Ángel Calle Collado,
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| Manifestación de agricultores y ganaderos en Santander. | JOAQUÍN GÓMEZ SASTRE |
La Unión de Uniones ha sido una red sindical agraria especialmente combativa en los últimos tiempos con respecto a los bajos precios y los recortes en las atenciones al sector agroganadero, y en 2018 realizaba diversas concentraciones y lanzaba frente al Ministerio de Agricultura la campaña #DemocraciaEnElCampoYA. Así como sectores de la COAG se han visibilizado a favor de propuestas de la organización internacional Via Campesina por la soberanía alimentaria y por un mundo rural vivo.
El
cabreo del mundo rural tienen que ver principalmente con dos embudos,
el socioeconómico y el político. Hace décadas que nuestros sistemas
agroalimentarios están gobernados por una gran distribución y una
globalización neoliberal (tratados internacionales, la comida como
mercancía, la PAC al servicio de las grandes explotaciones) que no
recompensan a quienes producen nuestros alimentos. El segundo de los
embudos se refiere a la crítica de las formas de representación en lo
que respecta a mesas de negociación, desigualdades de género o a la
búsqueda de reemplazos generacionales y de modelos productivos. Por
ahora el sindicalismo de mayor visibilidad ahonda en posiciones
conservadoras, particularmente ASAJA como gran patronal del campo
inserta en la CEOE.
Está por ver qué caminos de transformación real de los
anteriores embudos emprenden organizaciones críticas como COAG y UPA,
ésta última vinculada a sectores rurales de la UGT. El mundo rural ha
alzado su voz merced a los huecos abiertos en la agenda social, política
y hasta artística. Abandona el fatalismo y se vuelve protestón ante los
diversos embudos. Está por ver si las demandas iniciadas al calor de la
sucesión de convocatorias #AgricultoresAlLímite y la reclamación de
precios justos son un paraguas que dinamice cambios estructurales.
La
respuesta del Gobierno ha sido el decreto lanzado el martes 24 de
febrero: prohibir la venta a pérdidas, fomentar contrataciones
indefinidas y reducir de 35 a 20 las peonadas necesarias para acceder al
desempleo agrario. Sin duda, se plasman aquí reivindicaciones que
invitan a visibilizar y cuestionar nuestro insostenible e injusto
sistema agroalimentario. Algo muy positivo. Pero parecen medidas para
contentar a una gran distribuidora hortofurtícola y menos a una pequeña
producción. Las peonadas o las contrataciones de largo plazo no
constituyen un apoyo directo hacia la subsistencia de los últimos
eslabones de la cadena agroalimentaria (la producción rural) ni para la
innovación hacia sistemas agroalimentarios más locales y diversificados.
En
esta situación conflictiva y de embudos no resueltos, han emergido
también nuevas plataformas rurales o nuevas vías para la reinvención de
un sindicalismo agrario transformador. Por ejemplo, destaca en los
últimos años el papel cada vez más relevante de organizaciones de
mujeres en el seno del gran sindicalismo. Iniciativas como Ganaderas en
Red han contribuido a poner sobre la mesa los embudos en torno a las
desigualdades de género en el mundo rural. No ha faltado la irrupción de
posiciones más conservadoras y algunas de extrema derecha (en defensa
de las "esencias" del campo, nula referencia a la gran distribución,
énfasis en precios, puesta en escena a favor de la "marca España"), las
cuales han encontrado eco en organizaciones como la Asociación Nacional
del Sector Primario o la recién creada Unión de Agricultores Independientes (ambas con base en la Almería agroexportadora).
Los
conflictos del campo irán a más. Aparte de no resolverse la
problemática de los embudos mencionados, se produce una resonancia
social de protestas en otros países, como los chalecos amarillos en
Francia.
O irrumpen nuevos imaginarios literarios en este país, una ola
de "neorruralismo": novelas llevadas al cine como "Intemperie", de Jesús
Carrasco Jaramillo; poéticas ecofeministas como la de María Sánchez; la
crítica del desarrollismo que erosiona tramas de vida rurales como hace
Rafael Navarro en "La tierra desnuda"; o ensayos bastante criticados
por su perfil urbanita, caso de Sergio del Molino y su obra La España
vacía".
Están emergiendo gritos compartidos. Pero también protestas
encontradas en su seno. Por ejemplo, la subida del Salario Mínimo
Interprofesional (SMI) es una buena piedra de toque para un análisis de
dimensiones de clase social o del derecho a tener derechos.
La
patronal ASAJA y las nuevas plataformas rurales próximas a la extrema
derecha se muestran crític a s con dicha subida, atrayendo a sectores de
UPA y COAG. Entre estos últimos, sin embargo, emergen respuestas
defensoras de dicho SMI y con propuestas que tratan de desbordar la
globalización neoliberal (derechos del campesinado, circuitos cortos,
necesidad de una transición hacia otros modelos productivos), caso del
Sindicato Labrego Galego y otros espacios afines a la Vía Campesina.
Son
distintos polos que atienden a diferentes conciencias de "clase rural" y
de relación concreta con los embudos económicos y políticos que siguen
alentando la apuesta suicida de un "desarrollismo global".
En
estas circunstancias, el ecologismo y el feminismo, o la sencilla
reclamación de una producción sustentable y de igualdades de género,
difícilmente encuentran un espacio de incidencia. La extrema derecha ha
impulsado un caladero de votos rurales muy distante de estos polos, a
través de su particular reinterpretación de algunos dramas del medio
rural con tan sólo azuzar banderas como la caza o la defensa de
"tradiciones" frente al ataque de los/as "animalistas urbanos". De
caciques globales o regionales no hablan mucho, es más, se corre el
peligro de que se sitúen al frente del descontento rural, como muestra
el afán movilizador de la patronal ASAJA frente al actual gobierno.
En
paralelo, desde el campo se percibe también una escasez de propuestas
(comunicados, perspectivas, organizaciones, afán por tejer lazos con
estas protestas) que trabajen temas de sustentabilidad o de crítica de
los embudos sociales, económicos y patriarcales partiendo del propio
medio rural. Del lado eco, observo que la palabra "sostenibilidad" y la
conciencia por los impactos del vuelco climático están ya en gran parte
de la agenda social y sindical.
Para mucha gente la cuestión es común a
cualquier tema de decrecimiento con justicia: ¿quién va a pagar las
facturas?, ¿qué nuevos modelos de transición se van a apoyar?, ¿quién se
hará cargo de los costes (económicos, electorales si no son bien
enfocados) derivados de un alza del precio del petróleo, una política de
"residuos cero" en los tratamientos fitosanitarios o una relocalización
de las cadenas agroalimentarias?-
En la dimensión de
género, si bien la protesta mediática ha presentado un rostro
fuertemente masculino, diversas concentraciones y hasta cortes de
carretera han sido protagonizados por mujeres. Hay un reconocimiento
entre ellas de que resta mucho camino para que puedan superarse
desigualdades de siempre en torno al acceso a tierras y titularidad,
paridad en las organizaciones y formas de acción participativas,
valorización de trabajos del campo ahora invisibilizados y desarrollados
por mujeres. Pero se avanza. Organizaciones como el Sindicato Labrego
Galego marcan aquí la pauta seguir. Al mismo tiempo, la necesidad de la
ruralizar ciertas propuestas está ahí: ¿cómo se va a avanzar hacia un
ecofeminismo amplio, si sus corrientes principales de pensamiento y de
propuestas no están conectando con determinadas inquietudes rurales, las
cuales tienen una particular lectura de temas comunitarios, familiares o
de su relación con montes y ganadería? Vivimos tiempos de chalecos
turbulentos. Quizás el campo esté ofreciendo chalecos problemáticos y de
colores diversos (algunos marrones como la sociedad del carbón).
Pero
está hablando ya de implementar otros mundos y otras economías. Sería
conveniente articular encuentros, pedagogías y formas de impulsar otras
relaciones campo-ciudad sin renunciar a voces y a obligaciones
decrecentistas que son propias de cada territorio.
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