Nuestros pueblos merecen un respeto y una integración inteligente

Nuestros pueblos merecen 

un respeto y una integración inteligente 

y solidaria con sus Gentes y con su Entorno

                      Valentín Cabero Diéguez

Catedrático de Geografía de la Unv.Salam.

Diario de León

Desde que se anunció por parte de la Junta el denominado Proyecto de Ley de Gobernanza, Ordenación y Servicios en el Territorio, ha transcurrido prácticamente un año, sin que los ciudadanos de la región sepan con objetividad y con relativa sencillez cuál es el futuro y el encajamiento de la vida de sus pueblos en el nuevo mapa regional que se nos propone. 

Tras propalar y señalar «las ventajas» del nuevo modelo, inicialmente basado en la figura de Distritos de Interés Comunitario y en la unión voluntaria de municipios, las más de 800 alegaciones recibidas y las reuniones «tan interesantes» mantenidas con los presidentes de las diputaciones provinciales de la región, incluida la sensibilidad y preocupación personal de la presidenta de la Diputación de León, la Junta se muestra «muy receptiva» a los problemas locales y provinciales y se queda por el camino el nombre tan desafortunado e inoportuno de Distrito de Interés Comunitario (DIC). 

¡Cuánta energía perdida de nuevo en la ordenación del territorio y en la hipotética construcción de un verdadero proyecto regional! Veinticinco años contemplan la inacción y somnolencia de un Gobierno regional enredado en sus propios intereses y en las prebendas caciquiles de los presidentes de las nueve diputaciones provinciales, que paradójicamente se pretende fortalecer en el nuevo modelo de ordenación territorial.
No sabemos si con el acuerdo de mínimos alcanzado con el PSOE se avanzará con alguna coherencia en pro de una mayor cordura en la ordenación y cohesión regional, amparándose en ámbitos de referencia territorial que guarden relación con la prestación de servicios y con vínculos geográficos e históricos bien reconocidos. 

No es necesario reinventar nuevas denominaciones tecnocráticas, y si tener bien presente una mirada doblemente enriquecida por el pasado inmediato y por la necesidad de un futuro que no deje en la absoluta exclusión y soledad a cientos de municipios y a miles de núcleos que resisten y luchan aún por su supervivencia y por un mundo rural vivo. 

Ellos (los pueblos) ni han provocado la crisis financiera 

ni han participado en los escándalos de corrupción y despilfarros que estamos viviendo. 

Bien (los pueblos) se merecen, por tanto, un respeto y una integración inteligente en un modelo territorial en el que las diputaciones provinciales, a mi entender, no deberían ser de nuevo las protagonistas.
Tras los desastres regionales de la «ordenación» financiera y absorción bancaria, ni «músculo financiero» nos queda, ni mucho menos energías sociales para abordar el proyecto con ilusión y entusiasmo. 

Un manto de silencio político y mediático cubre tanta ruina y ruindad. De ello se beneficia con descaro el Gobierno regional y una corte de delegados provinciales que siguen obedientes los mensajes, ahora algo adornados por la información y explicación, aunque esta carezca de argumentos sólidamente asentados en el territorio y en las necesidades de sus gentes. 

Las últimas medidas y recortes en sanidad, educación y servicios sociales apuntan precisamente en el camino contrario, a favor de un mundo urbano que no da más de sí, y en contra del medio rural en el que nos queda algo de esperanza y de solidaridad. 

No podemos nutrir con más desánimo a las gentes que viven en el medio rural y abandonar la producción de alimentos de calidad en beneficio de las grandes multinacionales y corporaciones especulativas. Bien lo saben los campesinos y ganaderos que quedan en nuestras comarcas agrícolas o ganaderas cómo se las gastan las multinacionales instaladas en nuestra región, pues ya están imponiendo sus reglas o intereses a los agricultores y a la propia Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León.
En este contexto, el partido de la oposición ha ido a remolque de las circunstancias y en una sociedad envejecida, dependiente, y en gran medida clientelar como la de Castilla y León, no ha encontrado un discurso político y social revitalizador, capaz de movilizar a la ciudadanía descontenta y preocupada por el futuro de la región. La larga entrevista a Oscar López el domingo 4 de noviembre del 2012, en el Diario de León, resulta decepcionante, y el pacto de Villarrubia con el PP una claudicación ante el modelo tecnocrático impuesto desde la Consejería de Presidencia de la Junta. Después de una andadura errática y sistemáticamente incumplida de Directrices Territoriales (1996), Ley de Ordenación del Territorio de Castilla y León (1998), de Áreas Funcionales (2000), del Plan de Áreas Periféricas (2002-2006), del Observatorio de la Población (2006) y de Directrices Esenciales de Ordenación del Territorio (2008)..., se nos propone desde hace unos días un anteproyecto de Ley de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio de la Comunidad de Castilla y León, apoyada en la convergencia de servicios (?) y la creación de unidades básicas de ordenación y servicios del territorio (?). Mientras tanto, la comarca del Bierzo seguirá lógicamente existiendo, y el resto de las comarcas nunca contempladas y asumidas por el Gobierno regional de Castilla y León, me pregunto: ¿serán subsumidas al igual que sus municipios en las Mancomunidades de Interés General Rurales y Urbanas? Una nomenclatura y más celofán al servicio de la retórica política. Posiblemente estemos ante otro desideratum para cumplir con una promesa electoral que, como otras muchas anunciadas ayer a bombo y platillo, no tendrá recorrido alguno.
Más grave nos resulta comprobar que nada se dice y se advierte a los ciudadanos de Castilla y León sobre la amenaza inminente que se cierne sobre una gran parte de los pueblos y de los bienes comunales y públicos. La supresión de las juntas vecinales y la pérdida del control de sus recursos pueden convertirse en el hachazo definitivo y más doloroso para las áreas rurales más desfavorecidas y más necesarias para nosotros desde la perspectiva vital, medioambiental, cultural y económica. 

En el anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local presentado por el Gobierno del Estado, figuran propuestas demoledoras para la Comunidad de Castilla y León y sobre todo para las provincias de León, Palencia y Burgos que concentran casi el 95% de las entidades locales menores a escala regional. 

No olvidemos que en estas áreas, muchas de ellas de bordes montañosos, se conserva una riqueza concejil y pública que ha supuesto hasta ahora la pervivencia de vínculos de cohesión social, económica y cultural de gran envergadura entre las gentes y sus territorios. 

No nos extraña que las plataformas formadas en defensa de estos vínculos teman que detrás de estas propuestas solapadas en el marco de la «eficiencia financiera y eficacia de los recursos y servicios», se esconda 

.- una auténtica desamortización 

.- y privatización de recursos estratégicos y de bienes históricos con fuertes raíces territoriales. 

Sobre esta tropelía y esta apropiación encubierta del territorio, paralela a la ordenación de la Junta, apenas escuchamos voces de nuestros representantes políticos en Madrid y en Valladolid o en los refugios decimonónicos de las diputaciones provinciales.

¿Acaso son favorables al expolio de los bienes comunales y a la añagaza de la privatización de su gestión?.

Naturalmente, nosotros, abogamos por una ordenación del territorio que respete las bases patrimoniales comunes y que con valentía defienda y estimule la vida en los medios rurales más desfavorecidos.
Cuando se celebran los cien años de la publicación del profundo y hermoso poemario Campos de Castilla de Antonio Machado, negros nubarrones de incuria y desamparo amenazan a nuestras tierras y a sus gentes. 

Ojalá no descarguen con violencia apocalíptica sobre nuestros campos, y en nuestra «tierra abnegada y noble» brille la esperanza de un mundo rural vivo.

Fuente: www.plataformarural.org