Así, se destacaba en el primer diario francés el pasado 17 de enero la lucha de los agricultores alemanes, no de los franceses, en defensa de sus intereses (“L’Allemagne gagnée par la peur du deéclassement. “Scholz affronte la colère des agriculteurs”). Y el jueves 25 de enero, de nuevo portada, esta vez las reivindicaciones de los agricultores franceses, que se mantienen hasta hoy (“Agriculteurs: pourquoi la crise s’aggrave”). Y así durante toda esta última semana (sirva como ejemplo: https://www.lemonde.fr/economie/article/2024/01/20/partout-en-europe-la-colere-des-agriculteurs-gagne-du-terrain_6211913_3234.html?lmd_medium=email&lmd_campaign=trf_newsletters_lmfr-[a-la-une]-20240120-[zone_edito_1_titre_1]&M_BT=38915310877151).
Conviene destacar, en primer lugar, que en el país vecino lo que pasa en el campo influye en la sociedad. Lo reflejan los medios de comunicación generalistas, pero también forma parte del debate político al más alto nivel y de las preocupaciones que la sociedad considera como propias. No son de extrañar las palabras del primer ministro francés del pasado viernes: “Francia, sin la agricultura, no sería Francia”.
Envidia sana desde España, donde nos olvidamos frecuentemente de quienes producen los alimentos, excelentes, por cierto, que nos dan la mayor seguridad alimentaria del mundo. Son ellos, además, los que viven en nuestro medio rural, generan la actividad económica y el empleo imprescindibles para su futuro, y conservan el medioambiente y el territorio.
En segundo lugar, la protesta de los agricultores alemanes es muy sintomática de la sensación de todos los agricultores europeos en estos momentos complicados. Ante la intención del gobierno, y sin entrar en detalles, de gravar con una nueva tasa los tractores y otros vehículos agrícolas, y eliminar la bonificación al gasóleo agrícola, los agricultores han sido capaces de parar Berlín y mandar un mensaje de fuerza, que ha contado con el apoyo mayoritario de la sociedad alemana. Y han torcido el brazo al ejecutivo alemán, que ha dado marcha atrás en la primera de las medidas propuestas, y ha decidido reducir las ayudas al gasóleo de manera progresiva hasta 2026, y no de golpe en 2024.
El contagio de los últimos días a la agricultura francesa ha puesto en alerta a su gobierno, que se enfrenta a una de las mayores protestas de los últimos años. En España, hay que decirlo, la situación es distinta. Se han mantenido las bonificaciones al gasóleo agrícola (exención del impuesto especial de hidrocarburos) y 2023 ha sido el año con más ayudas directas con fondos nacionales al sector agrario en España, haciendo del actual gobierno el que más ha apostado por los agricultores y ganaderos en momentos de dificultad. Los datos son objetivos. Y tozudos.
No obstante, las protestas podrían extenderse. No es solo una cuestión de las dificultades coyunturales. Es también la necesidad, y parece que tímidamente empieza a entenderlo así la Comisión Europea, de repensar la PAC. Si uno de los objetivos principales de la PAC es conseguir a través de esta política unos beneficios ambientales concretos, si los agricultores y ganaderos no se sienten concernidos porque sus esfuerzos son inútiles para alcanzar algunas metas o las ayudas como contraprestación son insuficientes, estos no se alcanzarán. Y la PAC no servirá.
No sólo debe repensarse la PAC, para lo que será muy interesante el dialogo estratégico sobre el futuro de la agricultura europea, lanzado por la presidenta de la Comisión, von der Leyen, el pasado jueves, sino que hay que desterrar la percepción, cada vez mas extendida, de que son los que menos tienen los perdedores de la transición ecológica. En este grupo se sitúan muchos agricultores y ganaderos, que sienten que las nuevas políticas les perjudican. Para cambiar esta sensación, es necesaria una mayor pedagogía, y un nuevo modelo de ayudas en la PAC, que proteja a los que más lo necesitan, frente a los retos de la necesaria transición ecológica, a los que deben hacer frente en sus explotaciones.
Y también hay que reivindicar el papel esencial de los agricultores, su valoración y reconocimiento social. Es urgente hacerlo. España, igual que Francia, no puede entenderse sin la agricultura. Y esta verdad hay que contarla. Y defenderla.
Al mismo tiempo, parece muy urgente afrontar un cambio hacia un modelo de beneficiarios que responda al concepto de explotación familiar. No puede ser que las ayudas públicas se distribuyan sin tener en cuenta el modelo de negocio y las multifuncionalidades evidentes del tipo de explotación que nos ocupa, frente a otros, legítimos, pero que no deberían contar con los mismos apoyos públicos.
Por otra parte, la simplificación de la política, lejos de haberse conseguido en esta reforma de la PAC en España, es también acuciante. No puede ser que para gestionar una explotación familiar se necesiten apoyos profesionales externos hasta el punto de poner en riesgo la rentabilidad de la explotación. Las exigencias para las explotaciones familiares, generalmente pequeñas y medianas, no pueden ser las mismas que para grandes grupos inversores. Urge pues un cambio de planteamiento.
Se acerca la fecha de las elecciones al parlamento europeo y la agricultura tiene que contar. También en España. La PAC supone un tercio del presupuesto comunitario y sigue siendo una de las políticas más comunes. Su importancia es muy grande en nuestro país, el segundo Estado Miembro en cuantía de ayudas de la PAC, gracias a las cuales, España es un beneficiario neto de fondos europeos (recibe más fondos de los que aporta al presupuesto comunitario).
Los agricultores y ganaderos se están dirigiendo a los partidos políticos de toda Europa. También a los españoles. Y sus reivindicaciones tienen el apoyo del conjunto de la sociedad europea. Es sin duda un buen momento para impulsar la valoración social del sector. Y un excelente momento para que se escuche la voz del campo desde la política.
Es hora, pues, de cambiar el paradigma del sector agrario en España. Ha llegado el momento de tener en cuenta a los agricultores y ganaderos. De escucharlos.
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