«Nadie tiene que quedarse si no quiere,
pero debemos garantizar que nadie tenga que marcharse si no lo desea».
«Si no se cumplen los compromisos anunciados,
aquí nadie creerá en nada, y la esperanza ciudadana es de lo poco que aún nos queda.
Los pesimistas nos sobran:
quienes crean que no hay solución, que se aparten y nos dejen hacer»
Guadalupe Bécares
De entre las numerosas provincias de España que pierden población, Zamora cuenta con el triste honor de ser la ganadora: entre el año 2000 y el 2018, su número de habitantes se redujo en un 14,2%. En el epicentro de la España vaciada, Teresa Ribera estrena la vicepresidencia de Transición Ecológica y Reto Demográfico, pidiendo reequilibrar los recursos para garantizar que el Estado del bienestar llegue a todo el territorio.
A comienzos del milenio, cuando el temor que sacudía las televisiones eran las impredecibles e hipotéticas consecuencias que podría tener el llamado Efecto 2000, la provincia de Zamora contaba con 201.777 habitantes. Hoy, ya iniciados los felices años veinte de este siglo, el número se ha reducido a menos de 173.000, incluyendo la capital, que tiene 4.000 personas menos que entonces. Aunque esa no es la única cifra que asusta: solo en el último año, perdió más de cinco habitantes al día y el 12% de sus habitantes supera los 80 años, el doble que la media del país. Sin embargo, pese a que la despoblación en Zamora –y en toda la España rural– tenga muchos números, tiene aún más aristas.
«Nadie tiene que quedarse si no quiere, pero debemos garantizar que nadie tenga que marcharse si no lo desea». Con estas palabras concluía su intervención Teresa Ribera, vicepresidenta para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, que se estrenaba en el cargo en el foro Razones para quedarnos: estrategias frente a la España despoblada, organizado por el periódico La Opinión-El Correo de Zamora, Prensa Ibérica y Grupo Zeta. La idea que perfilaba Ribera –que ostenta, además de la cartera verde, una vicepresidencia que acoge también la despoblación como símbolo de la transversalidad entre ambas áreas– fue constante en todas las intervenciones de la jornada celebrada en el epicentro de la despoblación: Zamora es la provincia española que más habitantes ha perdido en lo que llevamos de siglo, casi un 15%.
«Si queremos que España progrese adecuadamente, necesitamos un reequilibrio del territorio. Vemos con vértigo la acumulación y la espiral de población que se produce en el centro de la península y en las zonas de costa, mientras tenemos un enorme espacio interior en el que uno se siente solo. Por eso debemos reconstruir ese puente y reducir las dificultades a las que se enfrentan las generaciones presentes y futuras con políticas que nos ayuden a quedarnos donde queremos», reclamaba la vicepresidenta. Y añadía: «es difícil que el problema de la despoblación se resuelva desde Madrid solo con que alguien publique en el BOE cómo hacerlo. Aquí no vale la pasividad ni el individualismo: toca que cada administración ejerza sus competencias, de manera que el resultado sea mucho más que la suma de las partes».
De esta manera, Ribera aludía a la necesidad de que las políticas públicas sigan un esquema de transición justa en el que nadie se quede atrás y en el que «no sobre nadie». De hecho, tras su intervención en la ciudad del Duero, su agenda la llevó a León, donde acudía para participar en la puesta en marcha de la Mesa del futuro de León, una iniciativa impulsada por los sindicatos para exigir más inversiones e infraestructuras en una provincia donde la minería –uno de los sectores llamados a desaparecer con la descarbonización– aún tiene un peso importante.
«Debemos trabajar para recuperar la confianza de las personas que deciden quedarse en las zonas despobladas, donde los movimientos sociales son especialmente sensibles y reclaman de forma justa que no por ser pocos se deben tener menos derechos», pedía Ribera. Asimismo, la vicepresidenta aludía al auge de plataformas o partidos como Teruel Existe que, con su éxito electoral en los últimos comicios, ha abierto la puerta al nacimiento de partidos similares en provincias de zonas donde le problema de la despoblación es especialmente grave, como en Castilla y León o Extremadura. No en vano, representantes de este tipo de asociaciones se reunieron la pasada primavera en Madrid en una manifestación que congregó a más de 50.000 personas que pedían servicios y derechos para la España vaciada.
Teresa Ribera: «Nadie tiene que quedarse si no quiere, pero debemos garantizar que nadie tenga que marcharse si no lo desea»
«Aquí hemos hecho las maletas más veces de las que podemos recordar. Lamentablemente, para los jóvenes de Castilla y León, el proceso natural parece ser: naces, creces y emigras», lamentaba María José Pérez, una de las impulsora de Jóvenes por Castilla y León, un movimiento social surgidos en los últimos meses. Aunque los miembros de esta asociación se reúnen presencialmente en Madrid, han logrado crear una comunidad virtual de miles de emigrados a distintas partes del globo. «Queremos que los jóvenes no se vean obligados a emigrar, que exista un futuro para los que aún viven aquí y que las personas que nos hemos ido tengamos la oportunidad de poder volver sin que eso suponga una renuncia profesional», demandaba la joven.
Uno de los mayores caballos de batalla del colectivo –que, estas pasadas navidades llenó las redes de fotos de miles de jóvenes cargados de maletas bajo el hastag #QueremosPoderVolver– es la denuncia por la falta de oportunidades para una generación que soporta las consecuencias de la doble crisis económica y demográfica. Es decir, para aquellos que han crecido y estudiado en la comunidad pero que, para desarrollar su carrera profesional, han tenido que irse fuera. De hecho, Castilla y León es una fábrica de talento que no consigue retener: mientras los colegios e institutos obtienen una de las mejores puntuaciones en indicadores como el Informe Pisa, el 35% de los jóvenes universitarios de Castilla y León no residen allí, según los datos recogidos por un estudio de la UAB. Esto es el doble que la media nacional.
Iniciativas y emprendimiento para salvar al medio rural
Detrás de esas cifras se esconde la incontestable realidad de la falta de inversiones e infraestructuras que llevan décadas yéndose a otras partes de España. Por ejemplo, según los datos del Ministerio de Economía, el 85% de las inversiones extranjeras fueron a parar a la Comunidad de Madrid en los primeros meses de 2018. Se trata de un pez que se muerde la cola: sin infraestructuras y servicios hay menos trabajo, la población emigra, se reducen aún más los servicios básicos y la situación se hace insostenible.
«La despoblación es un problema que condena a la desaparición a miles de municipios y al que hay que enfrentarse unidos y sin colores políticos. Si los datos demográficos, económicos y sociales del presente son malos, aún peores son las predicciones. No se trata de jugar a ver quién gana en el ranking de la despoblación, sino de hablar de un problema sobrevenido en zonas muy concretas de España», intervenía Cipriano García, presidente de Caja Rural de Zamora, que incidía en el problema del envejecimiento de la población en la economía local y pedía actuaciones e inversiones concretas en los presupuestos generales que serán presentados próximamente. «Si no se cumplen los compromisos anunciados, aquí nadie creerá en nada, y la esperanza ciudadana es de lo poco que aún nos queda. El tiempo de las palabras y los estudios ha llegado a su fin y es hora de ponerse en marcha. Los pesimistas nos sobran: quienes crean que no hay solución, que se aparten y nos dejen hacer», concluía.
María José Pérez: «Para los jóvenes de Castilla y León, el proceso natural parece ser: naces, creces y emigras»
En un país donde quedan 5.000 municipios de menos de mil habitantes –y donde 900 han desaparecido en los últimos quince años–, los que deciden emprender en el mundo rural exigen más ayudas e iniciativas públicas y privadas que faciliten esa titánica labor. Una de las más recientes es Correos Market, lanzada por la empresa pública como medida de apoyo a los comercios locales. El planteamiento es sencillo: aprovechar la enorme capilaridad del servicio de Correos –que dispone de 2.400 oficinas y más de 30.000 carteros repartidos por todo el territorio– para ayudar a que los pequeños productores puedan comercializar sus productos fuera de su municipio sin coste adicional y con el único requisito de pasar un control de calidad certificada. «Se trata de ayudar a dinamizar la economía del país y apoyar a que los ciudadanos que lo deseen puedan permanecer en su pueblo, a cumplir el derecho a habitar donde uno quiera que recoge nuestra Constitución», explicaba Juan Manuel Serrano, presidente de Correos.
El 54% de quienes deciden emprender en esa España olvidada son mujeres. «Que nosotras nos quedemos tiene que ser un objetivo prioritario. Hay que llevar la voz del mundo rural cuando se habla de políticas de género, y hablar de políticas de género cuando se habla del mundo rural. Si hemos interiorizado que para afrontar el problema del campo debe hacerse desde la perspectiva de las mujeres, no podemos aceptar que se legisle para el campo desde la ciudad, es decir, que se tomen decisiones que nos afectan sin contar con nosotras», razonaba por su parte Teresa López, presidenta de Fademur. También refería a las peticiones de los agricultores, que estos días salían a la calle para pedir un precio justo por sus productos. «¿Es sostenible comprar productos más baratos, pero que han recorrido miles de kilómetros y que tienen una enorme huella de carbono, pero no pagar al del pueblo de al lado una remuneración justa? Al final, como dice un colega portugués, las ciudades hoy quieren ser verdes, sostenibles e inteligentes sin tener en cuenta que eso ya existe… y que se llama campo», finalizaba.
Digitalización y conectividad, un asunto pendiente
Emprender o vender productos de calidad a través de la red se ha convertido en un gran mar de oportunidades… si tienes Internet. España es líder en la implantación de fibra óptica, pero la velocidad a la que se aspira desde los planes de UE no llega a más del 25% de la población: existen más de 4.000 municipios en los que no se alcanzan los treinta megas y, en otras 2.600 localidades, ni siquiera los diez, según publicaba Hispasat en 2017.
Aunque es la segunda comunidad con mejores datos en el informe Pisa, el 35% de los jóvenes universitarios de Castilla y León no residen allí
Lograr una mejor conexión de todo el territorio es una de las peticiones principales de los colectivos en defensa del mundo rural ya que, sin él, es difícil imaginar el establecimiento de grandes empresas, la vuelta de profesionales autónomos o de aquellos que apuesten por el teletrabajo o, simplemente, que haya un desarrollo normal de las escuelas, consultorios médicos o farmacias. «La digitalización es la gran oportunidad para revertir el proceso de despoblación abandono del medio rural. Ha roto barreras de espacio y ha creado un mundo sin fronteras. Ha acabado con las barreras de tiempo, las económicas y también con las que existían con los intermediarios. Hoy, más que nunca, el ámbito rural puede aprovecharse de estos beneficios en la salud, la cultura o la medicina», defendía Antonio Vargas, manager institucional de Google España y Portugal, y planteaba que: «las posibilidades de aplicar el big data y el IoT en el campo, en las bibliotecas y en los consultorios médicos como herramienta para luchar contra una emigración no deseada sino asumida».
¿Pero cómo cerrar esa brecha digital? «Las infraestructuras son una condición necesaria, pero no suficiente. Las redes de datos, la banda ancha… Todo eso permite escalar y que los procesos se hagan de forma progresiva. No se trata de acertar de pleno al principio, sino de echar a rodar con algo pequeño, probar e irlo desarrollando en función de su crecimiento. Esos costes marginales de la producción, tan bajos en el mundo rural, son muy importantes», subrayaba Miguel Ángel González, director de Minsalt.
«Los datos son los que son y tampoco podemos generar expectativas que son irreales de base: se trata de un reto complejo, pero existen una voluntad y un trabajo que generan ventanas de oportunidades que no existían hace una década. Una vez que tenemos eso claro, que el diagnóstico está hecho y la hoja de ruta marcada, es hora de tomar decisiones», concluía por su parte Ignacio Molina de la Torre, director del Comisionado del Gobierno frente al Reto Demográfico. Para ello, el pasado mes de marzo se aprobó una Estrategia Nacional que trazaba directrices para atajar la despoblación, el envejecimiento de las zonas rurales y los efectos de la población flotante con ochenta medidas transversales para fomentar la conectividad, ayudar al emprendimiento y garantizar los servicios básicos.
La creación de una vicepresidencia verde que abriga bajo su paraguas el reto demográfico, la revolución de los movimientos sociales y de los partidos políticos que piden voz para la España vaciada, las iniciativas públicas y privadas contra la despoblación. Decenas de congresos y hubs que buscan cómo combatir la despoblación, un asunto que, como todos los problemas complejos, no parece tener una solución sencilla. La meta, aunque suene hoy a utopía, es simplemente cumplir con lo que recoge la Carta Magna: garantizar que todas las personas tengan los mismos derechos, sea cual sea su género, raza y religión… y vivan en el lugar en el que vivan.
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