Lo bueno y lo malo de la nueva PAC

Con las propuestas de un nuevo Marco Financiero Plurianual (MFP) y una nueva PAC 

para el período 2028-2034, ya posible hacer algunas reflexiones 

sobre lo bueno (porque sí, hay aspectos positivos) y lo malo de ambos documentos.

*Francisco Martínez Arroyo.

Blog Rural21.

 Van a continuación.

Vaca en Somiedo

Por un lado, el presupuesto propuesto, de 2 billones de euros para el conjunto del período, se puede calificar de austero -teniendo en cuenta los desafíos globales se esperaba un presupuesto significativamente mayor-, que supone un incremento del gasto público real respecto a 2021-2027 -descontando los fondos Next Generation- de unos 800.000 millones de euros -de los que 168.000 millones, como se ha comentado, serían para pagar la deuda de los Next Generation-.

De ellos, se asigna una partida de 0,865 billones de euros (el 44% del total del nuevo MFP) para el nuevo Fondo para los planes de asociación nacionales y regionales, donde está incluida la PAC, además de la política pesquera común, la política de cohesión o la de interior.

De los 865.076 millones de euros del fondo a nivel europeo, la PAC contará con un mínimo de 293.700 millones de euros para las siguientes intervenciones de apoyo a los ingresos de los agricultores: nuevas ayudas degresivas por superficie -con modulación y techo por explotación-, ayudas acopladas, pago específico para el algodón, ayudas en zonas con limitaciones, apoyos por las desventajas derivadas del cumplimiento de determinados requisitos, ayudas agroambientales, ayudas para los pequeños agricultores, instrumentos de gestión de riesgos, inversiones en las explotaciones, instalación de jóvenes, ayudas para la compatibilidad con la vida personal e intervenciones sectoriales.

De los 293.700 millones de euros de fondos destinados a apoyar los ingresos de los agricultores y ganaderos, la Comisión Europea ha propuesto para España, 37.235 millones de euros, el 12,68% del total del presupuesto para esta partida a nivel comunitario, algo más de lo que representa (sumando FEAGA y FEADER) en el período 2021-2027 (11,95%).

De forma adicional, dentro de este nuevo fondo, para toda la UE, se reservan 6.301 millones de euros para una reserva de crisis para el sector agrario, el doble que en el período actual.

Así, la PAC tendría garantizados 300.000 millones de euros para todos los Estados Miembros, alrededor de un 22% menos que en 2021-2027. En el caso de España, los 37.235 millones de euros son un 78% de los 47.724,30 millones de euros de los que dispone para el período 2021-2027.

No obstante, del fondo de 0,865 billones de euros, hay 452.964 millones de euros que no están asignados a ninguna política (“not ring fenced”) y que podrían utilizarse para aumentar (“top up”) los recursos destinados para intervenciones de apoyo a los ingresos de los agricultores ya mencionadas y para poner en marcha las intervenciones de LEADER-será obligatorio para los Estados Miembros-, cooperación para el conocimiento y la innovación en los sectores agrario y forestal y en el medio rural, iniciativas para la cooperación local y territorial, programas escolares de alimentación, intervenciones en regiones ultraperiféricas y ayudas de crisis para los agricultores.

La “salida” de la PAC de estas medidas, supone una dispersión de las intervenciones que afectan al sector y al desarrollo rural, pero puede suponer más sinergias en su implementación y el acceso a más recursos y objetivos políticos, lo que podría ser muy interesante, por ejemplo, para la metodología LEADER, muy adecuada para enfoques territoriales y transversales, cuyo encaje en una política sectorial como la PAC siempre ha sido muy dificultoso.

Por otra parte, esto significa que habrá más recursos para el sector agrario y el medio rural, pero será clave la negociación para la asignación de estos fondos “not ring fenced” entre Estados Miembros y, una vez en España, la negociación para que el sector agrario y el medio rural reciban un trozo relevante del “pastel” nacional.

Únicamente las ayudas degresivas, las acopladas, el pago específico para el algodón y el pago a los pequeños agricultores, tendrán una financiación al 100% por parte de fondos comunitarios. El resto de las intervenciones de apoyo a los ingresos de los agricultores, y los programas escolares, contarán con un mínimo de cofinanciación nacional del 30% por parte de los Estados Miembros, lo que puede suponer más fondos para el sector agrario, pero, a la vez, puede generar grandes diferencias en los apoyos de unos Estados Miembros frente a otros.

 Por otra parte, la arquitectura medioambiental se simplifica. Todas las ayudas con base superficial o por cabeza de ganado estarán sujetas a lo que la Comisión Europea ha denominado “farm stewardship”, algo así como “vigilancia o custodia agraria”, salvo la ayuda para pequeños agricultores -sólo tendrán que cumplir la condicionalidad social-, que incluye los requisitos legales de gestión -de forma muy resumida, las normas ambientales, de salud pública, sanidad vegetal, bienestar animal y condiciones laborales- y las “prácticas protectoras” del clima la biodiversidad, y la conservación de suelos y agua.

De manera voluntaria, los agricultores podrán acogerse a las acciones agroambientales y climáticas que ponga en marcha cada Estado Miembro, que sustituirán a los eco-esquemas y a las medidas agroambientales.  Una diferencia importante con el período actual es que estas ayudas ambientales tendrán una cofinanciación mínima del 30% por parte de cada Estado Miembro, cuando ahora, los eco-esquemas tienen financiación 100% comunitaria.

Otras novedades importantes son el nuevo paquete de ayudas para el inicio en la actividad (hasta 300.000 euros de ayuda para jóvenes), la prohibición de que las personas jubiladas cobren las ayudas a partir de 2032, y que los Estados Miembros podrán aumentar las ayudas para jóvenes y mujeres agricultoras en sus planes.

En definitiva, y como primera aproximación al contenido de las propuestas, lo peor es la reducción de fondos -aunque lo que se establece para la PAC, como se ha comentado, es un mínimo, y el dinero para el sector podrá incrementarse-, pero hay muchas cuestiones positivas, en las que hay que trabajar desde ya, para defender bien los intereses de los agricultores y ganaderos y de los habitantes de nuestro medio rural.

*Francisco Martínez Arroyo. Ingeniero Agrónomo, con experiencia en política agraria y medio rural. He desarrollado mi actividad profesional en distintas administraciones, en temas agrarios, rurales y medioambientales. He sido durante ocho años, hasta julio de 2023, Consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Autor de dos libros: «El resurgir del agro» (Editorial Agrícola, 2024) y “Ruralsiglo21. Una década de reflexiones” (Agrifood Comunicación, 2023). También, de la «Guía práctica de la nueva PAC 2014-2020» (Editorial Agrícola, 2012).