven como centros de servicios para su propia población y la de las zonas aledañas, mientras que los pueblos cercanos a las ciudades aprovechan los servicios que ofrecen estas. 

Acercándose a la acción 

Sin embargo, los datos del documento muestran que el acceso a los servicios ofrecidos por los centros regionales ofrece poca protección contra el declive poblacional. Las aldeas europeas a más de 30 minutos de una ciudad que actúan como centros regionales experimentaron una disminución poblacional promedio cercana al 2% entre 2011 y 2021, lo que puso en peligro su capacidad para seguir manteniendo servicios vitales. Mientras tanto, los pequeños asentamientos cerca de las ciudades a menudo vieron aumentar su población: las aldeas con acceso a una ciudad crecieron un 4,5%, superando incluso el crecimiento poblacional de las propias ciudades. 

Estos cambios de población también se reflejan en los precios de las viviendas: las ciudades y los pueblos cercanos a las ciudades son considerablemente más caros, pero, en promedio, la gente no paga más para vivir en un centro regional en comparación con otros asentamientos lejos de una ciudad. 

Obtener el tamaño correcto 

La disminución de la popularidad de los centros regionales puede explicarse en parte por la mayor disponibilidad de herramientas digitales. Por ejemplo, aproximadamente tres de cada cuatro usuarios de internet en los países de la OCDE utilizan la banca por internet y los servicios gubernamentales en línea. Acceder a estos y otros servicios en línea puede reducir significativamente la necesidad de acceso físico a los servicios. El auge de la inteligencia artificial también trae consigo numerosas alternativas digitales nuevas.  

Sin embargo, los centros regionales, así como los servicios y centros físicos que ofrecen, seguirán siendo vitales para mejorar la calidad de vida de algunos residentes. Las personas con dificultades para desplazarse más lejos, como las personas mayores y las personas con discapacidad, a menudo encuentran difícil usar las alternativas digitales. Incluso quienes se sienten cómodos con los servicios digitales siguen necesitando acceso físico para servicios como el cuidado de niños o la fisioterapia. Es necesario que existan opciones de transporte adecuadas en las zonas rurales para garantizar que los grupos vulnerables puedan llegar a estos centros, por ejemplo, mediante transporte flexible y a demanda. Por ejemplo, la comunidad autónoma de Castilla y León ha implementado servicios de transporte a demanda en zonas rurales, disponibles para el 70 % de la población. 

Pequeño, pero hermoso 

A medida que cambia la marea demográfica, el envejecimiento y el declive generalizados de la población implicarán que muchos, si no la mayoría, de los centros regionales seguirán reduciéndose, a pesar de los esfuerzos por apoyar a los servicios en dificultades.

En lugar de nadar contra la corriente, comprometámonos a hacer que lo pequeño sea hermoso: esto implica centrarse en servicios locales accesibles, como escuelas primarias y atención médica, a la vez que se introducen soluciones rentables como alternativas digitales y móviles. Los servicios especializados pueden consolidarse en menos centros regionales con acceso a demanda para equilibrar la accesibilidad y la eficiencia. Además, las estrategias innovadoras para el transporte público en regiones con baja demanda pueden mejorar la conectividad. Mediante estas medidas, los responsables políticos pueden ayudar a que los lugares se reduzcan de forma inteligente y se mantengan como comunidades que las personas se enorgullecen de llamar hogar. 

Principales conclusiones del informe 

    La prestación eficaz de servicios dentro y entre regiones puede generar beneficios sociales, como el crecimiento de la productividad y el empleo, no solo en las regiones, sino para el país en su conjunto. La organización eficiente de los servicios y las conexiones de transporte entre localidades (ciudades, pueblos y aldeas) también puede ayudar a las regiones a afrontar el cambio demográfico y a alcanzar los objetivos de cero emisiones netas de carbono.

En 10 pueblos, más del 50% de sus habitantes son pensionistas de la Seguridad Social

La mitad de los vecinos de una decena de municipios de Burgos son pensionistas

La cuarta parte de la población de la provincia recibe algún tipo de pensión. 

Hay 105 municipios con una proporción de pensionistas superior al 30%.

Bascuñana con el 61,1%, y Castildelgado con el 60% entre ellos.

El proceso de envejecimiento demográfico en el que se encuentra sumido buena parte de la España interior, incluida la provincia de Burgos, conlleva multitud de consecuencias, incluido el incremento paulatino de la nómina de pensiones. Y no sólo por la actualización monetaria de las mismas, sino porque, simple y llanamente, cada vez hay más pensionistas, sobre todo en determinados puntos.

Así, de acuerdo a los últimos datos con los que cuenta la Seguridad Social al respecto (octubre de 2024), más de la mitad de los vecinos de una decena de municipios de la provincia de Burgos son pensionistas, englobando en esa nómina a todas sus variantes, fundamentalmente pensiones contributivas y de viudedad.

El que mayor proporción de pensionistas tiene en su censo particular es Bascuñana. Allí, 11 de los 18 vecinos contemplados en el último censo reciben algún tipo de pensión, lo que supone el 61,1% de la población total. Le siguen de cerca Castildelgado, con 35 vecinos y 21 pensionistas (un 60%), y Tobar, con 27 vecinos y 16 pensionistas (un 59,2%).

Se trata, a grandes rasgos, de pequeños municipios del entorno rural, caracterizados por una baja densidad, una escasa población y falta de recursos y buenas comunicaciones. Sin embargo, la situación se extiende por buena parte del territorio provincial. Y es que, más de un centenar de municipios cuentan con una proporción de pensionistas sobre la población total superior al 30%.

Y eso sin contar a aquellos municipios menos poblados, y por tanto, con menor número absoluto de pensionistas, los cuales no están recogidos en la estadística de la Seguridad Social. Se trata de municipios cuyos datos se califican de 'secreto estadístico' para «evitar la identificación indirecta de alguno de sus titulares». 

Fuente la Seguridad Social, BurgosConecta.

El futuro de la agricultura y el mundo rural, Dossier EsF.

 El futuro de la agricultura y el mundo rural, 

nuevo monográfico de Dossieres EsF.

Dossieres Economistas sin Fronteras. 

n.º 56, invierno 2025El

Coordinan:José María Sumpsi y Bárbara Soriano,

Universidad Politécnica de Madrid.

Acceso a dossier EsF nº 56/2025

El número de invierno 2025 de Dossieres EsF reflexiona sobre agricultura y mundo rural. 

Por un lado, tratando de entender las causas y efectos del fenómeno de la despoblación de las áreas rurales, lo que supone no solo un reto demográfico sino también una crisis territorial, y las posibles políticas para superar esa crisis demográfica y territorial rural. 

Por otro, analizando si existe o no realmente una crisis del sector agrario, el papel de la Política Agraria Común (PAC), sus ayudas y sus condiciones ambientales, y qué razones de las protestas agrarias representan problemas reales o no. 

Quizás una de las conclusiones más importantes de la temática agraria de este número de Dossieres EsF es que no existe una agricultura en España sino varias agriculturas y que, por tanto, hay que evitar las generalizaciones simplistas y casi siempre demagógicas.

Por tanto, en cierto modo este es un número de Dossieres EsF doble, pues aborda dos temáticas, la rural y la agraria, que, aunque relacionadas, dado el peso de lo agrario en el mundo rural, lo que justifica su tratamiento en un solo número de Dossieres EsF, son a la vez distintas. Esta característica singular de este número justifica la extensión ligeramente mayor a la establecida por los responsables de los Dossieres EsF y, por tanto, agradecemos su condescendencia hacia los coordinadores y autores de este dossier.

Índice, acceso al, Diez son los artículos que componen este monográfico de Dossieres EsF 

Estudios del Fomento de la actividad empresarial y emprendedora en el medio rural de la provincia de Burgos.

 Fomento de la actividad empresarial y emprendedora 

en el medio rural de la provincia de Burgos 

ESTUDIO 2024 

 

ESTUDIO 2024, 

FAE y Burgos Repuebla,

SODEBUR

Universidad de Burgos.

Acceso al ESTUDIO 2024

6. Conclusiones del Estudio

1.- En número de empresas en Burgos y Castilla y León ha crecido a un ritmo mucho menor que la media nacional, especialmente a partir de finales de 2013 cuando se inició la recuperación económica tras la Gran Recesión. A principios de siglo, en Burgos había 4 centros de trabajo con actividad laboral por cada mil habitantes más que en el Conjunto de España, en el año 2023 había 0,9 menos. 

2.- Algo similar se puede afirmar del número de trabajadores por cuenta propia. Mientras que en España se han incrementado en un 17,9%, en Burgos han disminuido en un -15,2%.

En general y hasta 2013 la evolución era peor en la provincia y en la región que en el conjunto del estado. Sin embargo, desde este año la evolución ha sido divergente, en España ha crecido

el empleo autónomo y en Burgos y Castilla León ha disminuido. 

3.- La significativa pérdida de trabajadores autónomos y el menor incremento de empresas es reflejo de la menor actividad económica de Burgos y Castilla y León respecto al conjunto nacional. Además, al ser un proceso que se retroalimenta, lastrará la iniciativa empresarial y el desarrollo económico a medio y largo plazo de la provincia y de la región. 

4.- Burgos y Castilla y León tienen un mayor porcentaje de trabajadores autónomos y empresas en los sectores agrarios, industrial, construcción, transportes y hostelería. Y un menor porcentaje en actividades inmobiliarias, financieras, servicios administrativos y auxiliares, actividades profesionales, artísticas, de comunicación, educación y sanidad.

5.- La pérdida de trabajadores autónomos es más intensa en los municipios de menor tamaño, frente a los rurales intermedios y a los urbanos. La pérdida de autónomos en los tres núcleos urbanos de Burgos es del 4,5%, frente a un deterioro de 8,4% en los seis municipios rurales intermedios y de un 14,4% en los municipios rurales, categoría a la que pertenecen la inmensa mayoría de los municipios de la provincia.

6.- En términos relativos, y en proporción a los habitantes, es mayor el número de autónomos en entornos rurales, 103 por cada 1000 habitantes, que, en los entornos urbanos, 62 por cada 1000 habitantes. También es mayor el número de empresas en el ámbito rural, aunque con una leve diferencia, 36 frente a 32 por cada mil habitantes. El predominio de actividades agrarias, la falta de alternativas, la dispersión poblacional y la mayor flexibilidad de  implantación pueden justificar esta diferencia.

7.- La discrepancia que se observa en la distribución en el número de autónomos y empresas, por sectores de actividad entre Burgos y el conjunto de España, es muy similar a la que se observa entre el ámbito rural y el ámbito urbano. En el ámbito rural, en términos relativos y por número de autónomos y empresas, predominan la agricultura, la industria, la construcción y la hostelería.

8.- Las tres áreas urbanas de la provincia de Burgos ocupan al 89% del trabajo por cuenta ajena  y menos del 7% de trabajadores desarrolla su actividad en las zonas rurales. Por término medio, las empresas en el medio rural emplean a menos de un tercio de los trabajadores   que tienen las empresas en el medio urbano. Esta diferencia de dimensión media es bastante homogénea en la mayoría de los sectores de actividad, incluido el agrícola.

9.- Existe en la provincia de Burgos una amplia gama de polígonos industriales con suelo disponible en la mayoría de ellos, lo que puede favorecer la implantación de nuevos negocios, o ampliación de los existentes, en el medio rural.

10.- El estudio parece haber reflejado muy bien los principales aspectos del medio rural en relación con la actividad empresarial, ya que todos los rasgos expuestos han obtenido una valoración media muy alta. Merecen ser destacados la calidad de vida, el acceso a los servicios de sanidad y educación, la vivienda, la conectividad digital y el coste de la vida.

11.- Los empresarios reclaman ayudas de muy diversa índole para su implantación en el medio rural y para su posible crecimiento (incremento de plantilla); no sólo las económicas, las administrativas o las asociadas con la complejidad normativa, sino también aquéllas relacionadas con el personal, los servicios, la conectividad, el suelo y la vivienda. Estas demandas están  estrechamente relacionadas con las dificultades encontradas por aquellos empresarios que ya están implantados en este ámbito y con las desventajas que el conjunto de encuestados asocia al medio rural.

12.- Respecto a la batería de factores que se han considerado relevantes para el fomento de la actividad empresarial en el medio rural, merece destacar, por un lado, el alto grado de importancia otorgado por los encuestados a todos ellos y, por otra, y simultáneamente, el notable grado de desconocimiento.

13.- En el corto plazo (próximos 5 años) sólo un 10% de los encuestados manifiesta su intención de implantar su actividad en el medio rural. Y, a su vez, se puede deducir que para el tejido empresarial burgalés resulta poco viable desarrollar el teletrabajo. 

14.- Las propuestas planteadas sobre actividades que pueden generar oportunidades de negocio en el medio rural tienen como principal objetivo revertir el profundo proceso de despoblación del mismo en la provincia de Burgos. Para ello, hay que ampliar la base económica de las zonas rurales con el desarrollo y fomento de una actividad económica continuada y diversificada. Las medidas propuestas tienen un doble objetivo, por un lado, evitar que se siga  produciendo la despoblación de las zonas rurales, y, por otro, atraer nuevos pobladores a estas zonas. En tal sentido el teletrabajo y los negocios digitales son un recurso adicional para impulsar la repoblación rural. 

15.- En agricultura se plantea una propuesta generalista, consistente en ampliar la superficie dedicada al regadío. Se ha comprobado que la agricultura extensiva y de secano apenas ha logrado asentar la población al medio rural. Como propuestas más concretas se contemplan la huerta ecológica y el cultivo de frutos rojos y de hongos.  

Algunas de las oportunidades en ganadería son la ganadería extensiva, que compatibiliza la producción con la sostenibilidad y la protección medioambiental, y la ganadería ecológica. 

16.- Burgos es la segunda provincia más industrializada de España. En 2022 (último dato disponible) Burgos es la provincia española con mayor producción de energía eólica,  generando el 7,68% de toda la producción nacional. La instalación de nuevos parques eólicos y huertos solares siguen siendo buenas oportunidades de negocio de las compañías energéticas. 

Algunas de las propuestas concretas en el sector agroalimentario son la elaboración de productos locales y de calidad (como vinos Denominación de Origen Ribera del Duero y Ribera del Arlanza), embutidos (especialmente la morcilla con IGP), quesos, carne de las Merindades, lechazo de Castilla y León o miel. 

El papel desarrollado por las mujeres emprendedoras tiene una gran importancia en los sectores agrario y agroalimentario del medio rural de la provincia de Burgos. 

17.- La diversificación de actividades agrícolas y ganaderas, como la apuesta por productos locales de calidad y la implementación de técnicas sostenibles, ha demostrado ser clave para el éxito de emprendimientos en los medios rurales. 

18.- Una de las principales necesidades del medio rural para el desarrollo de la actividad económica es la disponibilidad de vivienda, por ello una oportunidad de negocio es la construcción de nueva vivienda y la rehabilitación y mejora energética de las ya existentes, para llevar a cabo esta mejora existen los fondos NGEU. 

19.- Algunas de las propuestas para frenar la despoblación del medio rural son facilitar la asistencia a domicilio y dotar al medio rural de residencias de tercera edad y de centros de día suficientes para atender las necesidades de una población muy envejecida. 

En el sector servicios de la provincia de Burgos juega un papel esencial el turismo sostenible, que en Burgos está enfocado a la cultura, al patrimonio y a la naturaleza. Este potencial turístico se ha visto ratificado con las tres declaraciones Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO: la Catedral de Burgos, el Camino de Santiago y los Yacimientos Arqueológicos de Atapuerca. 

Como opciones concretas, el turismo activo es una oportunidad de negocio en el medio rural de la provincia de Burgos. Además, este turismo activo se puede complementar con el turismo cultural y el turismo gastronómico. 

20.- La colaboración entre emprendedores locales, instituciones públicas y organizaciones privadas ha potenciado la creación de redes de apoyo y difusión de conocimientos, impulsando el desarrollo de proyectos innovadores en el medio rural de la provincia. 

21.- La formación y capacitación en habilidades empresariales, así como el acceso a financiación y asesoramiento especializado, han sido factores determinantes en el crecimiento y consolidación de emprendimientos en los medios rurales. 

22.- La integración de tecnologías digitales y la digitalización de procesos en sectores tradicionales como la agricultura y la artesanía han permitido a los emprendedores rurales mejorar su competitividad y alcanzar nuevos mercados. 

23.- Proyectos como el colegio rural de Educación Infantil y Primaria Magea en Burgos, dirigido por tres mujeres, son ejemplos de emprendimiento en el medio rural que luchan contra la despoblación a través de la educación activa.  

24.- Programas como el proyecto europeo RURAL SMEs, coordinado por SODEBUR, han permitido compartir buenas prácticas, incrementar las competencias profesionales y desarrollar planes de acción para mejorar las políticas de emprendimiento e innovación empresarial en el medio rural de Burgos. 

25.- Existen diversas ayudas y estructuras de apoyo al emprendimiento rural en Burgos, como los Centros de Innovación Digital (DIH) y los Grupos de Acción Local (GAL) que fomentan la competitividad y la innovación de las empresas rurales. 

26.- El impulso de iniciativas que promuevan el desarrollo social y la preservación del medio ambiente en el medio rural estarían relacionadas con: Emprendimientos sociales,  Agroemprendimientos sostenibles, Turismo rural responsable y turismo activo, Economía 

circular y desarrollo local, Conservación del patrimonio cultural y natural.

27.- Las principales Ayudas provienen de la Unión Europea de los fondos FEADER y están gestionadas por entidades nacionales, autonómicas, provinciales (SODEBUR) y locales (Grupos de Acción Local). Como se ha puesto de manifiesto en la encuesta, existe un elevado grado de desconocimiento de las ayudas. 

28.- Con carácter general, consideramos que es mejorable la trazabilidad sobre los resultados y éxitos empresariales que se han derivado como consecuencia de la percepción de las ayudas. 

29.- Es posible el establecimiento de Reducción de cuotas a la Seguridad Social para el fomento del desarrollo y ampliación de actividades económicas en el medio rural tal como se recoge en la Ley 31/2022 para las provincias de Cuenca, Soria y Teruel. Esto supondría una adecuada zonificación y especificación de los criterios para su aplicación. 

30.- Existe una complejidad jurídica para la aplicación de una fiscalidad diferencia, pero es posible ya que algunas experiencias así lo evidencian. Se requeriría, como se ha mencionado anteriormente, una adecuada zonificación y especificación de los criterios para su aplicación. 

31.- Sería posible establecer incentivos relacionados con las reducciones de cuota o la disminución de los tipos de gravamen de determinados tributos para residentes en el municipio. No obstante, cualquier medida que se contemple debe evitar que los agentes económicos se domicilien en el territorio de manera estratégica y solo a efectos de extraer las ventajas, sin establecer su residencia ni actividades 

incentivadas en beneficio del territorio objetivo. 

32.- Los incentivos más generalizados para favorecer el desarrollo rural están relacionados con las deducciones que las comunidades autónomas están aplicando en el IRPF. 

33.- No hemos encontrado estudios concluyentes que evidencien, a corto plazo, el impacto positivo de los incentivos a la actividad emprendedora en el ámbito rural. En algunos casos se habla de más de 16 años. 

En España 900 fondos poseen ya tierras valoradas en más de 100.000 millones de euros

¡Quien se beneficia de la subida de la renta agraria, 

nuestros pueblos, los pequeños agricultores o ganaderos? 

NO,

los accionistas de Fondos de Wisconsin o la City de Londres.

La agricultura tiene un gran futuro en España. 

Lo que está en peligro es el modelo social, territorial,

 y profesional de pequeños y medianos agricultores y ganaderos.

Los datos macroeconómicos de Renta Agraria 2024 

enmascaran una creciente pérdida de poder adquisitivo 

de los pequeños y medianos agricultores profesionales, los sustentan los pueblos.

La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) ha hecho pública una nota como parte del Balance Agrario 2024, según la cual "En la actualidad, en la península Ibérica más de 900 fondos poseen ya tierras valoradas en más de 100.000 millones de euros"

Fardos de paja en Navarra. David F. Sabadell

El comunicado destaca, según la información obtenida por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y del análisis y valoración aportados por la propia entidad, lo siguiente:

.- La Renta Agraria total en términos reales (descontada la inflación) ha experimentado en 2024 una subida del 10,8% respecto a 2023, según la 1ª estimación publicada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 

¿Por qué no lo están notando de forma significativa el 93,4% de pequeños y medianos agricultores en sus cuentas de resultados? 

Porque, según los propios datos del Ministerio de Agricultura, el 6,6% de grandes empresas agrarias acaparan ya el 42% del valor de la producción que se genera en nuestros campos. 

En este contexto, quién se beneficia de la subida de la renta agraria, nuestros pueblos o accionistas de Wisconsin o la City de Londres”?, ha subrayado Miguel Padilla, secretario general de COAG.

.- En 2024 el proceso de uberización del campo español se ha acelerado y con el mismo el aterrizaje de fondos de inversión especulativos. 

La compraventa de fincas rústicas ha experimentado un aumento significativo, con un incremento del 20% en comparación con 2019. Este auge está siendo liderado por grandes fondos de inversión de capital de riesgo, tanto nacionales como extranjeros, que buscan grandes fincas con derechos de agua, en cultivos atractivos como los leñosos y súper-alimentos. 

En la actualidad, en la península Ibérica más de 900 fondos poseen ya tierras valoradas en más de 100.000 millones de euros. “La agricultura tiene un gran futuro en España. Lo que está en peligro es el modelo social y profesional de pequeños y medianos agricultores y ganaderos. La concentración de la producción y la creación de oligopolios estimulan la entrada de fondos de inversión. Un joven que se quiera incorporar no puede competir con estos grandes capitales a la hora de acceder a tierra y agua para dimensionar su explotación", ha afirmado Padilla.

.- Del análisis realizado por los Servicios Técnicos de COAG se desprende una contundente evidencia: los datos macroeconómicos de Renta Agraria 2024 enmascaran una creciente pérdida de poder adquisitivo de los pequeños y medianos agricultores profesionales: en los últimos 20 años, los principales inputs para producir se han encarecido un 92%, mientras que la renta agraria corriente ha crecido un 49%.

.- Los consumos intermedios (insumos) alcanzaron en 2024 los 28.914 mill € en términos corrientes, con una importante reducción del 8,5% respecto al año anterior, pero siendo aún la tercera cifra más alta de la serie. Este capítulo se ha incrementado un 37% en 10 años y un 92% en los últimos 20. Dos de los capítulos con mayor peso en los consumos intermedios descendieron en su precio respecto a 2023: los piensos con un -19,1% y la energía y lubricantes un -5,8%. Por el contrario, aumentó el valor de fertilizantes (+13,6%).

.- Mayor volumen por mejor clima, precios más bajos.

La producción vegetal ascendió un 8,9% en valor, debido a la subida en el volumen producido (-18,8%), contrarrestada en parte por la caída de las cotizaciones (-8,3%). El comportamiento ha sido desigual según las producciones. Mientras todos los sectores han visto como el volumen producido aumentaba – cereales (76,9%), cultivos forrajeros (44,0%), plantas industriales (39,6%), aceite de oliva (22,6%), vino y mosto (14,3%), frutas (13,9%), hortalizas (4,9%) y patata (0,6%) –, en precios sólo tuvieron incrementos patata y aceite de oliva. En olivar, los precios en origen del aceite de oliva se han desplomado en las últimas semanas del año por debajo de los 4 euros/Kg, cuestión que no recoge la 1º estimación de Renta publicada.

En la producción ganadera se reduce en valor un 1,3% debido a la bajada de los precios en un 2,2%, mientras que el volumen producido ha crecido un 0,9% respecto a 2023. Los principales incrementos productivos se han dado en aves (+4,9%) y bovino (+4,2%), con descensos en las producciones de ovino y caprino (-9,4%). Por otra parte, se ha dado un aumento en los precios de productos como el bovino (+10,6%) y el ovino y caprino (+10,2%) y descensos en leche (-7,9%).

.- Tendencia a la baja en el número de titulares de explotación

A pesar de la mejora del último año, el sector no alcanza la tendencia general al aumento de ocupados del conjunto de la economía española. El número de UTA (Unidades de Trabajo Agrario) en el sector está un 3,0% por debajo de la media de los últimos 5 años y acumula una significativa pérdida de activos en 20 años (-209.000 UTA).

.- El análisis del COAG muestra su rechazo a la firma del acuerdo de la Unión Europea con el Mercosur, la unión económica de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, Esta alianza campesina califica el acuerdo de libre comercio como el “golpe definitivo para la agricultura y ganadería europeas”. 

.- La COAG también exige la suspensión del acuerdo de libre comercio UE-Marruecos tras conocerse la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la que se confirma que este acuerdo “viola el derecho internacional por vulnerar, en particular, los principios de autodeterminación y del efecto relativo de los tratados, al no prestar su consentimiento el pueblo del Sáhara Occidental”.

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Ya comentamos lo mismo el año pasado: 

https://redecilladelcamino.blogspot.com/2024/01/los-nuevos-senoritos-del-campo-espana.html 

La insensatez de delegar nuestra alimentación. Mercosur: bomba agrícola

Hace un año, los agricultores europeos estaban en pie de guerra. Principalmente después de que la supresión de los derechos de aduana sobre los productos alimenticios ucranianos hubiera provocado una caída de los precios en la Unión Europea. 
Sin embargo, el 6 de diciembre, la Comisión Europea concluyó con éxito las negociaciones sobre un acuerdo de libre comercio con varios países sudamericanos. Su ratificación comprometería aún más la situación de los agricultores y la soberanía alimentaria de países como España o Francia.

Morvan Burel,

Le Monde Diplomatique

Enero 2025.

STÉPHANIE SAGOT. — Terre amoureuse, Gardarem lo Larzac, 2024 

Neumáticos delante de las delegaciones del Gobierno y las sedes de gobiernos regionales, balas de heno en las rotondas, tractores en los centros urbanos: ¿acabará convirtiéndose esta escena en un ritual invernal? Hace un año, un movimiento social de gran amplitud sacudió el mundo agrícola europeo. En Francia, surgido en el sudoeste del país y apoyado por el principal sindicato sectorial, la Federación Nacional de Sindicatos de Explotadores Agrícolas (FNSEA), se extendió rápidamente por todo el territorio. Unas cuantas medidas de urgencia apaciguaron temporalmente el descontento, pero sin poner remedio a las cuestiones de fondo. De ahí que los agricultores no hayan esperado mucho para retomar el camino de la protesta. El pasado noviembre volvieron a manifestarse, siempre con el punto de mira en la imposibilidad de vivir decentemente de la producción de sus explotaciones debido a la presión ejercida sobre los precios por los productos agrícolas importados.

En la clase política, todos fustigan hoy la competencia “desleal” de los países con bajos costes de producción, incluidos los representantes de partidos que llevan treinta años sin parar de aprobar acuerdos de libre comercio y de favorecer la penetración cada vez mayor de importaciones agrícolas. El excedente francés en este ámbito —7800 millones de euros en 2019— corresponde a las exportaciones de vinos y licores, así como a las de cereales; al margen de estos dos rubros, el déficit se eleva a 11.000 millones de euros, casi el doble que en 2010 (1). En Francia, las importaciones han pasado de 28.000 a 56.000 millones de euros desde el año 2000 y en la actualidad representan el 20% de la alimentación nacional, el 45% del consumo de aves de corral, el 56% del de carne de ovino, el 63% del consumo de proteínas vegetales de las oleaginosas destinado a animales y el 71% del de frutas (2). Francia depende, pues, de socios europeos —entre otros— que cuentan con mano de obra más barata. Un tercio de las aves de corral y un cuarto de la carne de porcino transformados industrialmente en Francia proceden de los Países Bajos, Bélgica, Alemania, Polonia y también de Ucrania, país que, pese a no pertenecer a la Unión Europea, se beneficia de condiciones de exportación muy favorables.

Aunque la liberación de los intercambios comerciales triunfó en Europa con las reformas introducidas por la Política Agraria Común (PAC) desde 1992 y la entrada en vigor del mercado único en 1993, a escala mundial tiene su origen en el Acuerdo de Marrakech, que instituyó la Organización Mundial del Comercio (OMC) y puso fin a la regulación de los mercados agrícolas por medio de los precios. La Unión Europea reemplazó las medidas de regulación internas (como la financiación pública de las existencias en almacén) por la entrega de ayudas directas a los agricultores y aprobó una reducción constante de los aranceles. En los últimos quince años, la Unión ha firmado tratados de libre comercio con Canadá, Japón, Vietnam, Corea del Sur, Nueva Zelanda, Australia, el Reino Unido, Costa de Marfil, Malí…

Fanáticos de la teoría ricardiana

La presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen confía hoy en imponer el acuerdo comercial con el Mercado Común del Sur (Mercosur) (3). El 6 de diciembre, Von der Leyen y los jefes de Estado argentino, brasileño, paraguayo y uruguayo concluyeron veinticinco años de negociaciones. El hecho ha suscitado fuertes críticas en Francia por parte del sector agrícola y, tras él, de la clase política en su conjunto. La región sudamericana, gran proveedora de productos alimentarios, en especial de carne, tiene la capacidad de desequilibrar el mercado francés. Entre los costes de producción de las explotaciones bovinas francesas y brasileñas hay una relación de uno a dos (4). La carne de bovino procedente del Mercosur supone ya el 70% de las importaciones europeas, y en el caso de las aves de corral el porcentaje es del 50%. ¿Qué sucederá si el acuerdo entra en vigor (5)? A los negociadores europeos no les importa gran cosa, adeptos convencidos como son de la teoría ricardiana —en referencia a David Ricardo, economista inglés del siglo XVIII—, también conocida como “teoría de la ventaja comparativa”, que estipula que a todas las partes les interesa comerciar, siempre y cuando elijan especializar su producción siguiendo el sentido común. Para conseguir un descenso de los aranceles sobre productos industriales europeos, Phil Hogan, el comisario europeo de Agricultura y, más tarde, de Comercio, admitía “haber concedido un poco de carne de vacuno [a los países del Mercosur], ya que había que hacer concesiones” (Le Monde, 4 de julio de 2019).

El acuerdo elimina el 92% de los aranceles para los bienes importados en la Unión procedentes del Mercosur. Prevé cuotas de productos exentos de aranceles o que gozarán de aranceles reducidos en el caso de productos alimentarios, por ejemplo, 99.000 toneladas de carne de vacuno a un tipo reducido del 7,5%. Bruselas ha elegido favorecer importaciones que no respetan la normativa impuesta a sus propios productores. En la actualidad, la reglamentación brasileña permite el uso de harinas de origen animal y antibióticos como vectores de crecimiento, está exenta de imposiciones sobre bienestar animal relativas a las condiciones de transporte y carece de disposiciones sobre la trazabilidad de los animales desde su nacimiento hasta su sacrificio. El mercado europeo debe, pues, comercializar productos en los que se han usado principios activos presentes en pesticidas prohibidos en la Unión, pero empleados en altas dosis en los países del Mercosur… que a su vez se abastecen de productores alemanes, británicos o italianos. Entre 2015 y 2019, los exportadores del Viejo Continente enviaron al Mercosur 56.600 toneladas de productos prohibidos en sus propios países (6).

En marzo de 2024, después de que la crisis del sector agrario del invierno pasado presentara este proyecto de tratado con el Mercosur como un símbolo de competencia desleal, el presidente francés Emmanuel Macron lo calificó ante una asamblea de productores brasileños de “muy mal acuerdo”, negociado “como se hacía en los años noventa”, contrariamente a los virtuosos tratados “de nueva generación” que supuestamente permiten el desarrollo concertado de las partes signatarias. Un año después, Macron se jacta de plantar cara a la Comisión Europea: “Nuestros agricultores no serán sacrificados en nombre de un mercantilismo propio del siglo pasado”, afirmó en Polonia el 12 de diciembre.

Sin embargo, al final de las negociaciones, en junio de 2019, Macron había juzgado que el acuerdo era “bueno en el punto en el que estamos” y lamentado las reacciones “neoproteccionistas” (7). El presidente francés dio un primer viraje dos meses después, durante una cumbre del G7 en Biarritz, en respuesta a las descomedidas declaraciones sobre el clima de Jair Bolsonaro. Pero la cosa no fue más lejos. Francia nunca ha solicitado la interrupción del proceso ni sugerido que se revisara el mandato de negociación que el Consejo Europeo (que representa a los Estados miembros) confió a la Comisión Europea. En la primavera de 2023, el ministro francés de Comercio Exterior, Olivier Becht, llegó incluso a abogar por la firma de un texto que no había experimentado ninguna modificación, alegando la presencia de “disposiciones muy favorables a nuestras empresas”, habida cuenta de que, según él, el Gobierno francés nunca “se había opuesto a la firma del acuerdo” (8).

La oposición mostrada por Macron en 2024 parece, sobre todo, un intento desesperado por salvar la política de desregulación de los intercambios comerciales sacrificando (¿temporalmente?) el acuerdo con el Mercosur. El 24 de enero de 2024, los diputados del bando presidencial en el Parlamento Europeo aprobaron un texto negociado con Chile. Presentado como “virtuoso”, aumenta las cuotas de importación exentas de aranceles de carne porcina, carne de vacuno, vino, aves de corral, preparados de frutas, aceite de oliva o etanol. Y suprime totalmente las cuotas sobre las entradas de manzanas y kiwis. Algunos meses antes, el 9 de julio de 2023, Francia aprobaba la llegada a un acuerdo con Nueva Zelanda que aumentaba las cuotas de importación de carne de ovino (un sector de por sí frágil en Europa) y productos lácteos, pese a hallarse en un estado de sobreproducción en el Viejo Continente.

Los promotores de estos acuerdos pretendidamente nuevos alaban la inclusión de cláusulas de reciprocidad —las llamadas “cláusulas espejo”—, que supuestamente imponen normas idénticas a los productos importados y a los locales. Pero, en opinión de Marine Colli, asesora en políticas agrarias públicas, se trata de un ardid. El mecanismo no impide en absoluto a Nueva Zelanda exportar productos en los que se ha usado herbicidas e insecticidas prohibidos en la Unión Europea. La única verdadera prohibición concierne a la importación de carne proveniente de animales alimentados en centros de engorde: una práctica casi inexistente en Nueva Zelanda...

Las cláusulas espejo

Los defensores del Acuerdo Económico y Comercial Global (CETA, por sus siglas en inglés) firmado entre la Unión Europea y Canadá también elogian la presencia de cláusulas espejo… que, de nuevo, carecen de efectividad, como señala Marine Colli. Antes al contrario, este acuerdo desregula casi por completo los intercambios agrícolas entre ambas partes, ya que elimina el 93,8% de los aranceles sobre los productos canadienses. Las cuotas exentas del pago de aranceles aumentan hasta llegar a las 80.000 toneladas de carne de cerdo y las 65.000 toneladas de carne de vacuno, pese a las considerables diferencias entre los modelos de explotación de ambas zonas: “El perfil medio observado en las explotaciones canadienses y, en términos más generales, en los Estados o regiones con los que se contempla llegar a acuerdos de libre comercio, parece bastante alejado del modelo francés y europeo de explotación familiar —apunta el senador de Los Republicanos Laurent Duplomb en un dictamen sobre el proyecto de ley que autoriza la ratificación—. El engorde se realiza en grandes explotaciones de 30.000 plazas de donde el pasto desaparece rápidamente debido a la densidad de animales; la ración alimentaria se compone en un 80% de productos elaborados con harina de soja modificada genéticamente”. El parlamentario también señala normas mucho más laxas en materia de uso de harinas animales y antibióticos o en lo concerniente a la trazabilidad (9).

Este acuerdo —también muy criticado—, fue ratificado por el Parlamento Europeo el 15 de febrero de 2017. En Francia, la Asamblea Nacional lo aprobó el 23 de julio de 2019 con el único apoyo del grupo que respalda a Macron. El 21 de marzo de 2024 —cinco años después de su aprobación por la Cámara Baja—, el Senado votó en contra de la ratificación, lo que teóricamente habría supuesto su devolución a los diputados. Pero el Gobierno no tiene prevista tal cosa. En cualquier caso, la ausencia de ratificación por parte de Francia y de buen número de Estados miembros —hoy en día, solo 17 lo han hecho— no impide que se aplique la parte del acuerdo que es competencia propia de la UE, lo que equivale al 90% de los puntos del tratado (10).

Quienes apoyan el CETA esgrimen otro sorprendente argumento: en la actualidad, Canadá solo usa el 3% del volumen de las cuotas concedidas a sus exportaciones de carne de vacuno, por lo que el impacto del acuerdo sobre este sector sería insignificante. En realidad, aunque de momento los ganaderos canadienses producen carne destinada, sobre todo, al mercado estadounidense y chino, Ottawa se está preparando para la conquista trasatlántica: acaba de solicitar a la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria que se reconozca el tratamiento de desinfección de las reses con ácido peroxiacético. De tener éxito el trámite, Canadá podría aumentar de forma masiva sus exportaciones a Europa.

Tras la industria, la alimentación

Por su parte, el mecanismo para el arreglo de diferencias entre Estados e inversores privados —que permite a estos últimos recurrir a un organismo de arbitraje si consideran que aquellos han tomado una decisión contraria al tratado y perjudicial para sus intereses— aún no ha sido abordado. Presente en todos los tratados preparados por la Comisión Europea, este mecanismo pisotea una democracia ya vapuleada por la forma misma de las negociaciones: discusiones de las que se ocupa la Comisión sobre la base de un mandato que no se ha hecho público, opacidad de las negociaciones con la parte contratante y relegación de los parlamentos nacionales.

El libre comercio se defiende para apoyar a ciertos sectores exportadores, pero se denuncia cuando sus efectos se juzgan nefastos para otros sectores: los dirigentes políticos se enredan en sus propias contradicciones. Tal le sucede al presidente de la FNSEA, que defiende las movilizaciones contra el acuerdo con el Mercosur, pero afirma: “El proteccionismo no tiene sentido en la agricultura francesa” (BFMTV, 25 de febrero de 2024). Entretanto, sigue en punto muerto la elaboración de una política coherente, centrada en la soberanía alimentaria, la preservación de los ingresos de los productores y la protección del medioambiente. Desde la crisis de la covid-19, es moneda corriente declararse favorable a la soberanía; así, el ex primer ministro Michel Barnier eligió completar el nombre oficial del Ministerio de Agricultura añadiéndole “de la Soberanía Alimentaria y de los Bosques”. “La cuestión de los intercambios comerciales sigue siendo un ámbito intocable [de la UE]”, explica Jonathan Chabert, uno de los portavoces del sindicato agrícola francés Confédération Paysanne, que dice no creer “ni un segundo en que exista una solución dentro del propio proceso del libre comercio, ya que las medidas espejo son totalmente ineficaces”. De ahí que su sindicato exija medidas aduaneras sobre volúmenes y precios. En concreto, aboga por la puesta en práctica de precios mínimos de entrada aplicados a los productos importados. De acuerdo con este mecanismo, el precio no debe ser inferior a los costes afrontados por los productores nacionales (en concepto de salarios, costes de la seguridad social, etc.).

El pasado 12 de noviembre, más de seiscientos parlamentarios franceses pidieron a la Comisión que no sometiera el acuerdo de asociación con el Mercosur a la aprobación del Parlamento Europeo y del Consejo. Después de tres décadas de terapia librecambista, la cuota del sector industrial en la producción nacional ha caído hasta el 11%. Tras la pérdida de la soberanía industrial, ¿llegará el fin de la soberanía alimentaria? Para evitarlo, una oposición circunstancial limitada al acuerdo con el Mercosur no va a ser suficiente.