20 M RURAL: Multitudinaria manifestación de agricultores y ganaderos en Madrid para exigir medidas que impulsen el medio rural.

El sector agrario ha tomado este domingo las calles de Madrid para manifestarse en defensa de un futuro para la actividad agraria y el mundo rural. 

Responden a la convocatoria de las organizaciones agrarias Asaja, UPA, COAG y las Cooperativas Agroalimentarias, junto a la Federación Española de Caza, la Asociación de Ganaderos de Razas Selectas, los Criadores de Toros de Lidia y la asociación Alianza Rural. La manifestación viene a cerrar las que se han celebrado en las últimas semanas en diferentes territorios.
La convocatoria, con el lema Juntos por el campo, ha sido multitudinaria.

Vidal Maté.

Elpaís/economía.

Las organizaciones convocantes plantean una veintena de reivindicaciones, entre ellas aliviar el incremento de costes de producción y la regulación de las tarifas eléctricas.

Estas son las razones más importantes de la movilización.

Costes de producción. Durante los últimos meses, pero muy especialmente tras el inicio de la guerra en Ucrania, se ha registrado un fuerte incremento de los precios de los medios de producción. Frente al 40% o menos que significaban hace una década sobre el valor de la producción final agraria, en 2021 ya suponían el 45%, con 23.700 millones de euros. Hoy se sitúan en el 60%, con unos 32.000 millones, por el incremento de más del 50% en los piensos, hasta un 100% en los fertilizantes o más del 200% en la energía. Esto pone a las explotaciones ganaderas al borde del cierre y a las agrícolas las obliga a reducir el empleo de abonos al mínimo. El campo reclama un plan de choque. En el caso de los cultivos de cereales, los buenos precios percibidos durante la campaña pasada ya se los han comido los fertilizantes, el gasóleo y la maquinaria.

Una Ley de la Cadena Alimentaria eficiente. Esta preocupación del sector por los incrementos de los costes y por recibir unos precios justos no debería ser un problema para el campo si se cumpliera lo previsto en la Ley de la Cadena, por la que los precios de venta en origen deberían cubrir los costes de producción. Sin embargo, esa exigencia no se cumple de forma muy generalizada. De un lado, por la falta de controles suficientes. Por otro, existe un desequilibrio de poder entre quien compra (industrias y distribución) y los agricultores y ganaderos que, además, venden productos perecederos como frutas y hortalizas con fechas de salida. No tienen la posibilidad de almacenar o de mantener más tiempo el ganado en la granja, generando así más costes y deteriorando su precio. El sector reclama al Gobierno elaborar semanalmente los índices de los precios de coste para facilitar su cumplimiento.

Distribución. El sector denuncia la banalización y ventas a precios de oferta de los productos agrarios en la distribución a causa de las guerras por las cuotas de mercado y la persistencia de la venta a pérdidas, estrategias que se traducen en bajadas de precios en origen.

Comercio exterior. Rechazo a las políticas de acuerdos con terceros países por los que se disparan las importaciones más baratas sin exigir a las mismas las condiciones de laboreo, uso de abonos, fitosanitarios, alimentación o bienestar animal que las pedidas a los agricultores y ganaderos de la UE, lo que supone, a la postre, más dependencia exterior y poner en peligro la autosuficiencia alimentaria.

Política Agraria Común (PAC) y plan estratégico. Demanda de una nueva PAC y un plan estratégico para su aplicación en España que no suponga una pérdida de renta y donde las exigencias de la política verde no supongan solo mayores costes y menos rentabilidad, sin compensaciones.

Seguros Agrarios. Se reclama un debate sobre el sistema de seguros agrarios, donde en los últimos años se ha disparado la siniestralidad y las indemnizaciones de las compañías aseguradoras. Frente a esta situación, el sector agrario plantea que la solución no puede ser solo un aumento del coste de las primas y menos coberturas, cuando además en los últimos años se han reducido las subvenciones públicas para apoyar el pago de las primas contratación. Los mayores fondos actuales por parte del Ministerio de Agricultura no han solventado el problema.

Reforma laboral. El sector denuncia que la reforma laboral no contempla adecuadamente la temporalidad y estacionalidad de una parte muy importante de la actividad agraria a efectos del modelo de contratación.

Regadíos y tarifas. Se reclama un impulso a las políticas de modernización de los regadíos a través de los planes hidrológicos para lograr un ahorro de agua y una mayor eficiencia y rebajar su coste. Y que se cumpla la ley que permite que en las tarifas eléctricas para los riegos se puedan suscribir dos contratos: un contrato de temporada para los meses de máximo consumo y otro con una potencia mínima el resto del año.

Fiscalidad. Se demanda una bonificación del 35% en la factura del gasóleo y del 15% para plásticos y fertilizantes a efectos del IRPF. El Gobierno ya decidió, a causa de la sequía, una reducción del 20% en el sistema de módulos, créditos y avales, junto a otra serie de medidas decididas unilateralmente por el Ejecutivo que se consideran insuficientes. El sector denuncia que no han sido producto de una negociación con todos los departamentos afectados, como se hacía antaño ante crisis similares y donde Moncloa solo daba luz verde a los acuerdos.

Bienestar animal y medio ambiente. Normativas que permitan la adaptación del sector de forma progresiva hasta 2030, apoyo a las inversiones en esta dirección y reconocimiento del papel del sector en la lucha contra el cambio climático.

Jóvenes. Nuevas medidas para apoyar la incorporación de los jóvenes a la actividad agraria y al medio rural, aunque se considera que el mejor reclamo es una política que suponga rentabilidad para las explotaciones y servicios en el territorio.

Medio Rural. Se demanda otra política que suponga ofrecer a los habitantes del medio rural disponer de unos servicios (en materia de sanidad, asistenciales, educación, transporte, movilidad, comunicación o banda ancha) iguales a los que disponen los habitantes urbanos. Unos impuestos acordes con los servicios que se reciben y apoyo a inversiones para otras actividades en el medio para ganar más población.