“Es un drama. Es una reconversión brutal que ha traído otro modelo de producción, el de sustituir pequeñas explotaciones por otras más industrializadas, que se hacen con más producción y con más tierras”. El responsable de la cadena y de mercados de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), Andoni García, califica de drama el proceso, en toda Europa, hacia un menor número de explotaciones agrarias.
Así lo ha constatado Eurostat, la agencia estadística de la Unión Europea (UE) que acaba de publicar datos sobre la evolución del número de granjas, agrícolas y ganaderas, a lo ancho del territorio europeo.
La conclusión es clara. En los 15 años comprendidos entre 2005 y 2020, el año de la pandemia, desaparecieron casi 4 de cada 10 explotaciones. En concreto, un 37%.
En el siguiente gráfico se puede comprobar cómo en el año que impactó el coronavirus había 9 millones de explotaciones agrícolas en el conjunto de la UE, según los censos que publica Eurostat. En cambio, 15 años antes, se superaban los 14 millones.
Este cambio de modelo de producción agrícola y ganadera lleva al responsable de COAG a hablar de una “Europa vaciada” que constituye un “problema para toda la sociedad”. “Se han sustituido las pequeñas explotaciones, familiares y tradicionales, por otras más industriales, más intensivas y más ligadas a la especulación”, que colocan el “negocio por encima de la vida rural”, argumenta Andoni García.
Desde la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), también se constata ese cambio de modelo. “Es una realidad que acontece en toda Europa desde hace años”, apunta su portavoz, Diego Juste. “La estructura de costes de las explotaciones y el hecho de que los precios pagados a los agricultores lleven tantos años siendo tan bajos, presionados por el resto de la cadena alimentaria, ha hecho que las explotaciones hayan tenido que dimensionarse”, asume.
“Al final, las industrias y la distribución presionan para que haya explotaciones cada vez más grandes y controlables”, ahonda el portavoz de UPA, que apunta también a otros factores, como la progresiva “mecanización”, que conlleva que el nivel de gasto a veces no sea afrontable para las pequeñas explotaciones, y también el “progresivo despoblamiento” del territorio rural.
España no es una excepción. Según los datos del Censo Agrario publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en nuestro país los macro cultivos (las explotaciones de más de 100 hectáreas) han aumentado en los últimos veinte años, pasando de suponer el 54% de toda la tierra agrícola al 58%. El resto de cultivos de tamaños inferiores, en cambio, han ido perdiendo terreno.
Las diferentes situaciones en Europa
Las estadísticas señalan que, si bien la realidad de un menor tejido de explotaciones se da en toda la Unión Europea, no ha afectado igual a todos los países.
Como se ve en el siguiente gráfico, en España ha impactado, pero menos que en otros socios comunitarios. Aquí la caída de explotaciones agrícolas en esos 15 años se ha situado en el 14,5%, menos de la mitad de la media europea.
En España el recorte es mayor que en Portugal, que ha perdido el 10% de su tejido de explotaciones agrícolas y ganaderas, pero está lejos del 30% que han superado tanto Francia como Italia.
Más evidente es el cambio en gran parte de Europa del Este. En Polonia, por ejemplo, el número de explotaciones se redujo más de un 47% entre 2005 y 2020. Porcentaje que se dispara por encima del 67% y del 74% cuando se analizan las cifras de Hungría y Bulgaria, respectivamente.
En estos mercados, explica Andoni García, se trata de la desaparición de explotaciones pequeñas y medianas. “Es un proceso que no para”, se lamenta.
El cambio de modelo en España
A lo largo de estos años, las explotaciones han disminuido en todo el territorio español, con una excepción: Andalucía. Según los datos que publica el organismo estadístico europeo, en 2020 esta comunidad autónoma alcanzaba las 267.700 granjas agrícolas y ganaderas, un 4,4% más que en 2005. Sin embargo, como se ve en el siguiente mapa, es un caso único en la distribución regional.
En las regiones del Cantábrico, la evolución ha sido muy diferente, con retrocesos que van del 48% de Euskadi y Asturias al 38% de Cantabria. En Galicia, la caída en el número de explotaciones es del 17,8%. En cambio, en la Comunitat Valenciana y Murcia, la disminución del número de granjas de este tipo roza el 30% y en Canarias e Illes Balears es más del 26%.
En el norte de España, uno de los motivos de esta transformación del campo es el progresivo desmantelamiento del tejido ganadero. “Desde 2008 se han perdido el 50% de las explotaciones de leche. Es vaciar a los pueblo de vida”, argumenta Andoni García.
Los datos publicados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación constatan que, en siete años, España ha perdido más de 9.000 ganaderos dedicados a la producción de leche. Son los que transcurren entre 2015, el año en el que desaparecieron las cuotas lácteas, y 2022. En ese lapso de tiempo, se ha pasado de 20.000 ganaderos dedicados a la producción láctea a poco más de 10.000, según los datos al final del último ejercicio.
En el terreno agrícola, la producción en España también tiende a la concentración. Como se analizó en esta información, la superficie destinada en España al uso agrícola prácticamente no ha variado en la última década.
En total, cerca de 24 millones de hectáreas dedicadas a producir todo tipo de cultivos: frutales, viñedos, olivares o pastos, que se han mantenido estables en extensión. En cambio, de nuevo, se percibe una caída del 9% en el número de explotaciones dedicadas a la agricultura entre 2009 y 2020, según los citados datos del Censo Agrario del INE.
El impacto de la Política Agraria Común
Las distintas fuentes consultadas sitúan la presión de la industria y la distribución, por mejorar las cifras de producción y su coste, como uno de los factores que están impulsando la transformación del campo. También, la política económica ligada al sector primario y la regulación del comercio internacional. Sobre todo, la desregulación.
“La Unión Europea y las políticas que se aplican están basadas en la liberalización, en los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio (OMC), los acuerdos con Mercosur. Estos traen una bajada de precios para los agricultores, que luego no ven los consumidores”, señala el responsable de COAG. “Se están favoreciendo las importaciones y eso tiene un impacto en los precios y en la destrucción de explotaciones locales. ¿Qué sentido tiene traer producciones de la otra parte del planeta cuando no se necesita, porque se puede hacer aquí? Lo hemos visto con la miel”, en referencia a la crisis que vive el sector apicultor por las importaciones que llegan de mercados como el chino que, en muchas ocasiones, no se reflejan en las etiquetas de los productos que llegan al supermercado.
En el trasfondo, la Política Agraria Común (PAC). Actualmente, esta política está en transformación, porque trata de ligar la producción a un modelo más basado en la sostenibilidad. Está previsto que, entre 2023 y 2027, España reciba más de 47.700 millones de euros de la PAC. Es el tercer país receptor, solo por detrás de Francia y Alemania. Según los cálculos del Ministerio de Agricultura, estos fondos suponen el 20% de los ingresos agrarios del sector.
La PAC está transformándose y, aunque ha disminuido ligeramente su presupuesto en las últimas décadas, no parece estar vinculada a la caída en el número de explotaciones que reflejan los datos de Eurostat.
En el marco financiero que marcó Bruselas para el periodo 2007-2013, los fondos para el presupuesto agrícola y rural, el medio ambiente y la pesca alcanzaron los 413.000 millones de euros. Para el siguiente periodo, 2014-2020, se situaron en 408.313 millones. Y para el que está en curso, hasta 2027, esta suma se ha rebajado hasta los 386.603 millones de euros.
Una financiación que, según las organizaciones agrarias, en España debería tener un foco en la búsqueda de nuevos agricultores y ganaderos, pero para hacer que el campo sea rentable sin la necesidad de ese tipo de ayudas. “El reto es que la producción no deje de ser familiar, que esté vinculada al territorio, que haya diferentes generaciones y se pueda encontrar un relevo generacional”, concluye el portavoz de UPA.
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