Este jueves se ha votado en el Congreso de los Diputados la Proposición No de Ley, que presentó Teruel Existe, con la que insta al Gobierno a implantar un Mecanismo de Garantía Rural. El resultado ha sido de 197 votos a favor, 150 abstenciones y ningún voto en contra.
El martes, Tomás Guitarte después de analizar las enmiendas que se presentaron a la moción, negoció una enmienda transaccional con varios grupos parlamentarios. Finalmente, el texto definitivo de la transaccional fue firmado por los grupos parlamentarios Socialista, Unidas Podemos, Ciudadanos y el Grupo Mixto.
El texto definitivo insta al Gobierno a “la creación de un mecanismo de garantía rural, que debe lograr la adaptación de las políticas públicas al medio y a las sociedades rurales, atendiendo al impacto de la acción política y al diseño y aplicación de leyes y desarrollos normativos.”
Señala que el Mecanismo debe permitir “evaluar los efectos territoriales de toda medida legislativa, presupuestaria y de acción política, de ámbito estatal, autonómico o local, sobre el medio y la sociedad rural”. Además, tiene que integrar “los principios, las recomendaciones y las herramientas relativas al “rural proofing” que está desarrollando la Unión Europea”.
Por otro lado, la PNL aprobada resalta que tienen que promover “mediante la colaboración y cooperación con todos los niveles de gobierno, la definición legal de un mecanismo rural de garantía, en las políticas públicas, en la acción del gobierno, las comunidades autónomas y las entidades locales”. Y finalmente destaca que tiene que incorporar “la participación de las comunidades locales, en el diseño y aplicación del mecanismo de garantía rural.”
Desde Teruel Existe destacan que esta Proposición No de Ley “no se quedará guardada en un cajón, se llevará a cabo”, recordando que en el debate de la misma el PSOE anunció que el Gobierno presentará próximamente una proposición de Ley con la evaluación del impacto demográfico para que todas las normas de rango de Ley y los reglamentos la conlleven. El objetivo es que el Reto Demográfico aparezca de un modo transversal en cualquiera de las políticas públicas que el Gobierno lleve adelante para avanzar hacia un país más justo que reduzcan los desequilibrios territoriales y que garantice la igualdad de oportunidades en todos los territorios.
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