Se nos ha ido el último Quijote de la Mancha: El guardián de la Venta de la Inés (Rinconete y Cortadillo y El Quijote de la Mancha, Miguel de Cervantes)

Fallece Felipe Ferreiro Alarcón, guardián de la Venta de la Inés, Valle de Alcudia, 

en el Camino Real de Toledo a Andalucía, falleció a los 95 años el día 9 de julio.

Felipe Ferreiro Alarcón, el mítico morador de La Venta de La Inés que desafió y venció a los poderosos terratenientes que pretendían expulsarlo de su casa, de su Venta, citada por Miguel de Cervantes en su obra Rinconete y Cortadillo

Felipe en su Venta, a la derecha se puede ver el escaño y la campana del hogar, de la cocina.

Felipe Ferreiro Alarcón, el mítico morador de La Venta de La Inés que desafió y venció a los poderosos terratenientes que pretendían expulsarlo de su casa, ha fallecido este miércoles a los 95 años de edad, según ha avanzado su amigo Pedro Romero, presidente del Club Deportivo Churriagos. El cuerpo de Felipe se encuentra en el tanatorio de la carretera de Almodóvar, en Puertollano, y su entierro tendrá lugar este jueves a las 18.00 horas en Brazatortas. 

Ferreiro ha entrado en el imaginario colectivo por su gran bondad, que le equiparaba a un entrañable «mago blanco» del Valle de Alcudia, y por su numantina resistencia a abandonar su hogar, la histórica venta, pese a las presiones de los terratenientes vecinos durante 27 años. Finalmente Felipe se quedó en su casa junto a su hija con discapacidad, y consiguió, con el apoyo del Gobierno regional, que se instalara una nueva conducción de agua, como culminación gloriosa de un drama titánico, la victoria de la humildad y la constancia sobre enemigos formidables.

La llegada del agua a la Venta de la Inés en 2018 supuso un hito histórico tras décadas de conflicto entre el dueño de la vivienda, Felipe Ferreiro, de más de 85 años entonces, y los propietarios de la finca La Cotofía, por cuyos terrenos pasa ahora la conducción de agua.
El inicio de las obras se produjo a principios de mayo de 2018, cuatro meses después de que la Consejería de Fomento declarara de interés regional las obras de abastecimiento de agua a la Venta de la Inés, en el término municipal de Almodóvar del Campo, y de que el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha tomara en consideración la cuantía presupuestaria de 14.000 euros para realizar estas actuaciones.
La Venta de la Inés, donde vivían Felipe Ferreiro y su hija Carmen, es Bien de Interés Cultural con categoría de Sitio Histórico. El inmueble disponía de una concesión de aguas para uso doméstico-consumo sin bebida, acordada por resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir de 2 de julio de 2008, pero entonces, desde hacía casi 30 años, no disponía de suministro de agua.
Tras décadas de conflicto entre el dueño de la vivienda –apoyado por Ecologistas en Acción-Valle de Alcudia, la Asociación de Amigos de la Venta de la Inés y numerosos simpatizantes– y los propietarios de la finca La Cotofía (La finca de La Cotofía (Valle de Alcudia) mantiene cortado el Camino de la Fuente del Alcornoque después de que el 29 de julio de 2002 el Pleno del Ayuntamiento de Almodóvar certificara su carácter público y su titularidad municipal, así como la ilegalidad de la malla que lo corta) por cuyos terrenos pasa la conducción de agua, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir inició en febrero de 2017 los trámites para la imposición forzosa de la servidumbre de acueducto que reclamaban los propietarios de la venta, mencionada en El Quijote, para poder disponer de agua.

En 2007, el apoyo del Gobierno regional y la Diputación de Ciudad Real contribuyó a que la familia Ferreiro tuviera acceso a la luz eléctrica.

Una Venta “literaria”

La Venta de la Inés está situada en pleno Parque Natural de Alcudia y Sierra Madrona y cuenta con un conjunto de edificaciones (cuadras, cocina exterior, la Venta propiamente dicha y cochera) que se alinean en el margen del Camino Real de Toledo a Andalucía, o Camino Real de la Plata, al pie del collado que sirve para cruzar la Sierra de la Umbría de Alcudia.

Aunque debe su nombre actual a su propietaria en 1761, Inés Ruiz Castellanos, la venta aparece citada en una de las novelas ejemplares de Miguel de Cervantes, la de ‘Rinconete y Cortadillo’, y también en ‘El Quijote’, cuando se refiere al entierro del pastor Grisóstomo, en el entorno de la Fuente del Alcornoque.

Por su interés, reproducimos el obituario escrito en las redes sociales por Pedro Romero, presidente del Club Deportivo Churriagos.

SE NOS HA IDO EL ÚLTIMO QUIJOTE DE LA MANCHA
El guardián de la Venta de la Inés

Felipe Ferreiro Alarcón (1930–2025) fue mucho más que un luchador o un vecino aislado que defendía lo suyo frente al “Poderoso”. Fue, en realidad, el alma viva de la Venta de la Inés, la histórica posada cervantina enclavada en pleno Valle de Alcudia, que él custodió con determinación, dignidad y ternura durante casi toda su vida.

Hombre de raíces profundas y carácter templado, Felipe encarnó durante décadas una resistencia serena pero firme frente a la desidia de las instituciones y los abusos de quienes intentaron silenciar su existencia. Su hogar, esa venta con más de 900 años de historia literaria y popular, se convirtió en símbolo de tenacidad gracias a su voz y su presencia, incluso cuando le fueron negados los suministros más básicos: agua y luz.
Desde mediados de los años 80, Felipe luchó en soledad, junto a su familia, por el derecho a vivir en paz en la Venta. Durante más de 30 años, libró una batalla legal y moral para conseguir agua corriente, que finalmente alcanzó en 2018, ya con casi 90 años. Aquel día histórico, cocinó sus primeras migas de nuevo con su agua del Tablillas: fue su manera silenciosa de celebrar la justicia.

Amable, sabio, generoso, dueño de una memoria prodigiosa y de una hospitalidad sin límites, Felipe recibió durante décadas a viajeros, senderistas, periodistas, estudiosos y curiosos que acudían a escuchar la historia de un lugar sagrado del Quijote contada por alguien que no solo la conocía: la vivía.

Felipe Ferreiro no buscó nunca protagonismo. Buscaba respeto. Y en ese respeto ha cimentado su legado: el de un hombre que defendió su casa sin aspavientos ni odio, con una voluntad invencible y una decencia que hoy rara vez se encuentra. Su muerte, serena pero inevitable, marca el final de una época. Pero su vida deja una semilla que no puede ser arrancada: la de la resistencia tranquila frente al olvido, la de la dignidad sin estridencias, la de quien no quiso otra cosa que vivir en paz donde nació su historia.

Hoy la Venta queda más sola, pero más eterna. Porque mientras alguien recuerde el nombre de Felipe Ferreiro Alarcón, su voz seguirá sonando entre los muros, entre los robles, entre las páginas del Quijote y entre quienes aún creemos que vivir con raíz es una forma de honrar la vida.

Descansa en Paz amigo Felipe.

“Cuando te dicen que tu tierra no vale nada, te están diciendo que tú no vales nada”.

El desprecio hacia modo de vida rural como estrategia especulativa.

La estrategia especulativa de las grandes eléctricas en el ‘boom’ de las energías renovables está dinamitando la convivencia en la España rural.

Diego Delgado 

CTXT Guadalajara.

Parte de uno de los módulos del megaparque fotovoltaico de Almadrones (Guadalajara). / D. D.

Aún faltan unos tres kilómetros para alcanzar la salida 101, que da acceso al municipio de Almadrones (Guadalajara), cuando la ventanilla derecha del coche muestra un cambio imposible de ignorar en el paisaje que atraviesa la autovía A-2 en dirección Zaragoza. El intenso verde primaveral que se extendía hasta el horizonte queda, de pronto, sustituido por un ejército de cientos, miles de placas fotovoltaicas con sus patas metálicas y sus cabezas planas desproporcionadamente grandes.

Allí nos espera César Sanz, un joven agricultor del pueblo que se ha ofrecido a contarle a CTXT cómo ha transcurrido el proceso que ahora culmina con la instalación –todavía en marcha– de un enorme parque fotovoltaico, propiedad de Iberdrola, que ocupa más de 270 hectáreas.

El boom de la fotovoltaica

En mayo de 2021, existían en España 99 grandes instalaciones fotovoltaicas –de 10MW de potencia o más– de las cuales 58 contaban con una potencia de más de 50MW –a partir de ese número es obligatorio recibir autorización de la Administración Pública para la construcción–, y se esperaban 15 nuevas de esa misma categoría para los siguientes meses. La tendencia al alza quedó confirmada por los datos de Red Eléctrica de España: el año 2022 supuso un incremento histórico en la generación de energía fotovoltaica, con un crecimiento del 29,4% respecto a 2021.

En lo que va de año, este boom se hecho más y más notable. Como ejemplo de la situación actual, el BOE del pasado 8 de mayo publicaba la autorización administrativa previa para 24 proyectos fotovoltaicos, todos ellos superiores a los 50MW, de los cuales siete lograban también autorización para iniciar la construcción de los megaparques. En 2021 había 58 en todo el territorio nacional, en 2023 se han aprobado 24 en un solo día.

El 8 de mayo se autorizaron 24 megaparques fotovoltaicos en un solo día

No hay una equivalencia exacta entre potencia instalada y superficie ocupada por las placas, pero se puede hacer un cálculo aproximado teniendo en cuenta que para generar 500MW se suelen necesitar 1.000 hectáreas (cuando no más); así, los 19.785MW instalados en España en 2022 a través de esta tecnología suponen un área aproximada de 40.000 hectáreas, casi cuatro veces el tamaño de la ciudad de Barcelona. Además, el reparto de estos parques fotovoltaicos es muy desigual: casi el 70% se localizan en Extremadura, Castilla-La Mancha y Andalucía.

El desprecio hacia modo de vida rural como estrategia especulativa

Un primer paseo entre las vallas de los tres módulos que conforman la obra completa instalada en Almadrones ofrece dos sensaciones inmediatas. La primera tiene que ver con una traducción empírica de la extensión del parque, incomprensible a menos que uno se sitúe en un punto más o menos central del mismo y eche una ojeada alrededor. Desde ahí, la cómoda abstracción de las cifras, que permite hablar de casi 300 hectáreas con la misma facilidad que de 25 metros, adquiere una materialidad abrumadora, y los números toman cuerpo: casi 300 hectáreas es, más o menos, hasta donde alcanza la vista.

La segunda sensación queda rápidamente confirmada por César Sanz, que observa el paisaje con los ojos expertos de quien lleva años dialogando con esas tierras hoy mudas, inertes: “Podían haber sido más considerados con los agricultores, por lo menos facilitando el trabajo y quedando bien con nosotros”. Son varios los ejemplos que llaman la atención por lo errático de la planificación, con grandes extensiones de tierra que han quedado dentro de las vallas pero no van a ser utilizadas para generar energía. “Hay zonas en las que incluso hay terreno labrado dentro de la valla que si se hubiese quedado fuera seguiría siendo cultivable”, afirma el agricultor.

Esa despreocupación a la hora de tener en cuenta el impacto de su actividad en el campo forma parte de la actitud de desprecio que muestran las compañías eléctricas hacia los modos de vida rurales. Así lo ve Jaume Franquesa, doctor en Antropología Social y autor de diversas investigaciones –y un libro– centradas en la cuestión de la transición a las renovables, quien señala que “para conseguir precios bajos, lo que hacen es decirles a los propietarios rurales que eso que tienen no vale nada. Presentan el lugar como un lugar vacío, no solamente de gente sino también de futuro, de posibilidades”. Una “desvalorización moral” que, según el propio Franquesa, “apoya muy claramente la desvalorización económica, y viceversa”, dejando una huella mucho más profunda que el mar de cristal que se observa a simple vista: “Cuando te dicen que tu tierra no vale nada, te están diciendo que tú no vales nada. Así es como lo oyen estas personas”.

Iberdrola encabeza la lista de compañías con mayor presencia en este sector, ya que cuenta con las dos mayores instalaciones del país: la planta Francisco Pizarro, en Cáceres, con 1.300 hectáreas (según la propia empresa, la mayor de Europa), y la Núñez de Balboa, en Badajoz, con una superficie cercana a las 1.000 hectáreas. Pero no andan lejos otros gigantes como el Grupo ACS, Repsol, Endesa o Naturgy.

Berta Caballero es portavoz de la plataforma Aliente y argumenta que, en esencia, se trata de una estrategia meramente especulativa, puesto que “se está utilizando el campo porque es más barato para las empresas, cuando esas grandes instalaciones deberían derivarse a terrenos ya degradados como tejados, polígonos industriales o alrededores de grandes autovías”. Y la realidad es que no hay que irse muy lejos para encontrar ejemplos. La mediana de la propia carretera que une Guadalajara con Almadrones ofrece unos 50 kilómetros de suelo inutilizado que podría albergar una gran cantidad de placas fotovoltaicas. Y por si fuera poco, el Área 103 –área de servicio archiconocida por los y las profesionales del transporte–, dentro del término municipal de Almadrones, cuenta con un parquecito de placas instalado sobre infértil cemento. Según un estudio de la Xarxa Catalana per una Transició Energética Justa, este tipo de espacios “antropizados” suman 33.861 hectáreas solo en Catalunya, lo que permitiría una cantidad de placas fotovoltaicas “suficiente para proporcionar la energía eléctrica que necesitan más de ocho millones de personas”.

David, Goliat y una Administración irresponsable

Rosa Pardo, también desde Aliente, responsabiliza a la Administración Pública por su “aquiescencia” para con unas empresas “que han aprovechado un vacío en la legislación urbanística. Por la ley de protección del suelo rústico, estas instalaciones no podrían implantarse en suelo rural, ya que son instalaciones industriales”.

Pardo explica a CTXT el panorama legislativo con la minuciosidad de quien ha estudiado hasta el último detalle de su rival en busca de puntos débiles. Empieza hablando de cómo se ha ido resquebrajando la regulación que imponía “la necesidad de que, cada vez que hay un proyecto industrial en suelo rústico, haya que hacer una evaluación de impacto ambiental”. El primer error está en la ausencia de una “planificación previa”, que sí existe en otros países y define “zonas excluidas por sus valores ambientales. Aquí, lo único que ha hecho el Ministerio es un mapa con lugares en los que recomienda no hacer estos proyectos”, poco más que papel mojado puesto que “están autorizando instalaciones dentro de ese mapa”.

“Por otra parte”, sigue, “la prisa de la Administración por aprobar los proyectos ha hecho que se permita a las empresas incluir en la documentación estudios de impacto que son falsos, en los que no se detectan un montón de especies protegidas y daños que harían que no se aprobasen los permisos. La Administración lo sabe, pero lo admite”. La desfachatez pública rima con la privada, que impulsa a las grandes eléctricas a crear “pequeñas empresas con 3.000€ de capital social” para  que se encarguen de “presentar el proyecto, solicitar los permisos y, sobre todo, captar propietarios para que alquilen sus terrenos”. Cuestionada acerca de las razones detrás de esta jugada, Rosa Pardo opina que tiene que ver con “cuestiones de responsabilidad final. Tú, en cualquier momento, puedes declarar esa empresa insolvente y todas las responsabilidades a las que se ha acogido, como ocuparse del desmantelamiento de la planta, cumplir el tema ambiental, etc., desaparecen”.

“Lo que claramente dañaba la naturaleza, ahora no daña. La ley es un coladero”

Para rematar, el Gobierno ha aprovechado la emergencia energética, originada por la guerra de Ucrania, para publicar un real decreto ley, el 20/2022, que contiene “dos artículos que aprovechan para decir que, a partir de ese momento, ni siquiera se va a tener que pasar el procedimiento ambiental si la Administración considera que el informe de impacto que presenta la empresa es suficiente”. Así, “proyectos que ya se habían denegado, ahora los van a reactivar”. Y concluye: “Lo que claramente dañaba la naturaleza, ahora no daña. La ley es un coladero”.

Esta desregulación, denunciada desde Aliente como una “barra libre” para los intereses empresariales, adquiere una centralidad muy notable en el relato de César Sanz acerca de cómo tuvo lugar la llegada de Iberdrola a Almadrones: “Para mí, el problema sobre todo fueron las negociaciones, que se hacían directamente con el propietario. Venía un abogado, se hacía una reunión en la que contaba todo por encima y luego iba casa por casa” –explica antes de reconocer la sensación de indefensión que experimentó–, “entonces estás peleando como un miserable individuo contra una empresa gigante”.

En su caso, se tomó la posibilidad de las placas fotovoltaicas como “otro cultivo, como una diversificación de la tierra”, por lo que “estaba dispuesto a ceder algunas hectáreas, pero no todas las que me estaban pidiendo”. Y es aquí donde la ausencia de una regulación se hace insostenible: “Cuando dijimos que nos gustaría dejar ciertas parcelas fuera, nos dijeron que o firmábamos todo lo que ellos pedían o se iban a otro pueblo”.

Para Jaume Franquesa, la estrepitosa inequidad entre las partes hace que “las empresas puedan ofrecer términos más o menos beneficiosos, pero nunca se va a producir una negociación, no es posible”. Y así, con una postura más cercana a la extorsión que a ninguna otra cosa, Iberdrola “llegó exigiendo que tenían que ser las parcelas que ellos pedían. Al que decía que no, le contestaban ‘tú dices que no, perfecto, nosotros nos vamos a otro pueblo y tú eres el encargado de justificar delante de tus vecinos por qué no van a recibir este dinero’”, cuenta César Sanz.

En este punto es importante señalar la desproporción de los contratos ofrecidos a los propietarios y las propietarias de las tierras, con cantidades que multiplican por más de diez los beneficios medios que ofrece una renta agrícola. “Era imposible competir con ello”, destaca el joven agricultor. En esa misma línea se mueve el razonamiento de Rosa Pardo, que exculpa a estos pequeños ayuntamientos (Almadrones, por ejemplo, cuenta con 54 habitantes censados) que se ven “con las manos atadas” ante la enormidad de recursos de multinacionales dispuestas a entrar en disputas legales en las que se saben ampliamente superiores en todos los aspectos.

Dar rienda suelta a la voracidad de estas empresas provoca, por ejemplo, que a pesar de que Iberdrola “prometió que no iba a haber movimiento de tierras”, como revela César Sanz, “hay parcelas en las que están sacando cubierta vegetal y tierra buena para tener las placas orientadas hacia donde les interesa”. Sin una legislación ni nada que se le acerque, surgen las inquietudes: “Cuando rellenen igual lo hacen con piedras. A saber qué van a hacer dentro de 40 años. No quiero que eso se quede como un solar, nos da bastante miedo que no se pueda volver a cultivar”.

Sin paisaje, sin trabajo y sin convivencia

Detrás del gravísimo impacto ambiental se oculta un elemento disruptivo quizá más preocupante aún. “Están generando muchísimo conflicto social, nos están poniendo a los pies de los caballos” (Berta Caballero); “es una circunstancia casi matemática que, donde llega un proyecto de este tipo, se crea un abismo entre vecinos y dentro de familias” (Jaume Franquesa); “este tipo de proyectos provocan una división social bestial en los pueblos” (Rosa Pardo). Las opiniones de personas expertas se alinean perfectamente entre sí y también con las vivencias de César Sanz: “A mí lo que más me preocupa de todo esto es la crispación. Ha afectado mucho a la convivencia, son situaciones que se van enquistando y el ambiente del pueblo es raro. Vas al bar y hay corrillos, hay personas que han dejado de ir al bar…”. El malestar entre los vecinos se atisba en su voz, sobre todo cuando menciona una de las consecuencias más dolorosas: “Dentro de las mismas familias ha sido una locura. Hay primos que se han dejado de hablar por estas cosas”.

“A mí lo que más me preocupa de todo esto es la crispación. Ha afectado mucho a la convivencia”

Para entender el origen de tanta insistencia en el impacto que generan estas instalaciones en la convivencia hay que tener en cuenta dos factores principales. El primero deriva de una estructura de propiedad de la tierra que provoca que, “en la mayor parte de los pueblos, quienes están firmando contratos de alquiler son personas que no trabajan la tierra, rentistas agrarios, y eso les enfrenta sobre todo a los jóvenes agricultores que sí viven de ello y necesitan tierras en arriendo”, sostiene Rosa Pardo. Argumento confirmado por César Sanz, que presenció “reuniones con conflictos entre propietarios y agricultores renteros” y conoce a algunos de estos últimos “que se van a quedar con una cantidad de hectáreas que no les permiten vivir de ello”; sin recibir, claro, ni un céntimo de los contratos de alquiler que tan rápido convencieron a los propietarios.

Es difícil pensar en algo que agrave con tanta profundidad la dramática situación de la España vaciada como lo hace la erradicación de “el único trabajo que puede hacer que la gente venga a vivir aquí”, en palabras de Sanz. Más allá de lo laboral, “se elimina un modo de vida que sí fija población” y que puede ofrecer alternativas tan valiosas en un momento de crisis ecológica como la “soberanía alimentaria”, advierte José Morales, candidato de Unidas Podemos por Guadalajara para este 28M.

El segundo factor nos lleva directamente hasta los centros de decisión políticos, económicos y mediáticos, desde los que se percibe la urgencia climática como una “oportunidad para abrir una nueva frontera de producción energética y de beneficio económico en territorio propio”, creando estos “territorios extractivos domésticos”, como los llama Jaume Franquesa. Por eso, según Berta Caballero, “la maquinaria propagandística de gobierno y empresas ha convencido a la gente de que esto es imprescindible”.

Y así, en este contexto, tanto la actividad de Aliente como la oposición ciudadana al modelo extractivista de los grandes parques fotovoltaicos son recibidas con gran rechazo. En Almadrones, por ejemplo, César Sanz nos cuenta que, si bien “más o menos todo el mundo estaba a favor”, quien tenía una posición contraria a la instalación de las placas “no quería decirlo”. Mientras que Berta Caballero y Rosa Pardo aseguran que les han llamado “negacionistas”, “retardistas” y les han acusado de estar obstaculizando la impostergable transición a las renovables. “Lo que ellos llaman ‘obstáculos administrativos’ es una garantía para la ciudadanía, pero ese lenguaje se cuela en la prensa”, remata la segunda.

Las más de 270 hectáreas que han ocupado gran parte del término municipal de Almadrones quedan en nada si se comparan con complejos fotovoltaicos como el de Cifuentes-Trillo (también en Guadalajara), a cargo de Solaria, cuya extensión alcanza las 1.000 hectáreas. Pardo no duda al hablar de “una invasión” que, advierte, va a hacer “desaparecer la Alcarria de Guadalajara, pero también la de Madrid”.

La fórmula para evitarlo está clara para Jaume Franquesa: “Si hay algo que pueda echarles por tierra su inversión multimillonaria es que algún movimiento local consiga de alguna manera enfrentarse. Cuando ellos tratan estos movimientos locales como insignificantes, no nos dejemos engañar: no lo son. Es casi lo único que les puede echar por tierra el negocio”.

Elección y nombramiento de Juez de paz Redecilla del Camino

AYUNTAMIENTO DE REDECILLA DEL CAMINO 

Julio Gallo García, alcalde de este ayuntamiento, hago saber: 

Que está previsto que en el mes de abril de 2023 quede vacante el cargo de juez de 

paz titular de Redecilla del Camino. 

Que corresponde al Pleno del ayuntamiento elegir las personas para ser nombradas 

juez de paz, titular y sustituto de este municipio, de conformidad a lo que disponen los

artículos 101 y 102 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y artículo

4 y 5.1 del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz.  

Que se abre un plazo de diez días hábiles para que las personas que estén

interesadas, y reúnan las condiciones legales lo soliciten por escrito dirigido a esta Alcaldía.  

Las solicitudes se presentarán en el Registro de Entrada de este ayuntamiento o

bien mediante el procedimiento que regula el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.  

Que en la Secretaría del ayuntamiento puede ser examinado el expediente y recabar

la información que se precise en cuanto a requisitos, duración del cargo, remuneración, etc.  

Que en caso de no presentarse solicitudes, el Pleno de la corporación elegirá

libremente, de acuerdo con lo previsto en el artículo 101.1 de la Ley Orgánica 6/1985, de

1 de julio, del Poder Judicial y el artículo 4 y 6 del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de

los Jueces de Paz, comunicando el acuerdo al Juzgado de Primera Instancia del Partido.  

Lo que se publica para general conocimiento. 

En Redecilla del Camino, a 9 de enero de 2023. 

El alcalde, Julio Gallo García

Premio internacional al proyecto de repoblación de Belorado

El galardón de Innovación Política en la categoría de Calidad de Vida 

se acaba de dar a conocer en Roma.

El Ayuntamiento de Belorado y el Proyecto Arraigo han ganado los Premios 

a la Innovación Política en la categoría de Calidad de Vida. 

Se presentaba como uno de los seis proyectos españoles, el único del ámbito rural. 

P.C.P.

Diario de Burgos

Álvaro Eguíluz, alcalde de Belorado. - Foto: Patricia

Belorado agota los pisos en alquiler al llegar 23 vecinos

«No se puede querer venir al mundo rural sin nada o a pedir»

Belorado aboga por invertir en futuro contra la despoblación

Belorado conocerá el 4 de febrero si premian su repoblación

En esta quinta edición competían 413 proyectos procedentes de 26 países, de los que 25 fueron de administraciones públicas españolas. Dentro de España, además del propio Belorado, se localizan proyectos de Madrid, Barcelona y tres de Aragón.

El Proyecto Arraigo pone en contacto a personas que quieren abandonar su vida urbanita para emprender una nueva experiencia vital y profesional en el medio rural con ayuntamientos que han apostado por políticas activas contra la despoblación. 

En el caso de la localidad burgalesa, esta apuesta es doble, puesto que cuenta con la primera Concejalía de Repoblación e Integración de España, y tanto su responsable, José María García, como el alcalde, Álvaro Eguíluz, y el resto del equipo de Vecinos por Belorado han trabajado intensamente en atraer población al municipio y a San Miguel de Pedroso

Consulta pública de la Propuesta de Proyecto de Plan Hidrológico de la demarcación hidrográfica del Ebro (tercer ciclo 2021-2027), hasta el 22 diciembre

 

Mediante Anuncio de la Dirección General del Agua de 1 de junio de 2021 (BOE de 22 de junio) se inicia el periodo de seis meses de consulta pública de la Propuesta de Proyecto de Plan Hidrológico de la demarcación hidrográfica del Ebro (tercer ciclo 2021-2027). 

Esta propuesta tiene como objeto la revisión del plan hidrológico actualmente vigente que entró en vigor el 20 de enero de 2016.

Del 23 de junio al 22 de diciembre de 2021 (inclusive), se podrán realizar las aportaciones y formular cuantas observaciones y sugerencias se estimen convenientes sobre dicho documento dirigidas a la Confederación Hidrográfica del Ebro, Paseo Sagasta 24-26, 50071 Zaragoza, por los medios habituales. 

También podrán remitirse a la dirección de correo electrónico chebro@chebro.es, con las siguientes palabras en el asunto: “Plan hidrológico tercer ciclo”.

Debido al escaso plazo establecido para responder a las aportaciones una vez finalizado el periodo de consulta pública, se ruega a todos los interesados que hagan sus aportaciones con la mayor antelación posible para poder realizar un análisis adecuado de las mismas. 

Para facilitar esta labor se recomienda que se utilize esta propuesta de modelo (descargar), de la que se han elaborado dos ejemplos de relleno (ejemplo 1, ejemplo 2.).

Resumen divulgativo

Documentación

Participación pública

Feliz 30 cumpleaños de la iniciativa LEADER de desarrollo rural

LEADER es el acrónimo en francés de la expresión «Relaciones entre Actividades de Desarrollo de la Economía Rural» con la que un grupo de funcionarios de la Comisión Europea bautizaba esta idea que nacía en el año 1991. 
Son los mismos años que este articulista lleva comprometido «Por un Mundo Rural Vivo», y no es casualidad porque muchas de las personas de mi generación que seguimos en este asunto, nos «fogueamos» poniendo en marcha los primeros programas LEADER en España.

Fernando Fernández Such.

Director gral Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural. 

Govern de les Illes Balears.

Tribuna Diario de Mallorca.

LEADER nació con la idea de aprovechar toda la energía positiva y los recursos con los que contaban los territorios rurales para definir su propio futuro. LEADER nació pensando en la capacidad de movilización de todas las personas que en un territorio se ven con ganas de luchar por su pueblo, reuniendo a todos los actores sociales, económicos y políticos del territorio, superando el localismo rural y avanzando hacia estrategias comarcales. LEADER es la idea que plasmaba la aplicación de un modelo de desarrollo endógeno, local, participativo, comunitario y sostenible, y que refuerza la democracia económica desde abajo. En definitiva, representa un auténtico milagro de la política europea de una enorme potencialidad si las administraciones lo sabemos entender.

Pero sin duda, el programa y la metodología LEADER debe enraizarse en cada territorio rural para ser fiel a sus principios. La estrategia a desarrollar no puede ser la misma en la montaña palentina, que en la Sierra del Segura de Albacete, que en las Comarcas del Pla i Llevant o Serra de la Tramuntana de la isla de Mallorca. La estructura social y económica es radicalmente distinta, los problemas y los retos absolutamente diferentes, y las carencias y potencialidades nada tienen que ver.

LEADER es una medida obligatoria dentro del Pilar de Desarrollo Rural de la PAC y las Comunidades Autónomas tenemos la obligación de destinar a ella al menos el 5% de los fondos FEADER, a los que sumamos otro 20% de cofinanciación procedentes en este caso del Govern Balear y del Ministerio de Agricultura. La medida la ejecutamos a través de Grupos de Acción Local que deben tener una composición públicoprivada lo más plural posible, pero siempre garantizando que el 51% de los votos están en manos de los agentes sociales y económicos, siendo los votos públicos minoría. En el periodo que ahora termina, el LEADER de Baleares ha estado financiado con 7,23 Millones de euros que han sido gestionados por tres grupos: la Asociación Mallorca Rural, la Asociación para el Desarrollo Rural de Menorca, y la Asociación para el Desarrollo Rural de Ibiza y Formentera.

La difícil realidad del sector primario en Illes Balears hizo que la base de la Estrategia de Desarrollo Local de los tres grupos del archipiélago estuviera en impulsar proyectos innovadores y proyectos de dinamización del sector agroalimentario. En breve habrá que empezar a definir el próximo Programa LEADER 2023 - 2027. Habrá que darle una nueva vuelta de tuerca a la iniciativa para consolidarla como modelo de trabajo. Desde mi experiencia las claves están claras: un Grupo de Acción Local cohesionado y con un «Grupo Motor» de entidades y personas que esté dispuesto a exprimir todas las posibilidades. Un equipo técnico que funcione con una clara vocación dinamizadora de ideas y con capacidad para ponerlas en marcha. Elaborar una Estrategia de Desarrollo Local lo más apegada a la realidad posible, pero dispuesta a explorar posibilidades sin miedo. Por último y no menos importante, una administración agraria autonómica que se fíe de los grupos, que «incordie» lo menos posible, y que anime a desarrollar todas las ideas por muy peregrinas que parezcan. El LEADER está para inventar con cabeza.

La semana pasada la consellera Mae de la Concha compartió en Somiedo (Asturias) cartel con los consejeros del mismo ramo de Asturias, Cantabria, Castilla La Mancha, Canarias y Castilla y León. Un cartel de lujo para celebrar el 30 cumpleaños del Programa LEADER en España.

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Aquí todo el mundo habla bien de LEADER, y tiene sus méritos sin duda. Pero en estos 30 años han pasado las mismas mermas en el mundo rural, y algo debió haber hecho este Programa de la UE, por lo menos para frenar la decadencia que acompaña el abandono del campo y de la naturaleza, y de sus gentes desde los inicio de la Revolución Industrial... Y algo habrá hecho Leader en ese sentido, pero a la verdad, a mi se me hace poco o nada con suficiente significación.. 

"Porcus".

La batalla contra las macrogranjas está adquiriendo un carácter simbólico de tono épico. En las últimas horas se ha hablado mucho de dos enclaves susceptibles de ser acometidos por tan aromáticas instalaciones: San Andrés del Arroyo, en Palencia, y el castillo de Gormaz. Dos símbolos a los que sumar un tercero, el vino de la Ribera, donde una Plataforma Empresarial lleva tiempo combatiendo un proyecto en la Aguilera.

Otras referencias:

.- Burgos se suma a las protestas contra la macrogranjas.

.- Un mural en rechazo a las macrogranjas.

.- Alegaciones e informes contra las macrogranjas.

Ignacio Fernández,

Otro Gallo Cantaría.

Diario de Burgos.

Las macrogranjas, muchos problemas, nada bueno.... Diario Navarra.

La Fundación Santa María la Real, que tiene una reputación académica impoluta en lo suyo, el patrimonio, ha emitido un informe de doscientas páginas en el que impugna los proyectos de cochinos en la Ojeda. Sostiene ni más ni menos que «echaría por tierra el trabajo realizado para consolidar el patrimonio natural y cultural como motores de desarrollo de la comarca». Más allá de las disputas sectarias en las que cada cual defiende sus intereses, la posición de la Fundación debe ser atendida con la contundencia con la que se escucha la sabiduría genuina.
La de Gormaz es una batalla semejante: quienes subieran a la fortaleza, emblema medieval castellano, otearían una piara de 4.000 ejemplares que, si en su día podrían haber espantado a los moros de Almanzor, ahora abocaría a los turistas que por allí se acercaran a la vista de un paisaje destrozado y un olor de no contar. Algo parecido a lo que ocurriría con el enoturismo en la Aguilera, estandarte de modernidad bajo el marchamo de Ribera de Duero, pero embadurnado por tan tosca actividad industrial.
Se puede estar a favor del progreso económico, claro, y éste pasa por la explotación intensiva, profesional y con inversiones de recursos como el vino o el románico. Se pueden ubicar las macrogranjas en lugares no lesivos y alejados de focos de interés cultural. Pero quienes tienen que decidir no deben rehuir informes como en el de la Fundación y otros que marcan la pauta de una economía sostenible y moderna.

Las leyes no piensan en los pueblos, es más, ponen la zancadilla al rural.

 Por primera vez en España, un grupo de 100 expertos y expertas en el desarrollo y contra la despoblación 

se unen bajo la óptica del ‘rural proofing’ para solucionar los problemas a golpe de BOE. 

Porque las normas con óptica urbana no ayudan a impulsar el campo.

Laura L. Ruiz

El Salto/Mundo Rural.

El pasado fin de semana se dieron cita en Soria la creme de la creme de los políticos en España. En un momento muy crispado de la actualidad legislativa sorprende ver que durante la IV Feria Nacional para la repoblación de la España rural (Presura) todos los allí presentes parecían tener un objetivo claro: detener la despoblación y aunar fuerzas en torno al impulso del medio rural. ¿Es posible que los diferentes partidos políticos se pongan de acuerdo en cuanto a un pacto de Estado rural cuando no pueden hacerlo en otros asuntos como la educación o la pandemia?

“Por fin es un tema de Estado”, comenta Marina Fernández, consultora en innovación empresarial que estuvo en calidad de experta en Presura. Fernández es una de las protagonistas del plato fuerte de la feria, más allá de ver a Sánchez, Casado, Belarra o Zapatero en un mismo espacio en estos momentos: la presentación del primer avance de conclusiones del G100 sobre el rural proofing. Traducido, se trata de las conclusiones que 50 expertas y 50 expertos han hecho de la legislación que se aplica en España que puede ser un lastre o una oportunidad para el rural. Una forma de ponerse las gafas no urbanitas de las leyes que se hacen desde los centros del poder y que nunca se había hecho hasta ahora de manera integral.

“Hay que evitar que una mala legislación bloquee el futuro de nuestros pueblos, no les deje crecer o, en el peor de los casos, acabe con ellos”, reclama el director de Presura.

Diversas vista de Redecilla del Camino.

Estas conclusiones se complementarán con los agentes sociales más amplios. Además, se presentará en la nueva edición de Presura en noviembre y se lanzará el reto al Gobierno. “Será el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico quien tenga que poner en marcha estas recomendaciones para seguir los pasos que otros países en el norte de Europa ya llevan dados”, puntualiza Joaquín Alcalde, el director de la feria y del Hueco, un espacio de encuentro y coworking por el desarrollo rural en Soria. “Hay que legislar con las gafas de lo rural. Luego hay que legislar haciendo microcirugía, el café para todos no sirve. La realidad de las comarcas es muy diferente, un traje a la medida”, explica Alcalde en referencia al rural proofing o mecanismo rural de garantía, como se ha traducido. No es más ni menos que garantizar que las leyes se hagan para todos y todas, independientemente de donde se viva.

Escuela, vivienda, licitaciones, ejemplos de discriminación.-

“Uno de los ejemplos de legislación pensada solo para lo urbano y que más me impactó es la LOGSE”, comenta Fernández. La experta, que ha participado en la parte de empleabilidad y emprendimiento, destaca que mientras para una persona que vive en la ciudad no hay problema en que sus hijos de 12 años pasen del colegio al instituto, en el rural esto es un problema. O, mejor dicho, dos grandes problemas. “Por un lado, que los niños abandonen antes los colegios hace que en las escuelas rurales disminuya el número de alumnos y se puedan cerrar. Y por otro, está la preocupación de los padres. Mientras en la ciudad solo implica cambiar de edificio, en el rural significa que los niños y niñas que con 12 años son aún pequeños tengan que recorrer todos los días kilómetros para ir al instituto más cercano”.

“No puede ser que si una persona quiere poner un gallinero con 25 animales para vender a pequeña escala tenga que aplicarse la misma legislación que en una granja de 5.000 gallinas”, señala Joaquín Alcalde.

“Con este trabajo que se hace te das cuenta de muchas cosas”, comenta Ana Gómez, otra de las coordinadoras del G100 y participante del Hueco también. “El sello ecológico, por ejemplo, no entiendo por qué tienen que pagarlo los productores sostenibles. Es mucho más fácil poner una industria contaminante que una sostenible y, encima, hay que pagar un sello”, comenta la socióloga, que explica que su labor en el rural llegó a girar el foco de su ONG de desarrollo para el Tercer Mundo a las zonas despobladas españolas.

“Con el crisis de 2008 decidimos que teníamos que poner en práctica aquí todo lo aprendido de emprendimiento social fuera”, explica, y avanza que se dieron cuenta que no estaban solos ni en la problemática ni en las ganas de solucionarlo. “Vimos que en áreas extensas de EE UU, Alemania o Finlandia, por poner solo algunos ejemplos, estaban con los mismos problemas”, cuenta. Problemas de despoblación, de falta de servicios, de malos transportes, mala conexión digital y falta de oportunidades.

Más ejemplos en la legislación que lastran el desarrollo rural. “Por ejemplo, en la producción agrícola o ganadera. No puede ser que si una persona quiere poner un gallinero con 25 animales para vender a pequeña escala tenga que aplicarse la misma legislación que en una granja de 5.000 gallinas”, comenta Alcalde. Y es que el tema de la escala es algo que ya se ha intentado cambiar a nivel autonómico —por ejemplo, en Euskadi— pero no siempre es posible. El caso contrario sería la alfombra roja tendida a las macrogranjas, denunciadas por contaminantes y por ser incluso más dañinas para los animales. “Hay que evitar que una mala legislación bloquee el futuro de nuestros pueblos, no les deje crecer o, en el peor de los casos, acabe con ellos”, reclama el director de Presura.

La vivienda y las actividades mixtas, la clave-

Otro de los ejes que recorre las conclusiones del G100 en rural proofing es el tema de la vivienda. “El rural ha perdido la hegemonía cultural en favor del urbano”, comenta Serafín Pazos, coordinador en el grupo de expertos y buen conocedor de la legislación europea. Él ha propuesto en redes sociales conocer en qué lugar se ha tomado una foto de viviendas sacadas de Google Maps. En ellas es difícil distinguir una calle de Barcelona o Alcorcón de otras de Talavera de la Reina, Pontenova o Haro. Eso es, en su opinión, porque la legislación de promoción de la construcción favorece los bloques y deja a un lado la arquitectura tradicional. “En la campiña francesa no ves bloques de pisos igual que en París, sería hasta ilegal. Y en España pasa”, indica.

Para él, otro de los males de la Administración española es la ‘hiperlegislación’. Pone el ejemplo de la regulación propuesta por la Unión Europa en materia de los restos de la ganadería. Mientras la ley es igual en Francia, donde la han amoldado pensando en cómo hacer para no dejarlos en el medio ambiente pero tampoco perjudicar a los animales carroñeros que vivían de ellos, en España han sido “más papistas que el papa” y han sido más restrictivos que lo que la propia Europa exigía. “Muchas veces pasa eso, haciendo la vida imposible a la persona que tiene que ponerla en práctica”, señala.

Respecto a las oportunidades de trabajo que se pueden generar en el rural, Marina Fernández tiene claro que deben ser mixtas y que hay que olvidarse de la contraposición trabajos de ciudad contra trabajos de campo. “Existen la tendencia desde hace un par de años de buscar una alternativa vital al medio urbano y, con la pandemia y el teletrabajo se ha acelerado. Nosotros creemos que hay que aprovechar esa ola, pero seguimos insistiendo que hay que seguir fomentando otras oportunidades”, comenta la experta.

Miguel Martínez: “El ejemplo de las Tierras Altas escocesas es muy inspirador porque está lleno de lógicas. No es un milagro, es entender por qué unas cosas de una determinada manera provocan un determinado efecto”.

Tanto ella como Joaquín Alcalde coinciden en que esas nuevas formas de empleabilidad y riqueza no pueden limitarse a la ganadería o la agricultura, que además solo suponen un 5% del PIB. “Para ser sostenible, la economía rural debe ir hacia un mix de sectores”, indica el director de Presura. “Dentro del campo tecnológico —continúa Fernández—, estaría la oportunidad de usar terreno extenso e infrautilizado para hacer tipos de pruebas. Un ejemplo muy concreto sería los drones, si se quiere desarrollar hay que probar en el rural y no es posible en lo urbano”. Marina Fernández va más allá: “Hemos heredamos una cultura que viene del desarrollismo de los 60, cuando se crean grandes entornos urbanos y se emigra a la ciudad. Se construye un relato sobre el que se dice que el que se quedó en el campo era ‘tonto’. Eso perdura en nuestro legado e incluso se sigue hablando de que si quieres triunfar tienes que ir a la ciudad”.

El caso escocés, décadas luchando contra la despoblación.

Precisamente el empezar a valorar lo que cada región, clima o comarca tiene es lo que ha salvado del despoblamiento a otros países. También el dotar de diversidad las actividades, introduciendo la cultura o la tecnología en el campo. “El ejemplo de las Tierras Altas escocesas es muy inspirador porque está lleno de lógicas. No es un milagro, es entender por qué unas cosas de una determinada manera provocan un determinado efecto. No sirve para todo los mecanismos, pero la lógica sí”. El experto Miguel Martínez Tomey explica de esta manera la posibilidad que supone para España y otros países entender cómo se logró revertir la despoblación en las Highlands. En 1965 el Gobierno puso en marcha un programa para revertir una tendencia que venía de 1747, cuando empezó el éxodo rural. Partían de una situación complicada —ya que las tierras estaban en manos de muy pocos propietarios— pero establecieron lo que llamaron ‘territorios funcionales’. Aldeas, pequeños pueblos y otros núcleos de población se unieron en algo como comarcas que juntas tenían todos los servicios necesarios. “La comarca se considera como una ciudad rural, de manera adaptada”, indica.

Un plan de movilidad adaptado al territorio como el transporte a demanda, un desarrollo holístico en el que se mira caso a caso y la implicación de las personas afectadas. “Cuando implicamos de verdad a toda la población, hombres y mujeres, la implicación es que se aprovechan todos los recursos, hay un plus de creatividad y se comprometen a atajar esos problemas identificados”, comenta a la vez que indica que muchas de las empresas de economía social que hoy triunfan en las Tierras Altas fueron en su inicio asociaciones y el 67% de estas está dirigido por mujeres.

Un ejemplo de por dónde deberían ir las cosas es la ley de Castilla-La Mancha de desarrollo urbano territorial y contra el despoblamiento. Se trata de una ley que intenta blindar los servicios públicos, ajustar la fiscalidad y que la norma sea en función del territorio.

Además, la Administración contó con agencias repartidas por todo el territorio y lo que ellos llaman ‘catalizadores’. “Son personas en las que tienen confianza los demás. Si no existía ese detonante, no actuaban en las Highlands. Esos pueblos, al ver los cambios en los otros, eran ellos quienes lo pedían, sin provocarlo o forzarlo”, detalla. Estas agencias sobre el terreno, cuenta, también tenían un valor al adaptar cualquier indicación al terreno. Por ejemplo, las inversiones públicas. “Igual —ejemplifica Martínez— en la ciudad no tenía sentido, pero invertir dinero en poner una peluquería en una aldea de 200 habitantes es estratégico. No solo para generar empleo, mantener las escuelas, sino para que los ciudadanos se sientan mejor, valorados”.

De abajo arriba y con consensos sostenidos en el tiempo.

Además del trabajo de análisis de la situación actual, el G100 ha puesto sobre la mesa recomendaciones concretas que ayudarían al mundo rural. “Una de las conclusiones de este rural proofing más importante es muy clara: hacer las política de abajo a arriba”, explica Ana Gómez. La socióloga y experta en desarrollo rural considera que hay herramientas suficientes para lograr la participación de la ciudadanía, pero otra cosa es que las personas sigan creyendo que al participarán se tendrá en cuenta su opinión.

Un ejemplo de por dónde deberían ir las cosas es la ley de Castilla-La Mancha de desarrollo urbano territorial y contra el despoblamiento. Se trata de una ley que intenta blindar los servicios públicos, ajustar la fiscalidad, que la norma sea en función del territorio y no la población o generar un pacto de las administraciones a todos los niveles. Una ley tachada de pionera, que además ha llevado un sistema de participación previo.

“Lo que hay que hacer es integrar todos estos análisis en un mecanismo de coordinación o una agencia, que implique a los diferentes ministerios, los consejos, las comunidades autónomas y los ayuntamientos”, explica Pazos

“Lo que hay que hacer es integrar todos estos análisis en un mecanismo de coordinación o una agencia, que implique a los diferentes ministerios, los consejos, las comunidades autónomas y los ayuntamientos”, explica Pazos, que además añade el elemento de la gestión profesionalizada y la unión de territorios en entidades como la FEMP.

Pazos, pensando en las Highlands también recuerda que la unión de los políticos de determinado territorio es crucial. También cuando la ideología es diferente. “En Escocia les llamaban ‘la mafia’ porque iban de camino al parlamento y, en el tren, llegaban a acuerdos. Luego, en sus asientos se peleaban, pero habían llegado a acuerdos para sus vecinos”, explica.

“Escocia lleva desde 1965 trabajando en esto y no han resuelto todos los problemas y otros nuevos”, advierte Martínez, que recuerda el efecto del ‘Brexit’ en los planes de repoblación con extranjeros. “Somos capaces de llegar a acuerdos —comenta el experto— y más cuando hablamos de la sociedad rural. Nadie se puede presentar ahora en el medio rural y decir que no merece invertir en esos lugares. Ahora debemos encontrar buenos anclajes, consensos de Estado”.

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Los parques eólicos “causan despoblación mientras que la generación distribuida ofrece beneficios”.

Los grandes parques eólicos no asientan ni detienen la despoblación.

Sin embargo el formato de generación distribuida lo instalan empresas del territorio que generan puestos de trabajo estables.

Alemania, un modelo de renovables con el 50% de generación distribuida y participación de las comunidades locales en los beneficios.

Demuestran en el Senado que los grandes parques eólicos “causan despoblación mientras que la generación distribuida ofrece beneficios”

A iniciativa de Teruel Existe, el geógrafo Sergi Saladié ha comparecido en el Senado para plantear un modelo de Transición ecológica que beneficie a los territorios y a sus habitantes. Saladié comparó ejemplos concretos: Wildpoldsried -Alemania- que con generación distribuida, 11 aerogeneradores y desarrollo integral de renovables, obtiene su energía local más 4,5 millones anuales, frente al ingreso de 250.000 euros de Batea -Cataluña- con 42 molinos.

Fuente Arainfo

El profesor asociado de Geografía en la Universidad Rovira i Virgili, Sergi Saladié i Gil, compareció ante la Comisión de Transición Ecológica del Senado español, para informar sobre el reto de una transición energética sostenible, y lo hizo en calidad de invitado por parte de Teruel Existe, a quienes quiso agradecer la oportunidad.

El experto se sirvió del ejemplo de Cataluña para radiografiar cómo ha sido en los últimos años el proceso de implantación de energías renovables en el marco de la Transición Energética, y las principales conclusiones que se extraen de esta práctica para con los territorios en los que se lleva a cabo. Un tema sobre el que Saladié ha estudiado en su tesis doctoral, como consultor para la Generalitat catalana sobre el paisaje, y en su labor de investigador recogida en dos publicaciones: “Impacto económico de las centrales eólicas sobre los presupuestos municipales en Cataluña” y “Conflicto entre paisaje y energía eólica”.

En este último aglutina las principales conclusiones de su tesis doctoral, que se centró en tratar de averiguar por qué ciertos colectivos sociales se oponen al modelo de implantación actual de energías renovables, aun cuando los mensajes que llegan desde las administraciones públicas y los promotores es que las centrales eólicas pueden repercutir en nuevos puestos de trabajo e ingresos en las arcas municipales que ayuden a superar las dificultades estructurales que tienen los territorios -en su mayoría zonas rurales- donde se instalan estas tecnologías, y “con la minusvaloración del impacto paisajístico”.

Alemania, un modelo de renovables con el 50% de generación distribuida y participación de las comunidades locales en los beneficios

Relató que en el estudio que realizó con el “Observatori del paisatge de Cataluña” para ver la una posible integración de la energía eólica con el paisaje, estudiaron cómo se había hecho en Europa y “había países que llevaban muchos más años de ventaja con un modelo más democrático, con mucho más número de agentes interviniendo en el desarrollo de estas energías renovables, más repartidas por el territorio”. Una de las conclusiones que sacaron fue que los países que tuvieron más éxito en la implantación de megavatios de renovables fueron los que aplicaron políticas que favorecían la generación distribuida y la participación de las comunidades locales.

El profesor Saladié ofreció datos sobre el despliegue del modelo de generación distribuida en Alemania en 2010, donde de los más de 50000 megavatios que tenían energía renovables instalados, el 54% del desarrollo de energía eólica y el 84% de la fotovoltaica estaba en manos de comunidades locales y particulares. Además es un modelo que aprovechaba los espacios ya alterados, el 18 % de las placas fotovoltaicas estaban sobre construcciones ya existentes y no modificaban paisajes ni espacios agrarios, y un 66% de los 15.000 MW de fotovoltaicas estaban en espacios urbanos en manos de la ciudadanía a través sociedades coparticipadas, y con inversiones a partir de 1.500 euros per cápita y utilizando espacios públicos municipales.

El modelo concentrado elige para implantarse territorios despoblados y núcleos pequeños

Saladié apuntó que desde los distintos movimientos sociales en defensa del territorio “se alertaba y se ha continuado alertando de que el proceso de despliegue de las energías renovables se está concentrando en determinados territorios, para hacer que solo estas zonas carguen con una parte importante de la transición energética, y esto produce procesos de concentración territorial, llegando a la masificación de estas tecnologías en un determinado punto”.

Así mismo, la apreciación que estos defensores del territorio hacían era que el proceso va acompañado de un cierto nivel de concentración empresarial, donde solo unas cuantas empresas llevan a cabo estas implantaciones y controlan los sistemas productivos. Algo que el propio Saladié confirmó al mostrar una gráfica donde se observaba como el 66% de la potencia eólica del Estado español está en manos de cinco grandes empresas. “Todo esto ha llevado a estos grupos a afirmar que dichas instalaciones no contribuyen al desarrollo de los territorios donde están instaladas, aún a pesar de lo que puedan decir promotores y empresas”, trasladó el profesor.

“Fundamentalmente estos movimientos sociales en defensa del territorio lo que vienen a decir es: energía renovable sí, pero de otra forma, a través de lo que se conoce como generación distribuida o descentralizada y que la gestión de esas instalaciones sea comunitaria”, sintetizó Saladié.

El despliegue masivo de renovables apenas genera empleo local y ofrece ingresos bajos

Sergi Saladié abordó también las escasas repercusiones económicas que tienen este tipo de instalaciones en los territorios en los que se implantan, basándose en los estudios de su primer libro. En los resultados vio como el promedio del porcentaje de ingresos municipales procedentes de las centrales eólicas en Catalunya supone solo un 3,4% de la facturación estimada de las empresas que las controlan. Además el profesor apuntó que de este último porcentaje, un 2% está sujeto a los impuestos obligatorios que deben pagar las empresas, y el resto (1,4%) se relaciona con los convenios que se establecen de forma bilateral entre ayuntamiento y empresa, “y que no siempre se terminan cobrando”. Informó que en el 100% de los convenios que revisó los servicios jurídicos de la Diputación de Tarragona “los consideraron de dudosa legalidad, y al no estar regulado muchos no se están cumpliendo teniendo que ir pequeños ayuntamientos a juicio contra las grandes empresas”.

En cuanto a la creación de empleo, el experto la calificó como “testimonial” y señaló que en el caso catalán la ratio de trabajadores fijos empadronados en los municipios era de 0,02 puestos de trabajo por MW instalado, lo que ni siquiera suponía un 1% sobre el total de la población ocupada. “Si hay poco impacto económico y hay nulo impacto laboral, esto se traduce en que aquellos problemas estructurales que tiene el mundo rural y que teóricamente este tipo de instalaciones venían a solucionar, vemos con datos en la mano y al cabo de unos años de poder evaluar ese modelo, que eso no se está cumpliendo”, señaló el experto.

Así mismo, el profesor ha querido mostrar que la ubicación de estos parques eólicos no es fortuita. “En Cataluña casi el 80% de las centrales eólicas están en municipios de menos de 1000 habitantes. Esto da un perfil del tipo de localidades que se prefieren por parte de los promotores, generalmente pueblos pequeños, rurales de interior, con escasa diversificación económica, con una estructura piramidal muy envejecida…”, apuntó, y en este sentido añadió que en la década 2008-2018 los municipios de Cataluña con instalaciones de centrales eólicas han perdido población.

A estos datos Saladié i Gil sumó algunos estudios recientes como el de la Universidad de Zaragoza que refleja cómo los primeros parques eólicos en Aragón no han generado empleo real en la zona ni tampoco han contribuido a paliar el descenso demográfico, u otro en el País Valenciano que concluye que el 90% de los municipios con centrales eólicas han perdido población.

Saladié concluyó que existe un gran interés de grandes empresas, y también de fondos de inversión sobre todo en temas de fotovoltaica, realizando “una privatización de los beneficios y la socialización de los impactos, ejecutando estas centrales lejos de los grandes centros de consumo, generando procesos de concentración y masificación territorial”. También destacó que desde la sociedad “se perciben como proyectos que vienen apropiarse de un recurso que es de todos y que se llevan el beneficio y nos dejan poco o muy poco es la percepción general”.

Retos territoriales ¿cómo y quién debe hacer la transición energética?

Atendiendo a todos los retos que plantea el proceso de implantación de energías renovables, el profesor quiso poner sobre la mesa una serie de alternativas al modelo actual, fomentando un modelo de autosuficiencia local y de “cosecha territorial”, con el ahorro en los recibos de energéticos de electricidad y calor, además de generando ingresos complementarios con la explotación de unos “recursos territoriales propios, entendidos como una cosecha más del territorio”.

Para ello Sergio Saladié plantea el fomento de la generación distribuida consiguiendo más reequilibrio territorial, más eficiencia al generar un acercamiento a los centros consumidores, y un mayor beneficio para la sociedad y los territorios. El profesor defiende que un sistema de generación distribuida es más democrático y es más eficiente que un sistema centralizado, teniendo muchos agentes como promotores de esas instalaciones, centrales pequeñas y un equilibrio entre la producción y el consumo de cada territorio. Saladié concluyó que la sociedad y las administraciones están de acuerdo en que la descarbonización es un reto inaplazable, pero el problema es cómo debe hacerse la transición energética y quién debe ser protagonista de este cambio.

Joaquín Egea plantea la necesidad de un empoderamiento energético del medio rural

El senador de Teruel Existe, Joaquín Egea, agradeció la exposición de Sergi Saladié, el rigor de los datos reales frente a las promesas que se trasladan a los pequeños pueblos, que la Academia y la universidad contribuyan a resolver cuestiones tan complejas como la transición energética. Egea defendió que la ponencia del Senado sobre transición energética debería acordar “que el empoderamiento rural debe ser también un empoderamiento energético, que la transición hay que ver quién la hace para quién y cómo.”

Finalmente Egea ha preguntó al ponente sobre el impacto que representaría para las pequeñas poblaciones la generación distribuida. Sergio Saladié respondió que no había estudiado este tema, pero que “es evidente que las grandes empresas traen sus trabajadores de fuera, y el modelo de generación distribuida lo instalan empresas del territorio que generan puestos de trabajo estables".

2 Años de la Gran Revuelta Rural: Concentración 31 de Marzo 2021, PLaza Mayor, 12h. Y "Pueblos con Futuro", RTVE.

Concentración en Belorado a las 12h, del día 31.

Convoca FAS TIRÓN.

A punto de cumplirse dos años de la gran revuelta del 31 M 

que puso en la agenda política el compromiso de medidas contra la despoblación y el reequilibrio económico, 

el reportaje ‘Pueblos con futuro’ aborda este sábado el reto de la España vaciada. 

Informe Semanal, acceso a TVE a la carta: https://www.rtve.es/m/alacarta/videos/informe-semanal/pueblos-futuro/5823295/?media=tve 

Lo hace desde la perspectiva de experiencias exitosas que han devuelto el orgullo al entorno rural... aunque todos cuentan que, aún queda mucho para pasar de las palabras a los hechos.

Aprobada PNL que insta al Gobierno a implantar un Mecanismo de Garantía Rural

Garantía Rural

Una herramienta para analizar, evaluar 

y adaptar las políticas, las leyes y las normativas al medio rural.

Este jueves se ha votado en el Congreso de los Diputados la Proposición No de Ley, que presentó Teruel Existe, con la que insta al Gobierno a implantar un Mecanismo de Garantía Rural.  El resultado ha sido de 197 votos a favor, 150 abstenciones y ningún voto en contra.

Tomás Guitarte, Teruel Existe, ha valorado muy positivamente el resultado de la votación: “una vez más con el resultado de la votación del Congreso vemos como las medidas importantes para luchar contra la despoblación suscitan un amplio consenso social y político.” El diputado turolense resalta que “toda la cámara valora que el desequilibrio territorial es uno de los grandes retos que debemos resolver en este país.”

El martes, Tomás Guitarte después de analizar las enmiendas que se presentaron a la moción, negoció una enmienda transaccional con varios grupos parlamentarios. Finalmente, el texto definitivo de la transaccional fue firmado por los grupos parlamentarios Socialista, Unidas Podemos, Ciudadanos y el Grupo Mixto.

El texto definitivo insta al Gobierno a “la creación de un mecanismo de garantía rural, que debe lograr la adaptación de las políticas públicas al medio y a las sociedades rurales, atendiendo al impacto de la acción política y al diseño y aplicación de leyes y desarrollos normativos.”

Señala que el Mecanismo debe permitir “evaluar los efectos territoriales de toda medida legislativa, presupuestaria y de acción política, de ámbito estatal, autonómico o local, sobre el medio y la sociedad rural”. Además, tiene que integrar “los principios, las recomendaciones y las herramientas relativas al “rural proofing” que está desarrollando la Unión Europea”.   

Por otro lado, la PNL aprobada resalta que tienen que promover “mediante la colaboración y cooperación con todos los niveles de gobierno, la definición legal de un mecanismo rural de garantía, en las políticas públicas, en la acción del gobierno, las comunidades autónomas y las entidades locales”. Y finalmente destaca que tiene que incorporar “la participación de las comunidades locales, en el diseño y aplicación del mecanismo de garantía rural.”

Desde Teruel Existe destacan que esta Proposición No de Ley “no se quedará guardada en un cajón, se llevará a cabo”, recordando que en el debate de la misma el PSOE anunció que el Gobierno presentará próximamente una proposición de Ley con la evaluación del impacto demográfico para que todas las normas de rango de Ley y los reglamentos la conlleven. El objetivo es que el Reto Demográfico aparezca de un modo transversal en cualquiera de las políticas públicas que el Gobierno lleve adelante para avanzar hacia un país más justo que reduzcan los desequilibrios territoriales y que garantice la igualdad de oportunidades en todos los territorios.  

PRESENTACIÓN PNL Mecanismo de Garantía Rural

DEBATE PNL Mecanismo de Garantía Rural

Intervención de Tomás Guitarte en el debate de la PNL del Mecanismo de Garantía Rural.