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| Trabajos agrícolas en la finca El Humoso de Marinaleda, de gestión colectiva. / AJ+ Español (Youtube) |
Cuando imaginamos el tejido rural, Marinaleda es un emblema. Un
municipio sevillano en el que viven 2.626 personas, según el censo de
2018, con muy escaso desempleo y en el que la población más joven quiere
seguir viviendo. Los pilares de este proyecto son la planificación
comunitaria, la gestión pública de la tierra y autogestión cooperativa.
La política municipal ha sido desde 1979 la herramienta política de
transformación social en Marinaleda. La lucha por el acceso a la tierra,
la construcción de viviendas destinadas a las jornaleras, jornaleros y
sus familias, la consecución del pleno empleo… Y, en general, las
políticas que han actuado como dique frente a las lógicas de
explotación, de seres humanos y de la tierra, propias de lo que se llama
desarrollo en los contextos capitalistas.
Un total de ocho cooperativas trabajan en las 1.200 hectáreas de El
Humoso, una finca que la lucha y la desobediencia de la gente del campo
consiguió arrebatar en 1992 al duque del Infantado. El pueblo y las
cooperativas no son propietarios de la tierra, porque, tal y como
defienden, la tierra no debe ser de nadie, y solo existe la posibilidad
de trabajarla. Esas tierras son el principal sustento económico de todo
el pueblo. En ellas se trabaja por turnos, compartiendo las labores y su
fruto.
Ahora ese modelo está bajo amenaza. El Gobierno andaluz quiere vender
la finca. La normativa que aprobó el Gobierno andaluz sobre los
usufructos de la finca de El Humoso otorga al Ayuntamiento de Marinaleda
una opción de compra preferente, pero los precios que se marcan son
abusivos y se corre el riesgo de que solamente grandes inversores puedan
comprar. En junio de 2021, la Junta de Andalucía, gobernada por PP y
Vox, los partidos que más sacan pecho en la defensa de las y los
agricultores, emitió una orden de desalojo que las cooperativas
recurrieron. Por el momento las cooperativas resisten.
Se intenta sacar tajada y convertir la destrucción en beneficios y nuevas oportunidades para el lucro.
Es la lógica del capitalismo del desastre. Se intenta sacar tajada y
convertir la destrucción en beneficios y nuevas oportunidades para el
lucro. Estamos en una profunda crisis ecosocial y asistimos de forma
cada vez más violenta a la pugna por los recursos naturales. La tierra
fértil es uno de los más importantes. La pérdida de suelo fértil provoca
que el terreno agrícola productivo aumente su precio en los mercados
capitalistas. La inversión en tierra se convierte de este modo en un
“activo rentable” para los fondos financieros especulativos y los
grandes inversores. Estos, cuando llegan al campo, intentan sacarle jugo
de la forma más rápida posible a través de la superintensificación
productiva. Pero la conversión de la agricultura en una industria
extractiva agudiza la erosión y empobrecimiento de los suelos, la
pérdida de nutrientes y de biodiversidad. La aplicación masiva de
agroquímicos empeora la fertilidad de los terrenos y contamina las masas
de agua dulce.
Acaparamiento de tierra fértil escasa, destrucción medioambiental,
degradación de los suelos y contaminación de las aguas, que provocan
mayor escasez de tierra viva. Una escasez inducida que supone una
oportunidad de negocio. Un círculo vicioso y nefasto que demuestra que
cuanto mejor le va al capital, peor parada sale la vida en su conjunto y
en particular la humana.
El agronegocio financiero, la política monetaria y los agentes especulativos
En los últimos 15 años, los fondos de inversión especulativos se han
lanzado a comprar fincas agrícolas y empresas del sector primario y
agroindustrial en todo el mundo. El campo, como activo alternativo al
tradicional ladrillo, ofrece una alta rentabilidad con relación al
riesgo. Se convierte en un paraguas contra la inflación, al estar algo
más alejado de los sobresaltos de los mercados financieros. Según datos
de la consultora inmobiliaria CBRE, en este período se ha multiplicado
por diez el número de inversores que compran terrenos agrícolas, y por
15 los que entran en empresas agroalimentarias.
Estos fondos especulativos se han beneficiado de la política
monetaria impuesta en los últimos lustros por las supuestamente
“neutras” autoridades monetarias y los bancos centrales. Tras la crisis
de 2008, se pusieron en marcha “políticas monetarias no convencionales”,
entre las cuales, la principal fue la denominada “flexibilización
cuantitativa” (Quantitative Easing, QE). La política de QE
consistió en inyectar dinero en el sector financiero con el fin de que
los bancos pudiesen prestar y mantener los tipos de interés cercanos al
cero (o incluso por debajo). Posteriormente, la crisis inducida y
agravada por la pandemia mundial de covid empujó a los bancos centrales a
ampliar sus programas de compra de activos, así como a inyectar
ingentes sumas de liquidez al sistema financiero. Para autores como
Chesnais, la QE es el elegante nombre que esconde la creación de moneda.
Es lo que en otros tiempos se conocía como la puesta en marcha de la
maquinaria de hacer billetes.
Andalucía, la tierra para quien especula
Andalucía está siendo víctima de este proceso. Con la pandemia, las
inversiones de capital foráneo en la agricultura andaluza aumentaron.
Los fondos de capitales buscan fincas “buenas y grandes”, de 500
hectáreas o más, y con posibilidades de regadío, fundamentalmente para
cultivos leñosos. Mientras una buena parte de la actividad económica
estaba seriamente afectada por la pandemia, el olivar aumentó en 2021
casi 10.000 hectáreas en Andalucía. Un 2% respecto a la superficie total
de este cultivo.
Con la pandemia, las inversiones de capital foráneo en la agricultura andaluza aumentaron
En 2021, según el Instituto Nacional de Estadística, Andalucía se
situó a la cabeza de las comunidades autónomas españolas en la lista de
compraventas de fincas rústicas, con 2.211 operaciones. Durante 2022 se
alcanzaron las cotas más altas de los últimos 15 años en las
compraventas de terreno rústico.
Los fondos de inversión están detrás de prácticamente todas las
operaciones de mayor envergadura y de la mayor parte de las nuevas
plantaciones, superintensivas o intensivas. Las entradas de estos
capitales son muy fuertes también en empresas que forman parte de la
cadena de valor agrícola o en la industria agroalimentaria andaluza. Es
el caso de la conservera ALSUR. Los fondos de inversión Acon Southern
Europe y Quarza Inversiones se han hecho con la mayoría de Sola de
Antequera, empresa especializada en la fabricación de conservas
vegetales, principalmente de alcachofa, judías, habitas y pimientos.
El traspaso de tierras desde quienes tradicionalmente han mantenido
la agricultura a los fondos de inversión está provocando cambios
drásticos en la configuración del campo. Hay menos explotaciones
agrarias, cada vez más grandes y menos familiares. En Andalucía, se
convierten en los “nuevos amos”.
Son tres los factores que despiertan la voracidad inversora: el agua,
el despliegue de las energías renovables y la cercanía a los grandes
núcleos urbanos. Esos tres factores están relacionados con tres usos
distintos: el puramente agrícola, el relacionado con las nuevas
megaplantas de energías renovables, y el dedicado únicamente al ocio.
Ante la escasez de agua, el Gobierno andaluz se pone al servicio del
capital. Ante la demanda de los nuevos terratenientes de fincas muy
grandes, bien comunicadas, con agua y cerca de vías de comunicación, la
Junta de Andalucía anunció en octubre de 2022 la puesta en marcha del
“Plan SOS” (de soluciones y obras frente a la sequía), que dotará 4.047
millones de euros para impulsar obras hídricas hasta el año 2027.
Respecto a las nuevas megaplantas de energías renovables, el
neoliberalismo andaluz también pone las cosas fáciles a los intereses de
las grandes empresas energéticas. Las grandes corporaciones del
“oligopolio energético” están acaparando tierras en muchos pueblos de
Andalucía para instalar megaplantas que dejarán pocos beneficios al
conjunto de la economía y población local. Decenas de ayuntamientos se
organizaron para presentar una Iniciativa Legislativa de los
Ayuntamientos (ILA) ante el Parlamento de Andalucía para suspender
temporalmente el “tsunami de megaproyectos”. La intervención pública en
este ámbito da lugar a hablar de “burbuja especulativa con las cartas
marcadas” pues las promotoras juegan con la declaración de utilidad
pública y, en última instancia, conseguir que el Estado expropie los
terrenos.
Resistir desde la política de los comunes
Ante esta situación, resulta importante defender y sostener los
proyectos e iniciativas consolidadas alrededor de lo común, de la
economía política de los comunes o la economía social transformadora. Un
común reúne a coproductores que actúan conjuntamente dándose a sí
mismos reglas colectivas. La economía política de los comunes hace de la
cooperación el antídoto contra la lógica capitalista. Es ahí donde se
pueden enmarcar dos alternativas de economía social transformadora que a
continuación se muestran, y que hacen frente a los procesos
anteriormente descritos.
Por un lado se encuentra el proyecto cooperativo de Marinaleda,
experiencia que ha resistido a las relaciones capitalistas de poder
asimétricas que destruyen los bienes comunes. La planificación pública
comunitaria del proyecto cooperativo siempre se ha guiado por las
actividades productivas que permitan generar el mayor número de jornales
posibles. La gestión (cooperativa) no tiene por finalidad la
maximización de los beneficios o aumentar los salarios de unas
determinadas personas, sino alcanzar los objetivos planificados de crear
el máximo número de empleos posibles para las personas que habitan el
pueblo.
Uno de los elementos fundamentales del proyecto es la consideración de la tierra como un bien común.
Uno de los elementos fundamentales del proyecto es la consideración
de la tierra como un bien común; la tierra, por la que se luchó
colectivamente, no debe ser privatizada, mercantilizada. Se apuesta por
la creación de una fundación que imposibilite la privatización de la
tierra; que la haga indivisible, invendible, inespeculable y gestionada por las cooperativas de Marinaleda.
La oferta de compra de la tierra por parte de las cooperativas para
posteriormente vincularlas a una fundación recibió como respuesta, por
parte del Gobierno andaluz, una orden de desalojo. Frente a la creación
de empleo y riqueza para todo un pueblo y su comarca, la intervención
neoliberal prefiere vender a los fondos de inversión.
Otra experiencia valiosa de economía social transformadora que
queremos mostrar es la creación de la Comunidad Energética Local de
Alcalá del Valle. El proceso tiene como fin crear una cooperativa de
consumo energético que permita la participación abierta y voluntaria, el
control efectivo por las personas socias y la priorización absoluta de
los beneficios medioambientales y socioeconómicos de la ciudadanía
frente a las ganancias financieras. A partir de ahí, se están realizando
los estudios técnicos y financieros para poder contar con la
infraestructura necesaria para generar la energía que requiere la
localidad. En este sentido, la infraestructura que generará la energía a
partir del sol se considera como un bien común gestionado de modo
cooperativo y con una propiedad colectiva.
Son proyectos que funcionan. En el caso de Marinaleda, la eficiencia,
desde el punto de vista del bienestar de las personas del pueblo, está
demostrada desde hace más de cuarenta años. Tienen valor en sí mismo y
como faro para iluminar e inspirar muchos otros.
No les dejemos solos en esta lucha. Cada espacio que se abandona al
capital se traduce en menos oportunidades para disfrutar de vidas
buenas, ya y en el futuro.
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Óscar García Jurado es economista y forma parte de Talaios Kooperatiba.
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