¿Corrupción en la contratación de las obras de la A-12 entre Grañón-Redecilla del Camino-Villamayor del Río?

La información que aquí se recoge parte del diario The Objetive. su relato, no pasa de ser un susurro donde se presuponen y se describen acciones delictivas en la contratación de este tramo A-12, pero que inmediatamente el propio medio dice que son habituales en los procesos normales de una contratación, o a pesar de presentar sus datos como un delito, dice de inmediato que eso no lo es, porque no ha superado los umbrales SARA.

En qué quedamos, ha habido corrupción o no!!. Porque para jugar al escondite, hay otros recreos.

Vamos que, como parece que no tiene otra cosa que hacer, se dedica a buscar tres patas al gato, la cosa es joder la marrana, en vez de levantar a España. El diario The Objetive no parece caracterizarse por su profesionalidad e independencia.

Puente de la A-12 sobre el río Reláchigo

Una obra investigada por la UCO en la trama Ábalos 

arrastra sobrecostes de 12 millones

Levantina ganó frente a 19 empresas un tramo de 14 kilómetros 

entre La Rioja y Burgos y tras cinco años sigue inacabado.

    Enrique Morales,

      theobjective.com.

Una de las grandes obras de infraestructura adjudicada, previo pago de presuntas comisiones, durante la etapa de José Luis Ábalos al frente del Ministerio de Transportes arrastra ya un sobrecoste de 12 millones. A esto se unen numerosos incumplimientos por parte de los contratistas, que pese a todo recibirán mucho más dinero del previsto inicialmente.

El contrato en cuestión prevé la construcción de una carretera de poco más de 14 kilómetros para unir las localidades de Santo Domingo de la Calzada (La Rioja) y Villamayor del Río (Burgos). Tras la última modificación, el Estado tendrá que desembolsar 11,8 millones más de lo previsto -un 15% más-. Junto a esto, diversos contratiempos de los contratistas van a provocar un retraso de al menos dos años y medio con respecto a lo programado.

La ejecución del polémico proyecto, cuestionado desde numerosos puntos de vista, tiene como trasfondo el supuesto pago de comisiones. El macrocontrato, adjudicado en 2019 y que está entre los 20 mayores de la Dirección General de Carreteras, suma hasta ahora un coste de 84 millones de euros. Cada kilómetro proyectado costará de media 11,8 millones de euros. Mientras, el tiempo invertido en la construcción de cada kilómetro del trazado rondará casi los seis meses.

La UCO y la trama Ábalos

Las empresas ganadoras del contrato fueron las valencianas Levantina, Ingeniería y Construcción y Torrescamara, que formaron una UTE con Ortiz. La construcción de este pequeño tramo de carretera se ha convertido en un auténtico fiasco después de que la UTE vencedora dejase en el camino a 19 empresas tras arrasar en los criterios subjetivos, según los pliegos analizados por THE OBJECTIVE. Este contrato ha sido puesto bajo la lupa por la Unidad Central Operativa (UCO) en sus últimas investigaciones.

El constructor José Ruz, propietario de Levantina, recibió la adjudicación de este pliego en UTE junto a otras dos empresas tras conocer a Koldo García, asesor de Ábalos, y justo después de pagar 70.000 euros al comisionista Víctor de Aldama en el año 2019. Ruz es uno de los constructores que está en el punto de mira de la UCO de la Guardia Civil por el posible pago de comisiones durante la etapa de José Luis Ábalos en el Ministerio de Fomento y Transportes. Ruz, según aseguro El Español, transfirió 50.000 euros a una cuenta de Deluxe Fortune, una de las empresas de Aldama, un mes después de que en julio de 2019 se publicara una licitación de la Dirección General de Carreteras.

Sobrecostes tras la adjudicación

Tras lograr el contrato por 72,5 millones de euros sin presentar la mejor oferta, en junio fue modificado por «necesidades derivadas de circunstancias que un poder adjudicador diligente no podrá prever». Esta premisa ha sido ampliamente usada en los contratos públicos y cuestionada por distintos expertos e incluso por parte del Observatorio de la Contratación Pública.

Especialistas en contratación pública destacan que el sobrecoste del 15% estaría dentro de los umbrales admitidos. Sin embargo, advierten que si se superan los 5,538 millones –el umbral SARA– debe haber circunstancia sobrevenidas imprevisibles (la causa habitual). Estas causas deben estar publicadas, cada una de ellas, y si no lo están es una irregularidad y, también, la justificación, asegura Javier Vázquez, abogado especialista en contratación pública.

La modificación supuso una nueva partida de casi 12 millones y un nuevo plazo de ejecución, que se amplía en 20 meses. Pese a todo, el tramo previsto sigue empantanado y con pocos visos de que su finalización concluya en breve. El nuevo objetivo es que esté terminada a finales del próximo año.

Criterios subjetivos

La UTE Levantina-Torrescamara-Ortiz arrasó en los criterios subjetivos, dejando fuera a grandes constructoras, algunas de ellas también incluidas en la lista de Víctor de Aldama. Los detalles del controvertido contrato analizados por este medio muestran que Sacyr Infraestructuras fue excluida en la fase final de la licitación. Según los evaluadores, la multinacional hizo una oferta económica temeraria, anormalmente baja. Sacyr presentó la documentación en la que defendía su propuesta, pero no sirvió de nada. Esta constructora cotiza en el Ibex 35, está presente en 20 países y cuenta con 15.000 empleados

Además de Sacyr, concurrieron en diferentes UTE las principales constructoras españolas que desarrollan proyectos de gran envergadura fuera de nuestras fronteras. FCC, Acciona, Ferrovial, Dragados y OHLA optaban, junto a las constructoras en el punto de mira, a la ejecución de las obras del tramo A-12 entre Santo Domingo de la Calzada y Villamayor del Río. Otras candidatas eran Azvi, Vías y Construcciones, San José, Lantania y Aldeasa. Mientras, las empresas valencianas Torrescamara y LIC, bajo lupa por los contratos de Ábalos, participaban en una UTE.

Las puntuaciones finales

Esta última Unión Temporal de Empresas logró, tras el examen de los evaluadores, la mejor nota en los criterios subjetivos: 85,45 puntos. La segunda mejor calificación fue la de Ferrovial Agroman, (que también acudió con Copasa e Ismael Andrés en UTE), con 83,75. Según destaca el pliego, los criterios cualitativos -impacto en el usuario, actuaciones medioambientales, tecnología- están basados en juicios de valor. Esta evaluación requiere una apreciación subjetiva por parte de un comité de expertos o de la mesa de contratación y no pueden ser tasados mediante fórmulas matemáticas.

El informe del megacontrato sobre los aspectos basados en juicios de valor fue el primero en conocerse y su peso para lograr el pliego era del 49%. La oferta económica suponía un 51%. La UTE de Torrescamara, cuyo responsable se dirigía con gran cercanía y familiaridad a Koldo García, exasesor de Ábalos, a la hora de solicitar su intermediación, arrasó en tres de los seis criterios basados en juicios de valor.